La Resistencia del SME
La frase de hoy…
Prefiero ser el primero en una aldea que el segundo en Roma
Julio César
La Guía del Usuario de Energía Eléctrica…
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http://issuu.com/radiosme/docs/guiaparaelusuariocontraabusosdelacfe
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Denuncia a CFE
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Toque Crítico de Martín Esparza Flores: Doble puñalada de CFE a los pobres
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Reconoce SAE tarifa eléctrica para el SME
Organización Política Nacional
Los Pedregales y la CFE
Bernardo Bátiz V.
En el mundo, la gente, los marginados, se indignan y protestan contra la desigualdad y la pobreza derivadas del injusto sistema que ya es global; en México también y en el Distrito Federal somos testigos cotidianos de movilizaciones. Los electricistas, los maestros, recientemente los trabajadores de Mexicana de Aviación y hoy, los vecinos del Pedregal de Santo Domingo, contra cobros excesivos y cortes de energía por parte de la CFE.
Protestan por cuotas que de 200 o 300 pesos subieron bruscamente a más de mil y hay casos extremos en esa zona más pobre que media, de varios miles; reclaman la forma unilateral con la que la prestadora del servicio se hace justicia por propia mano, cortando sin más “la luz”. Aquí la CFE se topó con una comunidad que no se deja fácilmente, están hechos en la lucha.
Los habitantes de Los Pedregales, de éstos, no los del pretencioso San Ángel, tienen una historia de esfuerzo y trabajo contra la pobreza, contra la incomprensión de autoridades y especialmente contra el rigor de lo inhóspito del suelo en que levantaron sus casas, escuelas e iglesias. Recordemos que Ernesto P. Uruchurtu, el famoso “regente de hierro”, que hacía lo que se proponía por las buenas o por las malas, acabó defenestrado en choque con ocupantes de tierra en ese “mal país”, como se conocía a esa extensa costra de roca volcánica, que por cierto, cuando estudié la primaria, aparecía inconfundible en los mapas del Distrito Federal, poblada de tarántulas y víboras de cascabel.
Alrededor del pedregal se encontraban los pueblos que aún conservan sus nombres antiquísimos: Los Reyes, las dos Santa Úrsula: Coapa y Xitla, Copilco, el rancho de Carrasco, la Candelaria; eran dueños, por títulos legítimos, documentados en cédulas reales, del pedregal que apenas les permitía tener un poco de ganado caprino y a veces explotar las canteras y hierbas comestibles o medicinales de ese paisaje.
Fue hasta la presión del crecimiento poblacional, por los años 60 del siglo pasado, cuando los sin casa de entonces iniciaron, a veces con la tolerancia de los dueños originales, a veces con su oposición, la invasión de los áridos parajes al abrigo del Ajusco.
La Ciudad Universitaria, con una gran inversión, maquinaria y tecnología, dio el banderazo de salida; si se pueden usar esos terrenos para un campus universitario se pueden usar también para vivir. Empezaron los de lo que hoy es la colonia Ajusco, la Díaz Ordaz y poco después, los aguerridos de Santo Domingo, que el primero de septiembre de 1971, al anochecer, llegaron a su parte de pedregal y sin permiso de nadie, por derecho natural, porque las familias necesitaban techo, se organizaron espontáneamente y ocuparon el espacio.
Eran muchos y estaban decididos, los dirigentes improvisados fueron los más trabajadores, Rafael López Mota, Manuel Romero, sus hijas e hijos, todos contribuían, todos participaban; había que quitar piedras para aplanar el suelo, tapar grietas y barrancas, remover rocas, luego levantar las viviendas para que el campamento se convierta en colonia.
Tiempo después, con el mismo entusiasmo que tuvieron en el impulso inicial trabajaron en abrir cepas para la tubería, tender cables de luz, trazar calles y participar en la construcción de edificios colectivos.
Así que la CFE no topó en blandito. En otras zonas de la ciudad los clase medieros se quejan y rezongan contra los cobros elevados, pero no hacen nada; aquí están los hijos y los nietos de quienes domaron el “mal país” y que ahora están indignados, como lo estuvieron sus ancestros, no se dejarán atropellar, tienen la experiencia de la lucha colectiva y la organización popular.
Con movilizaciones pero también con recursos legales, acudieron a la Profeco, están listos y organizados para impedir aumentos injustificados y para evitar los cortes de energía arbitrarios, que son verdaderos ejercicios de justicia por propia mano.
