IMSS: ¿seguirá Calderón la «ruta» SME «mejorada»?- Apuntes postsoviéticos- La nueva primavera magisterial

Repudio a Pactos Gordillistas

La nueva primavera magisterial

Luis Hernández Navarro

   Aunque es aún invierno, los maestros democráticos viven una nueva primavera. Ayer, 3 de febrero, decenas de miles de ellos tomaron festivamente las calles de la ciudad de México y realizaron un paro de labores para exigir la derogación definitiva de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) y sus instrumentos: evaluación universal, prueba Enlace y carrera magisterial.

Se trata de una nueva primavera porque la actual jornada de lucha impulsada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) parece ser el inicio de una movilización nacional de largo aliento por la democratización del sindicato magisterial y en defensa de la educación pública, como no se ha visto en el país desde 1989.
La nueva etapa de lucha retoma la resistencia de años anteriores, profundizándola. En 2007 protestaron contra las reformas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) que privatizó parcialmente la seguridad pública. Un año más tarde, estalló el descontento en Morelos y varios estados del país en contra de la ACE.
La manifestación de ayer recuerda las jornadas de lucha de febrero-julio de 1989, cuando los maestros democráticos acabaron con el cacicazgo de Carlos Jonguitud Barrios. La protesta de este viernes tuvo el mismo tono fresco, imaginativo, alegre, aguerrido de las protestas de hace 23 años. Una generación de profesores jóvenes, con pocos años de servicio, que ven amenazado su futuro profesional, ha tomado el relevo de la lucha sindical.
Desde un día antes se trasladaron a la ciudad de México unos 35 mil trabajadores de la educación de Oaxaca, la mitad de quienes trabajan en la entidad. Cerca de 8 mil lo hicieron en una caravana motorizada, en la que también participaron mentores de Chiapas, Puebla, Tlaxcala y Guerrero. Durante el recorrido difundieron y explicaron en las poblaciones a su paso las razones de su malestar.
Entre el magisterio de la capital del país, el descontento se extiende. En esta ocasión muchos más maestros suspendieron actividades de los que lo hicieron el pasado 18 de enero: pararon cerca de 80 por ciento de las escuelas primarias del Distrito Federal y más de 100 secundarias. La presencia de los mentores michoacanos fue muy numerosa: entre 10 y 12 mil. De Guerrero llegaron 5 mil profesores.
El tono general de la protesta fue de un gran encono hacia Elba Esther Gordillo, las autoridades educativas, Felipe Calderón y los organismos privados empeñados en denostar a la educación pública y al magisterio. Una y otra vez la multitud exigió no sólo la expulsión de Gordillo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sino su encarcelamiento.
La creciente rabia de los maestros democráticos proviene de su convicción de que la obligación de someterse a evaluaciones de certificación implica la renuncia a derechos laborales adquiridos en materia de estabilidad, permanencia, preferencia y escalafón. Sostienen que es el camino para justificar su despido.

No es una sospecha infundada. Alonso Lujambio, titular de la SEP, advirtió el 19 de octubre de 2010: un maestro de primaria o secundaria pública que de manera reiterada obtenga bajos niveles de desempeño, al medir el aprendizaje de sus alumnos y después de someterse a exámenes de actualización, será sancionado hasta con el despido.

El Acuerdo para la Evaluación Universal fue signado el 31 de mayo de 2011 entre Elba Esther Gordillo y Alonso Lujambio. Retoma una serie de recomendaciones que la OCDE hizo a México en materia educativa. En una de ellas se sugiere que los profesores de enseñanza básica que tengan bajo desempeño de manera permanente sean excluidos del sistema educativo.

El acuerdo señala que los docentes se han evaluado voluntariamente por medio de la Carrera Magisterial y que no se cuenta con un esquema universal que permita obtener diagnósticos de sus competencias profesionales y de su desempeño. Por ello –establece– se evaluará a la totalidad de los docentes frente a grupo, de manera obligatoria. El mecanismo para evaluarlos es un examen estandarizado diseñado por empresas que se dedican al negocio de la evaluación educativa.

Los maestros democráticos afirman que no se oponen a la evaluación, pero que ésta debe ser formativa, integral y no punitiva. Objetan la medición del trabajo docente por medio de una prueba estandarizada que ignora las distintas realidades socioeconómicas del país y la experiencia de los maestros. Señalan, además, que la evaluación tiene que hacerse extensiva a Alonso Lujambio, Elba Esther Gordillo y Felipe Calderón.

