IFE y Cassez: el desmoronamiento institucional
La francesa Florence Cassez
Foto: AP
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MÉXICO, D.F. (Proceso).- Tanto la resolución del Instituto Federal Electoral (IFE) sobre el caso Monex como la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de Florence Cassez revelan y ratifican el extremo grado de desmoronamiento institucional que sufre el país. Por un lado los consejeros electorales envían una señal de absoluta impunidad hacia la clase política al rehusarse a investigar a fondo o sancionar la evidente triangulación de fondos que alimentó la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Por otro lado no fueron los criterios garantistas de avanzada del ministro Arturo Zaldívar los que a la postre permitieron la justificada liberación de Cassez, sino la sorpresiva y mal fundamentada argumentación de un ministro novato, Alfredo Gutiérrez, quien debe su cargo de manera directa y personal a Peña Nieto.
Al nuevo mandatario le conviene el desenlace de ambos casos, decididos de manera casi simultánea el pasado miércoles 23. La decisión del IFE busca enterrar los cuestionamientos sobre la legalidad de la elección presidencial de 2012 mientras la sentencia de la SCJN evidencia los atropellos de administraciones pasadas y le permite a Peña Nieto robar cámara para “lamentar” los “errores o violaciones al debido proceso” e “instruir” a los integrantes de su gabinete a “evitar que casos como el que hemos conocido vuelvan a suceder”. La decisión también le ayuda al mandatario a lucirse internacionalmente a partir de la normalización de relaciones diplomáticas entre México y Francia.
Llama la atención que en ambos casos, Monex y Cassez, el voto decisivo fue emitido por un servidor público con gran cercanía al PRI. El consejero electoral Sergio García Ramírez, antiguo secretario general del PRI y amigo de los dueños de la empresa Efra, implicada en el escándalo Monex, fue quien rompió el empate en la votación en el IFE. Con total hermetismo y sin ofrecer argumento alguno, García Ramírez esperó hasta la segunda ronda de votación para girar la balanza a favor de sus aliados y amigos. De igual manera el consejero presidente, Leonardo Valdés, emitió su voto a favor de la impunidad sin mayor explicación.
Por otra parte habría que recordar que Gutiérrez fue la “cuota” de Peña Nieto, y el ministro Alberto Pérez la de Felipe Calderón, en el más reciente proceso de nombramiento de ministros a la Corte. Fue a partir de esta alianza PRIAN, y el ofrecimiento de un futuro “lugar” en el Consejo de la Judicatura al PRD, que se pudo construir la mayoría calificada necesaria en el Senado.
En las últimas semanas Gutiérrez había mantenido sus opiniones sobre el tema Cassez en total secrecía, incluso reservándolos de sus propios colegas ministros de la Corte. Y cuando el miércoles pasado le tocó su turno para emitir su opinión, se limitó a dar lectura a un escueto documento preparado con anticipación que, sin mayor desarrollo argumentativo, indicó su acuerdo con la libertad inmediata de la francesa.
Vale la pena recordar que las sesiones públicas de la Corte existen con el fin de abrir espacios para la deliberación colectiva y el intercambio público de argumentos, no para la lectura de documentos burocráticos. La manera en que el ministro Gutiérrez quiso justificar su extraño hermetismo solamente levanta mayores sospechas con respecto a sus verdaderos motivos: “Toda vez que ésta es la primera ocasión que emito una opinión sobre este asunto en particular, me voy a permitir leer la opinión”. En realidad, es precisamente la primera vez que uno articula su opinión cuando debe desarrollar con mayor claridad y amplitud sus puntos de vista.
Pero lo más preocupante no es la forma en que Gutiérrez expresó su punto de vista sino el fondo de sus argumentos. Su breve comunicado no hace referencia alguna al proyecto original del ministro Arturo Zaldívar, presentado y rechazado en marzo pasado. Aquel proyecto fundamentaba su apoyo para la liberación de Cassez en una defensa irrestricta del debido proceso y una sofisticada teoría del “efecto corruptor” del montaje organizado por Genaro García Luna. Zaldívar había hecho un enorme esfuerzo por convertir el caso Cassez en un caso clave que pudiera ser utilizado para revolucionar el sistema de justicia del país.
