Un ¡ya basta! estilo Guerrero
La autodefensa ciudadana en Tecoanapa, Guerrero.
Foto: Xinhua / Víctor López
Foto: Xinhua / Víctor López
Tras meses de agravios y sinsabores por la negligencia de las autoridades estatales, los pobladores de los municipios de La Montaña, la Zona Norte y la región Centro de Guerrero constituyeron sus propios movimientos de defensa civil y arremetieron contra las bandas delincuenciales que operan en ese entorno. El detonante fue el secuestro de Eusebio Alberto García, comisario de Rancho Nuevo en Ayutla, la mañana del sábado 5 de enero. Ahí, en esa localidad enclavada en la Costa Chica –donde la justicia no llega–, se activó el alzamiento civil.
CHILPANCINGO, GRO.- Las regiones de La Montaña, Norte y Centro del estado de Guerrero están unidas por un factor: el hartazgo por la creciente violencia en sus localidades y la permanente inacción de las autoridades –e incluso su presunta complicidad– ante la delincuencia.
El secuestro de un comisario municipal el sábado 5 de enero y las constantes extorsiones en la región de la Costa Chica, sobre todo en Ayutla de los Libres y Tecoanapa, movieron a los lugareños a empuñar rifles, pistolas y machetes para enfrentar de manera directa a las bandas criminales que operan en la región. La comunidad decidió desplazar a las autoridades, emprendió una cacería de delincuentes y tomó la justicia en sus manos.
Hasta el cierre de esta edición los integrantes del Movimiento Ciudadano Contra la Delincuencia de Ayutla tenían a más de una treintena de presuntos criminales en diversas casas de seguridad habilitadas por ellos mismos donde los juzgarán, dicen, según los usos y costumbres de los pueblos de la región.
El jueves 17, en la Zona Norte, habitantes de los municipios de Iguala y Teloloapan también tomaron las armas y se cubrieron el rostro con capuchas. Tras instalar un retén sobre la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, a la altura del poblado de Ahuehuepan, expresaron su desesperación por los secuestros y extorsiones que comenten bandas criminales sin que nadie las detenga.
Fuentes oficiales aseguran a Proceso que los delincuentes suelen exigir cuotas de cinco millones de pesos a los productores de mango de esa zona –que se disputan La Familia Michoacana y Guerreros Unidos– para dejarlos trabajar.
Cuatro días después, el secuestro y asesinato del hijo del dueño de una ladrillera fue el detonante para el alzamiento de indígenas nahuas del municipio de Tixtla, en la región Centro. Desde entonces mantienen controladas las poblaciones de Atliaca y Acatempa.
La madrugada del martes 22, en el momento más candente, dos jóvenes que viajaban en una unidad de transporte público fueron detenidos en uno de los retenes civiles. Uno de ellos fue asesinado a tiros; el otro fue entregado a las autoridades ministeriales.
Los habitantes de Ayutla de los Libres y las otras regiones padecen por igual la violencia de los caciques y bandas criminales que se disputan esos espacios políticos y el control de la producción, venta y trasiego de drogas.
La pugna entre sicarios de las organizaciones rivales ha dejado una estela de políticos asesinados, algunos de ellos incluso han sido exhibidos por sus presuntos nexos con el narco. La situación se exacerbó a raíz del descabezamiento, en 2009, del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, cuya estructura criminal controlaba la entidad e incluso tenía compradas a autoridades civiles y castrenses en los estados de Guerrero y Morelos.
La caída de la estructura de los Beltrán Leyva provocó que sus células locales, sintiéndose desamparadas, recurrieran al secuestro y la extorsión como principal fuente de ingresos.
En los últimos dos años representantes de sectores productivos han denunciado la indiscriminada ola de secuestros y extorsiones en las áreas urbanas y rurales de la entidad.
Esa situación, señalan las cámaras empresariales, ha colapsado la economía en las principales ciudades guerrerenses. Acapulco, afirman, es el ejemplo de la crisis política, financiera y de inseguridad que hunde al estado.
