Calderón reprocha el paso lento de gobernadores para depurar policías

Irritación

“Nos piden operativos; vamos, pero luego nos critican”, se queja

Calderón reprocha el paso lento de gobernadores para depurar policías

Imposible, evaluar a 50% de las corporaciones de aquí a mayo próximo, responden

Ante mandatarios de los estados y del Distrito Federal, el presidente Felipe Calderón encabezó ayer la sesión del Consejo de SeguridadFoto María Meléndrez

Claudia Herrera y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada
Martes 1º de noviembre de 2011, p. 2

Gobernadores de todos los partidos políticos se confrontaron ayer con el presidente Felipe Calderón por considerar imposible depurar la mitad de sus policías en mayo de 2012, tras escuchar recriminaciones del mandatario federal sobre la lentitud de estos procesos y la consecuente prolongación del apoyo de las fuerzas federales.

Ante la exigencia de aplazar la fecha, recibir mayor respaldo de la Federación y modificar los estándares de certificación, el Presidente terminó por citar a una nueva sesión del Consejo de Seguridad Pública en un mes, para que cada entidad informe cómo alcanzará estos objetivos, y ofreció destinar el presupuesto necesario para fortalecer los centros de control de confianza.

Tanto el perredista Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito, como el priísta Eruviel Ávila, gobernador del estado de México, expusieron las dificultades para cumplir con este calendario, considerando que ellos tienen la mayor cantidad de policías de todo el país, aunque al final votaron en favor de buscar una ruta crítica, planteada por Calderón.

Hasta el panista Marco Adame, gobernador de Morelos, se quejó del cuello de botella provocado por el pirataje de poligrafistas –quienes someten a pruebas a los agentes– entre los estados, a cambio de sueldos más altos. Este tema se convirtió en el centro del debate durante hora y media, ya que dichos especialistas son claves para la elaboración de los citados exámenes de confianza.

Otro mandatario del PAN, el guanajuatense Juan Manuel Oliva, propuso aplicar los exámenes establecidos a los 18 mil 866 mandos altos, superiores y medios de todo el país, y disminuir a tres el número de pruebas (de control de confianza social, patrimonial y antidopaje) para los 439 mil 950 elementos operativos, lo que finalmente recibió el respaldo mayoritario.

Desde la apertura de la sesión en Palacio Nacional, resguardado por cientos de militares, Calderón demandó a los gobernadores avanzar a paso cada vez más veloz, y les echó en cara que 150 elementos que reprobaron aún se encuentren en unidades antisecuestro.

Después de que Juan Miguel Alcántara Soria, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, mostró en gráficas el rezago en la evaluación de los policías, varios gobernadores impugnaron los plazos. Según el consejo, todos los mandos altos, superiores y medios, y la mitad de los operativos, deben estar evaluados en mayo de 2012, y la ley vigente desde 2009 establece que todos los policías cumplirán con ese requisito en enero de 2013.

El priísta César Duarte, mandatario de Chihuahua, fue el primero en pedir abiertamente el cambio de fecha, y luego se sumaron en diferentes términos los priístas Fernando Toranzo, de San Luis Potosí; Mario Anguiano Moreno, de Colima, y Ávila, del estado de México.

En ese momento sólo el panista José Guadalupe Osuna Millán, de Baja California, respaldó la postura del gobierno federal y pidió mantener la fecha, con el argumento de no patear el bote para el frente.

Los secretarios de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y de Gobernación, José Francisco Blake, añadieron argumentos, pero la polémica siguió.

Lo de menos es aprobar un acuerdo, pero sabemos que no se va a cumplir, expresó el perredista Marcelo Ebrard, y mencionó que el Gobierno del Distrito Federal ha evaluado a 12 mil policías, de más de 50 mil. También se refirió a la falta de poligrafistas.

Policía suiza

El guerrerense Ángel Aguirre Rivero comentó con un dejo de humor: ahora resulta que los poligrafistas son los más cotizados. Luego indicó que todos quisieran tener una policía 100 por ciento certificada, pero añadió que no podemos aspirar a tener la situación de Suiza u otros países avanzados, y recordó que los agentes reciben entre 8 y 10 mil pesos al mes.

Calderón habló de nuevo para defender su postura y se dirió al mexiquense: Decía el gobernador Eruviel con mucho tino: a este ritmo, va a tomar 12 años limpiar la policía. No sé si se refería a la del estado de México o alguna otra. La pregunta es: ¿la gente tiene que esperar 12 años?

Comparó las policías locales que no funcionan con el ranchero que debe sacar la escopeta que no sirve a la hora que la necesita. Y reprochó que por eso los gobernadores “vienen con un servidor o el secretario de Gobernación: ‘por favor, ayúdenos y manden un operativo’. Vamos, pero nos critican: que no es nuestra función, que cómo es posible que las fuerzas armadas estén haciendo labores de policías, etcétera”.

El Presidente expresó su inconformidad por que hay estados donde transcurren seis meses, un año, tres años y todavía no se ve claro cuándo van a empezar a revisar en serio a sus policías.

Sugirió que si necesitan examinar a otros 40 mil elementos –como planteó el jefe de Gobierno capitalino–, se abran cuatro centros de control de confianza. En el caso de los poligrafistas, se preguntó si no podemos encontrar 600 muchachos de las carreras de sicología o medicina y capacitarlos cuatro meses.