Blake Mora
la verdad es crucial
Las muertes del titular de la Secretaría de Gobernación, José Francisco Blake Mora; del subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Felipe Zamora Castro; del director general de Comunicación Social, José Alfredo García Medina; de la secretaria técnica Miriam Hayton Sánchez, y de cuatro efectivos militares, acaecidas ayer, cuando el helicóptero del Estado Mayor Presidencial en que viajaban en dirección a Cuernavaca se desplomó en el estado de México, trasciende, aunque no excluye, el ámbito de las tragedias personales, dada la jerarquía en el gobierno federal de dos de los fallecidos. Blake Mora ocupaba el segundo puesto en importancia, en tanto que Zamora Castro desempeñaba un papel de gran relevancia en la coyuntura por la que atraviesa el gobierno federal.
Además de lamentar la pérdida de vidas humanas, cabe señalar algunos elementos de contexto ineludibles de la tragedia.
Para empezar, debe destacarse el hecho de que, ya sea por reacomodos de gabinete o por muerte accidental, la Secretaría de Gobernación ha tenido, en menos de cinco años, cuatro titulares, y se apresta a tener al quinto. Independientemente de los factores que la hayan causado, semejante inestabilidad en la conducción de la política interna y en la coordinación del gabinete no puede arrojar buenos resultados para el país ni para el gobierno, y acaso explique las dificultades en el diseño y la aplicación de sus estrategias en diversos rubros.
Por otra parte, la muerte de Blake tiene dos precedentes que no pueden pasar inadvertidos: hace tres años, justamente en este mes, murieron el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y el antiguo responsable del combate al crimen organizado, José Luis Santiago Vasconcelos, en lo que fue oficialmente calificado como accidente aeronáutico, ocurrido cerca de la Fuente de Petróleos, en la ciudad de México. En ese entonces –noviembre de 2008– resultó inevitable recordar el deceso de Ramón Martín Huerta, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Vicente Fox, ocurrido cuando el helicóptero en que viajaba hacia el penal del Altiplano se precipitó en el municipio mexiquense de Xonacatlán, en septiembre de 2005.
Otro factor contextual es el escenario de violencia e inseguridad desatado por las luchas entre grupos delictivos y por la estrategia oficial para combatirlos, proclamada a unos días de que Felipe Calderón asumió la jefatura del Poder Ejecutivo, en diciembre de 2006, y que ha dejado un saldo de decenas de miles de muertos.
A la espera de los resultados de la investigación oficial, sería irresponsable sugerir, sin los necesarios elementos de juicio, una relación entre la guerra calderonista y el desplome del helicóptero ocurrido ayer. Tampoco puede afirmarse que las muertes de Blake y de Mouriño conformen un patrón de accidentes de aeronaves del Estado Mayor Presidencial. Las casualidades existen, y el uso intensivo del traslado aéreo por parte de servidores públicos de primer nivel incrementa las probabilidades de que se vean involucrados en accidentes.
Sin embargo, ante una sociedad escéptica, con una credibilidad institucional seriamente debilitada, y en el entorno actual de violencia descontrolada, al gobierno federal no le será fácil explicar –y mucho menos asimilar– la muerte, en accidentes aéreos, a bordo de aeronaves oficiales, de dos secretarios de Gobernación en tres años, y en seis, la de cuatro funcionarios directamente relacionados con la seguridad pública y nacional.
La tragedia de ayer desvela, pues, otra circunstancia no menos trágica: la de un gobierno cuyos márgenes de credibilidad se han reducido en forma severa por efecto de sus fallidas estrategias en materia de economía, de seguridad y de comunicación pública. Las dos primeras son irreparables; la tercera puede no serlo, si la administración calderonista logra informar, con plena transparencia, la verdad de lo ocurrido al helicóptero en el que viajaba Blake Mora y algunos de sus colaboradores.
Acumula gasolina aumento de 22%
HRW resume la
“guerra” de Calderón
Autor: Miguel Badillo *
Aunque se trata de una organización no gubernamental dedicada a la protección de los derechos humanos, y asegura que su financiamiento proviene de contribuciones de particulares y fundaciones de todo el mundo, Human Rights Watch tiene su sede principal en Nueva York, y sus “investigaciones” e informes apuntan principalmente a países pobres o a aquellos con los que Estados Unidos tiene conflicto permanente, por lo que para algunos observadores y dirigentes políticos, esta organización obedece y sigue los lineamientos que le marcan desde Washington.
