«Silencio cómplice» ante plagios y violaciones en carreteras del país- Por un nuevo proyecto de nación- Operativos encubiertos: en la ruta del fracaso-

Hombres vestidos de militar nos atacaron y luego nos tiraron, narra una víctima

 

Este año han desaparecido más de 100 pasajeros y varios autobuses

Sanjuana Martínez

Periódico La Jornada
Domingo 13 de noviembre de 2011, p. 10

Denise creyó que iba a morir. Un grupo armado, con uniformes militares, asaltó el autobús en que viajaba de Monterrey a Zacatecas, plagió a los hombres, abandonó a los ancianos y violó a las mujeres. La pesadilla duró varias horas. El secuestro de camiones es la nueva realidad que cubre las carreteras del país ante el silencio cómplice de las líneas de transporte de pasajeros.

Ya se los cargó la chingada, dijo el jefe del grupo cuando abrieron la puerta del autobús. El camión del Grupo Senda había salido de la central a la una y media de la mañana, y a las dos horas de camino se detuvo en medio del desierto. El comando bloqueaba la carretera. Ante la orden del delincuente, el chofer dijo por el micrófono: Pasajeros, hay una emergencia, desciendan del autobús.
Al bajar, alrededor de 12 hombres con armas largas y vestidos de militares que viajaban en cuatro camionetas, obligaron a los 25 pasajeros y al chofer a colocarse contra el camión con las manos alzadas y las piernas abiertas. Había sólo dos mujeres, a las que separaron con cuatro ancianos; al resto se los llevaron inmediatamente en tres de sus vehículos. Entre ellos hablaron de combustible para incendiar el camión. Una camioneta quedó estacionada: ¡Súbanse, perras!, ordenaron, indicándoles la caja de la pick up, donde había dos hombres vestidos de militares esperando; otros dos estaban en la cabina trasera y uno conduciendo. Luego se internaron pocos kilómetros en el desierto.
Denise y Hortensia no se conocían, pero fueron compañeras de tragedia. La primera se resistió y fue brutalmente golpeada; le destrozaron parte del rostro: ¡Aquí vas a aprender, puta!, le dijo uno mientras se bajaba los pantalones. Queremos divertirnos, comentó otro al arrancarle la ropa a Denise. Los otros tres se unieron rápidamente. La agresión duró alrededor de una hora. Se bajaron los pantalones sin quitarse el resto de la ropa. El peso de sus cuerpos me inmovilizó. De pronto ya no entendí lo que decían, me concentré en el sonido de los grillos, en mi familia, en mis amigos, cuenta Denise, de 28 años.
Han pasado varias semanas. Sufre depresión y angustia, pero después de tratamiento y terapia puede articular la historia: Sentí que iban a matarme. Pensé que allí me dejarían y nadie iba a saber lo que me pasó. Busqué la mano de la otra mujer, a quien no conocía. Ella gritaba de dolor; la apreté con fuerza y sentí en su mano una respuesta igual. Fue así como nos aferramos a la vida.
Los violadores hablaban español con dificultad, tenían aspecto de sureños y se comunicaban en un lenguaje indígena que las víctimas no pudieron reconocer: Eran como soldados o paramilitares. Fue un acto de poder sobre nosotras. Ni siquiera se les paraba bien. Andaban como drogados. Nos introdujeron un tubo de plástico por el ano. Se reían (...) luego nos tiraron como si fuéramos basura.
Al terminar el ataque se vieron semidesnudas en la cuneta de la carretera. Un autobús de pasajeros se detuvo; el chofer bajo con una manta y las invitó a pasar directamente al camarote sin preguntar nada, como si la escena fuera cotidiana: Esta ocurriendo a diario en las carreteras del país y nadie está haciendo nada.

Silencio empresarial

A diferencia de los asaltos en el transporte foráneo, en los últimos meses lo que prevalece son los secuestros de autobuses y pasajeros. El mes pasado, un camión desapareció en el municipio de General Treviño, Nuevo León, en su paso rumbo a Tamaulipas: Tenían prevista una escala en Monterrey, pero no la hicieron. Los familiares tuvieron conocimiento de que en General Treviño una persona armada tomó el camión y secuestró a las personas en el propio autobús, dice el subprocurador de Guanajuato, Armando Amaro Vallejo, luego de recibir la denuncia de familiares por la desaparición de siete guanajuatenses.