El gobierno de Ángel Aguirre Rivero ha sido omiso e indolente frente a las demandas. Admite incluso que las estrategias de seguridad aplicadas desde la administración de Felipe Calderón, en particular la Operación Guerrero Seguro (OGS), simplemente no detienen la narcoviolencia, pese a que soldados, marinos y policías de los tres niveles están presentes en las principales ciudades de las siete regiones guerrerenses.
Primer alzamiento
En las principales ciudades de la entidad la población expresa su malestar con marchas y protestas pacíficas y denuncias públicas, aun cuando la mayoría no son atendidas. Pero en las zonas rurales, donde los vínculos son más estrechos, la comunidad comienza a desplazar a las autoridades y a expulsar a los criminales con sus propios recursos.
El primer alzamiento civil data de mediados de 2012, cuando habitantes de los municipios de Huamuxtitlán, Xochihuehuetlán y Cualac, en la región de La Montaña, cansados de los secuestros y extorsiones indiscriminados tomaron las armas y confrontaron a los delincuentes. El movimiento de autodefensa se extendió a Olinalá, otro municipio de la misma zona.
El gobierno estatal reaccionó de inmediato. Envió soldados y marinos para resguardar el entorno; incluso repartió despensas y prebendas en las comunidades, pero no atendió los reclamos ciudadanos que señalaban a las autoridades locales de tener presuntos nexos con la delincuencia.
Los conflictos se extendieron en la Costa Chica, la Zona Norte y la región Centro. En Ayutla de los Libres y la comunidad indígena de Atliaca, municipio de Tixtla, donde dos transportistas fueron asesinados. Ahí, dicen los pobladores, la justicia simplemente no llega.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1891, ya en circulación)
Clientes de restaurante propinan golpiza a asaltantes en el DF
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Tres hombres fueron golpeados por los clientes de un restaurante-bar durante un intento de asalto en la delegación Tláhuac de esta ciudad, informó la Policía capitalina.
En un comunicado la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal dio a conocer que fueron detenidos David Jiménez Reyes, de 28 años; y Francisco y Ulises Villarreal Ordaz, de 23 y 21 años, respectivamente.
Los sujetos amagaron a unos 20 clientes del restaurante-bar “La flor de Oaxaca” y les quitaron sus pertenencias, indicó la dependencia.
Sin embargo, los afectados reaccionaron y comenzaron a golpear a los tres hombres.
Elementos policiacos intervinieron y llamaron a clientes y trabajadores del lugar a detener la agresión.
Las autoridades capitalinas agregaron que los tres presuntos asaltantes fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la coordinación territorial Iztacalco 3 por intento de robo.
Los detenidos no portaban armas; viajaban en una motoneta color azul de la marca Yamaha en la que planeaban huir tras cometer el asalto.
En un comunicado la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal dio a conocer que fueron detenidos David Jiménez Reyes, de 28 años; y Francisco y Ulises Villarreal Ordaz, de 23 y 21 años, respectivamente.
Los sujetos amagaron a unos 20 clientes del restaurante-bar “La flor de Oaxaca” y les quitaron sus pertenencias, indicó la dependencia.
Sin embargo, los afectados reaccionaron y comenzaron a golpear a los tres hombres.
Elementos policiacos intervinieron y llamaron a clientes y trabajadores del lugar a detener la agresión.
Las autoridades capitalinas agregaron que los tres presuntos asaltantes fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la coordinación territorial Iztacalco 3 por intento de robo.
Los detenidos no portaban armas; viajaban en una motoneta color azul de la marca Yamaha en la que planeaban huir tras cometer el asalto.
El del general Tomás Angeles, otro caso fabricado
El general de División en retiro, Tomás Ángeles Dauahare.
