Alianza Social de Trabajadores de la Industria Mexicana

miércoles, 12 de octubre de 2011

Echar a la calle a Duarte, Medina, Larrazábal y otros




Echar a la calle a Duarte, Medina, Larrazábal y otros

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Sección: Conjeturas
La revocación del mandato está claramente establecida en el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (y no Constitución General, como le da por llamarla al peñista Alfonso Navarrete Prida, diputado federal para más señas), que establece: “El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. Y puede deshacerse de los malos gobernantes, sin derramamiento de sangre, sin violencia (como ha escrito en sus obras sobre la sociedad abierta democrática el filósofo Karl R Popper), cuando no gobiernan en beneficio del pueblo: “Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”.
Ambos principios tienen como factor común que “la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo”. Estos tres postulados son el fundamento para anular de sus cargos por elección o designación a los malos gobernantes.
Los presidentes priístas abusaron de la facultad que tiene el Senado de la República para deshacerse de sus enemigos –y en muy pocas ocasiones para quitar a gobernadores que aprovecharon indebidamente el poder– establecida en la Fracción V, del artículo 76 constitucional: “Declarar cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un Estado, que es llegado el momento de nombrarle un gobernador provisional […] El nombramiento de gobernador se hará por el Senado a propuesta de una terna del presidente de la República”, que se ponía en marcha cuando el gobernador se negaba a renunciar (o un presidente municipal, como Fernando Larrazábal, de Monterrey). El periodista sonorense Carlos Moncada (que está por publicar su libro sobre homicidios de periodistas de 1880 a 2011), da cuenta en su texto ¡Cayeron! de los 67 gobernadores echados a la calle.
En Sonora, Nuevo León, Veracruz, Jalisco, Chihuahua, Sinaloa y Yucatán, cuando menos, no saben cómo deshacerse de sus malos gobernantes. Expulsarlos y denunciarlos ante el Ministerio Público, para presentarlos a los tribunales. O sentarlos en el banquillo del juicio político. Rodrigo Medina de la Cruz, de Nuevo León con el alcalde de Monterrey: Larrazábal Bretón, son un par de incapaces y revocarles el nombramiento sería lo mejor para la entidad. Guillermo Padrés Elías, en Sonora con el robo del agua que insiste en llevar a cabo, está a punto de generar un violento conflicto. El desgobernador de Veracruz, Javier Duarte, no debe estar un día más en el poder. Ha enloquecido, y tiene a los veracruzanos sobreviviendo entre la anarquía y los homicidios consecuencias de la barbarie que impera.
Estos gobernantes tienen al país al filo de las revueltas sociales. Y son la otra cara de la delincuencia. Éstos están dañando por igual a la nación, como nunca antes. Se ha desbordado el abuso de poder, las raterías al dinero del pueblo y la ineficacia en el cumplimiento de sus obligaciones, mientras, los narcotraficantes y sus matones, completan el cuadro de las desgracias nacionales. Y militares, marinos y policías también son victimarios, asaltan domicilios, desparecen ciudadanos… el país es presa de malos gobernantes y delincuentes. Y los mexicanos estamos en medio de uno y otro.

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