Las elecciones más inverosímiles del mundo- Consejeros en huelga

Las elecciones más inverosímiles del mundo

Sergio Ramírez

Las elecciones presidenciales que se avecinan en Nicaragua, fijadas para el domingo 6 de noviembre, puede que sean las más inverosímiles del mundo. Anormales, aunque el secretario general de la OEA, que estuvo de visita hace poco en Nicaragua, las vea normales, y aún más, juzgue el proceso electoral en curso como parte del avance democrático en América Latina.

Comienzo a explicar por qué se trata de unas elecciones inverosímiles. En primer lugar, el comandante Daniel Ortega se presenta otra vez como candidato a la presidencia, pese a la prohibición expresa de la Constitución Política, solventada de manera ilegal con una resolución de la Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados son fieles al presidente y candidato; esta resolución fue de inmediato convalidada por las magistrados del Consejo Supremo Electoral, que se ufanan de la misma fidelidad incondicional.
Cuando una contienda se da en términos de absoluta desigualdad, estando una de las partes en indefensión frente a la otra que hace uso de todas las ventajas, sin cuidarse de que esas ventajas sean ilegales, en Nicaragua decimos que se trata de una pelea de burro amarrado contra tigre suelto. Esto es lo que son estas elecciones. Ortega se propone contar él mismo los votos a través de los jueces electorales incondicionales suyos, y el aparato electoral está en manos de sus partidarios.
Pero eso no es todo lo que tienen de inverosímiles estas elecciones. Nunca ha habido una campaña electoral más desigual. Decenas de millones de dólares de los créditos blandos que provienen del convenio petrolero con Venezuela, que son recursos del Estado, han sido usados para comprar, equipar y remozar al menos cinco canales de televisión y decenas de estaciones de radio que cantan día y noche las loas al candidato oficial, y esos recursos financian también gigantescos avisos en calles y carreteras, gorras, camisetas, banderas, y el alquiler de centenares de medios de transporte para acarrear manifestantes. Por eso cada fin de semana la ciudad de Managua se queda sin la mayoría de los autobuses del transporte público.
El tigre suelto, millonario en recursos, no perdona al burro amarrado, porque el aparato oficial de campaña también usa los vehículos de los ministerios del Estado para estas movilizaciones, aun ambulancias del sistema de salud. Y aún más que eso. Esos mismos recursos sirven para donativos y regalos que se hacen los potenciales votantes, desde láminas de zinc para techos y paquetes de comida hasta un parque de diversiones gratuito instalado en Managua.
Un amigo, compañero de mis años en la universidad, y escéptico por naturaleza, me pregunta en un correo electrónico si es que pienso ir a votar en estas elecciones inverosímiles, si ya está decidido de antemano que el comandante Ortega va a ganar. ¿Ir a votar no es legitimar la ilegalidad? ¿No es legitimar el pacto entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, que sigue más vivo que nunca, al punto que éste es candidato, aun a sabiendas de que se halla en la cola de las encuestas y no puede ganar? Un candidato de zacate, como se dice también en buen nicaragüense, que sólo está en las papeletas para dividir, y favorecer la relección de Ortega.

Me dice mi amigo, además, que lo único que no está decidido todavía es cuántos votos le van a adjudicar a cada partido contendiente, aunque de una cosa sí está seguro, de que el partido de gobierno tiene la maquinaria aceitada para fabricar la mayoría necesaria en la Asamblea Nacional, que le permita sustituir la actual Constitución Política, y abrir las puertas de la relección presidencial indefinida. Y es más. No sólo abrir las puertas a la relección sin fin, sino a un Estado antidemocrático, con un ejército y una policía sujetos a la voluntad del caudillo.

En todo eso estoy de acuerdo con mi amigo. Y creo que la situación es aún más grave, porque no se trata nada más del muy probable fraude de las elecciones que vienen, como el que hubo en las elecciones municipales de 2008. Se trata de que en Nicaragua la democracia está en peligro de muerte. El comandante Tomás Borge, al proclamar al comandante Daniel Ortega como candidato presidencial a comienzos de este año, dijo: “la revolución es fuente de derecho y sus posiciones son legítimas y justas más allá de lo formal y lo concreto. Si estamos en una revolución, debemos seguir… por eso la determinación del máximo órgano de este país (la Constitución) es injusta… la máxima legitimidad la tiene la voluntad popular”.

La idea de perder estas elecciones, o cualquiera otra en el futuro, no está en la mente de quienes tienen hoy el poder y que ejercen en nombre de una revolución falsa, porque la verdadera dejó de existir hace tiempo. Además, las elecciones son sólo un trámite molesto que hay que cumplir, pero apenas sea posible, este trámite va a desaparecer, hasta que quedemos en el ya viejo y obsoleto partido único. Ya el propio comandante Ortega lo ha dicho, que las elecciones sólo sirven para dividir, y que si tuviéramos un solo partido en Nicaragua viviríamos en concordia y armonía.

Por todo eso, respondo a mi amigo: es que hay que estar en la fila el domingo 6 de noviembre para votar. Quedarse uno en su casa el día de las elecciones es no sólo resignarse al fraude, sino bendecirlo. Y bendecir el pacto, porque Ortega y Alemán estarían felices con la abstención, ya que se podrán repartir el pastel a su gusto.

La democracia está en peligro de muerte en estas elecciones tan inverosímiles, y tan anormales, y precisamente por eso no hay que abandonarla. La democracia ha costado sangre y sacrificio, muchas vidas que se entregaron para librarnos de la dictadura de Somoza. Tenemos que luchar para no caer en otra, y el voto es el arma que tenemos a mano.