En lo que va del año han desaparecido alrededor de un centenar de residentes de Guanajuato y de otros estados en su paso a la frontera, aunque el número podría ser mayor, ya que las empresas de autobuses guardan silencio ominoso ante estos hechos para evadir la reparación del daño causado a los pasajeros, el pago del seguro o la pérdida de clientes.

No podemos garantizar a ningún ciudadano que no va a ser asaltado en algún comercio, en la vía pública o en el transporte, porque sería engañarlos, lo que sí podemos hacer es reducir los factores de riesgo, que son los que facilitan el cometer actividades ilícitas. Las medidas que se han tomado hasta el momento son la contratación de seguridad privada, instalación de arcos detectores de metales y cámaras de video, dice Arturo Balderas Moya, director de la Cámara Nacional de Autotransportes de Pasaje y Turísticos (Canapat), quien reconoce que los focos rojos existen en las líneas fronterizas, además de que falta coordinación y hay vacíos legales para agilizar las investigaciones.

El año pasado la Canapat registró únicamente 136 asaltos, pero no hay estadísticas del número de autobuses secuestrados, pasajeros o choferes desaparecidos, ni de las violaciones a mujeres. Las líneas de autobuses ADO, Senda, Transpaís, Estrella Blanca, Ómnibus de México, Futura, Transportes del Norte, Ómnibus de Oriente y otras tienen cientos de maletas de los desaparecidos almacenadas en sus terminales de estados fronterizos como Reynosa, Nuevo Laredo, Miguel Alemán y Piedras Negras, entre otros.

Con respecto a los ataques sexuales a mujeres, las empresas de autobuses son más herméticas: Por mucha lucha que hemos hecho para visibilizar el problema de las violaciones, el cuerpo de las mujeres sigue siendo botín de esta guerra. Desafortunadamente, se nos sigue considerando como ciudadanos de segunda, por eso no sale a luz, porque entre los mismos hombres se protegen, dice Maricruz Flores Martínez, del Colectivo Plural de Mujeres contra la Violencia.

Reconoce que la mayoría de víctimas no denuncian estas agresiones sexuales por temor: Las mujeres están siendo ultrajadas no sólo por el crimen organizado, también por miembros del Ejército. ¿Cómo podemos enfrentarnos a hombres armados? Tienen el poder de las armas y utilizan las amenazas para evitar que las agredidas interpongan denuncias.

Hace unos años, las mujeres eran atacadas en los taxis, y como los agresores no iban armados el problema se solucionó con denuncias, talleres y movilización social; ahora –dice– el problema es mayor, porque se trata de hombres fuertemente armados en medio de una guerra: Estamos en la total indefensión. Si no salimos las mujeres y exigimos un ya basta, todo va a seguir igual o peor.

También migrantes

Nueve de cada 10 mujeres migrantes son agredidas sexualmente durante su paso por México rumbo a la frontera con Estados Unidos, según dice Melissa Domínguez, miembro de la Plataforma para el Desarrollo Adolescente y Joven Indígena. “Son minoría las que no han sido víctimas de violación o extorsión sexual (desde acoso hasta tener que pagar con su cuerpo para que el agente de Migración, militar o pollero la ayude a cruzar o la deje pasar). De las migrantes que he conocido, 90 por ciento ha sufrido violaciones. He conocido a varias que se inyectan desde antes para no embarazarse”.

El problema esta invisibilizado, coinciden Melissa Domínguez y Maricruz Flores, por la falta de prevención e interés institucional para detenerlo: “Las mujeres aún tienen miedo de denunciar; a veces se tiene la idea de que ya me violaron, pues ahora sigo, que tiene que ver con sus procesos personales y el miedo a ser deportadas”.

