Oficio de Papel
Columna semanal del periodista Miguel Badillo
Lunes 07 de octubre 2011
** Fraudes y desvíos en Coahuila
* El Congreso local fue cómplice
Los días del líder nacional del PRI están contados. Todos en ese órgano politico lo saben y ya preparan la sustitución del hombre fuerte de la maestra Elba Esther Gordillo, Humberto Moreira Valdés, alias “Moreira el bailador”. Pero a quien sí bailó Moreira fue a los millones de coahuilenses que cegados por la pavimentación de calles y avenidas, la construcción de puentes y otras obras sin sentido, nunca se preguntaron de dónde salía el dinero y mucho menos sabían que esas construcciones serian el pretexto para un histórico y fraudulento endeudamiento de parte de la administración del todavía presidente del PRI.
El escándalo destapado por las áreas de inteligencia de la Secretaría de Hacienda y filtrado a un diario de la ciudad de México, han puesto en jaque al PRI y con ello mientras pasen más los días y Humberto Moreira se mantenga al frente de ese partido, se debilita la posición del exgobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, en las encuestas con miras a la Presidencia de la República del 2012.
Calificado ya como un pasivo del PRI, “Moreira el bailador” se quiere aferrar a la presidencia del partido, mientras que su protectora Elba Esther ya tiene al sustituto para que sea ella quien desde el SNTE y el Panal decida el futuro de este país.
Además de su próxima salida del PRI, Moreira Valdés tiene mucho que explicar sobre la corrupción en su administración cuando hasta el año pasado se desempeñó como gobernador de Coahuila. Los documentos que sustentan las acusaciones en contra de su gobierno son contundentes. El endeudamiento en el que incurrió el gobierno de Coahuila no sólo fue resultado de la falsificación de documentos, sino de un perverso cabildeo en el Congreso del estado para modificar leyes que permitieran blindar las acciones ilegales ordenadas desde el palacio de gobierno.
La denuncia penal de hechos presentada contre la gestión de Moreira establece que durante los últimos meses del ejercicio del profesor –integrante del equipo de la eterna lidereza del SNTE, Elba Esther Gordillo– y hasta la fecha en que se separó del cargo de gobernador constitucional del estado de Coahuila de Zaragoza se negó a los coahuilenses que existiera por parte de esa administración una deuda superior a los 3 mil 500 millones de pesos. En cambio, se trabajó en todos los niveles para blindar los actos de gobierno que le permitieron endeudar a esa entidad al menos durante las siguientes décadas por un monto de 34 mil millones de pesos.
Fue el coordinador de la Comisión de Finanzas en el Congreso, el diputado Salomón Juan Marcos Issa, quien afirmó ante varios medios de comunicación que la deuda del estado era de sólo 3 mil 500 millones de pesos y no de 7 mil millones como ya comenzaba a comentarse entre otros miembros de la Legislatura local.
Ya para entonces se hablaba de otros pasivos generados por procesos de bursatilización y financiamientos vía cadenas productivas, como los que otorga la banca de desarrollo. Es cierto, como en todos los estados de la República Mexicana, Nafin y Bancomext otorgaron créditos a las Pymes y a los exportadores de la región. Ese monto ascendía a 7 mil 441 millones de pesos y, en sentido estricto, era un pasivo por el cual las finanzas del estado tenían que responder.
En ese nivel se buscaba centrar la discusión y distraer a la opinión pública. Sin embargo, Moreira y su equipo negaban una y otra vez mayores pasivos. Se afirmaba –como si con decirlo se construyera la verdad– que además se tenía registrada deuda de los municipios y no del estado, y que tampoco se trataba de deuda pública. No significada, por lo tanto, que el gobierno del estado tuviera que pagarla. “Cuando se termine esta administración, veremos los números que van a quedar. De obra pública el año pasado fueran cerca de 9 mil 000 millones de pesos y la bursatilización va a quedar en cero y va a quedar una deuda normal que viene siendo un 10 por ciento de la obra pública de los seis años”, aseguraba Juan Marcos Issa.
De esta forma, el Congreso del estado, por lo tanto, nunca realizó un estudio serio de la documentación que respaldaba la deuda del estado y, sobre todo, los caminos que se utilizaron para contratar un pasivo que supera varias décadas de participaciones federales. Los legisladores de esa región tampoco analizaron a conciencia qué porcentaje de esos recursos se destinó a obra pública, a proyectos que realmente beneficiaran a la población y cuánto de esos recursos a gasto corriente.
