Eufemismos de la realidad- De consejeros y mentiras- Bancos, gobiernos e indignados en la crisis europea

Eufemismos de la realidad

De acuerdo con datos dados a conocer ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la inflación anualizada alcanzó 3.20 por ciento en octubre, apenas por arriba de las estimaciones realizadas por el Banco de México (3 por ciento).

La cifra referida acusa, de entrada, un sesgo estadístico derivado del cambio, a principios de este año, en la metodología empleada para calcular el Índice Nacional de Precios al Consumidor; dicha modificación consistió en reducir el número de productos tomados en cuenta para la elaboración del indicador y derivó, en automático, en un ajuste a la baja en las estadísticas inflacionarias. Pero aun sin considerar esa distorsión, resulta arduo sostener que los resultados difundidos ayer por el Inegi reflejen una realidad caracterizada por el incremento generalizado en el precio de los productos básicos, por la volatilidad de las cotizaciones internacionales de los alimentos y por la aplicación de políticas gubernamentales con innegables componentes inflacionarios, como el incremento sistemático en el precio de los combustibles y la reducción de los subsidios a las tarifas eléctricas.
Tales inconsistencias, por lo demás, no son excepcionales, sino que forman parte de un patrón en el que las cifras oficiales terminan por volverse –ya sea por mediciones erráticas o por el empleo de categorías engañosas– eufemismos de la realidad. Como botón de muestra baste citar la tasa de desocupación en el país que, según el propio Inegi, se ubicó en 5.68 por ciento de la población económicamente activa en septiembre –casi cinco puntos porcentuales menos que en Estados Unidos, donde el desempleo alcanzó 9.1 por ciento–. El dato encierra una distorsión, por cuanto no incorpora situaciones de desempleo que son catalogadas, en cambio, como subempleo e informalidad, y colisiona, además, con el sentir generalizado de que la oferta laboral en el país es mucho más precaria e insuficiente que en la nación vecina del norte: al fin de cuentas, y a contrapelo de lo que podría inferirse de las estadísticas oficiales, miles de mexicanos continúan cruzando diariamente la frontera hacia Estados Unidos con la esperanza de acceder a alguna forma de trabajo remunerado y, en consecuencia, a condiciones de vida mejores que las que encuentran en México.

Algo similar a lo anterior ocurrió durante el sexenio pasado, cuando el gobierno federal, carente de capacidad o de voluntad política para combatir la pobreza en los hechos, se dedicó a borrarla de las cifras oficiales mediante la redefinición de los criterios hasta entonces empleados para elaborar las estadísticas correspondientes, y con ello dejó fuera del conteo a buena parte de los pobres del país.

Pero las cuestionables mediciones oficiales no son, por desgracia, los únicos elementos de distorsión de la realidad puestos en práctica por el gobierno en turno. El pasado lunes, al inaugurar la Semana Nacional de la Pequeña y la Mediana Industria, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, criticó a los gobiernos federales de la década de los 80 que empezaron a tomar deudas y deudas, sin rendir cuentas a nadie, hasta que un día esas deudas se hicieron impagables. Tales aseveraciones han de ser contrastadas con el vertiginoso incremento de los débitos totales del sector público federal, que en el más reciente año crecieron a razón de mil 667 millones de pesos diarios, según cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; semejantes números permiten ponderar el peligroso crecimiento de un fenómeno que en otras épocas, en efecto, llevó al país a escenarios de pesadilla y que hoy, sin embargo, es soslayado en el discurso oficial.

Cuando las autoridades hacen frente a los problemas socioeconómicos de un país mediante cifras maquilladas o con la intervención de conceptos engañosos, las consecuencias suelen ser catastróficas. El gobierno federal debiera verse reflejado en el espejo de Grecia, cuyos gobiernos falsearon, durante años, datos sobre la deuda y el déficit públicos, y alimentaron, con ello, la gestación de una crisis económica que ha devenido tragedia social e inestabilidad política. A la larga, resulta mucho más conveniente –y ético– el ejercicio de una estricta transparencia en los datos oficiales, pues es a partir de ellos que el propio gobierno formula diagnósticos y diseña políticas públicas; la carencia de cifras consistentes con las realidades sociales equivale, en consecuencia, a pilotar un avión con los instrumentos alterados

Indigentes-Ahumada

ahumada@jornada.com.mx

De consejeros y mentiras

Adolfo Sánchez Rebolledo

En una carta dirigida a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el profesor Ciro Murayama retiró su nombre de la lista de 17 ciudadanos entre los cuales deberían elegirse los tres consejeros faltantes del IFE. Murayama es el primero en tomar esa decisión, dado que los plazos se han cumplido sin que los legisladores tengan para cuándo ponerse de acuerdo, no obstante el daño que el retraso causa a la institución y al buen nombre del Poder Legislativo, cuya prioridad –digo, es un decir– es el respeto a las disposiciones constitucionales, lo cual no ha ocurrido.

