¡Basta de violencias!
Plaza Pública
Por Miguel Angel Granados Chapa
Se equivoca el presidente Calderón al demandar que la sociedad grite su ¡ya basta! a la delincuencia, en vez de enrostrarlo al gobierno, a los funcionarios. Las bandas de criminales no son interlocutores de la sociedad. Son sus enemigos. No sabríamos, además, a quién dirigir esa exigencia. Los criminales no tienen rostro. Y no podemos, los ciudadanos, demandarles una conducta ética, apegada al derecho, siendo que precisamente han traspasado las barreras morales y jurídicas que permiten la convivencia.
Gritar ¡Ya basta! a la delincuencia sería clamar en el desierto. Nadie nos haría caso, y no tendríamos modo de forzar una respuesta, porque nada tenemos en común con quienes han hecho de la violencia un modo de vida. De los criminales nada podemos esperar, sólo temer su acción.
En cambio, con toda legitimidad los ciudadanos podemos exigir a los gobiernos (federal, estatales, municipales) que cese la generalizada impunidad que es caldo de cultivo de la delincuencia. Con los gobernantes, los gobernados tenemos una relación claramente establecida. Somos interlocutores. Sabemos quiénes son y qué responsabilidades asumieron al ser elegidos o aceptar los cargos a que fueron designados. El ¡Ya basta! implica una exigencia doble. Por un lado, que cese la abulia, la incompetencia o la corrupción que impiden frenar a los delincuentes. Y, por otra parte, que se escoja una estrategia de combate al crimen organizado que alcance realmente sus objetivos y no sólo implique altos costos para la sociedad. La guerra contra las bandas del narcotráfico se inició con el propósito de reducir el volumen del negocio que manejan. Es claro que ese objetivo no se ha logrado. Crece el consumo de drogas en México, y aumenta asimismo el trasiego de estupefacientes a través de nuestro territorio hacia Estados Unidos. Frente a ese fracaso, el costo en vidas humanas suscitado por esa estrategia fallida crece cada día. Y eso, el aumento de la criminalidad, resulta de una deficiencia del Estado, de los gobiernos, el federal especialmente, puesto que ha desplegado fuerzas y recursos de su competencia. ¡Ya basta! de que la policía preventiva sea incapaz de evitar delitos de enorme gravedad. ¡Ya basta! de que, cometidos esos ilícitos, no haya capacidad para castigar a sus autores. Ahora no se acusa a los funcionarios de empuñar las armas contra la población. Sí se le señala por su ineptitud para evitar que los delincuentes actúen con plena libertad. Sí se demanda que cuando haya funcionarios o miembros de las Fuerzas Armadas que atentan contra la población, sean castigados como todos queremos que se haga con los delincuentes vulgares.
Ese grito nace del temor de que la violencia incontenida crezca a niveles aterradores, como ocurre en Tamaulipas, donde cada día aumenta el número de personas asesinadas e inhumadas clandestinamente en fosas de mayor amplitud que el servicio forense del municipio de San Fernando, donde ya no caben los cuerpos rescatados de esos cementerios particulares. En Tamaulipas, hay que permanentemente recordarlo, la delincuencia se alimenta de la impunidad: hace ya más de nueve meses que fue asesinado el candidato del PRI al gobierno del estado, hermano de quien finalmente ocupa ese cargo, y nada se sabe de los autores de ese crimen.
La violencia, insistamos, está directamente asociada a la impunidad. Por eso es exigible que el gobierno del Distrito Federal acometa una averiguación a fondo, si rodeada de escrutinio ciudadano mejor, sobre los graves hechos ocurridos el lunes. Fueron golpeadas personas, varias de ellas en el desempeño de sus funciones como agentes policiacos, bomberos y periodistas. Cinco vehículos fueron quemados en la calle. Y acaso se atacó deliberadamente una instalación eléctrica subterránea en la Ciudad de México que presumiblemente dio lugar a nuevos estallidos, todos los cuales pusieron en alto riesgo vidas y bienes.
La indagación sobre esos hechos debe determinar si constituyeron delitos, en cuyo caso deben establecerse responsabilidades y llevar a proceso a los inculpados. Los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas, en torno de cuya movilización se suscitaron los acontecimientos de que hablamos, alegan que los problemas en las instalaciones eléctricas derivan no de acción humana dolosa sino de la vejez de la red en el centro capitalino. Pero si se equivocan y se trata de sabotaje, quienes lo practicaron deben ser castigados, quienes quiera que ellos sean.
El hecho incontrovertible es que hubo violencia. Mucha gente, cuente o no con información del caso, culpa a los electricistas. Uno de los periodistas agredidos, Juan Carlos Santoyo, a quien expreso mi solidaridad por la agresión sufrida, denunció directamente a Martín Esparza, líder del SME, por haber instigado el ataque de que fue víctima. Si la averiguación ministerial determinara que así fue, el dirigente y los autores materiales tendrían que pagar sus acciones. Al contrario, si el propio líder y sus compañeros fueron víctimas de provocadores, éstos deberán ser identificados y llevados a los tribunales.
La guía debe ser la estricta aplicación de la ley. No debe quedar duda de que se incrimina o se protege al SME por razones políticas. Si la dirección sindical hubiera optado por la acción directa, tendría que pagarlo. Pero igual debe ocurrir con quienes, infiltrados en las filas sindicales, tuvieran la encomienda de practicar violencia para que la sociedad denueste a un gremio que debe perseguir sus fines por otros medios.
