Alianza Social de Trabajadores de la Industria Mexicana

miércoles, 30 de enero de 2013

La lejana recuperación- Ríos Montt: perspectiva de justicia- México SA

La lejana recuperación
Alejandro Nadal
Por todos lados se escucha el coro de la recuperación económica. En Europa se afirma con brío que la crisis ya no pone en peligro la unión monetaria, como se temía hace un año. En Estados Unidos se dice que no sólo lo peor de la crisis ha pasado, sino que la recuperación, aunque todavía frágil, ya ha comenzado. En otros países, como México, se insiste en que viene un renacimiento económico.
 
¿Qué tan certera es esta visión de las cosas? La verdad, muy poco. Si se examina la situación en la que se encuentra la economía mundial existen pocas razones para el optimismo.

Comenzamos con Estados Unidos. Ahí se dice que el proceso de desendeudamiento de los hogares prácticamente ha terminado y que se vislumbra un mejor desempeño económico. Esta idea proviene del hecho de que en una economía capitalista moderna el financiamiento del consumo y la inversión es indispensable para el crecimiento y, desde esa perspectiva, el incremento del endeudamiento parecería algo bueno. Pero demasiado endeudamiento actúa como freno. En Estados Unidos los datos de la Reserva Federal muestran que el endeudamiento de los hogares se mantiene por arriba de 85 por ciento del PIB y varios estudios revelan que dicho nivel de endeudamiento es nocivo para el crecimiento de una economía.

Los datos para el tercer trimestre de 2012 efectivamente muestran que los hogares en Estados Unidos incurrieron en un déficit financiero y por eso muchos creen que el endeudamiento regresó, lo que se interpreta como buena señal. Pero al mismo tiempo que los hogares siguen pagando sus deudas, los datos revelan que los activos financieros de las familias se desplomaron. Eso quiere decir que los hogares siguen enfrentando problemas de liquidez y por eso recurren a la venta de parte de sus activos. Eso es normal porque los salarios siguen estancados, la desigualdad se mantiene y los empleos decentes no aparecen por ningún lado.

Como el sector corporativo también prefiere seguir pagando deudas, nada justifica pensar que la fase de desendeudamiento ya terminó. Según Richard Koo, economista de Nomura Securities, Estados Unidos se enfrenta al mismo problema que mantuvo postrada a la economía japonesa durante los últimos 20 años. Es lo que Koo llama recesión de hojas de balance: después del estallido de una burbuja los agentes prefieren pagar deudas en lugar de pedir prestado, aunque la tasa de interés sea cercana a cero.

El corolario de este tipo de análisis es que el gobierno debe mantener el nivel de gasto y éste no es momento para tratar de reducir el déficit fiscal. Eso es algo que el Congreso en Washington no acaba de entender. Es cierto que en el largo plazo el déficit fiscal debe reducirse, pero en la actualidad la disminución del déficit es una prioridad equivocada: frente al recorte en el gasto de los hogares, se necesita mantener y aumentar el gasto del gobierno.
 
En Europa el himno a la recuperación es todavía más desafinado. A principios de enero el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, declaró que había desaparecido la amenaza a la existencia del euro. Y es cierto que la intervención del Banco Central Europeo contribuyó a calmar los ánimos el año pasado, pero de ahí a cantar victoria ya es exagerado. No hay que olvidar que el conjunto de la eurozona entró oficialmente en recesión en 2012 y hasta Alemania, el motor europeo, vio su PIB reducirse 0.5 por ciento el último trimestre de 2012. Además de las economías más golpeadas por la crisis (Grecia, Portugal e Irlanda) este año se aplicarán severos ajustes fiscales en España, Italia y Francia, lo que frenará el crecimiento en esos países.
 