En contraste, Gutiérrez quiere limitar al máximo las ondas expansivas que pudiera generar la sentencia. Para él se trata exclusivamente de liberar a una sola persona por la naturaleza especial del “caso concreto”. El ministro fue explícito, por ejemplo, en señalar que el caso Cassez no debería ser utilizado para restringir la evidente violación a los derechos humanos que implican las conocidas “presentaciones” de personas detenidas ante la prensa.
Al parecer la elaboración del “engrose”, o versión definitiva, de la sentencia para el caso Cassez será un proceso sumamente complicado. Habría que hacer votos para que predomine la visión de Zaldívar, pero lo más probable es que sea el punto de vista de Gutiérrez el que termine por imponerse. Si así fuera, el caso Cassez no constituiría un viraje histórico a favor del debido proceso sino que solamente ratificaría la lección de siempre de que el Estado de derecho y la presunción de inocencia solamente se cumplen para quienes tienen contactos y apoyos poderosos.
Por otra parte, con su aval al dictamen de la Unidad de Fiscalización del IFE en el caso Monex, los consejeros electorales simplemente cierran los ojos y esconden la cabeza en un contexto de total descontrol sobre las finanzas públicas de los partidos. Hasta la consejera María Marván tuvo que aceptar públicamente que “lo menos que habría que decir es que hay una obra maestra de ingeniería financiera”. Y el representante del PAN ante el IFE, Rogelio Carbajal, se vio obligado a marcar distancia de sus aliados en el PRI al señalar sin rodeos que “estamos ante un financiamiento paralelo del PRI” y que se debe investigar un posible “lavado de dinero, porque no sabemos efectivamente cuál fue el origen de los recursos”.
Una vez más se defrauda el sueño ciudadano de contar con instituciones públicas que defiendan el interés general. Urge rescatar a nuestras instituciones para que sirvan a la democracia y no al poder.
www.johnackerman.blogspot
Twitter: @JohnMAckerman
El plan Peña: Más IVA y petróleo a IP
Enrique Peña Nieto, titular del Ejecutivo.
Foto: Miguel Dimayuga
Foto: Miguel Dimayuga
MÉXICO, D.F. (apro).- El calendario del Consejo Rector del Pacto por México, instrumento con el que Enrique Peña Nieto amansó a las cúpulas de PAN y PRD, lo revela: La privatización del petróleo y el cobro del IVA a alimentos y medicinas se aprobarán este mismo año.
El documento no da lugar para la especulación: La reforma energética, que prevé la inversión del sector privado –nacional y extranjero– en la industria petrolera, será procesada en el primer semestre de 2013, y la reforma fiscal, que eliminará la exención del IVA a medicinas y alimentos, se concretará en la segunda parte del año.
Así, salvo que exista una movilización social contundente en contra, ambas reformas serán aprobadas en el Congreso por los grupos parlamentarios del PRI y del PAN –sin descartar al PRD en el contubernio–, aun si, en el caso del petróleo, se requiere una reforma constitucional para su privatización.
La reforma energética, que implica la cesión de la renta petrolera, ha sido una vieja ambición del PAN que en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón no pudo materializar por ineptitud y por conveniencia política del PRI, pero ahora están dadas las condiciones para consolidar la alianza para aprobarla, con el aval tácito o la oposición testimonial del PRD, socio de ambos.
Aunque con sus particularidades, es el mismo caso de la reforma fiscal y la generalización del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que por supuesto incluiría imponerlo a alimentos y medicinas. La oposición del PAN en el Senado no es creíble, menos viniendo de Ernesto Cordero, un tenaz promotor de este gravamen como secretario de Hacienda del felipato.
Sólo la propaganda oficial y oficiosa lo niega: El IVA en alimentos y medicinas representa un golpe brutal para la mayoría de los mexicanos, porque es un impuesto que afecta más a los que menos percepciones tienen y que las destinan, en el mayor porcentaje, a la alimentación y eventualmente a curarse de un padecimiento.
