Los de Abajo
Resistencia de los pueblos indios
Gloria Muñoz Ramírez
En estos días la resistencia de los pueblos indios y la lucha por su
autonomía tiene diversas e importantes expresiones a lo largo y ancho del país,
ya sea por la defensa de sus territorios, por su recuperación, por el
reconocimiento de sus autoridades tradicionales o por el nacimiento de nuevos
medios de comunicación.
Este fin de semana tomará posesión el nuevo consejo mayor de la comunidad
purépecha de Cherán, elegido por usos y costumbres el 22 de enero. El 5 de
febrero las autoridades entrarán en funciones, en un hecho inédito en la
historia de Michoacán. La organización comunitaria obligó al organismo electoral
del estado a validar un proceso que fortalece la autonomía de este pueblo
asolado por el crimen organizado.
En Oaxaca, por otro lado, los triquis alcanzaron un acuerdo para que una
comisión de 10 expulsados por la violencia en San Juan Copala puedan ingresar
este sábado a su comunidad, con
garantíasy la intermediación y acompañamiento del padre Alejandro Solalinde, director del albergue para migrantes centroamericanos Hermanos en el Camino. Desde Yozoyuxi, apenas a siete kilómetros de Copala, Marcos Albino informó que este es el primer paso para el regreso de los 300 desplazados de esta comunidad.
En otra región del país, por primera vez confluirán en Wirikuta, en el
municipio Real de Catorce, en San Luis Potosí, los habitantes de todos los
centros ceremoniales de las diferentes comunidades que integran el pueblo
wixárika, luego de una histórica y tradicional peregrinación de autoridades
civiles, tradicionales y agrarias de las comunidades huicholas que integran al
Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta. El motivo es exigir
respeto a su centro ceremonial y la cancelación inmediata de todas las
concesiones mineras otorgadas en Wirikuta. Un acto
espejose realizará este lunes 6 de febrero a las 12 horas en el Zócalo capitalino.
También en el terreno de la organización de la autonomía y la defensa de su
territorio, la comunidad coca de Mezcala, Jalisco, anunció la reaparición del
periódico El Ingobernable, un instrumento de lucha de una población que
se ha negado a entregar sus tierras:
Como jóvenes, niños y ancianos cansados de tanta opresión, nos rebelamos, empuñamos la mano y nos armamos con la palabra para transformar el pensamiento y cultivarlo, señalan en su editorial.
Al mismo tiempo, los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa,
Guerrero, quienes en diciembre pasado impulsaron una marcha que fue reprimida,
resultando dos estudiantes asesinados por la fuerza pública, sacaron al aire una
nueva emisora de radio comunitaria denominada Voces Nuestras.
Cordero de peluche-Fisgón
Pemex: deuda sin sentido
El mal manejo que ha padecido Petróleos Mexicanos (Pemex) durante
las recientes administraciones federales se refleja en la configuración de una
circunstancia sumamente contradictoria: a pesar de que la paraestatal se ha
consolidado en años recientes como una de las empresas más rentables del mundo
en el ramo de los hidrocarburos –con un costo de producción de 5.22 dólares por
barril de crudo, y un precio de venta que actualmente supera los 100 dólares por
barril–, también es una de las más endeudadas. La actual dirigencia, por su
parte, ha hecho un aporte fundamental a esta situación: mientras que a
principios de 2006 la deuda de Pemex era de 46 mil 100 millones de dólares, al
finalizar 2012 ésta se habrá incrementado a 59 mil 900 millones, lo que implica
un crecimiento de 30 por ciento.
No escapará al entendimiento ecuánime que incluso las empresas petroleras más
exitosas se ven, en determinadas circunstancias, en la necesidad de contratar
deuda para capitalizarse, para financiar proyectos de infraestructura, de
investigación y desarrollo tecnológico, para incrementar sus capacidades de
producción o su personal, o incluso para restructurar débitos con mejores
condiciones de pago. Sin embargo, en el caso de Pemex el referido crecimiento de
la deuda en nada ha ayudado a evitar el visible deterioro que la paraestatal
acusa en los terrenos financiero, tecnológico y operativo, ni ha impedido que
las autoridades nacionales entreguen a empresas particulares, a contrapelo del
mandato constitucional, algunas de las tareas fundamentales de la compañía –como
la exploración y explotación de ciertos yacimientos– con el argumento de que no
se cuenta con los recursos y capacidad necesarios para su desarrollo.
Por añadidura, el citado endeudamiento se ha dado a pesar de que, en el
periodo de referencia, las cotizaciones internacionales de crudo han sido
sustancialmente altas, situación que debió haber redituado a Pemex ganancias
suficientes para llevar a cabo sus actividades sin necesidad de endeudarse
tanto. Pero incluso sin considerar los ingresos extraordinarios de la
paraestatal por concepto de excedentes petroleros –que en el sexenio
calderonista han sido dilapidados en forma tanto o más opaca que durante el
foxismo–, el país ha dispuesto en todo este tiempo de recursos suficientes para
poder apalancar el desarrollo de la industria petrolera nacional, como queda de
manifiesto con el nivel histórico de reservas internacionales del Banco de
México, que sólo son utilizadas para satisfacer la voracidad de
especuladores.
No hay, pues, mucho margen de maniobra para explicar, y mucho menos para
justificar, el endeudamiento a que se ha sometido Pemex en la reciente
administración. En el mejor de los escenarios, el alza de los créditos
contratados se explicaría como una medida sin otro sentido que compensar las
deficiencias de la administración pública –la de la paraestatal y la general–,
su opacidad proverbial, sus cargas de burocratismo, corrupción y frivolidad. En
el peor, esa política de endeudamiento no puede sino ser vista como un
componente más del designio gubernamental por llevar a la compañía a la
insolvencia financiera y desvirtuar, de esa manera, el régimen jurídico de Pemex
y su condición de empresa nacional.
En todo caso, la situación paradójica de que una de las empresas más
rentables del mundo sea también una de las más endeudadas tendría que ser una
razón suficiente para emprender, con urgencia, una moralización a fondo de las
oficinas públicas, una política de austeridad que, por hoy, sólo existe como
buen propósito, y una reforma administrativa que ponga punto final a los cotos
de poder personal, a la ineficiencia y a la extrema discrecionalidad con la que
operan los altos funcionarios públicos, entre ellos los que manejan Pemex. De
otra forma, el grupo en el poder se expone a reactivar la intensa movilización
política y social que detuvo, hace cuatro años, el intento abiertamente
privatizador de la paraestatal, y a sumar un factor adicional de encono y
conflicto en un contexto sobrado de ellos.
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