Algunos pensarán que el ajuste fiscal y la reforma laboral son necesarios para salir de la recesión. Pero el último informe de la Comisión Europea sobre empleo y desarrollo social (disponible en ec.europa.eu) concluye que esa no es la medicina adecuada, porque la verdadera causa de la recesión proviene del colapso en la demanda agregada. De ese análisis queda muy mal parada la idea de que con la austeridad y la flexibilidad laboral saldrá a flote la economía europea.
 
El desempleo en la zona euro alcanzó 11.7 por ciento en octubre de 2012: 19 millones de personas están desocupadas, 2 millones más que hace un año. En el caso de los jóvenes el desempleo alcanza el 25 por ciento. Las tasas de desempleo general más altas corresponden a España (26.6 por ciento), Grecia (26 por ciento) y Portugal (16.3 por ciento). En síntesis, prosigue la desintegración económica en cámara lenta. Es evidente que la austeridad fiscal seguirá profundizando la contracción, incrementando el desempleo y trayendo pobreza a una capa enorme de la población europea.
 
Keynes pensaba que el problema económico del capitalismo era su capacidad para mantener niveles de desempleo socialmente inaceptables. La causa la encontró en la inestabilidad intrínseca del capitalismo. Hoy hay que admitir que la ceguera y la belicosidad de las clases dominantes también juegan un papel importante.
 El mundo al revés-Fisgón
Ríos Montt: perspectiva de justicia
La organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) calificó ayer de paso crucial hacia la justicia, la verdad y la reparación el proceso judicial iniciado un día antes en Guatemala contra el ex presidente de ese país Efraín Ríos Montt, quien llegó al poder en marzo de 1982 por un golpe de Estado y fue derrocado por la misma vía 18 meses después. Ríos Montt es señalado como responsable intelectual de los delitos de lesa humanidad y genocidio cometidos durante su gobierno por las fuerzas armadas y grupos paramilitares.
 
Más allá de la necesidad de esclarecer y sancionar crímenes del pasado de Guatemala que siguen proyectando una sombra sobre el presente, como indica AI en su comunicado, el juicio contra Ríos Montt adquiere relevancia internacional e histórica en la medida en que implica sentar en el banquillo de los acusados a un representante paradigmático –junto con el chileno Augusto Pinochet y el argentino Jorge Rafael Videla– de la generación de militares golpistas que, en Centro y Sudamérica, accedieron al poder por la vía de los cuartelazos, barrieron con derechos básicos, asesinaron a cientos de miles de personas, impusieron el terror a las poblaciones e instauraron en buena parte de la región, una era de abierta barbarie.

Durante el año y medio que permaneció en el poder, el militar guatemalteco se encargó de introducir en el continente la aplicación de las tácticas más descarnadas de contrainsurgencia rural; ordenó el asesinato de decenas de miles de guatemaltecos, la mayoría indígenas ixiles –por más que en el expediente judicial en su contra sólo se hayan documentado mil 700 muertes–; provocó el desplazamiento de cientos de miles más, y fue el responsable principal de la virtual desaparición del mapa de 448 aldeas indígenas que simpatizaban con las organizaciones guerrilleras de la época.

Tras ser depuesto y reinstaurarse un orden democrático formal en la nación vecina, Ríos Montt formó la agrupación política Frente Republicano Guatemalteco (FRG), a la que pretendió usar infructuosamente como trampolín para ocupar de nueva cuenta la jefatura de Estado, y desde la cual accedió varias veces a cargos en el Congreso guatemalteco y continuó ejerciendo un poder perverso en la vida política de ese país.
 
Con tales antecedentes, el proceso penal contra Ríos Montt abre la posibilidad de poner fin, así sea en forma simbólica y acotada, a la impunidad de que, salvo en el caso de Argentina, han gozado los sátrapas latinoamericanos bajo los gobiernos civiles y las democracias formales que sucedieron a las dictaduras.
 