Al respecto, como bien recuerda el ahora declinante, la designación de los consejeros electorales recae, por mandato constitucional, en la H. Cámara de Diputados, órgano de representación popular que expresa de mejor manera la pluralidad política de la nación. El de consejero electoral no es un cargo público más: implica poner toda la capacidad y el conocimiento personal y profesional al servicio del Estado democrático, actuando con independencia, autonomía y estricto apego a las normas. Entendí que los diputados convocaban a asumir esa responsabilidad, y por ello participé en el proceso. Sin embargo, el tiempo pasó sin que los grupos parlamentarios se pusieran de acuerdo en los nombres (aunque debatieron los números del reparto), añadiendo a la demora el desaseo en las formas que empaña más el proceso de selección. “A más de un año de que vencieran los plazos fijados por la convocatoria para hacer el nombramiento de consejeros y a un mes de que iniciara oficialmente el proceso electoral federal 2011-2012 –denuncia con dignidad Murayama–, ningún órgano de la Cámara de Diputados se ha dirigido en momento alguno a los ciudadanos que atendimos la convocatoria para explicar el porqué del incumplimiento legislativo. Peor aún, la Cámara es incapaz de explicar siquiera si la convocatoria referida sigue aún vigente o no.”
El hecho es que, en línea con lo acontecido en 2003, cuando el PRI y el PAN impusieron un consejo a modo, encabezado por el señor Ugalde, los diputados evaden su responsabilidad, sacrificando el interés general en beneficio de las estrategias partidistas. No hay acuerdo porque los grupos parlamentarios decidieron que los consejeros del IFE se nombren no en función de sus méritos, sino por la fidelidad a determinados intereses, que incluyen a los partidos y a los poderes fácticos que aspiran a un asiento en el Consejo General, como ya lo tienen (gracias a los partidos) en el Congreso. El PRI reclama para sí, como si fuera natural, dos de los tres nombramientos. El PAN y PRD quieren un reparto equitativo, pero en cualquier caso se trata de una solución que desnaturaliza las disposiciones constitucionales, que hacen del IFE el árbitro de la contienda electoral y no uno de los sujetos participantes.
La pretensión de traducir la correlación de fuerzas de la Cámara de Diputados a la integración de la autoridad electoral desvirtúa el lugar central que el IFE ocupa en la arquitectura constitucional democrática. Por eso, tiene razón Ciro Murayama al puntualizar que la no designación de los tres consejeros electorales del IFE es un revés a la consolidación de la democracia, y todo revés democrático implica un avance autoritario. Obviamente, la cercanía de la sucesión presidencial, habida cuenta de las experiencias frustrantes de 2006, la explosión de desconfianza, así como las dudas retrospectivas creadas por la impaciencia de algunos ex consejeros para reciclarse bajo la máscara de sus partidos, ayudaron a fomentar la percepción de que el IFE podía instrumentalizarse como una plataforma de la lucha política, pero en el intento de quebrantar su imagen hay algo más que errores o conductas inapropiadas de algunos personajes: está en curso una vasta ofensiva para desmantelar la autonomía del IFE como un órgano del Estado con autoridad suficiente para modular el juego democrático en el contexto del próximo proceso electoral.

Al parecer, las fuerzas que impulsaron los dos grandes casos de corrupción electoral sancionados por el IFE (Pemexgate y Amigos de Fox) ya no están dispuestas a someterse al escrutinio imparcial del Consejo General (a menos que éste los represente con voz y voto), como tampoco están dispuestos a permanecer en silencio los dueños de los medios a los que la ley ha privado de una parte de los recursos del gran pastel electoral, aunque la campaña se centre en la libertad de expresión, apoyada tanto por Peña Nieto como por Vázquez Mota, punteros de sus partidos y favoritos de los empresarios del negocio de la radiodifusión.

Tras la pugna ratonera sobre los consejeros se perfila la noción de un IFE concebido burocráticamente para administrar el proceso electoral, pero incapaz de ser el fiel de la balanza en las controversias dictadas por la conflictiva realidad. (Por eso es vital la organización de los ciudadanos como fiscalizadores in situ de las elecciones, a fin de no dejar espacios sin cubrir, como le ocurrió a la izquierda en 2006.) La caída de la consideración del IFE entre la opinión pública forma parte de un proceso de subordinación creciente del Estado a las necesidades e intereses de los grupos de poder hegemónicos que actúan dentro y fuera de las instituciones.

Esta deconstrucción en los hechos de la autonomía del IFE, que también toca de palabra a la clase política en bloque, es parte de una estrategia (en realidad una lectura entre cínica y pragmática de la alternancia y sus consecuencias) que se arropa en el lenguaje democrático; habla en nombre de los ciudadanos, aunque en rigor promueve la concentración del poder y el consumismo en el plano electoral.