De ser esto cierto, su informe sobre el fracaso de la “guerra” del presidente Felipe Calderón en contra del narcotráfico, formaría parte también de la campaña de desprestigio en contra de México que desde hace un año incrementó Estados Unidos por conducto de varios funcionarios gubernamentales para preparar el terreno, con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas, de una intervención militar en el país, al sustentar que el descontrol del crimen organizado y el incremento de la violencia ponen en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos.
Pero sea esa o no la intención de Human Rights Watch de desacreditar a las instituciones militares, policiales y políticas mexicanas, lo cierto es que dicho informe no tiene desperdicio y mucho de lo que ahí se expone ha sido ya publicado por la prensa nacional, además de que millones de compatriotas piensan lo mismo, sólo que Calderón y su gobierno, como siempre sucede, sólo hacen caso hasta que la crítica y la denuncia vienen del exterior.
Uno de los objetivos principales de las críticas que provienen de Estados Unidos, son las Fuerzas Armadas mexicanas, principalmente el Ejército, con el propósito desgastar su imagen y cuestionar su actuación controlada desde la Presidencia de la República. Los mexicanos podemos criticar y reprochar a militares y marinos las muertes de civiles inocentes en esta “guerra” absurda de Calderón, pero en el caso de un intento de intervención militar estadunidense, son esas mismas fuerzas armadas y nacionalistas las que tendrán que hacerle frente a cualquier invasión de Estados Unidos.
El informe de esta organización precisa que todo lo que ha hecho Calderón y su gabinete de papel para combatir al crimen organizado y al narcotráfico, es un verdadero fracaso, pues lejos de exterminarlo o disminuirlo, va en aumento y ha generado la peor violencia de la que los mexicanos tengamos memoria.
“En vez de reducir la violencia, la ?guerra’ contra el narco ha provocado un incremento dramático en la cantidad de asesinatos, torturas y otros terribles abusos por parte de las fuerzas de seguridad, que sólo contribuyen a agravar el clima de descontrol y temor que predomina en muchas partes del país”.
De inmediato, a Calderón se le ocurrió responder que la principal amenaza para los derechos humanos son los criminales que asesinan, secuestran y extorsionan. Una vez más, el presidente eleva a rango institucional al crimen organizado, y cree que los criminales deben realizar sus actividades delictivas defendiendo los derechos humanos. ¿Qué tal si alguien le explica a Calderón que es el Estado, por conducto del gobierno, el responsable de garantizar esos derechos universales?
El gobierno y el presidente sintieron tan dura la crítica de Human Rights Watch, que también el secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván, salió a declarar –pocas veces lo hace desde que Calderón lo hizo responsable de esta “guerra”–, y dijo que el Ejército enfrenta 5 mil 678 denuncias, de las cuales 2 mil 306 corresponden a cateos, 1 mil 844 a detenciones ilegales y 393 por ejercicio indebido del servicio público. Además, precisó ante senadores, sólo en este año la Defensa ha recibido 1 mil 187 denuncias contra militares, hay 167 indiciados, 89 procesados, nueve sentenciados y 11 prófugos.
De acuerdo con un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en la actual administración 276 militares resultaron muertos; 122 por agresiones con armas de fuego; 29 fueron ejecutados; 45 en accidentes aéreos; 52 en accidentes automovilísticos; 11 ahogados; uno deshidratado; cinco atropellados; cinco por accidentes con armas de fuego; tres por descargas eléctricas; dos por golpe de calor; y uno en accidente en sus instalaciones.
También efectivos militares pertenecientes al Ejército enfrentaron 1 mil 840 agresiones en lo que va del gobierno de Calderón. En esos hechos violentos, el Ejército dio muerte a 2 mil 137 agresores, 331 resultaron heridos y fueron detenidos 2 mil 78 personas.
En esos 1 mil 840 enfrentamientos entre militares y delincuentes, hubo 169 víctimas civiles ajenas a los hechos. En los cinco años del actual gobierno, 47 personas civiles resultaron muertas y 122 heridas. El año más violento para personas civiles –que nada tenían que ver con el crimen organizado–, fue 2010, cuando hubo 19 muertos y 61 heridos, mientras que en 2011, 12 personas fallecieron y 40 resultaron heridas. La relación año por año, de acuerdo con este informe de la Sedena, revela que ha sido creciente el incremento de muertos y heridos civiles ajenos a los hechos criminales.
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