Las declaraciones del diputado Salomón Juan Marcos Issa sólo alborotaron el avispero en Coahuila. Los actores políticos cayeron en la cuenta que durante la negociación de la Ley de Ingresos 2011 del estado de Coahuila no se aprobó para dicho ejercicio fiscal contratación de deuda alguna. Sin embargo, sí se autorizó al gobierno de Coahuila para que se estructuraran los créditos que se tenían contratados en el sistema financiero y que sí fueron autorizados por el Congreso del Estado.
En consecuencia, es un hecho que ningún crédito se hubiera adquirido sin autorización del Congreso y, mucho menos, ser materia de reestructura o refinanciamiento.
Pero fue a finales de julio de 2011 cuando los coahuilenese se esteraban de la estela de irregularidades en las que incurrió el gobierno local a cargo de Humberto Moreira en la contratación de créditos que ubicaban a la deuda de la entidad en el monto de 34 mil 000 millones de pesos.
Se trataba de financiamientos, en su mayoría bancarios, que se habían contratado de manera irregular y, en algunos casos, gracias a la falsificación de documentos oficiales, evidentemente colocaba a funcionarios públicos ante un eventual proceso judicial con responsabilidades de tipo penal. Para ese momento, los funcionarios del gobierno del estado de Coahuila y el propio gobernador interino seguían negando la existencia de esa deuda. La mentira primero y después la impunidad total, pues al final de cuentas sólo se trata de dinero público manejado fraudulentamente por funcionarios, banqueros y avalado por legisladores.
La Procuraduría Fiscal de la Federación a cargo de Javier Laynez no tuvo otro remedio que iniciar una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República por el uso de documentación falsa en un trámite ordinario de afectación de participaciones federales.
El 4 de agosto, la diputación permanente del Congreso del Estado de Coahuila tuvo que reconocer que esa entidad tenía una deuda por 34 mil millones de pesos y que por esa circunstancia se había enviado por parte del gobernador interino una iniciativa para abrogar la Ley de Deuda Pública para el Estado, así como otros ordenamientos legales con los que se buscó blindar, desde ese recinto legislativo, una serie de fraudes a las arcas públicas, a los ciudadanos del estado y a todos los contribuyentes del país.
En otras palabras, el gobierno de Moreira tuvo que modificar leyes locales que le impedían endeudar de manera tan ominosa al estado.
Al modificar la Ley de Deuda Pública se pretendió regularizar la deuda que se había adquirido, pero sobre todo exonerar de cualquier responsabilidad patrimonial a los funcionarios públicos que incurrieron en irregularidades.
Si el Congreso local aprobaba la deuda reconocida, entonces – pensó Moreira – no habrá argumento alguno para hablar de contravención a las leyes, lo que resultó en una iniciativa de ley con dedicatoria y hecha exprofeso para dejar al margen de estas irregularidades al líder del PRI.
Fue el 6 de agosto pasado cuando se abrogó la Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila. Dicho acto se realizó en una sesión extraordinaria del Congreso local y tenía como principal objetivo terminar con la obligatoriedad de que cualquier deuda pública se contrajera por un periodo superior a un ejercicio fiscal específico, lo que era congruente con la obligación del gobernador en turno y del propio Congreso de aprobar una Ley de Ingresos de manera anual.
La Ley abrogada también prohibía que la deuda se contrajera por un tiempo superior al del ejercicio correspondiente, previa aprobación del Congreso. De esta forma, ningún gobernador podría disponer de recursos que comprometieran al estado más allá de su periodo de gobierno; además se exigía que dicha deuda se aplicara a proyectos productivos.
El Congreso local, de esta forma, generó una ley para proteger a Humberto Moreira porque, según los documentos presentados ante el Poder Judicial, se tuvo mucho cuidado en incluir la posibilidad de reestructurar créditos aún cuando “los mismos por alguna causa se hubieran realizado sin cumplir con algún requisito legal”.
Hasta ahora la investigación al gobierno del líder nacional del PRI se ha concentrado en la supuesta falsificación de documentos para firmar créditos bancarios y operaciones de factoraje por más de 3 mil millones de pesos, de un total de la deuda del estado de Coahuila por más de 37 mil millones de pesos. Sin embargo, las pesquisas en torno a este caso deberían involucrar desde ahora el ejercicio de dichos recursos.