Una persona que percibe mil pesos al día pude destinar, sin problema, 400 pesos en alimentos y el 15% de IVA, 60 pesos más, no es tan gravoso para satisfacer otras necesidades.
Pero aumento al IVA perjudica mayormente a quien cobra 100 pesos diarios: Si destina 80 pesos a los alimentos, ese impuesto significaría pagar otros 12 pesos y sólo le quedarían ocho para proveerse, por ejemplo, de transporte y vestido.
Esto es lo que pretende Peña aplicar en el segundo semestre de este año luego de que, en la primera mitad de 2013, se apruebe la reforma energética que buscar transferir la riqueza petrolera a inversionistas nacionales y extranjeros, con el argumento de que el Estado no cuenta con recursos para su explotación.
El plan de Peña está en curso: Entre este viernes 1 de febrero, cuando inicia el primer periodo de sesiones del Congreso, y hasta el 30 de abril, cuando concluye, se presentarán las iniciativas de ley contempladas en el la “calendarización de reformas” del Pacto por México, que se propone, en el apartado 2.5, “realizar una reforma energética que sea motor de inversión y desarrollo”.
Esta calendarización establece que, en el “primer semestre de 2013”, se presentarán las iniciativas y la “culminación de implementación” será en el segundo semestre de 2013, pero la “implementación completa (estará) sujeta a la aprobación de la reforma fiscal”.
Justamente por eso, en el apartado 2.11 del calendario, se prevé “realizar una reforma hacendaria eficiente y equitativa que sea palanca del desarrollo”, cuyas iniciativas de ley se presentarán en el segundo semestre de este año, pero cuya implementación completa –ojo– será hasta el segundo semestre de 2018, es decir, al final del gobierno de Peña.
El documento del Consejo Rector del Pacto por México, que agrupa a los presidentes de los tres principales partidos y cuyo secretario técnico es el exgobernador de Oaxaca, José Murat –operador del contubernio–, no reconoce expresamente la privatización petrolera ni que se impondrá IVA a medicinas y alimentos.
Es más, en el punto 54 aclara que “los hidrocarburos seguirán siendo propiedad de la nación”, pero todos los prominentes líderes priistas, como César Camacho Quiroz, adelantan que reformarán los documentos básicos del PRI que prohíben la inversión privada en el sector.
En el documento de 95 puntos del Pacto por México tampoco se enuncia, expresamente, que habrá un aumento del IVA y que se impondrá a alimentos y medicinas, pero eso lo sabe hasta el expresidente priista Adolfo Lugo Verduzco, quien definió esas medidas como “muy dolorosas pero necesarias”.
El plan de Peña y sus patrones ya está en marcha y todo apunta a que se aprobará en el Congreso, porque están en esta misma ruta por lo menos el PRI, el PAN, el Partido Verde y Nueva Alianza, el partido de Elba Esther Gordillo que es más priista que nunca.
La incógnita es si la sociedad será capaz de articular un vigoroso movimiento que descarrile este plan de la derecha o, como en las elecciones del año pasado, se imponga –otra vez– el poder de las elites a una sociedad indolente y hasta masoquista…
Apuntes
En el escándalo de los casinos que involucra a políticos panistas de la talla de Gustavo Madero, quien además es un probado traficante de influencias, hay una mala noticia para Felipe Calderón y el elenco que desde la Secretaría de Gobernación autorizó dos permisos para instalar casi cien casinos: Los nuevos funcionarios de esta dependencia, en particular la directora de Juegos y Sorteos, Marcela González Salas, declarará ilegal esa decisión administrativa del felipato, tal como se prevé que lo haga también el juez que decretó una suspensión definitiva a la empresa afectada, Entretenimiento de México, propiedad de Arturo y Juan José Rojas Cardona, este último conocido como El zar de los casinos…
Comentarios: delgado@proceso.com.mx y Twitter: @alvaro_delgado
El PRI concretó la reconquista del IFE
Leonardo Valdés durante la sesión en el IFE.