Evidencia de la rebelión en curso es la negativa de los mentores a presentarse al examen que la SEP quiere hacerles el 23 y 24 de junio próximos. Miles de ellos decidieron que no asistirán en sus días libres a hacer una prueba. ¿Cómo le harán las autoridades educativas para forzarlos? Por lo pronto, casi 90 por ciento en el Distrito federal no llenaron las células de evaluación enviadas por la burocracia educativa. Simultáneamente, están buscando acordar con los padres de familia que sus alumnos no presenten la prueba Enlace.

La protesta magisterial se extiende en un momento muy delicado para Elba Esther Gordillo. Una espada de Damocles pende sobre su cabeza. El 16 de marzo se termina la toma de nota que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) le dio para estar al frente del SNTE, por lo que, a partir de esa fecha, su representatividad quedará en el aire y su comité en la ilegalidad. Para seguir en el cargo, tendrá que negociar con el gobierno federal en plena temporada electoral.

Una vez más, los maestros democráticos muestran su voluntad de renovar la enseñanza por medio de la movilización por sus derechos básicos, y de defender la educación pública a través de la lucha sindical. Su primavera en pleno invierno anuncia una temporada política con nuevas incertidumbres.

IMSS: ¿seguirá Calderón la ruta SME mejorada?

Gustavo Leal F.*

    Si de mejorar servicios se trata, ya la primera generación de reformas tecnocráticas resultó un esférico fracaso. ¿Qué deparará una segunda?

El eslabón inicial de la cadena: la descentralización soberonista de los años 80 –el cambio estructural–, seguido del que consumaron Juan Ramón de la Fuente y José Narro Robles –el programa de reforma sectorial– durante los 90 zedillistas, culminaron ambos hundiendo los servicios en una ruta de caos y descontrol que, hasta ahora, no sólo no ha sido reconocida: tampoco ha sido corregida.
Hace poco, Juan Ramón de la Fuente consideró que por un lado, se tiene una descentralización y por el otro una centralización en el principal financiamiento del sistema de salud, lo que lleva a contradicciones que en los hechos tienen repercusiones.
Y Narro agregó: supuestamente, existen servicios descentralizados. Pero la verdad es que la descentralización es parcial y hay una tendencia a pensar en re-centralizar algunos servicios.
Sobre estos yerros, de por sí ya mayúsculos, se montó el tercer eslabón: la reforma financiera del Seguro Popular de Julio Frenk y Eduardo González Pier. El petulante Sistema de Protección Social en Salud tampoco logró mejorar la prestación del servicio médico, aunque sí duplicó las onerosas estructuras burocrático-administrativas que atienden a la población abierta. Hoy por hoy su federalismo sanitario, dictado a conveniencia de la Secretaría de Hacienda, naufraga en la más absoluta de las descoordinaciones. El estado del sector salud en el Guerrero de los perredistas Zeferino Torreblanca y Ángel Aguirre es un caso prototípico y emblemático.
Cuadro al que sólo hay que agregar la continuidad de Felipe Calderón empeñado en el mito de la cobertura universal y su Seguro Médico para una Nueva Generación que, cuatro años después de su electorero implante, apenas empezó a contemplar incorporar –en sólo tres estados y a manera de programa piloto– la prueba del tamiz neonatal.
Dígase lo mismo del igualmente fallido último eslabón de esa contrahecha cadena: la reforma Zedillo al IMSS de 1995 y, aún más grave, la de Calderón –y el PRI de Gamboa y Beltrones– al Issste de 2007. En términos estrictos, sucede justo lo contrario de lo que se presumió como su objetivo: son reformas más caras que las leyes que abrogaron y los servicios no sólo están peor, están mucho peor. Sólo han complicado el asunto público.
Para decirlo en el curioso lenguaje de José Luis Carazo, representante de los trabajadores (CTM) en el Consejo Técnico del IMSS: la infraestructura, a pesar de su crecimiento, no lo hace en proporción a las necesidades de una población derechohabiente cada vez más demandante y creciente. En una encuesta de satisfacción –realizada por Transparencia Mexicana, de Federico Reyes Heroles– se sostuvo que 23 por ciento de los usuarios consultados expresó motivos de descontento con la atención recibida. El 23 por ciento representa a miles de derechohabientes que diariamente enfrentan largas esperas para una cita, en especialidades o para una operación; que observan las áreas de urgencias cada vez más saturadas y, en ocasiones, viven situaciones caóticas al no poder darse respuesta al número de pacientes que reclaman un servicio oportuno; la lucha por un lugar en una guardería o la oportuna atención al tramitar su pensión.

¿Qué sigue? Para seguir mejorando servicios, el ocaso calderonista sólo atisba publicitar una segunda generación de reformas, ya anticipadas por Peña Nieto, Beltrones y su asesor Santiago Levy, que acanallándose sobre un sector que –sin acabar de atinarle– ya padece ¡30 años! de reformas.