Foto: Miguel Dimayuga
Foto: Miguel Dimayuga
Lejos de pacificar al país, lo ensangrentó. En vez de cohesionar a las fuerzas federales que enfrentan la potencia de fuego y el poder corruptor de la delincuencia organizada, Felipe Calderón dividió al Ejército y a las corporaciones policiacas, además de confrontar al Poder Judicial para mantener impunes a sus incondicionales y hundir a quienes consideraba sus adversarios. Al seguir el hilo de la fabricación del caso del general Ángeles Dauahare, se recorre toda esta trama de ilegalidades en que el expresidente basó su guerra contra el narco.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Apenas ocurrió el cambio de poderes se empezó a evidenciar de manera oficial que la violación al debido proceso fue una constante en el gobierno de Felipe Calderón. Horas antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación liberara a la ciudadana francesa Florence Cassez, se empezó a derrumbar otro de los grandes “éxitos” del sexenio pasado: La detención del general de división en retiro Tomás Ángeles Dauahare, el militar de más alto rango acusado dentro de la “guerra al narcotráfico” del expresidente.
A la Procuraduría General de la República (PGR) de Jesús Murillo Karam le resultará difícil sostener las acusaciones de delincuencia organizada fincadas por su antecesora Marisela Morales con el apoyo del entonces subprocurador Cuitláhuac Salinas y el teniente coronel de infantería y ahora coronel Avigaí Vargas Tirado, uno de los enclaves que tuvo el Ejército en la PGR durante el gobierno de Calderón.
Por sus servicios en la PGR, donde ha hecho parte de su carrera de servidor público, sobre todo en el sexenio pasado, Calderón ascendió a Vargas Tirado al grado de coronel del Ejército en la promoción de ascensos en las Fuerzas Armadas el pasado 20 de noviembre, 10 días antes de que acabara su gobierno.
Requerida judicialmente por el abogado defensor del divisionario, Ricardo Sánchez Reyes Retana, la PGR aseguró que no tenía manera de comprobar que el general retirado fue protector del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, cargo por el que el gobierno de Calderón le enderezó la acusación de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.
En un escrito entregado al juez Tercero de Distrito en Procesos Federales con sede en el penal del Altiplano, en Toluca, Estado de México, Raúl Valerio Ramírez, la PGR le respondió al abogado que las declaraciones de los “testigos protegidos colaboradores” no están corroboradas de manera convincente, salvo el hecho de que el encausado fue servidor público de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Con el número de oficio DGCPPAMDO/707/2013, difundido inicialmente por el periódico Reforma el martes 22 de enero, la PGR aludió a los dichos de los testigos identificados con las claves Jennifer y Mateo, quienes acusaron de oídas a Tomás Ángeles de aprovechar sus distintos cargos de jefe militar para proteger a los Beltrán Leyva.
El abogado Roberto López Nájera, Jennifer, y Sergio Villarreal Barragán El Grande, quien se convirtió en colaborador de la PGR con el alias de Mateo, inculparon al general en retiro sin que la dependencia a cargo de Marisela Morales corroborara sus acusaciones, además de que sus declaraciones ministeriales fueron desvirtuadas por el Ministerio Público federal en la averiguación previa para involucrar aún más a Ángeles Dauahare.
El deslinde la PGR sólo favorece al divisionario, quien en 2006 estuvo entre los considerados a ser secretario de la Defensa Nacional con el propio Calderón, pero terminó siendo subsecretario en los dos primeros años de ese gobierno. El juez dio vista a los otros militares acusados para adherirse o no a ese reconocimiento de la PGR.
Denuncia anónima
Desacreditados los dichos de los testigos por la propia PGR, se debilita también la denuncia anónima del 17 de marzo de 2010, que supuestamente se hizo vía telefónica a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, hoy SEIDO). Según esa “prueba” que quiso hacer valer la PGR en tiempos de Calderón, militares con grados de generales y mayores colaboraban con la organización de los Beltrán Leyva para realizar actividades de narcotráfico.