En el gobierno de Coahuila, luego de la salida de Moreira, aseguran que todo ese dinero se aplicó en obras sociales y que las aclaraciones, en todo caso, se concentran sólo en poco más de 3 mil millones de pesos. No obstante, los analistas se preguntan cuáles son las obras de infraestructura que ameritaron tanto dinero. Por ejemplo, en el segundo piso de Enrique Peña Nieto el monto invertido fue de 8 mil millones de pesos; en la presa El Cajón los recursos destinados ascienden a 9 mil millones de pesos, considerada la obra más importante del sexenio de Vicente Fox. Todas son edificaciones monumentales. Otra inquietud es cuál fue la premisa financiera bajo la cual contrató este pasivo.
Es cierto que anualmente las participaciones federales para Coahuila se ubican entre 25 mil millones y 26 mil millones de pesos. Así que la deuda claramente se pensó en el largo plazo y para comprometer estas participaciones. Por ello, era importante la bursatilización de las partidas federales, para lo cual era necesaria la calificación de Fitch Ratings. De esa forma, se pagaría a los bancos con los que se firmó estos créditos
Ahora, el presidente de la CNBV, Guillermo Babatz, había recibido la solicitud de información de los bancos que participaron en los créditos al gobierno de Coahuila. Una investigación del senador panista Guillermo Anaya asegura que la deuda del estado con la banca comercial pasó de 30 mil millones a 56 mil millones de pesos por concepto de interés y servicio de la deuda.
El legislador blanaquiazul tendrá que demostrarlo y por ello solicitó a la CNBV que, en este caso, entregue información para tranquilidad de los contribuyentes. Seguramente se argumentará secreto bancario. Anaya también asegura que parte de esos recursos se encuentran ya invertidos en San Antonio, Texas, con lo que podría tomar forma lo que ya se comenta en el sector financiero: el multimillonario pasivo que se contrató a nombre de las finanzas de Coahuila –que aporta el 2 por ciento del PIB– no fue invertido para beneficiar a los coahuilenses. Entonces ¿en dónde está el dinero? Coahuila simplemente no podía endeudarse a ese nivel.
Lunes 31 de octubre de 2011
* Pemex malbarata el petróleo
* Los desvíos del Factor K
* Opacidad en descuentos
Hasta ahora la atención de la opinión pública había estado concentrada en la descapitalización de Petróleos Mexicanos (Pemex) ante un régimen fiscal que mantiene a esta empresa del Estado como la principal fuente de recursos del erario público, sin dejar de lado los problemas administrativos y de corrupción entre funcionarios y contratistas privados. Ha sido, sin embargo, decisión del gobierno de Felipe Calderón eliminar gradualmente el subsidio a las gasolinas importadas, lo que está colocando bajo los reflectores la ineficiencia bajo la cual opera la la principal paraestatal del Estado mexicano. No sólo eso, detrás de la incompetencia de un gran número de administradores de la alta burocracia de Pemex, también se escriben historias de corrupción, negligencia, tráfico de influencias e impunidad.
Por ejemplo, ¿quién tomó las decisiones en el caso Repsol? ¿Quién firma y avala cada uno de los movimientos financieros que pasan por los paraísos fiscales a través de los cuales Pemex administra los recursos de la nación? La inhabilitación de un grupo de exfuncionarios de Petróleos Mexicamos Internacional (PMI) por parte de la Secretaría de la Función Pública advierte que se trata sólo de la punta de un iceberg que debería salir todo a la superficie para replantear la administración off-shore de la paraestatal y, sobre todo, para enviar un mensaje duro a los servidores públicos deshonestos, coludidos con empresarios corruptos, que serán enviados a prisión si cometen actos ilícitos.
Si bien es cierto que la aplicación de factores de descuento en el comercio petrolero es una práctica aceptada a nivel mundial en el mercado de los energéticos, bien valdría la pena preguntarse si durante la última década – en donde se presentaron precios históricamente altos y México generó excedentes por más de 100 mil millones de dólares – los funcionarios de Pemex a cargo de las negociaciones en la venta del crudo mexicano cumplieron con su responsabilidad de colocar el petróleo en las mejores condiciones y, sobre todo, si su actuación estuvo libre de prácticas de corrupción.
PMI es la empresa encargada de la comercialización internacional de petróleo crudo y de la prestación de servicios a diferentes empresas filiales de Pemex; es además responsable de la venta de hidrocarburos y de productos petroquímicos, y también de la supervisión de las inversiones de Pemex en el exterior. Su misión es incrementar el valor de Pemex y sus organismos subsidiarios a través del comercio internacional.