Foto: Benjamin Flores
Foto: Benjamin Flores
MÉXICO, D.F. (Proceso).- La absoluta exoneración del PRI fue únicamente la muestra fehaciente de que su estrategia de recuperación del control de la autoridad electoral rindió frutos. La implementación de la misma la iniciaron en la reforma constitucional y legal de 2007, cuando particularmente respecto al tema de fiscalización le arrebataron la función al Consejo General y se la depositaron a una unidad dentro de la rama ejecutiva (Proceso 1622) y la continuaron con la designación de los consejeros electorales en febrero y agosto de 2008 (Proceso 1632 y 1659) y en diciembre de 2011 (Proceso 1832), donde se aseguraron de contar con un grupo fiel de tres consejeros electorales y dos más que en las decisiones cruciales se inclinarían a su favor.
Los priistas siempre responsabilizaron a la autoridad electoral de su derrota en las elecciones presidenciales de 2000 y nunca le perdonaron la histórica multa de mil millones de pesos por el llamado Pemexgate. Ambos hechos los hicieron valer para vetar a todos los integrantes del Consejo General de 1996-2003, durante la renovación del mismo en octubre de 2003 pero sobre todo se aprovecharon de la inconformidad de la izquierda tras las elecciones presidenciales de 2006 para empezar a aplicar una estrategia que le permitiera introducir cambios estructurales que les aseguraran dicho control, más allá de los consejeros.
Así en la reforma de 2007 dejaron la labor de fiscalización en una unidad en manos de un titular designado por el Consejo General del IFE, pero cuyas labores de revisión de los informes e integración de los expedientes y elaboración de dictámenes de las quejas vinculadas al manejo de recursos, dependiese totalmente del secretario ejecutivo y ya no de una Comisión del Consejo General, como fue entre 1997 y 2007. Los consejeros electorales conocen los expedientes y los proyectos de resolución al mismo tiempo que los representantes de los partidos políticos y los consejeros del Poder Legislativo, por lo cual poco pueden hacer para impulsar o exigir investigaciones más exhaustivas y minuciosas, como se evidenció en la pasada sesión del Consejo, por lo menos en lo que respecta a los cuatro consejeros que impulsaban la sanción al tricolor.
El primer problema con el que se enfrentaron los consejeros partidarios de la multa fue la integración de un expediente deficiente que se limitó a lo más elemental. En primera instancia (y cuestión que ni siquiera requería de investigación alguna) era el hecho de que en el contrato que entregó el propio PRI queda claro que obtuvo un financiamiento –así está señalado explícitamente en el párrafo segundo de la cláusula segunda: “Adicionalmente ‘Alkino’ otorga un financiamiento a ‘el partido’…”– del que no informó conforme a la ley y los lineamientos emitidos por el IFE (Proceso 1865), además de la violación a otras normas y lineamientos, como no haber pasado dichos recursos a través de cuentas a nombre del mismo partido.
Pero en segundo lugar la investigación se limitó a los elementos que le aportó el mismo partido y bajo el pretexto de que “…la autoridad electoral no es competente para resolver aspectos relacionados en materia fiscal, en específico, por la discrepancia fiscal por operaciones de aportantes sean personas físicas o morales cuyos egresos sean mayores que sus ingresos…”, no revisó la evidente construcción de un entramado financiero en el cual se pierden el origen y destino de los recursos. El entramado se trasluce con la presencia de empresas fantasma, algunas de las cuales simplemente son mencionadas marginalmente en el mismo dictamen.
A pesar de estas dos evidentes deficiencias: durante la discusión del punto en la sesión del pasado miércoles 23 se confirmó que sí usaron las tarjetas Monex, que sí estaban involucradas algunas de las empresas mercantiles señaladas en el financiamiento y la dispersión de los recursos, que dichos gastos deben estar dentro de los de campaña y que desconocen el destino de al menos 44 millones de pesos.