Esa fue la justificación de la PGR para actuar contra los generales Tomás Ángeles, Roberto Dawe González, Ricardo Escorcia Vargas y Rubén Pérez Ramírez, el mayor Iván Reyna Muñoz y el teniente Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto.
La propia procuradora Morales tuvo que desechar públicamente otra denuncia anónima en la que se acusaba a Ángeles de haber facilitado el narcomenudeo cuando fue director del Colegio Militar, entre 2000 y 2002.
Además en esa denuncia lo acusaban de haber apoyado el extinto jefe del Cártel de Juárez, Amado Carrillo, cuando fue secretario particular del secretario de la Defensa, Enrique Cervantes Aguirre, durante el gobierno de Ernesto Zedillo. Esa supuesta denuncia estaba fechada el 17 de mayo, un día después de la detención del divisionario.
Otra pieza que se desacomodó en el juego de la PGR fue la declaración ministerial del 15 de agosto de 2012 de Édgar Valdés Villarreal, La Barbie, quien negó conocer y haberse reunido con el exsubsecretario de la Defensa Nacional, como lo dijo Jeniffer, mientras que Mateo no pudo corroborar las fechas en que supuestamente se reunió y entregó dinero al acusado.
Con el caso del general Ángeles derrumbándose en la PGR, el jueves 17 de enero el abogado Ricardo Sánchez solicitó al juez “el cierre de instrucción” a pesar de que el 6 de enero el propio juez Tercero de Distrito en Materia Penal, en Toluca, le había dictado auto de formal prisión junto a los coacusados, un hecho sin precedente en la historia reciente del Ejército.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1891, ya en circulación)
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Apenas ocurrió el cambio de poderes se empezó a evidenciar de manera oficial que la violación al debido proceso fue una constante en el gobierno de Felipe Calderón. Horas antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación liberara a la ciudadana francesa Florence Cassez, se empezó a derrumbar otro de los grandes “éxitos” del sexenio pasado: La detención del general de división en retiro Tomás Ángeles Dauahare, el militar de más alto rango acusado dentro de la “guerra al narcotráfico” del expresidente.
A la Procuraduría General de la República (PGR) de Jesús Murillo Karam le resultará difícil sostener las acusaciones de delincuencia organizada fincadas por su antecesora Marisela Morales con el apoyo del entonces subprocurador Cuitláhuac Salinas y el teniente coronel de infantería y ahora coronel Avigaí Vargas Tirado, uno de los enclaves que tuvo el Ejército en la PGR durante el gobierno de Calderón.
Por sus servicios en la PGR, donde ha hecho parte de su carrera de servidor público, sobre todo en el sexenio pasado, Calderón ascendió a Vargas Tirado al grado de coronel del Ejército en la promoción de ascensos en las Fuerzas Armadas el pasado 20 de noviembre, 10 días antes de que acabara su gobierno.
Requerida judicialmente por el abogado defensor del divisionario, Ricardo Sánchez Reyes Retana, la PGR aseguró que no tenía manera de comprobar que el general retirado fue protector del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, cargo por el que el gobierno de Calderón le enderezó la acusación de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.
En un escrito entregado al juez Tercero de Distrito en Procesos Federales con sede en el penal del Altiplano, en Toluca, Estado de México, Raúl Valerio Ramírez, la PGR le respondió al abogado que las declaraciones de los “testigos protegidos colaboradores” no están corroboradas de manera convincente, salvo el hecho de que el encausado fue servidor público de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Con el número de oficio DGCPPAMDO/707/2013, difundido inicialmente por el periódico Reforma el martes 22 de enero, la PGR aludió a los dichos de los testigos identificados con las claves Jennifer y Mateo, quienes acusaron de oídas a Tomás Ángeles de aprovechar sus distintos cargos de jefe militar para proteger a los Beltrán Leyva.