Sin embargo, la inhabilitación de la exdirectora general de PMI, Rocío Cárdenas Zubieta, coloca en primer plano la negligencia y corrupción que ha caracterizado a esta subsidiaria de la paraestatal que opera a través de fideicomisos y con domicilios en paraísos fiscales.
Las políticas autorizadas para la gestión de PMI, desde la Dirección General y el Consejo de Administración de Pemex, permiten de suyo una gran discrecionalidad en su operación. Para empezar, en documentos oficiales de la paraestatal se establece que si bien la adopción de nuevas políticas comerciales o la modificación de las mismas deberán ser aprobadas por el Consejo de Administración de PMI, “en situaciones extraordinarias, y siempre que se respeten las premisas básicas, PMI podrá modificar la aplicación de alguno o algunos de los lineamientos establecidos en estas políticas”. Fue así como la discrecionalidad se convirtió en la constante al interior de PMI, al extremo de llegar a decisiones apegadas a echos de corrupción.
A Rocío Cárdenas Zubieta se le inhabilitó por diez años para trabajar en el gobierno federal y se le impuso una multa por 238.9 millones de pesos, luego de que la Secretaría de la Función Pública confirmó que la exfuncionaria y tres de sus colaboradores realizaban descuentos discrecionales en operaciones de compra y venta de gasolina.
Siendo directora Comercial de Refinados, Cárdenas Zubieta autorizó un descuento, excesivo e injustificado, en la venta de gasolina cóquer, a favor de las dos empresas de compra-venta de hidrocarburos más grandes del mundo.
El Factor K
Pero en el mercado de gasolinas no termina el problema. El titular de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, tendría que ocuparse en revisar el mismo tipo de descuentos que se realizan en el mercado del petróleo.
Una amplia y documentada investigación de la reportera Nancy Flores en la revista Contralínea establece que, al menos desde hace una década, Pemex otorga discrecionales y multimillonarios descuentos a sus clientes encabezados por Estados Unidos. Además, son tres empresas privadas en las que participa Pemex –¬radicadas en los paraísos fiscales de Islas Caimán y Holanda–, las que se benefician de la ganga del petróleo, revela la Auditoría Superior de la Federación. Los multimillonarios descuentos también favorecen a Repsol y Shell, vinculadas con la petrolera mexicana a través de acciones y sociedades trianguladas.
Las rebajas, denominadas factores K y K’, van de 1 centavo de dólar a 3 dólares por cada barril de petróleo exportado y se “justifican” como “ajustes de precio por competitividad”, revelan actas del Consejo de Administración de PMI Comercio Internacional. Si en cada jornada se hubiera descontado el máximo permitido, el erario habría perdido más de 860 millones de dólares anuales; unos 8 mil 600 millones en 10 años de administraciones panistas al frente de Pemex.
Las reglas del Factor K indican que éste también puede alzar el valor del energético, considerado un bien nacional por la Constitución; sin embargo, invariablemente se utiliza en perjuicio del erario de México, descubren los documentos consultados. De esta política, que castiga los precios de los crudos Maya, Istmo, Olmeca y Altamira, el mayor beneficiario es Estados Unidos. Los clientes en ese país acaparan el 84 por ciento de las exportaciones de Pemex.
Le siguen los europeos, principalmente de España e Italia, cuyo mercado representa el 9 por ciento de las ventas. Luego, los del Oriente Lejano –liderados por China–, que consumen el 4 por ciento de las exportaciones mexicanas, y los de la India, evidencian las actas de las sesiones ordinarias 86 –del 31 de marzo de 2009– y 93 –del 7 de diciembre de 2010– del Consejo de Administración, obtenidas por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (solicitud 1860000002411).
Por día, PMI comercializa un promedio de 1 millón 247 mil barriles de crudo. Si los descuentos se fijan en su máximo permitido –1.9 dólares por barril–, éstos representarían una sangría a las finanzas públicas de 2 millones 369 mil 300 dólares por jornada. Al año, el erario dejaría de percibir 864 millones 794 mil 500 dólares.
Si los descuentos adicionales –que oscilan entre 2 y 3 dólares por barril– aplicados a las ventas extraordinarias del energético fueran frecuentes, estas estimaciones podrían ser menores a lo que en realidad pierden las arcas públicas. Datos que, aunque involucran miles de millones de pesos del erario, la petrolera y su subsidiaria mantienen como reservados y confidenciales.