Al gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, quien propuso que se dé empleo a los policías reprobados, le contestó: no podemos dejar el zorro dentro del corral de las gallinas. Al de Guerrero le dijo: a lo mejor es pretencioso querer tener una policía como la Suiza. Yo honestamente no veo por qué un mexicano no puede esperar a tener la mejor policía del mundo en su municipio, en su estado y en el país.

Advirtió que desde la publicación de la ley en la materia se perdieron dos años en la depuración policiaca, pero remarcó que es obligatorio el mandato de concluir este proceso en 2013, independientemente del plazo de 2012.

Las participaciones críticas continuaron, y de hecho el perredista Leonel Godoy, de Michoacán, resaltó que no era un tema económico, sino de procesos de acreditación.

Al final, el Presidente convocó a una siguiente reunión en diciembre. Aceptó que la secretaría técnica del Consejo de Seguridad Nacional presente propuestas para modificar el grado de control de confianza con el nivel de responsabilidad de los policías. Fue la única vez que se escucharon algunos aplausos.

Entre pobreza y violencia-Fisgón

Seguridad: falta de rumbo

 

Los acentos agrios caracterizaron el encuentro entre el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, y los gobernadores del país, en la sesión del Consejo de Seguridad Pública, efectuada ayer en Palacio Nacional. Tras años de un discurso oficial caracterizado –y criticado– por una proyección a largo plazo de la mortífera estrategia gubernamental contra la delincuencia organizada, el político michoacano ha empezado a emitir expresiones de prisa en el desarrollo de esa estrategia, expresiones transformadas, en esta ocasión, en abiertos reclamos a los ejecutivos estatales por la tardanza en la aplicación de exámenes de confianza a los integrantes de las corporaciones policiales locales. Estos reclamos, con independencia de su pertinencia operativa, resultaron poco plausibles, por su tono, en la lógica del federalismo, y, en lugar de consolidar un ambiente de colaboración entre los distintos niveles de gobierno tienden a enrarecerlo.

No cabe dudar de la penetración de la delincuencia en las corporaciones policiales, de la descomposición alcanzada por éstas ni de la lentitud –si no es que falta de voluntad– de los gobiernos estatales para depurarlas. Sin embargo, los vicios señalados no son exclusivos de las policías estatales y municipales, como reconoció ayer el propio Calderón, al referirse al México real de asaltos y violaciones cometidos por los propios policías, estatales o federales, admisión que, por cierto, niega los optimistas escenarios descritos en la propaganda gubernamental.
En otro sentido, es reprochable la improvisación con que la autoridad federal echó a andar la estrategia en curso de combate a la delincuencia organizada: si, como el propio Calderón sostuvo ayer, muchos delincuentes están metidos a la policía y están protegidos por la policía, y si la problemática en seguridad va a seguir y va a crecer a menos que se logre disponer de cuerpos policiales confiables, cabe preguntarse por qué no se emprendió la depuración correspondiente antes de lanzar una guerra frontal contra los estamentos más poderosos y violentos de la criminalidad. Han pasado casi cinco años desde que comenzaron las espectaculares movilizaciones armadas, pero apenas en 2008 se dio fundamento legal a la aplicación de pruebas de control de confianza a los efectivos policiales; por lo demás, en los tres años transcurridos desde entonces, ni las autoridades estatales ni las federales han sido capaces de llevar a término esa tarea y, por lo expuesto ayer en el Consejo de Seguridad Pública, está en duda que lo consigan a mediano plazo.

Desde diciembre de 2006 la violencia y la capacidad de fuego de la delincuencia organizada, lejos de amainar, se han multiplicado; se evidencia la falta de preparación y confiabilidad de las corporaciones de seguridad y, lo más grave, se han perdido decenas de miles de vidas, diversas ciudades y regiones han escapado a toda forma de control institucional y se ha lesionado gravemente la soberanía nacional. Tal vez si se hubiera empezado por la depuración y profesionalización de los cuerpos policiales, en el contexto de una estrategia integral de seguridad, los resultados serían menos malos. Hoy, la conversión de los exámenes de confianza en piedra angular y decisiva del triunfo o del fracaso en el combate a la delincuencia parece prefigurar un nuevo curso de acción estrecho, insuficiente y tardío.

Otro indicador de la imprevisión y descoordinación imperantes es que no hay una idea clara sobre qué hacer con los efectivos policiales que no aprueban los exámenes de confianza. Dijo Calderón ayer que ese tema es una preocupación para todos, para la que hay que buscar alternativas, habida cuenta de que el destino más probable para un agente despedido por no ser confiable se encuentra en las filas de la delincuencia. Parece difícil de creer que, a estas alturas, las autoridades carezcan de una propuesta de solución para este delicado asunto.

No menos preocupante es el reconocimiento, por el titular del Ejecutivo federal, de que los ciudadanos que recurren a la denuncia ante las corporaciones de seguridad corren el grave peligro de dirigirse, sin saberlo, a servidores públicos que son cómplices de la delincuencia. Tal admisión descalifica las insistentes campañas publicitarias impulsadas por el propio gobierno federal para instar a la ciudadanía a que ponga en conocimiento de las instituciones policiales acciones o situaciones delictivas de las que se ha sido víctima o testigo.

Para finalizar, dan motivos para la alarma las palabras de Calderón de que viene una crisis de seguridad, cuando buena parte de la población percibe que esa crisis es una realidad desde hace varios años en el país. Y, ante lo dicho ayer en Palacio Nacional, es inevitable concluir que la falta de una política de seguridad pública clara y estructurada se ha traducido en resultados trágicos y en la configuración de una de las etapas más inciertas, sombrías y desesperanzadoras de la historia nacional.