El abogado Roberto López Nájera, Jennifer, y Sergio Villarreal Barragán El Grande, quien se convirtió en colaborador de la PGR con el alias de Mateo, inculparon al general en retiro sin que la dependencia a cargo de Marisela Morales corroborara sus acusaciones, además de que sus declaraciones ministeriales fueron desvirtuadas por el Ministerio Público federal en la averiguación previa para involucrar aún más a Ángeles Dauahare.
El deslinde la PGR sólo favorece al divisionario, quien en 2006 estuvo entre los considerados a ser secretario de la Defensa Nacional con el propio Calderón, pero terminó siendo subsecretario en los dos primeros años de ese gobierno. El juez dio vista a los otros militares acusados para adherirse o no a ese reconocimiento de la PGR.
Denuncia anónima
Desacreditados los dichos de los testigos por la propia PGR, se debilita también la denuncia anónima del 17 de marzo de 2010, que supuestamente se hizo vía telefónica a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, hoy SEIDO). Según esa “prueba” que quiso hacer valer la PGR en tiempos de Calderón, militares con grados de generales y mayores colaboraban con la organización de los Beltrán Leyva para realizar actividades de narcotráfico.
Esa fue la justificación de la PGR para actuar contra los generales Tomás Ángeles, Roberto Dawe González, Ricardo Escorcia Vargas y Rubén Pérez Ramírez, el mayor Iván Reyna Muñoz y el teniente Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto.
La propia procuradora Morales tuvo que desechar públicamente otra denuncia anónima en la que se acusaba a Ángeles de haber facilitado el narcomenudeo cuando fue director del Colegio Militar, entre 2000 y 2002.
Además en esa denuncia lo acusaban de haber apoyado el extinto jefe del Cártel de Juárez, Amado Carrillo, cuando fue secretario particular del secretario de la Defensa, Enrique Cervantes Aguirre, durante el gobierno de Ernesto Zedillo. Esa supuesta denuncia estaba fechada el 17 de mayo, un día después de la detención del divisionario.
Otra pieza que se desacomodó en el juego de la PGR fue la declaración ministerial del 15 de agosto de 2012 de Édgar Valdés Villarreal, La Barbie, quien negó conocer y haberse reunido con el exsubsecretario de la Defensa Nacional, como lo dijo Jeniffer, mientras que Mateo no pudo corroborar las fechas en que supuestamente se reunió y entregó dinero al acusado.
Con el caso del general Ángeles derrumbándose en la PGR, el jueves 17 de enero el abogado Ricardo Sánchez solicitó al juez “el cierre de instrucción” a pesar de que el 6 de enero el propio juez Tercero de Distrito en Materia Penal, en Toluca, le había dictado auto de formal prisión junto a los coacusados, un hecho sin precedente en la historia reciente del Ejército.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1891, ya en circulación)
“Ahora vive en el infierno; cuando salga, temo por la vida de mi esposo”
Leticia Zepeda.
Foto: Tomada de Internet
Foto: Tomada de Internet
El caso del general Tomás Ángeles y de los otros cinco militares acusados de proteger a los Beltrán Leyva se cuarteó cuando La Barbie, el mayor Iván Reyna y el abogado Gerardo Ortega Maya denunciaron las presiones y torturas que recibieron de la PGR para que declararan falsedades contra aquéllos. En entrevista, Leticia Zepeda, esposa de Ángeles Dauahare, dice que los actuales mandos de la PGR y la Sedena están “muy interesados” en enderezar los procedimientos. “Lo que está pasando en la PGR es prueba de su inocencia”, señala. Sin embargo, dice, teme que su marido sufra represalias al ser liberado.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- La madrugada del 1 de agosto de 2012, en medio de un fuerte dispositivo de vigilancia, como si fuera un criminal de alta peligrosidad, el general de división Tomás Ángeles Dauahare fue trasladado del centro de arraigo de la Procuraduría General de la República (PGR) al penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México, junto con otros cinco militares acusados de proteger al cártel de los Beltrán Leyva.