Todo esto está documentado en el mal estructurado expediente y fue el argumento que utilizaron los cuatro consejeros (Benito Nacif, Alfredo Figueroa, Lorenzo Córdova y María Marván) que proponían imponer una multa de 105 millones de pesos al PRI y al PVEM; pero las evidencias sucumbieron frente la lealtad o la debilidad de cinco consejeros, entre ellos el consejero presidente, que optaron por exonerar al tricolor y al verde.
Por las intervenciones de los consejeros los votos de los cuatro que defendían la sanción eran totalmente previsibles; también lo eran los dos priistas (Francisco Guerrero y Marco Antonio Baños); Leonardo Valdés no se pronunció, aunque no sorprendió a nadie su voto por la exoneración; y la sorpresa en la primera votación fue la de Macarita Elizondo, quien en sus intervenciones se alineó con los cuatro que impulsaban la multa, pero en el voto se fue con los priistas, con lo cual la votación se empató.
Y entonces fue cuando la designación de priistas de cepa, como Sergio García Ramírez, cobró más sentido y rindió frutos para el tricolor. El consejero, quien se ausentó de la discusión por su relación de amistad con los socios (Gabino Fraga) de una de las empresas implicadas en el caso, decidió que era el momento de actuar para evitar la multa. Ingresó al salón y, con la venia de todos sus compañeros consejeros, desempató la votación a favor del tricolor.
En ese momento se cristalizó la mayoría priista en el Consejo General del IFE: dos por su reconocida militancia en el tricolor (Francisco Guerrero y Sergio García Ramírez), uno por su evidente cercanía con insignes militantes (Manlio Fabio Beltrones y Felipe Solís Acero) de dicho partido (Marco Antonio Baños) y dos más porque su formación, trayectoria y personalidad los lleva a votar siempre al lado de los tricolores (Leonardo Valdés y Macarita Elizondo). El consejero presidente seguramente también consideró muy cuidadosamente cuál de sus posiciones abonaba más a una posible reelección en el cargo en octubre de este año, cuando además de dicha designación se hará la de otros dos consejeros electorales que ya terminan su encomienda (Alfredo Figueroa y Francisco Guerrero).
El miércoles 23 simplemente se concretó la reconquista tricolor del Instituto Federal Electoral. De nada sirven los lamentos y quejas de panistas y perredistas. Particularmente ellos fueron cómplices (conscientes o inconscientes) de tal situación, pues sus legisladores votaron favorablemente todas las decisiones que condujeron a esto.
Los priistas siempre responsabilizaron a la autoridad electoral de su derrota en las elecciones presidenciales de 2000 y nunca le perdonaron la histórica multa de mil millones de pesos por el llamado Pemexgate. Ambos hechos los hicieron valer para vetar a todos los integrantes del Consejo General de 1996-2003, durante la renovación del mismo en octubre de 2003 pero sobre todo se aprovecharon de la inconformidad de la izquierda tras las elecciones presidenciales de 2006 para empezar a aplicar una estrategia que le permitiera introducir cambios estructurales que les aseguraran dicho control, más allá de los consejeros.
Así en la reforma de 2007 dejaron la labor de fiscalización en una unidad en manos de un titular designado por el Consejo General del IFE, pero cuyas labores de revisión de los informes e integración de los expedientes y elaboración de dictámenes de las quejas vinculadas al manejo de recursos, dependiese totalmente del secretario ejecutivo y ya no de una Comisión del Consejo General, como fue entre 1997 y 2007. Los consejeros electorales conocen los expedientes y los proyectos de resolución al mismo tiempo que los representantes de los partidos políticos y los consejeros del Poder Legislativo, por lo cual poco pueden hacer para impulsar o exigir investigaciones más exhaustivas y minuciosas, como se evidenció en la pasada sesión del Consejo, por lo menos en lo que respecta a los cuatro consejeros que impulsaban la sanción al tricolor.