Si salimos a votar masivamente todos los que queremos vivir en democracia y en libertad, podemos levantar un muro contra el fraude y derrotarlo, ese fraude que a su vez nos llevaría a una relección ilegal, y de allí a la institucionalización de un Estado antidemocrático en el que la figura del caudillo, tan funesta a lo largo de nuestra historia, quedaría entronizada otra vez.

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FUENTE LA JORNADA

Consejeros en huelga

John M. Ackerman

Flaco favor hacen a la democracia los consejeros del IFE al fingir que no pasa nada con la ausencia de tres integrantes del Consejo General. Pero aún más daño provocan los finalistas para ocupar las vacantes al creer que calladitos se ven más bonitos, pues con su silencio avalan un proceso de selección totalmente amañado, ilegal y fallido. Los diputados federales por sí solos difícilmente llegarán mágicamente a un acuerdo sobre los tres nuevos consejeros. Hace falta un contundente llamado de atención para obligarlos a cumplir con su responsabilidad constitucional.

Si los actuales integrantes del Consejo General realmente estuvieran comprometidos con la fortaleza de la democracia mexicana, simplemente se negarían a trabajar en un contexto de anticonstitucionalidad y bajo las infamantes condiciones en que se encuentran. Es absolutamente falso que la actual conformación del Consejo General no es impedimento para resolver asuntos oportunamente y que el IFE esté debidamente preparado para organizar con la mayor eficiencia las elecciones federales, como señala la autoridad electoral en una costosa inserción pagada el pasado viernes.
Algunos asuntos de la mayor importancia se encuentran totalmente detenidos. Por ejemplo, la multa de 289 millones de pesos al Partido Verde por su abierta burla a la ley electoral durante las campañas de 2009 y la emisión del nuevo reglamento para la transmisión de los anuncios partidistas en radio y televisión. Un IFE integrado de manera inconstitucional pone en riesgo la validez de las elecciones federales de 2012.
Habría que recordar que 2012 será la primera elección presidencial en que se aplique la reforma constitucional de 2007, que aumentó significativamente las facultades del instituto. Los consejeros tuvieron su primera experiencia de lo que esto implicaba durante los comicios federales de 2009, cuando se triplicaron las sesiones del Consejo General. No sería exagerado imaginar que durante la campaña de 2012 el consejo tuviera que sesionar literalmente todos los días para resolver procedimientos sancionadores y decidir medidas cautelares.
Cualquier empleado que de la noche a la mañana tenga que cumplir con una explosión de nuevas responsabilidades y además cubrir las ausencias de sus colegas sin ningún apoyo adicional necesariamente emitiría más que un simple exhorto. Una huelga institucional como la que aquí se propone pondría en jaque a la Cámara de Diputados y obligaría a los legisladores a ponerse de acuerdo para nombrar inmediatamente a los nuevos consejeros electorales.
Estrictamente hablando, solamente haría falta que dos de los seis consejeros actuales amenazaran con dejar de asistir a las sesiones del Consejo General, ya que con dos ausencias adicionales se rompería el quórum necesario. Recordemos que hace unos meses el consejero Francisco Guerrero, por un berrinche, se separó de sus responsabilidades en el Comité de Radio y Televisión. Ojalá que ahora él y sus colegas tuvieran la misma dignidad cuando se trata de defender la institucionalidad y la efectividad del IFE en su conjunto.

Por su parte, con su inmovilidad y silencio, los finalistas también son cómplices de la situación actual. Los 15 aspirantes que quedan harían un gran favor a la democracia si públicamente se negaran a prestarse a un proceso que ha sido totalmente manoseado desde el principio. Cada día que pasa sacrifican un pedazo de su prestigio al aceptar ser meras fichas de un macabro juego político. Una acción de esta naturaleza obligaría a los diputados a emitir una nueva convocatoria que necesariamente tendría que incluir mayor participación ciudadana y transparencia en la selección de los nuevos consejeros.

Existe la muy remota posibilidad de que el TEPJF o la Suprema Corte tomen cartas en el asunto a raíz de las denuncias realizadas por diversos ciudadanos por el incumplimiento de la Cámara de Diputados. Pero en lugar de esperar pasivos hasta que estas instituciones decidan voltear la mirada hacia los intereses ciudadanos, sería mucho mejor que los directamente implicados actuaran ahora para rescatar lo que queda de la confianza en nuestras instituciones democráticas.

Si bien el intento de albazo del PRI el jueves 6 de octubre para imponer sus consejeros fue un espectáculo lamentable, la pasividad del PAN y el PRD en los días posteriores ha sido también vergonzosa. En lugar de utilizar su poder parlamentario para inmediatamente armar una mayoría en favor de emitir una nueva convocatoria que esta vez sí dé resultados efectivos y confiables, esos partidos se limitaron a mandar a hacer un estudio jurídico sobre el tema, que supuestamente se daría a conocer hoy mismo.

Pero ningún estudio podrá resolver un problema que es esencialmente político. El IFE, el PAN, el PRD, los candidatos a consejeros y la ciudadanía en su conjunto tienen que hacer todo lo que esté en su poder para evitar que el PRI secuestre de nuevo las instituciones democráticas del país por medio de la imposición de dos soldados más en el Consejo General o, en su caso, dejando un IFE mocho fácilmente sometido por los medios de comunicación y los poderes fácticos que buscan imponer su candidato presidencial.

Para don Miguel Ángel Granados Chapa, maestro de maestros, pluma imprescindible.

www.johnackerman.blogspot.com

Twitter: @JohnMAckerman

FUENTE LA JORNADA