Migración: agravios y doble moral- Matar al mensajero

Migración: agravios y doble moral

Ayer, al inaugurar la Semana Nacional de Migración 2011, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, criticó el trato inhumano y escandaloso que dan las autoridades de Estados Unidos a los migrantes indocumentados, y contrastó la conducta de Washington con la de su gobierno, el cual –dijo– apuesta por una migración segura, ordenada y respetuosa de los derechos humanos.

Vistos en forma aislada, los señalamientos críticos formulados por Calderón hacia el maltrato que padecen los migrantes sin papeles por autoridades y particulares en el vecino país podrían ser correctos y hasta plausibles; por desgracia, el gobierno mexicano carece de autoridad moral para erigirse en defensor de ese sector, habida cuenta de su accionar impresentable en materia de control migratorio al sur del río Bravo. El telón de fondo ineludible de las referidas expresiones es el aumento de la violencia, el abuso y el grado de vulnerabilidad que padecen los migrantes extranjeros en territorio mexicano, consecuencia tanto de acciones como de omisiones de las autoridades nacionales: desde la inoperancia de los distintos niveles de gobierno para frenar los asaltos, las extorsiones, las violaciones, los secuestros y los asesinatos cometidos en su contra por integrantes de la delincuencia organizada, hasta la complicidad –documentada por activistas y organismos humanitarios, y reconocida incluso por las propias autoridades– entre esas agrupaciones y malos funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) .
En tal contexto, lejos de arrojar certeza y confiabilidad sobre el accionar del gobierno federal en materia migratoria, la alocución formulada ayer por su titular se suma a la lista de agravios cometidos en contra de los ciudadanos extranjeros que transitan por nuestro país sin los documentos correspondientes: la afirmación de que el gobierno federal ha adoptado una política de migración segura no guarda ninguna relación con el accionar de las autoridades en la materia, contrario no sólo a las normativas legales vigentes, sino a las consideraciones humanitarias más elementales, y el empeño en fustigar la negación de la realidad de la migración por las autoridades estadunidenses resulta inverosímil en voz de un gobierno que ha recurrido a la misma práctica. Un botón de muestra es la actitud asumida por las autoridades federales ante el secuestro, en junio pasado, de por lo menos 80 migrantes en la localidad de Medias Aguas, Veracruz, denunciado por el sacerdote Alejandro Solalinde: a pesar de que los precedentes y los elementos de contexto daban sustento y verosimilitud a esa acusación, tanto la Procuraduría General de la República como la Secretaría de Gobernación la cuestionaron en un principio, para afirmar, después, que sólo tenían indicios del plagio de cinco personas.

Por lo que hace a la afirmación de que el país cuenta con un marco legal que lo coloca a la vanguardia mundial en materia de protección de derechos humanos de los migrantes, es inevitable contrastar ese dicho con una Ley de Migración –avalada por el Congreso en abril pasado y promulgada un mes después– que multiplica el riesgo de criminalización de los migrantes, mediante preceptos como la creación de una Policía Fronteriza; encierra en su articulado abiertas contravenciones a la libertad de tránsito, y carece, por si fuera poco, de un reglamento correspondiente, lo que la reduce, a casi medio año de que fue aprobada por el Legislativo, a la condición de letra muerta.

Para resolver el deterioro actual en la seguridad de los migrantes –y de la población en general—se requiere no tanto de legislaciones de avanzada como de la voluntad de hacer cumplir los derechos humanos y las garantías constitucionales de que gozan todas las personas en el territorio nacional, al margen de su nacionalidad y condición migratoria; de un reconocimiento autocrítico y honesto de los problemas; de procesos de depuración y moralización de las oficinas públicas y, en su caso, de las sanciones administrativas o penales correspondientes que pongan fin a la corrupción y a la extrema discrecionalidad con que operan los altos funcionarios públicos, particularmente los migratorios. En la medida en que esto no ocurra, la sociedad no tendrá razones para ver, en actos como el inaugurado ayer, más que meros actos publicitarios y demostraciones de doble moral de la actual administración.

Matar al mensajero

Marcos Roitman Rosenmann

Sudoroso y agotado tocaba el timbre esperando hubiese alguien en la casa. Era necesario tomar una decisión de vida o muerte. La guerra había comenzado. Las huestes enemigas cruzarían la frontera y había que preparar la defensa. El mensajero, consciente de su labor, no podía permitir la muerte de inocentes ni menos ver su territorio convertido en colonia.