Una vez más, Rocío Cárdenas Zubieta tendría que explicar cuáles fueron los criterios para aplicar estos descuentos. Las variaciones, es un hecho, fueron avaladas por la exdirectora general de PMI y el entonces director comercial de petróleo crudo, Tomás Baños Arnaíz; además, fueron informadas al Grupo Interinstitucional de Comercio Exterior de Hidrocarburos, que regula las políticas de compra-venta, y al Consejo de Administración. Es decir, hay más culpables, pero como siempre sucede, el hilo se rompe por lo más delgado, aunque esta vez si alcanzó a una directora general y brazo derecho del director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel.
Pero la discrecionalidad siguió siendo la constante. Por ejemplo, el 29 de marzo de 2010, durante la 90 sesión ordinaria del Consejo, se informó que el crudo Maya registraba una baja competitividad al finalizar 2009, debido al alto precio del combustóleo y la debilidad relativa del WTI. Por ello, explicó Cárdenas Zubieta, en diciembre de ese año “se ajustó el Factor K en 0.6 dólares”.
La entonces directora de PMI Comercio Internacional explicó que “los decrementos continuaron durante el primer trimestre de 2010, debido a la baja aceptación de esta calidad de petróleo crudo, ya que hubo paros por mantenimiento de los productores de gasolina en la región USGC (US Gulf Coast)”.
En la sesión 93, del 7 de diciembre de 2010, los consejeros pidieron a Cárdenas Zubieta que les informara “las condiciones en que se colocan los volúmenes adicionales (de crudo), mencionando como ejemplo las exportaciones a la India, China e Italia”. De ello se deriva que dichas exportaciones podrían haber incluido los nuevos descuentos del Factor K’.
Información privilegiada
A pesar de involucrar miles de millones de pesos que deberían ingresar a las arcas públicas, los descuentos no se transparentan. Al responder a un recurso de revisión interpuesto por Contralínea en mayo de 2005 (0123/05) ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, PMI reservó por siete años “el análisis técnico que se realiza para definir la variación de la constante, (que) consiste en medir –a través de modelos matemáticos de programación lineal que representan las refinerías en donde se pueden procesar crudos con calidades similares a los mexicanos– el margen económico que los crudos mexicanos pueden brindar a los refinadores en comparación con otras calidades disponibles en el mercado”.
Según la filial de Pemex, “su difusión puede dañar la estabilidad financiera y económica del país”; pues “representa información confidencial” y “es secreto industrial propiedad de PMI”. Considerado el petróleo crudo y sus derivados un asunto de seguridad nacional, Pemex debería explicar con precisión cómo hace las ventas de petróleo y no dejar a la duda de la población y la prensa lo que más se perfila como un asunto de corrupción y no de seguridad industrial.
Acerca del supuesto daño que se causaría por la revelación de los criterios en los que se basan los multimillonarios descuentos, señala: “En caso de hacerse público el análisis o estudios que justifican el movimiento del Factor K de las fórmulas de precio de los crudos mexicanos de exportación, se estaría dando, tanto a los competidores de PMI como a sus clientes, los elementos objetivos y la información suficiente para reducir las ventajas competitivas que PMI tiene en el mercado, menoscabando el valor que los crudos mexicanos pueden alcanzar en el mercado internacional y por ende afectando el ingreso de esta entidad, de manera directa, y de Pemex Exploración y Producción –organismo público descentralizado, subsidiario de Petróleos Mexicanos–, quien vende el crudo a PMI, e igualmente de manera indirecta los ingresos que obtiene el gobierno mexicano por la exportación del crudo, mismo que en los últimos años ha representado cifras cercanas al 35 por ciento del ingreso gubernamental”.
Agrega que, si se considera “que el mercado petrolero internacional es altamente competitivo, el otorgar acceso a la información solicitada sin duda implicaría que PMI tuviera que enfrentar situaciones en las que sus clientes y competidores aprovecharan dicha información para implementar estrategias cuyo objetivo sería desplazar al crudo mexicano de los mercados en los que se comercializa, o forzar un ajuste a la baja en los precios del crudo mexicano con el fin de mantener su participación de mercado”.
Alguien le cree a Pemex que negar la información pública es un asunto de seguridad nacional o lo único que pretende es oculatr la enorme corrución que envuelve sus transacciones comerciales de venta de los bienes nacionales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario