Moreira y Peña Nieto, las deudas y el escándalo
Moreira y Peña Nieto. Burbuja política.
Foto: Miguel Dimayuga
Foto: Miguel Dimayuga
MÉXICO, D.F. (apro).- Lo que inició como un escándalo detonado por el seguimiento del periódico Reforma al endeudamiento escandaloso del gobierno de Coahuila –dominado por la familia Moreira–, se ha convertido en el principal foco rojo no sólo para el actual dirigente nacional del PRI, sino para quien lo promovió, lo apoyó y ahora le da un salvavidas temporal: Enrique Peña Nieto, exmandatario del gobierno del Estado de México.
Lo increíble en esta historia es que el escándalo, lejos de afectar a Peña Nieto, parece mantenerlo en una burbuja política donde los medios masivos (sus grandes clientes y promotores), los grupos y camarillas priistas, y hasta los sectores empresariales se unifican para salvar al Becerro de oro, y darle la mágica potestad de nombrar al sustituto de Moreira, por encima de las reglas internas del PRI y de un mínimo decoro estatutario.
A cada defensa de Humberto Moreira en su cargo como dirigente nacional del PRI, más crecen los rumores de su salida antes o después de diciembre de este año. Las quinielas en el PRI apuntan hacia el exgobernador de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong, pero nadie duda que ese cargo le corresponde a Peña Nieto, como si se tratara de un dedazo anticipado de quien aún no es candidato a la Presidencia, pero ya actúa con los mismos poderes metaconstitucionales o “metaestatutarios” (en el caso del PRI) que un presidente de la República de facto.
La última información, publicada en Reforma, documenta a través de oficios presentados ante la Procuraduría General de la República (PGR) que Moreira sí supo y respaldó los créditos irregulares. Por lo menos, en el caso de 2 mil 100 millones de pesos contratados con BBVA Bancomer y que incluyen escritos falsificados que fueron enviados para su conocimiento al entonces gobernador de Coahuila, Humberto Moreira.
Moreira solicitó licencia el 4 de enero de 2011 y los oficios remitidos a la oficina del gobernador tienen fecha del 2 de diciembre de 2010, al menos el que corresponde al empréstito de mil 650 millones de pesos. Lo más grave es que nadie sabe explicar a dónde fue a parar esta deuda contratada de manera fraudulenta ni cuáles son las obras públicas o las inversiones que respaldan esta operación.
Los chivos expiatorios en esta historia se han ido librando de la responsabilidad directa. Así sucedió con Fausto Destenave, director con licencia de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) de Coahuila. Un juez de Distrito le dictó auto de libertad. Un crédito por mil millones de pesos, contratado también de forma irregular, fue parar a esta comisión de aguas.
La investigación revela que el empréstito contratado con Banco Santander fue autorizado por el Consejo Directivo de la CEAS de Coahuila. Y este consejo directivo estaba integrado por el propio gobernador Humberto Moreira; por el titular del Servicio de Administración Tributaria estatal, los titulares de Salud y Obras Públicas, así como el tesorero estatal. En otras palabras, Moreira no es una “víctima más” de este fraude, sino que él estuvo implicado.
El problema político es que todo parece apuntar a que el mismo Moreira resulta ser apenas la punta del iceberg de un escándalo mayúsculo: no es el único gobernador que autorizó endeudamientos de manera irregular.
En esta lista también está el propio Enrique Peña Nieto. Ahí están las obras realizadas a través de créditos amparados en la figura de asociaciones pública-privadas (PPS) cuyas cuentas son multimillonarias y sin fiscalización clara. ¿Cómo se manejaron los 7 mil millones de pesos en la construcción del hospital de Zumpango, por mencionar un caso, que ni siquiera cumplió con los requisitos prometidos para una obra de esta dimensión? Ahí está también la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, cuyo endeudamiento ha sido criticado por la oposición política y organizaciones civiles que están pidiendo juicio político en su contra.
En la Cámara de Diputados se presentó una solicitud de juicio político en contra de Humberto Moreira. Las organizaciones que lo promueven argumentan que la administración moreirista comprometió los presupuestos estatales de los próximos años. Lo caracterizan como “el peor desorden financiero de la historia del estado, con impúdico desacato a los ordenamientos constitucionales, federal y local”.
Si este juicio político prospera, junto con las investigaciones de la PGR, los días de Moreira al frente del PRI están contados. Pero también algo tendrá que decir su principal padrino e impulsor no sólo en torno al caso Moreira, sino al propio endeudamiento en el gobierno del Estado de México y en otras entidades que forman parte ya del “cordón peñista”.
El extitular de Hacienda y precandidato panista, Ernesto Cordero, ha convertido este escándalo en una causa para adquirir la relevancia que las encuestas no le dan. Pero también existen indicios que los endeudamientos irregulares se hicieron con la venia o con la complicidad de algunos funcionarios de la misma dependencia que Cordero encabezó.
Lo peor de esta historia es que sólo se trate de una guerra política y mediática más entre el gobierno de Felipe Calderón y sus exaliados del PRI. Y que las deudas por cobrar sean de tales dimensiones que concluyan en un pacto de impunidad entre ambas partes.
www.homozapping.com.mx
FUENTE PROCESO
Lo increíble en esta historia es que el escándalo, lejos de afectar a Peña Nieto, parece mantenerlo en una burbuja política donde los medios masivos (sus grandes clientes y promotores), los grupos y camarillas priistas, y hasta los sectores empresariales se unifican para salvar al Becerro de oro, y darle la mágica potestad de nombrar al sustituto de Moreira, por encima de las reglas internas del PRI y de un mínimo decoro estatutario.
A cada defensa de Humberto Moreira en su cargo como dirigente nacional del PRI, más crecen los rumores de su salida antes o después de diciembre de este año. Las quinielas en el PRI apuntan hacia el exgobernador de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong, pero nadie duda que ese cargo le corresponde a Peña Nieto, como si se tratara de un dedazo anticipado de quien aún no es candidato a la Presidencia, pero ya actúa con los mismos poderes metaconstitucionales o “metaestatutarios” (en el caso del PRI) que un presidente de la República de facto.
La última información, publicada en Reforma, documenta a través de oficios presentados ante la Procuraduría General de la República (PGR) que Moreira sí supo y respaldó los créditos irregulares. Por lo menos, en el caso de 2 mil 100 millones de pesos contratados con BBVA Bancomer y que incluyen escritos falsificados que fueron enviados para su conocimiento al entonces gobernador de Coahuila, Humberto Moreira.
Moreira solicitó licencia el 4 de enero de 2011 y los oficios remitidos a la oficina del gobernador tienen fecha del 2 de diciembre de 2010, al menos el que corresponde al empréstito de mil 650 millones de pesos. Lo más grave es que nadie sabe explicar a dónde fue a parar esta deuda contratada de manera fraudulenta ni cuáles son las obras públicas o las inversiones que respaldan esta operación.
Los chivos expiatorios en esta historia se han ido librando de la responsabilidad directa. Así sucedió con Fausto Destenave, director con licencia de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) de Coahuila. Un juez de Distrito le dictó auto de libertad. Un crédito por mil millones de pesos, contratado también de forma irregular, fue parar a esta comisión de aguas.
La investigación revela que el empréstito contratado con Banco Santander fue autorizado por el Consejo Directivo de la CEAS de Coahuila. Y este consejo directivo estaba integrado por el propio gobernador Humberto Moreira; por el titular del Servicio de Administración Tributaria estatal, los titulares de Salud y Obras Públicas, así como el tesorero estatal. En otras palabras, Moreira no es una “víctima más” de este fraude, sino que él estuvo implicado.
El problema político es que todo parece apuntar a que el mismo Moreira resulta ser apenas la punta del iceberg de un escándalo mayúsculo: no es el único gobernador que autorizó endeudamientos de manera irregular.
En esta lista también está el propio Enrique Peña Nieto. Ahí están las obras realizadas a través de créditos amparados en la figura de asociaciones pública-privadas (PPS) cuyas cuentas son multimillonarias y sin fiscalización clara. ¿Cómo se manejaron los 7 mil millones de pesos en la construcción del hospital de Zumpango, por mencionar un caso, que ni siquiera cumplió con los requisitos prometidos para una obra de esta dimensión? Ahí está también la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, cuyo endeudamiento ha sido criticado por la oposición política y organizaciones civiles que están pidiendo juicio político en su contra.
En la Cámara de Diputados se presentó una solicitud de juicio político en contra de Humberto Moreira. Las organizaciones que lo promueven argumentan que la administración moreirista comprometió los presupuestos estatales de los próximos años. Lo caracterizan como “el peor desorden financiero de la historia del estado, con impúdico desacato a los ordenamientos constitucionales, federal y local”.
Si este juicio político prospera, junto con las investigaciones de la PGR, los días de Moreira al frente del PRI están contados. Pero también algo tendrá que decir su principal padrino e impulsor no sólo en torno al caso Moreira, sino al propio endeudamiento en el gobierno del Estado de México y en otras entidades que forman parte ya del “cordón peñista”.
El extitular de Hacienda y precandidato panista, Ernesto Cordero, ha convertido este escándalo en una causa para adquirir la relevancia que las encuestas no le dan. Pero también existen indicios que los endeudamientos irregulares se hicieron con la venia o con la complicidad de algunos funcionarios de la misma dependencia que Cordero encabezó.
Lo peor de esta historia es que sólo se trate de una guerra política y mediática más entre el gobierno de Felipe Calderón y sus exaliados del PRI. Y que las deudas por cobrar sean de tales dimensiones que concluyan en un pacto de impunidad entre ambas partes.
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Democracia a la baja
Felipe Calderón, titular del Ejecutivo.
Foto: Eduardo Miranda
Foto: Eduardo Miranda
La Corporación Latinobarómetro recién dio a conocer los resultados de su última encuesta de cultura política y los hallazgos respecto a México son preocupantes. Estamos en el nivel más bajo de apoyo a la democracia: únicamente un 40% de la población considera que es la mejor forma de gobierno, cuando en 2005 (cuando alcanzó su nivel más alto) llegó al 59%; y esto tiene que ver con que también estamos en niveles muy bajos de satisfacción con la democracia, con únicamente un 23% que se dice satisfecho con ella (la serie de Latinobarómetro va de 1995 a 2011, en este caso el nivel más bajo era en 1996, con el 12%), proporción que también contrasta con el 45% que se decía satisfecho en 1997, cuando se alcanzó el nivel más alto.
Algunas de las explicaciones de por qué se tienen estos bajos niveles de apoyo y satisfacción con la democracia se pueden encontrar en la misma encuesta, que revela cómo únicamente el 17% de la población considera que se gobierna en bien de todo el pueblo, el porcentaje más bajo desde el 2004 y que únicamente se había alcanzado en el 2007. En el 2006 se alcanzó el porcentaje más alto: 31% consideró que se gobernaba para bien de todo el pueblo.
En la encuesta de 2011, en la percepción de que se gobierna para bien de todo el pueblo el porcentaje encontrado en México es únicamente superior al encontrado en 3 de los 18 países encuestados: Honduras y Perú, con el 15%,y República Dominicana, con el 9%; en el extremo contrario se encuentra Uruguay, donde el 54% piensa así.
Por otra parte, también cunde la percepción de que el gobierno es incapaz de solucionar algunos de los principales problemas del país, como delincuencia, narcotráfico, pobreza y corrupción. Nuevamente el porcentaje de mexicanos que piensa que el Estado lo puede hacer es el tercero más bajo de América Latina, únicamente por encima de Honduras y Guatemala. En el promedio general, sin embargo, al revisar dicha proporción por cada uno de los problemas, en dos de ellos (delincuencia y narcotráfico) nos encontramos por debajo de los hondureños.
El 39% de los mexicanos considera que el Estado puede solucionar el problema de la delincuencia, contra el 27% de los guatemaltecos. En el extremo opuesto está Uruguay, con el 78%. En cuanto al narcotráfico, el porcentaje se reduce al 35%, contra el 22% de los guatemaltecos y el 72% de los venezolanos, los que más confían en su Estado en este caso.
Respecto a la pobreza, el 38% de los mexicanos piensa que el Estado puede solucionarla; en este caso están por debajo los salvadoreños, con el 35%, los hondureños con el 22, y los guatemaltecos con el 17%. En el extremo opuesto se encuentran los argentinos con el 79%. Y sobre la corrupción, en México el 34% confía en que el Estado la puede superar, contra el 23% de los hondureños y 18% de los guatemaltecos. En el extremoopuesto, el 75% de los uruguayos piensan que sí lo puede hacer.
Los mismos encuestados señalan cuáles son las carencias de la democracia: únicamente el 5% de los mexicanos considera que está bien en su situación actual (el segundo porcentaje más bajo en América Latina, únicamente superado por Colombia con el 4%; el mayor porcentaje se alcanzó en Uruguay, con el 25%). A su vez, el 21%, considera que falta consolidar los partidos políticos; el 27%, que es necesario garantizar la justicia social; el 32%, aumentar la participación ciudadana; el 36%, aumentar la transparencia del Estado; y el 55%, reducir la corrupción.
Pero hay más explicaciones cuando se revisan las actitudes de los mexicanos: únicamente el 28% de los entrevistados en México piensa que los ciudadanos son conscientes de sus obligaciones y deberes; y sólo el 19% piensa que los ciudadanos cumplen con la ley. En el rubro de los deberes y obligaciones, por debajo de México sólo se encuentran Bolivia y Perú, con el 18% y el 17%; y en cuanto al cumplimiento de la ley, los mismos países con el 16% y el 12%, respectivamente. En el extremo opuesto se encuentra Uruguay, con el 54% sobre el cumplimiento de la ley y 55% en conciencia de las obligaciones y deberes. Pero todavía es más preocupante ver que México es el país latinoamericano donde más se justifica la evasión de impuestos; en el extremo opuesto, nuevamente se encuentra Uruguay.
Al revisar la confianza que se tiene en que el Estado mexicano pueda resol ver los problemas más acuciantes, así como las actitudes de los mexicanos frente a sus compromisos cívicos, es evidente la causa de los bajos niveles de apoyo y satisfacción con la democracia. En términos generales se puede decir que únicamente una sexta parte de los ciudadanos mexicanos considera que se gobierna para el bien de todo el pueblo y que alrededor de la tercera parte de la población piensa que el Estado es capaz de resolver problemas como la delincuencia, el narcotráfico, la pobreza y la corrupción, que la misma población considera como los más acuciantes.
Sin embargo, esta conciencia de la debilidad del Estado mexicano o la desconfianza en sus capacidades no es contrarrestada por un mayor compromiso cívico, sino todo lo contrario: menos de la tercera parte de los mexicanos considera que hay conciencia de las obligaciones y deberes ciudadanas y menos de una quinta parte piensa que se cumple la ley; el extremo llega con la justificación para evadir impuestos.
Al menos la percepción de que se gobierna para el bien de todo el pueblo se redujo prácticamente a la mitad en el presente sexenio, pues pasó del 31% en el 2006 al 17%, en estos momentos. Y, de la mano con ello, lo mismo sucedió con el apoyo a la democracia, que cayó del 54 al 40% en el mismo periodo, y con la satisfacción que genera la misma, la cual disminuyó del 41% al 23%
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Algunas de las explicaciones de por qué se tienen estos bajos niveles de apoyo y satisfacción con la democracia se pueden encontrar en la misma encuesta, que revela cómo únicamente el 17% de la población considera que se gobierna en bien de todo el pueblo, el porcentaje más bajo desde el 2004 y que únicamente se había alcanzado en el 2007. En el 2006 se alcanzó el porcentaje más alto: 31% consideró que se gobernaba para bien de todo el pueblo.
En la encuesta de 2011, en la percepción de que se gobierna para bien de todo el pueblo el porcentaje encontrado en México es únicamente superior al encontrado en 3 de los 18 países encuestados: Honduras y Perú, con el 15%,y República Dominicana, con el 9%; en el extremo contrario se encuentra Uruguay, donde el 54% piensa así.