Para mejorar servicios, el secretario saliente, José Angel Córdova, estimaba que había llegado el momento de enterrar el IMSS y el Issste dilatando simultáneamente el mercado privado. ¿Cómo? Unificando los esquemas de financiamiento de IMSS, Issste y Ssa como parte de la integración funcional del sector.

Córdova quería consolidar la separación del seguro médico de otros seguros como los de retiro y el de maternidad de IMSS e Issste para que se manejen en presupuestos independientes: uno para la atención médica, cuyo financiador sea el Estado y que el usuario se pueda atender en una unidad pública o privada, y otro para pensiones.

Por el mismo camino pretende avanzar su sucesor, Salomón Chertorivski (el más fiel de los tecnócratas calderonistas), para quien lo que necesitamos es generar un financiador único de la salud, con un paquete único, financiado con impuestos generales y proveedores múltiples. Esto hoy sí es posible. Exactamente lo mismo recita el responsable del Seguro Popular, David García Junco.

Todo ello, ¡por supuesto!, para mejorar servicios vía una segunda generación de reformas que dilate el mercado privado de atención médica y entierre definitivamente al IMSS y al Issste. No sorprende que esa nueva ola de reformas, tan tecnocráticas como la primera, sea incapaz de contemplar un sistema único, como los que hoy funcionan venturosamente en el mundo. Su propósito no es integrar, sino separar: canalizar la cuantiosa bolsa pública hacia consorcios de establecimientos privados en competencia.

¿Será que para su éxito Calderón, Karam y Eduardo González Pier intentarán pasar nuevamente por encima de los trabajadores del Seguro Social –con la complicidad del diputado panista Valdemar Gutiérrez Fragoso, impugnado secretario general del SNTSS– liquidando de un plumazo a ¡319 mil trabajadores! tal y como buscaron hacerlo, hasta ahora sin fortuna, con la extinción de LFC y los 44 mil del SME?

*Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco

Apuntes postsoviéticos

Rehenes de las negociaciones

Juan Pablo Duc

    Los inmigrantes procedentes de las repúblicas de la antigua Unión Soviética que vienen a trabajar a Rusia no son los únicos que sufren represalias cuando el Kremlin se enfrenta con los gobiernos de sus lugares de origen. También los habitantes de origen ruso en todo el espacio postsoviético padecen la misma injusticia.

Unos y otros –la gente de a pie, al margen de sus raíces étnicas: millones de personas– son una suerte de rehenes en las negociaciones de los dirigentes de Rusia y de sus vecinos de lo que aquí se denomina el exterior cercano.
Adquirió mucha difusión, en fecha reciente, la detención masiva de trabajadores indocumentados de Tayikistán en Moscú y la amenaza de deportarlos, como presión para liberar a un piloto ruso arrestado por los tayikos por un supuesto contrabando de armas.
Después de semanas de recriminaciones recíprocas, Dusambé soltó al piloto ruso, Moscú no deportó a ningún tayiko y, lo que se supone fue el detonante de la confrontación, también revisó la sentencia a un pariente del presidente tayiko condenado en Rusia por tráfico de heroína.
Los moldavos acaban de ser rehenes durante las conversaciones de su gobierno con el de Azerbaiyán y se quedaron con las ganas de recibir combustible barato desde el Cáucaso.
Azerbaiyán rompió pláticas con Moldavia, cuando trascendió que ésta había vendido armamento a Armenia, enfrentada con aquel por el conflicto territorial de Nagorno-Karabaj.

En medio de la disputa que mantienen Rusia y Turkmenistán por las rutas de exportación del gas natural desde el Caspio (mar de agua salobre que se extiende entre Europa y Asia y su superficie es de 371 mil kilómeros cuadrados), los cerca de 120 mil rusos que residen en el país centroasiático –y por ahora disfrutan de la doble nacionalidad– pueden quedarse en el limbo a partir del año próximo.
El gobierno turkmeno, que se desligó del convenio de doble nacionalidad con Rusia, fijó ese plazo en forma de ultimatum para que todos los que tienen pasaporte ruso renuncien a él o se regresen a Rusia, donde nadie –por cierto– los está esperando con los brazos abiertos.
En Asjabad, la capital de Turkmenistán, sucede ahora lo que, desde hace algún tiempo, afecta al millón de rusos que viven en Taskent, la capital de Uzbekistán: se les presiona para que se vayan, no tienen recursos y, para colmo, sus propiedades valen 30 por ciento menos que una vivienda similar de un habitante autóctono.
Los gobernantes postsoviéticos solamente buscan cómo imponer su voluntad, sin importar la tragedia de su propia gente que, después del colapso de la Unión Soviética, se encontraron fuera de las fronteras nacionales.