Uno de los testimonios recabados por Belén, Posada del Migrante, es el de Nancy, salvadoreña de 24 años a quien secuestraron Los Zetas en Coatzacoalcos, Veracruz, y la mantuvieron en una casa de seguridad en Reynosa, Tamaulipas, donde tenían sólo mujeres que utilizaban como esclavas sexuales: Durante todo este tiempo, muchas veces llegaban tres hombres mexicanos, que eran los jefes, y buscaban a las mujeres que ahí estábamos para abusar de nosotras. Tuve que esperar a que mi tía juntara el dinero para que me liberaran

Más nubosidad-Hernández

hernandez@jornada.com.mx

 

Operativos encubiertos: en la ruta del fracaso

Con el telón de fondo del escándalo desatado a raíz de las operaciones Rápido y furioso y Receptor abierto, mediante las cuales el gobierno de Estados Unidos permitió el tráfico ilegal de grandes cantidades de armamento a nuestro país, y en el contexto de los angustiosos resultados de la guerra lanzada hace casi un lustro por el gobierno calderonista contra la delincuencia organizada, la Cámara de Senadores discute la posibilidad de avalar un conjunto de modificaciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada propuestas por el Ejecutivo que, entre otras cosas, incorporan la posibilidad de llevar a cabo acciones encubiertas de distribución y rastreo de armas similares a las de los citados operativos, así como la participación de agentes infiltrados.

En suma, se pretende modificar el marco legal vigente para abrir una perspectiva indeseable y riesgosa: que la autoridad termine convirtiéndose, con el desarrollo de las operaciones mencionadas, en proveedora de armamento u otro tipo de recursos para la delincuencia organizada, tal como ocurrió con el gobierno estadunidense a través de programas como los mencionados.
Si algo quedó al descubierto a raíz de esos episodios fue que la ambigüedad de Estados Unidos –que con una mano provee de recursos económicos y militares al gobierno mexicano mediante la Iniciativa Mérida y con la otra arma a los cárteles del narcotráfico que operan en nuestro país– constituye uno de los factores explicativos del fracaso de la estrategia de seguridad vigente, la cual se ha saldado, hasta ahora, con unas 50 mil víctimas mortales; ha provocado la destrucción del tejido social y de la economía en amplias franjas del territorio; ha acentuado el desgaste de las instituciones encargadas de salvaguardar la integridad territorial y de procurar justicia y, por si fuera poco, ha llevado a una claudicación inadmisible en materia de soberanía nacional ante el gobierno de Washington.
En tal perspectiva, lo último que cabría esperar de las autoridades mexicanas es que imiten, como pretenden hacerlo, las prácticas de un gobierno que se ha revelado como un aliado poco confiable en materia de combate al crimen organizado: las posibilidades de que esas operaciones fracasen, como ocurrió con Rápido y furioso y Receptor abierto, se multiplican en un entorno institucional caracterizado por el descontrol, la corrupción, la descoordinación de las distintas dependencias federales involucradas en el combate a la delincuencia y el desorden al interior de cada una de ellas en el manejo de las armas confiscadas.

Por otra parte, con la pretensión de incorporar en la ley la operación de agentes encubiertos se corre el riesgo de dotar a éstos de una cobertura oficial para cometer actos ilícitos desde posiciones dentro de la delincuencia organizada. Si de por sí ya son sobrados los indicios de que la actual estrategia de seguridad ha configurado un marco para la comisión de crímenes de diversa índole por parte de efectivos gubernamentales –recuérdese el contenido del informe entregado esta semana por Human Rights Watch, en el que se documentan casos de agresiones de representantes del poder público contra la población civil–, sería un error monumental, en términos legales y humanitarios, aprobar modificaciones al marco jurídico que doten de impunidad a servidores públicos que atenten contra la seguridad de la población, así sea en el contexto de operaciones encubiertas.

La delincuencia –entristece tener que recordarlo– no puede combatirse fomentando la ilegalidad. Aun suponiendo que fuera correcto el empeño de combatir el narcotráfico y el crimen organizado mediante un enfoque meramente policial, el gobierno federal tiene a su disposición opciones –un mayor énfasis táctico en el lavado del dinero, por ejemplo– para hacer frente a las organizaciones delictivas en forma mucho más efectiva y con mucho menor costo en términos de vidas humanas y degradación de la paz pública. En cambio, en la medida que se profundiza una estrategia fallida y se adoptan rumbos de acción que han probado su ineficacia y su carácter contraproducente, se mantiene un rumbo de acción destinado al fracaso. Cabe esperar, por último, que los legisladores cobren conciencia del enorme riesgo que implica avalar esas propuestas presidenciales y actúen en consecuencia.