Para evitar el desastre arriesgó su vida. No escatimó esfuerzos, corrió toda clase de peligros, sorteó espías, pasó hambre y sinsabores, tres días con sus noches, estaba a punto de cumplir su cometido. Se encontraba ante la casa del ministro de Defensa, un viejo caserón, mal iluminado; los guardas lo habían dejado pasar y él no soltaba su dedo índice del timbre. No esperaba honores, tampoco ser objeto de recompensa monetaria. Su único deseo era servir al país que le vio nacer y que tanto amaba. Incluso, a pesar de sus años, pensaba incorporarse a filas con el noble propósito de defender el territorio nacional y la dignidad de sus gentes. Nada hacía prever el fatal desenlace.
El mayordomo, tras unos segundos que a él le parecieron horas, abrió la puerta y los ojos del mensajero alumbraron esperanza. ¡Un mensaje urgente para el señor ministro!, exclamó. De forma displicente, el mayordomo lo miró de arriba a abajo y sacó esa conclusión propia de los mayordomos: era un desarrapado, estará pidiendo algún favor, como muchos que se acercaban a la casa. Con tono autoritario, le solicitó la carta. Ya se la entregaría al señor ministro, su amo. Le hizo pasar al primer recibidor habilitado para personas sin honores ni rangos y, lacónicamente, le dijo que en breve tendría la respuesta del señor ministro.
Al cabo de un buen rato, aparecía un sujeto con la cara desencajada, vestido elegantemente. Sin duda sería el ministro, pensó el mensajero, se alegró, sus temores parecían llegar a su fin. Sin mediar palabra, a medida que se aproximaba, sacó una pistola y vació su cargador contra el mensajero. Herido de muerte, mientras agonizaba, exclamó ¿por qué? Ya no escucharía la respuesta.
Mientras yacía en el suelo, el señor ministro sostenía en su mano lo que era la carta, la dobló varias veces y la guardó en el bolsillo pequeño de su chaqueta. Enrabietado y dirigiéndose al cadáver, le increpó: ¡no se pueden traer malas noticias, menos en mi fiesta de cumpleaños...! Dicho lo dicho, dio media vuelta y pensó en la forma de seguir el sarao como si nada hubiese pasado. Ya habría tiempo para dedicarse al noble arte de la guerra.
El problema estaba resuelto. Para sus adentros cavilaba si esa noche podría conciliar el sueño. Antes de llegar al gran salón le dijo al mayordomo que retirase el cuerpo del mensajero muerto y de paso limpiase el recibidor. Así se hizo. Al día siguiente ya no había país, ni presidente, ni ministro, las tropas enemigas habían llegado hasta la capital y transformado el territorio en una colonia. Muerto el perro, pensaba el ministro, se acabaría la rabia. Muerto el mensajero no habría guerra.
Hoy, esta actitud parece una constante en la actuación de los políticos de postín. Bajo el criterio de tirar balones fuera y achacar a otros responsabilidades propias, emprenden una huida hacia adelante. Los ejemplos sobran. Sin rubor, diputados y senadores dicen mostrarse comprometidos con la crisis y en un afán de conciliación con las mayorías sociales pauperizadas y esquilmadas de una parte de sus salarios para salvar a los bancos, se bajan sus sueldos. Lo publicitan y quieren que se considere un ejemplo de buen hacer. Pero dicho acto es más bien propagandístico, no tiene nada de solidario. No es igual rebajarse 10 por ciento de mil euros que hacerlo de 7 mil euros, cifra aproximada que cobran la mayoría de los miembros de ambas cámaras, incluido el plus por trabajar en las comisiones. A lo cual habría que sumar el bono taxi, los descuentos en avión, hoteles y gastos de representación varios, considerados un apartado no vinculado al sueldo.

Cuando se les descubre el paste, arremeten contra los periodistas, acusándolos de terroristas de la información y de crear alarma social. En este desatino, tampoco las directivas de los partidos se dan por aludidas cuando a sus dirigentes, alcaldes, diputados, senadores o concejales son pillados in fraganti en actos delictivos, corrupción, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, etcétera. Muchos de ellos seguirán apareciendo en las listas electorales y contarán con el apoyo irrestricto de sus cúpulas. Y cuando salta la liebre, lo mejor es culpar a la prensa de promover campañas difamatorias.

Un buen ejemplo de matar al mensajero lo constituye el portavoz de Convergencia y Unión en el parlamento del reino de España, Josep Durán i Lleida, quien acusa a la prensa y los reporteros de ser los responsables de la mala imagen de la clase política. Para él, inmaculado representante del pueblo catalán en las Cortes, no son los actos de corrupción, falta de ética, los escándalos de sus cargos públicos, la causa del descrédito. ¡No! Por el contrario, son quienes destapan dichos desaguisados.

A Josep Duran i Lleida, como a otros muchos diputados y senadores, alcaldes y concejales, les gustaría gozar de total impunidad. Su gran sueño consiste en promulgar una ley para recortar la libertad de prensa cuando se alude a las formas lisonjeras de la vida de sus honorables señorías. Así, una vez puesta en funcionamiento, nadie se enteraría de los enjuagues para privatizar la sanidad, recortar presupuestos en educación y cobrar impuestos revolucionarios a empresarios si quieren obtener las licencias de obras. Maniobra artera utilizada por Convergencia y Unión para financiar los partidos de la coalición. Él añora el franquismo, donde no había corrupción, ni escándalos, y los procuradores en Cortes gozaban de un poder y estatus de primera. No podía ser de otra manera; hablar mal de ellos y denunciar sus fechorías conllevaba persecución, cárcel y exilio.

Por desgracia para Duran i Lleida, cuando algún mensajero es retirado de circulación, surgen otros que no temen la prepotencia y el acoso y denuncian sin ambages las extravagancias del señor diputado, quien se aloja en una suite del hotel Palace y vive opíparamente. Sin embargo, para tranquilizar su conciencia y de otros como él, se recortan el sueldo en 10 por ciento. Lo justo sería recortárselo en 40 por ciento, al menos eso los igualaría con el salario medio alto de la mayoría de los ciudadanos que aún tienen trabajo en España. De los 5 millones de parados, mejor no hablar.