Más allá de ese ejercicio de justicia histórica, el juicio contra Ríos Montt tiene implicaciones directas en el entorno político contemporáneo de su país, en la medida en que pone al descubierto a los autores materiales de las atrocidades diseñadas por el militar en retiro, entre los que se encuentra el actual presidente guatemalteco Otto Pérez Molina, cuya participación en las masacres de civiles en comunidades campesinas está ampliamente documentada e incluso ha sido exhibida en documentos filmográficos.
 
Dicha circunstancia coloca a la institucionalidad guatemalteca en una disyuntiva por demás problemática: o decide ejercer acción penal en contra de todas las piezas que integraron la maquinaria de barbarie durante el régimen de Ríos Montt –aunque entre éstas figure el actual jefe de Estado–, o decide preservar la impunidad y socava, con ello, el espíritu de justicia y esclarecimiento que subyace a la causa penal contra el ex mandatario ahora bajo proceso.
 
El caso comentado adquiere también resonancia en nuestro país, en la medida en que sienta un precedente judicial para investigar y sancionar, como delitos de lesa humanidad, episodios de masacres de campesinos perpetradas por fuerzas militares, paramilitares y policiales como los que ocurrieron en México durante el gobierno de Ernesto Zedillo –Aguas Blancas, Acteal, El Charco, La Libertad, San Juan del Bosque y otros– cuyos autores intelectuales y materiales aún gozan de impunidad.
 Un jet privado-Helguera
México SA
Pemex y su apetitoso pastel
¿No es rentable el negocio?
¿Quién pagará impuestos?
Carlos Fernández-Vega
De nueva cuenta se escucha la cantaleta de que Petróleos Mexicanos dejó de ser rentable y ya no es negocio, de tal suerte que los privatizadores promueven la urgente modernización de la paraestatal mediante alianzas con el sector empresarial, porque sólo así se evitará la quiebra. No hay de otra, dicen a coro, mientras exigen a los mexicanos romper ataduras, acabar con el tabú, dejar a un lado los dogmas, ser más audaces y valientes, y destetar a las finanzas públicas del oro negro, entre otras emotivas peticiones. A cambio, prometen, vivirán como noruegos.
 
A Pemex se le pueden achacar innumerables ineficiencias, desviaciones y corruptelas, pero difícilmente alguien puede sostener que dejó de ser rentable, y justificar su privatización porque ya no es negocio. Más allá de sus directivos, el gran problema financiero de Petróleos Mexicanos sigue siendo la Secretaría de Hacienda, que no sólo se queda con todo el rendimiento de la paraestatal, sino que le exige un plus que debe cubrirse con endeudamiento.

Pemex es la caja grande del gobierno federal: no menos de una tercera parte del presupuesto de egresos de la federación se sustenta en el ingreso petrolero, y en los últimos años éste ha sido creciente, como resultado de los elevados precios internacionales. Año tras año, la paraestatal cubre el enorme agujero fiscal que abre el gran capital por las graciosas concesiones que en la materia le otorga la propia autoridad; de tal suerte, es impensable la privatización de Petróleos Mexicanos (que le otorgaría un trato impositivo igual al de las empresas privadas) sin antes amarrar una reforma fiscal real y de fondo que obligue a los golosos empresarios a pagar lo que les corresponde, y así mantener aceitado el presupuesto federal.

Si la reforma fiscal se limita –como todo apunta– a cobrar IVA a todos y en todo, dejando intocado al gran capital, las finanzas nacionales se irán a pique sin el voluminoso ingreso petrolero. La política privatizadora seguida a los largo de 30 años ha sido un rotundo fracaso para el país (no así para el gran capital), pues lo único que logró fue estancar la economía nacional, multiplicar la deuda social, dilapidar los recursos públicos y exentar fiscalmente al gran capital. Si en este contexto se suma la privatización de Pemex, entonces el caos está a la vuelta de la esquina.