Por un nuevo proyecto de nación

Antonio Gershenson

Más de 60 ciudadanos dijimos, en un desplegado publicado en la página 13 de este diario el sábado 5 de noviembre, lo siguiente: “Lo que necesitamos son gobiernos legales y legítimos, una democracia real y cambios de fondo. Por eso mismo, quienes buscamos un cambio no creemos que sea posible mediante programas de gobierno confusos y difusos o, peor aún, mediante alianzas o coaliciones con quienes no quieren cambiar, con los constructores o defensores del statu quo inaceptable que se nos ha impuesto, es decir con el PAN o con el PRI, que han demostrado de sobra su falta de vocación democrática y su nulo compromiso con México y con los mexicanos”.

Vamos a hablar algo sobre este proyecto de nación. Termina el desplegado con: Ese es el proyecto que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
Es fundamental que en nuestro país tengamos una vida democrática, y que la participación de la población se dé en los diferentes ámbitos. La gente, directamente, debe participar en los diferentes ámbitos. Y junto con esto debe ponerse fin a la corrupción en los niveles federal, estatal y local. Es más, yo creo que la corrupción de funcionarios debe ser un delito grave. La corrupción sería una negación de la participación de la gente.
Los organismos electorales deben dejar de estar controlados por los partidos. Además, se deben incluir mecanismos de democracia participativa, como la consulta, el plebiscito, el referéndum, la iniciativa ciudadana para impulsar leyes, la acción de la gente frente a las autoridades judiciales, la revocación del mandato y la rendición de cuentas. La ciudadanía debe tener plena libertad para protestar o demandar.
Otro elemento necesario para un régimen democrático es contar con medios de comunicación también democráticos. Se deben fortalecer la cultura y la información del pueblo, y no enajenarlo.
Son importantes la convivencia, el compañerismo y la actitud fraternal en nuestra sociedad.
Para la defensa de la economía popular se impulsarán movimientos contra las alzas de la luz, del gas, de la gasolina y otros bienes y servicios públicos; contra los cobros excesivos en los bancos, contra los préstamos hipotecarios para vivienda, contra la carestía y los despidos.
Es vital el impulso a las industrias petrolera y eléctrica, palancas del desarrollo nacional, como actividades estratégicas, integradas y propiedad de la nación. Actualmente la entrega de los bienes de la nación, en especial a compañías extranjeras, es cada vez mayor. No sólo en el petróleo propiamente dicho, sino las plantas petroquímicas y otros bienes se han estado entregando cada vez más. Ya se genera electricidad en proporción mayor por empresas privadas que por la nación.

Deben impulsarse en especial industrias que generen directa e indirectamente un alto número de empleos, que consuman materias primas de fabricación nacional y que tengan utilidad para el país. Un caso importante son los ferrocarriles, incluyendo los de alta velocidad. Éstos consumen menos energía que los otros medios de transporte, y son más baratos para el público.

Es importante impulsar el campo y en general la actividad rural. Debemos alcanzar la autosuficiencia alimentaria. Se debe cuidar la salud de quienes van a consumir estos alimentos, protegiendo a los mismos del lucro desmedido a costa de la calidad nutritiva.

Se debe evitar la minería de rapiña como la que vemos a cada rato. Excavan desde la superficie y acaban con cultivos, ganado, viviendas, etcétera, y se llevan el oro y la plata como en tiempos de la Colonia. La minería debe ser nacional, que cuide los recursos naturales y que sea útil para la industria y las actividades económicas nacionales. Se debe cuidar la salud de los mineros y su fuente de trabajo.

Se han reducido los recursos a la educación pública y se ha estimulado, incluso con fondos públicos, una educación privada cada vez más cara. Se debe dejar la educación privada para quien tenga los recursos suficientes, e impulsar la pública para todos los demás. No debe haber rechazados en la educación superior, como sucede ahora, a menudo por falta de recursos.

Se deben volver a la civilización los planes de estudio. Las recientes modificaciones van encaminadas a crear egresados sin cultura, sin formación básica y filosófica y como simples empleados para empresas privadas. Se deben impulsar ampliamente la ciencia y la tecnología, no sólo en la enseñanza sino en la investigación y el desarrollo.

Estos son sólo ejemplos que ilustran lo que debe ser el nuevo proyecto de nación.

antonio.gershenson@gmail.com