Su bienvenida fue infernal. El exsubsecretario de Defensa y sus coacusados fueron desnudados y rapados. Y le echaron encima una jauría como parte del ritual de bienvenida para los presos que cruzan esa puerta.
El 7 de agosto el juez tercero de distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México emitió el auto de formal prisión basándose únicamente en los dichos del testigo protegido Jennifer y del testigo colaborador Mateo. Se afirmó entonces que en el expediente de la PGR constaban “indicios suficientes” para comprobarle al general el delito de delincuencia organizada.
Ocho meses después –dos los pasó en arraigo y seis en El Altiplano–, a sus 70 años Ángeles ha bajado considerablemente de peso y se ve desmejorado.
Ya bajo la nueva administración, la PGR notificó al juzgado que lleva la causa penal que no encontró ninguna prueba que sustentara los dichos de los testigos Jennifer y Mateo, quienes acusan a los generales Ángeles Dauahare, Roberto Dawe, Ricardo Escorcia y Rubén Pérez Ramírez; al coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto y al mayor Iván Reyna de haber recibido sobornos de la organización criminal de los Beltrán a cambio de información y protección.
“En unas semanas va a estar libre mi marido porque es inocente”, señala Leticia Zepeda, esposa de Ángeles Dauahare, en la entrevista que Proceso le hizo el miércoles 23, su aniversario de bodas y la primera vez que no estuvieron juntos en esa fecha durante sus 47 años de casados.
“Han sido meses de mucho dolor, de mucha tristeza y de mucho enojo. Jamás me hubiera imaginado que nos iba a pasar esto que estamos viviendo. Nos ha afectado a todos como familia, no sólo a mí, a mis hijas, a sus nietos y amistades.”
Señala que su esposo está deteriorado físicamente, pero “la formación que él tuvo lo ha hecho resistir esto; es un hombre de 70 años pero está bien, con mucha fortaleza. Siempre estuvo seguro de que la verdad iba a salir. Lo que está pasando ahorita con la PGR es la prueba de su inocencia.
“Cuando lo detuvieron yo no pedí, exigí a la PGR que investigara, exigí que buscara hasta debajo de las piedras. Aquí se le está haciendo justicia a mi marido. No encontraron nada, prueba de que mi marido es inocente.”
–Habrá quienes puedan decir que si su marido fue encarcelado por consigna ahora será liberado también por consigna…
–No dudamos que va a haber ese tipo de declaraciones, pero precisamente por eso en la PGR están muy interesados, me ha comunicado el abogado que lleva la cuestión jurídica que se están haciendo las cosas conforme a derecho, respetando la ley y los tiempos de la ley justamente para que no se diga eso. A mi marido no le están haciendo un favor, le están haciendo justicia. No hay consigna para liberarlo, simplemente se está haciendo justicia.
“Con esto la PGR sienta un precedente para muchas personas… En los pasillos, cuando uno va a la cárcel, escucha muchas historias. No sé si serán verdaderas o no, pero me consta. Y también hemos visto a través del tiempo a cuánta gente han metido a la cárcel siendo inocente.
“La verdad ese lugar es el infierno, oyendo a los perros que les avientan cuando llegan como parte de la tortura psicológica. Mi marido, como mucha gente, nunca debió haber pasado por eso, ¡nunca! La gente que lo consignó y los que dieron la orden, que se queden ahí un ratito y que los traten como los tratan a todos.
“Él siempre me dijo que si esto había pasado era la voluntad de Dios, que nunca se equivoca, y de esto iba a salir algo bueno para el país. Yo creo que sí. Ahora se va a estudiar el tema de los arraigos y los testigos protegidos”.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1891, ya en circulación)
MÉXICO, D.F. (Proceso).- La madrugada del 1 de agosto de 2012, en medio de un fuerte dispositivo de vigilancia, como si fuera un criminal de alta peligrosidad, el general de división Tomás Ángeles Dauahare fue trasladado del centro de arraigo de la Procuraduría General de la República (PGR) al penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México, junto con otros cinco militares acusados de proteger al cártel de los Beltrán Leyva.