El petróleo se mantiene como el principal sustento de las finanzas públicas, sin que Ejecutivo ni Legislativo haga el menor esfuerzo por dar un giro en materia de ingreso. Por ello, la mejor alianza que el gobierno federal puede hacer con el capital privado no es cederle el petróleo, sino obligarlo a cumplir con la responsabilidad fiscal que le corresponde, y en esto la Secretaría de Hacienda ya no puede fingir demencia. Otra reforma fiscal de juguete, de mentiritas y cargada a los de siempre, sólo servirá para calentar aún más el de por sí crispado ambiente social.

Pemex es una de las empresas públicas con mayores rendimientos en el mundo. Sus costos de producción (alrededor de seis dólares por barril) son extremadamente bajos en comparación con el precio de venta (cerca de 100 dólares por barril), de tal suerte que tiene suficiente capacidad para financiar sus proyectos de expansión. Sin duda puede lograr más, crecer más y hacer más (Peña Nieto dixit) con sus propios recursos; no necesita la ayuda ni las alianzas con el capital privado. Lo mejor es que éste cumpla con su parte, que la Secretaría de Hacienda no asfixie a la paraestatal y que ésta deje de endeudarse para atender las exigencias de la SHCP.
 
Una paraestatal que dejó de ser rentable y ya no es negocio difícilmente genera rendimientos (utilidades en el caso de una empresa privada) como los de Petróleos Mexicanos: alrededor de 6.5 billones de pesos durante los dos gobiernos panistas, para no ir más lejos. Ese monto equivale a cerca de 50 por ciento del producto interno bruto mexicanos a precios actuales. Entonces, no existe registro de que un consorcio que ya no es rentable obtenga rendimientos por 500 mil millones de dólares y un margen de ganancia por barril superior a mil 600 por ciento (la diferencia entre el costo de extracción y el precio de venta en el mercado internacional).
 
He allí a la paraestatal que ya no es negocio, lo que lleva a preguntar: ¿si no lo es, entonces cuál es el interés del capital privado de participar en algo que no es rentable? El problema se presenta cuando llega la Secretaría de Hacienda y arrasa: en esos dos sexenios, se quedó con todo el rendimiento, y exigió a Pemex un plus superior a 600 mil millones, que la petrolera obtuvo vía endeudamiento. Además, está la vergonzosa dilapidación que de esos dineros hicieron Vicente Fox y Felipe Calderón. Doce años de ingreso petrolero histórico, para que se lo gastaran en su fiesta.
 
En el sexenio foxista, y de acuerdo con sus cifras, Petróleos Mexicanos reportó rendimientos antes de impuestos por un total de 2 billones 427 mil millones de pesos. En ese periodo, la Secretaría de Hacienda se quedó con 2 billones 634 mil millones, es decir, todo el rendimiento, más 207 mil millones, por concepto de impuestos, derechos y aprovechamientos.
 
En tiempos de Fox, los rendimientos antes de impuestos registrados por Pemex se incrementaron 172 por ciento, al pasar de 230 mil millones en 2001 a 628 mil millones en 2006. ¿Dónde quedaron y en qué se aprovecharon? La Auditoría Superior de la Federación documentó que la mayoría de esos recursos se dilapidaron en gasto corriente, mientras la Secretaría de Hacienda emitía un decreto por medio del cual canceló multimillonarios adeudos fiscales de los grandes corporativos privados.
 
En ingresos petroleros a Felipe Calderón le fue mucho mejor, aunque no al país. Durante su estadía en Los Pinos, Pemex reportó rendimientos antes de impuestos por alrededor de 4 billones 100 mil millones de pesos, 170 por ciento más que en tiempos de Fox. Pero llegó Hacienda y se quedó con todo, más un plus cercano a 400 mil millones. El susodicho gastó más de 800 mil millones de pesos en su fracasada guerra, mientras en Hacienda emitían decretos para cancelar adeudos fiscales de los grandes corporativos. Pero aseguran que Pemex dejó de ser rentable y ya no es negocio.
 
Las rebanadas del pastel
Entonces, como en tantos otros casos, la modernización de Pemex no tiene mayor creatividad, pues la finalidad es simple: que la teta cambie de dueño.

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