Es evidente que el mecanismo de elección de los consejeros electorales no da para más y es urgente revisarlo, pero no se vale que, a estas alturas, se pretenda hacer responsables a los aspirantes seleccionados por el manifiesto incumplimiento de la ley para poner a salvo la conducta irresponsable de los diputados y sus partidos. Da vergüenza que un legislador nos quiera tomar el pelo diciendo que si no hay acuerdo se debe a que en la lista aprobada no están los que generan consensos porque tienen representaciones… partidistas. Sobre el engaño, la burla.

Nerviosismo-Magú

magu@jornada.com.mx

Bancos, gobiernos e indignados en la crisis europea

Orlando Delgado Selley

Los últimos acontecimientos en la Europa del euro muestran las enormes dificultades existentes. Los jefes de Gobierno europeos lograron un acuerdo para que bancos acreedores de Grecia aceptaran una reducción voluntaria de 50 por ciento del valor de las obligaciones de ese gobierno, lo que supuestamente resolvía la crisis griega. Después, el socialista Papandreou propuso un referéndum para que los griegos aceptaran el enésimo programa de ajuste, que retiró forzado por Merkel y Sarkozy, conjurando el cataclismo. Finalmente, tras la incapacidad del gobierno italiano para instrumentar un plan de ajuste fiscal suficientemente serio, el epicentro crítico se ha desplazado a Roma.

En esta etapa de la crisis del capitalismo contemporáneo, los gobiernos de los países que con dificultades para refinanciar sus pasivos, han ido cayendo uno a uno. En Grecia, primer país en reconocer la situación de sus finanzas públicas y solicitar apoyo financiero, tras 20 meses de agonía Papandreou ha anunciado su dimisión. Meses antes el gobierno irlandés, que aceptó un duro plan de austeridad a cambio de que sus socios europeos destinaran los recursos necesarios para cumplir con obligaciones derivadas del rescate a los bancos irlandeses, también cayó.
En Portugal, luego de tres programas de austeridad fiscal, el gobierno del socialista Sócrates tuvo que aceptar elecciones anticipadas, en las que ganó la derecha. En España, aunque no se ha demandado apoyo financiero si se han instrumentado severos planes fiscales de austeridad, el gobierno del PSOE tras una rotunda derrota en las elecciones pasadas aceptó elecciones anticipadas que se celebrarán el 22 de noviembre, en las que nadie duda que será barrido. En Italia, Berlusconi dimitirá tan pronto logre que el parlamento italiano acepte un programa de austeridad supervisado por el FMI.
De modo que los gobiernos van cayendo, pero los otros actores de esta tragedia clásica: los banqueros, se mantienen incólumes aunque promovieron un endeudamiento extraordinario con la garantía del euro. Promovieron, además, instrumentos financieros para ocultar niveles de endeudamiento por encima de los que registraban ante las autoridades europeas. A ellos, verdaderos causantes de la crisis, no les pasa nada.

Las cuentas fiscales griegas antes de la llegada de Papandreou son reveladoras: el gobierno griego, asesorado por Goldman Sachs, contrató pasivos por encima de los que declaró al Banco Central Europeo y al Ecofin, a través de un procedimiento financiero en el que contrató swaps respecto de la tasa de interés de la deuda pública apostando a la estabilidad de esas tasas. Si ganaba la apuesta, el swap le permitía intercambiar el valor del contrato por préstamos. En el registro financiero estas operaciones no aparecían como pasivos, sino como activos. En realidad eran una forma de ocultar temporalmente deuda adicional. Las dificultades griegas resultan de esta trampa financiera y sus autores debieran pagar por ello.

Los banqueros que diseñaron esta operación, que engañó al FMI, BCE y al Consejo de Ministros europeo, ganaron mucho dinero y si participaran en la reducción voluntaria del valor de las obligaciones griegas serían apoyados financieramente por sus gobiernos. Así las cosas, como ha escrito Stiglitz: tenemos un sistema donde a los banqueros se les rescató y a sus víctimas se les abandonó para que se arreglen como puedan. Un sistema que día con día renueva la negativa idea de que importa más salvar bancos que a la parte más necesitada de la población de los países en crisis.

Por fortuna han aparecido protestas que apuntan al corazón del problema: a la desigualdad. El uno por ciento del uno por ciento es el beneficiario del funcionamiento de una banca totalmente desregulada. Al mismo tiempo la democracia está atrapada entre una excesiva regulación que le impide actuar oportunamente y conflictos políticos promovidos justamente para proteger los intereses de ese 0.01 por ciento de la población. Democracia que impide que una población sacrificada sea consultada, como en Grecia. En esas poblaciones, el otro 99.99 por ciento, por fin, ha empezado a actuar. Hay esperanza en el horizonte.

odselley@gmail.com