El primer problema con el que se enfrentaron los consejeros partidarios de la multa fue la integración de un expediente deficiente que se limitó a lo más elemental. En primera instancia (y cuestión que ni siquiera requería de investigación alguna) era el hecho de que en el contrato que entregó el propio PRI queda claro que obtuvo un financiamiento –así está señalado explícitamente en el párrafo segundo de la cláusula segunda: “Adicionalmente ‘Alkino’ otorga un financiamiento a ‘el partido’…”– del que no informó conforme a la ley y los lineamientos emitidos por el IFE (Proceso 1865), además de la violación a otras normas y lineamientos, como no haber pasado dichos recursos a través de cuentas a nombre del mismo partido.
Pero en segundo lugar la investigación se limitó a los elementos que le aportó el mismo partido y bajo el pretexto de que “…la autoridad electoral no es competente para resolver aspectos relacionados en materia fiscal, en específico, por la discrepancia fiscal por operaciones de aportantes sean personas físicas o morales cuyos egresos sean mayores que sus ingresos…”, no revisó la evidente construcción de un entramado financiero en el cual se pierden el origen y destino de los recursos. El entramado se trasluce con la presencia de empresas fantasma, algunas de las cuales simplemente son mencionadas marginalmente en el mismo dictamen.
A pesar de estas dos evidentes deficiencias: durante la discusión del punto en la sesión del pasado miércoles 23 se confirmó que sí usaron las tarjetas Monex, que sí estaban involucradas algunas de las empresas mercantiles señaladas en el financiamiento y la dispersión de los recursos, que dichos gastos deben estar dentro de los de campaña y que desconocen el destino de al menos 44 millones de pesos.
Todo esto está documentado en el mal estructurado expediente y fue el argumento que utilizaron los cuatro consejeros (Benito Nacif, Alfredo Figueroa, Lorenzo Córdova y María Marván) que proponían imponer una multa de 105 millones de pesos al PRI y al PVEM; pero las evidencias sucumbieron frente la lealtad o la debilidad de cinco consejeros, entre ellos el consejero presidente, que optaron por exonerar al tricolor y al verde.
Por las intervenciones de los consejeros los votos de los cuatro que defendían la sanción eran totalmente previsibles; también lo eran los dos priistas (Francisco Guerrero y Marco Antonio Baños); Leonardo Valdés no se pronunció, aunque no sorprendió a nadie su voto por la exoneración; y la sorpresa en la primera votación fue la de Macarita Elizondo, quien en sus intervenciones se alineó con los cuatro que impulsaban la multa, pero en el voto se fue con los priistas, con lo cual la votación se empató.
Y entonces fue cuando la designación de priistas de cepa, como Sergio García Ramírez, cobró más sentido y rindió frutos para el tricolor. El consejero, quien se ausentó de la discusión por su relación de amistad con los socios (Gabino Fraga) de una de las empresas implicadas en el caso, decidió que era el momento de actuar para evitar la multa. Ingresó al salón y, con la venia de todos sus compañeros consejeros, desempató la votación a favor del tricolor.
En ese momento se cristalizó la mayoría priista en el Consejo General del IFE: dos por su reconocida militancia en el tricolor (Francisco Guerrero y Sergio García Ramírez), uno por su evidente cercanía con insignes militantes (Manlio Fabio Beltrones y Felipe Solís Acero) de dicho partido (Marco Antonio Baños) y dos más porque su formación, trayectoria y personalidad los lleva a votar siempre al lado de los tricolores (Leonardo Valdés y Macarita Elizondo). El consejero presidente seguramente también consideró muy cuidadosamente cuál de sus posiciones abonaba más a una posible reelección en el cargo en octubre de este año, cuando además de dicha designación se hará la de otros dos consejeros electorales que ya terminan su encomienda (Alfredo Figueroa y Francisco Guerrero).
El miércoles 23 simplemente se concretó la reconquista tricolor del Instituto Federal Electoral. De nada sirven los lamentos y quejas de panistas y perredistas. Particularmente ellos fueron cómplices (conscientes o inconscientes) de tal situación, pues sus legisladores votaron favorablemente todas las decisiones que condujeron a esto.
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