Por otra parte, también cunde la percepción de que el gobierno es incapaz de solucionar algunos de los principales problemas del país, como delincuencia, narcotráfico, pobreza y corrupción. Nuevamente el porcentaje de mexicanos que piensa que el Estado lo puede hacer es el tercero más bajo de América Latina, únicamente por encima de Honduras y Guatemala. En el promedio general, sin embargo, al revisar dicha proporción por cada uno de los problemas, en dos de ellos (delincuencia y narcotráfico) nos encontramos por debajo de los hondureños.
El 39% de los mexicanos considera que el Estado puede solucionar el problema de la delincuencia, contra el 27% de los guatemaltecos. En el extremo opuesto está Uruguay, con el 78%. En cuanto al narcotráfico, el porcentaje se reduce al 35%, contra el 22% de los guatemaltecos y el 72% de los venezolanos, los que más confían en su Estado en este caso.
Respecto a la pobreza, el 38% de los mexicanos piensa que el Estado puede solucionarla; en este caso están por debajo los salvadoreños, con el 35%, los hondureños con el 22, y los guatemaltecos con el 17%. En el extremo opuesto se encuentran los argentinos con el 79%. Y sobre la corrupción, en México el 34% confía en que el Estado la puede superar, contra el 23% de los hondureños y 18% de los guatemaltecos. En el extremoopuesto, el 75% de los uruguayos piensan que sí lo puede hacer.
Los mismos encuestados señalan cuáles son las carencias de la democracia: únicamente el 5% de los mexicanos considera que está bien en su situación actual (el segundo porcentaje más bajo en América Latina, únicamente superado por Colombia con el 4%; el mayor porcentaje se alcanzó en Uruguay, con el 25%). A su vez, el 21%, considera que falta consolidar los partidos políticos; el 27%, que es necesario garantizar la justicia social; el 32%, aumentar la participación ciudadana; el 36%, aumentar la transparencia del Estado; y el 55%, reducir la corrupción.
Pero hay más explicaciones cuando se revisan las actitudes de los mexicanos: únicamente el 28% de los entrevistados en México piensa que los ciudadanos son conscientes de sus obligaciones y deberes; y sólo el 19% piensa que los ciudadanos cumplen con la ley. En el rubro de los deberes y obligaciones, por debajo de México sólo se encuentran Bolivia y Perú, con el 18% y el 17%; y en cuanto al cumplimiento de la ley, los mismos países con el 16% y el 12%, respectivamente. En el extremo opuesto se encuentra Uruguay, con el 54% sobre el cumplimiento de la ley y 55% en conciencia de las obligaciones y deberes. Pero todavía es más preocupante ver que México es el país latinoamericano donde más se justifica la evasión de impuestos; en el extremo opuesto, nuevamente se encuentra Uruguay.
Al revisar la confianza que se tiene en que el Estado mexicano pueda resol ver los problemas más acuciantes, así como las actitudes de los mexicanos frente a sus compromisos cívicos, es evidente la causa de los bajos niveles de apoyo y satisfacción con la democracia. En términos generales se puede decir que únicamente una sexta parte de los ciudadanos mexicanos considera que se gobierna para el bien de todo el pueblo y que alrededor de la tercera parte de la población piensa que el Estado es capaz de resolver problemas como la delincuencia, el narcotráfico, la pobreza y la corrupción, que la misma población considera como los más acuciantes.
Sin embargo, esta conciencia de la debilidad del Estado mexicano o la desconfianza en sus capacidades no es contrarrestada por un mayor compromiso cívico, sino todo lo contrario: menos de la tercera parte de los mexicanos considera que hay conciencia de las obligaciones y deberes ciudadanas y menos de una quinta parte piensa que se cumple la ley; el extremo llega con la justificación para evadir impuestos.
Al menos la percepción de que se gobierna para el bien de todo el pueblo se redujo prácticamente a la mitad en el presente sexenio, pues pasó del 31% en el 2006 al 17%, en estos momentos. Y, de la mano con ello, lo mismo sucedió con el apoyo a la democracia, que cayó del 54 al 40% en el mismo periodo, y con la satisfacción que genera la misma, la cual disminuyó del 41% al 23%
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