Gritar ¡Ya basta! a la delincuencia sería clamar en el desierto. Nadie nos haría caso, y no tendríamos modo de forzar una respuesta, porque nada tenemos en común con quienes han hecho de la violencia un modo de vida. De los criminales nada podemos esperar, sólo temer su acción.
En cambio, con toda legitimidad los ciudadanos podemos exigir a los gobiernos (federal, estatales, municipales) que cese la generalizada impunidad que es caldo de cultivo de la delincuencia. Con los gobernantes, los gobernados tenemos una relación claramente establecida. Somos interlocutores. Sabemos quiénes son y qué responsabilidades asumieron al ser elegidos o aceptar los cargos a que fueron designados. El ¡Ya basta! implica una exigencia doble. Por un lado, que cese la abulia, la incompetencia o la corrupción que impiden frenar a los delincuentes. Y, por otra parte, que se escoja una estrategia de combate al crimen organizado que alcance realmente sus objetivos y no sólo implique altos costos para la sociedad. La guerra contra las bandas del narcotráfico se inició con el propósito de reducir el volumen del negocio que manejan. Es claro que ese objetivo no se ha logrado. Crece el consumo de drogas en México, y aumenta asimismo el trasiego de estupefacientes a través de nuestro territorio hacia Estados Unidos. Frente a ese fracaso, el costo en vidas humanas suscitado por esa estrategia fallida crece cada día. Y eso, el aumento de la criminalidad, resulta de una deficiencia del Estado, de los gobiernos, el federal especialmente, puesto que ha desplegado fuerzas y recursos de su competencia. ¡Ya basta! de que la policía preventiva sea incapaz de evitar delitos de enorme gravedad. ¡Ya basta! de que, cometidos esos ilícitos, no haya capacidad para castigar a sus autores. Ahora no se acusa a los funcionarios de empuñar las armas contra la población. Sí se le señala por su ineptitud para evitar que los delincuentes actúen con plena libertad. Sí se demanda que cuando haya funcionarios o miembros de las Fuerzas Armadas que atentan contra la población, sean castigados como todos queremos que se haga con los delincuentes vulgares.
Ese grito nace del temor de que la violencia incontenida crezca a niveles aterradores, como ocurre en Tamaulipas, donde cada día aumenta el número de personas asesinadas e inhumadas clandestinamente en fosas de mayor amplitud que el servicio forense del municipio de San Fernando, donde ya no caben los cuerpos rescatados de esos cementerios particulares. En Tamaulipas, hay que permanentemente recordarlo, la delincuencia se alimenta de la impunidad: hace ya más de nueve meses que fue asesinado el candidato del PRI al gobierno del estado, hermano de quien finalmente ocupa ese cargo, y nada se sabe de los autores de ese crimen.
La violencia, insistamos, está directamente asociada a la impunidad. Por eso es exigible que el gobierno del Distrito Federal acometa una averiguación a fondo, si rodeada de escrutinio ciudadano mejor, sobre los graves hechos ocurridos el lunes. Fueron golpeadas personas, varias de ellas en el desempeño de sus funciones como agentes policiacos, bomberos y periodistas. Cinco vehículos fueron quemados en la calle. Y acaso se atacó deliberadamente una instalación eléctrica subterránea en la Ciudad de México que presumiblemente dio lugar a nuevos estallidos, todos los cuales pusieron en alto riesgo vidas y bienes.
La indagación sobre esos hechos debe determinar si constituyeron delitos, en cuyo caso deben establecerse responsabilidades y llevar a proceso a los inculpados. Los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas, en torno de cuya movilización se suscitaron los acontecimientos de que hablamos, alegan que los problemas en las instalaciones eléctricas derivan no de acción humana dolosa sino de la vejez de la red en el centro capitalino. Pero si se equivocan y se trata de sabotaje, quienes lo practicaron deben ser castigados, quienes quiera que ellos sean.
El hecho incontrovertible es que hubo violencia. Mucha gente, cuente o no con información del caso, culpa a los electricistas. Uno de los periodistas agredidos, Juan Carlos Santoyo, a quien expreso mi solidaridad por la agresión sufrida, denunció directamente a Martín Esparza, líder del SME, por haber instigado el ataque de que fue víctima. Si la averiguación ministerial determinara que así fue, el dirigente y los autores materiales tendrían que pagar sus acciones. Al contrario, si el propio líder y sus compañeros fueron víctimas de provocadores, éstos deberán ser identificados y llevados a los tribunales.
La guía debe ser la estricta aplicación de la ley. No debe quedar duda de que se incrimina o se protege al SME por razones políticas. Si la dirección sindical hubiera optado por la acción directa, tendría que pagarlo. Pero igual debe ocurrir con quienes, infiltrados en las filas sindicales, tuvieran la encomienda de practicar violencia para que la sociedad denueste a un gremio que debe perseguir sus fines por otros medios.
Video que debes ver…
¡Ya Basta, Calderón!
http://www.youtube.com/watch?v=N7glixu-lo0&feature=player_embedded
Encuentran 23 cuerpos más en Tamaulipas; van 145 cadáveres
La Redacción
La Redacción
CIUDAD VICTORIA, Tamps., 14 de abril (apro).- Un total de 23 cadáveres más fueron encontrados en distintos lugares del municipio de San Fernando, reveló Jaime Canseco Gómez, secretario General de Gobierno del estado.
Los cuerpos se encontraron en distintas zonas del ejido La Joya, justo donde se hallaron los primeros 59 cadáveres el 6 de abril.
Aparte, el gobierno de Tamaulipas admitió que el gobierno federal desarmó a la policía municipal de San Fernando y trasladó a 16 de sus miembros a las instalaciones de la Procuraduría General de la República para investigarlos en calidad de indiciados.
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