Su bienvenida fue infernal. El exsubsecretario de Defensa y sus coacusados fueron desnudados y rapados. Y le echaron encima una jauría como parte del ritual de bienvenida para los presos que cruzan esa puerta.
El 7 de agosto el juez tercero de distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México emitió el auto de formal prisión basándose únicamente en los dichos del testigo protegido Jennifer y del testigo colaborador Mateo. Se afirmó entonces que en el expediente de la PGR constaban “indicios suficientes” para comprobarle al general el delito de delincuencia organizada.
Ocho meses después –dos los pasó en arraigo y seis en El Altiplano–, a sus 70 años Ángeles ha bajado considerablemente de peso y se ve desmejorado.
Ya bajo la nueva administración, la PGR notificó al juzgado que lleva la causa penal que no encontró ninguna prueba que sustentara los dichos de los testigos Jennifer y Mateo, quienes acusan a los generales Ángeles Dauahare, Roberto Dawe, Ricardo Escorcia y Rubén Pérez Ramírez; al coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto y al mayor Iván Reyna de haber recibido sobornos de la organización criminal de los Beltrán a cambio de información y protección.
“En unas semanas va a estar libre mi marido porque es inocente”, señala Leticia Zepeda, esposa de Ángeles Dauahare, en la entrevista que Proceso le hizo el miércoles 23, su aniversario de bodas y la primera vez que no estuvieron juntos en esa fecha durante sus 47 años de casados.
“Han sido meses de mucho dolor, de mucha tristeza y de mucho enojo. Jamás me hubiera imaginado que nos iba a pasar esto que estamos viviendo. Nos ha afectado a todos como familia, no sólo a mí, a mis hijas, a sus nietos y amistades.”
Señala que su esposo está deteriorado físicamente, pero “la formación que él tuvo lo ha hecho resistir esto; es un hombre de 70 años pero está bien, con mucha fortaleza. Siempre estuvo seguro de que la verdad iba a salir. Lo que está pasando ahorita con la PGR es la prueba de su inocencia.
“Cuando lo detuvieron yo no pedí, exigí a la PGR que investigara, exigí que buscara hasta debajo de las piedras. Aquí se le está haciendo justicia a mi marido. No encontraron nada, prueba de que mi marido es inocente.”
–Habrá quienes puedan decir que si su marido fue encarcelado por consigna ahora será liberado también por consigna…
–No dudamos que va a haber ese tipo de declaraciones, pero precisamente por eso en la PGR están muy interesados, me ha comunicado el abogado que lleva la cuestión jurídica que se están haciendo las cosas conforme a derecho, respetando la ley y los tiempos de la ley justamente para que no se diga eso. A mi marido no le están haciendo un favor, le están haciendo justicia. No hay consigna para liberarlo, simplemente se está haciendo justicia.
“Con esto la PGR sienta un precedente para muchas personas… En los pasillos, cuando uno va a la cárcel, escucha muchas historias. No sé si serán verdaderas o no, pero me consta. Y también hemos visto a través del tiempo a cuánta gente han metido a la cárcel siendo inocente.
“La verdad ese lugar es el infierno, oyendo a los perros que les avientan cuando llegan como parte de la tortura psicológica. Mi marido, como mucha gente, nunca debió haber pasado por eso, ¡nunca! La gente que lo consignó y los que dieron la orden, que se queden ahí un ratito y que los traten como los tratan a todos.
“Él siempre me dijo que si esto había pasado era la voluntad de Dios, que nunca se equivoca, y de esto iba a salir algo bueno para el país. Yo creo que sí. Ahora se va a estudiar el tema de los arraigos y los testigos protegidos”.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1891, ya en circulación)
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