El Ifai le ordena dar a conocer reportes de 2006 a 2011
Pide búsqueda exhaustiva de datos en todas las unidades castrenses
Respalda el instituto la solicitud de revisión que realizó un particular
En el Ejército, según informes públicos, 174 militares han sido procesados
Semar debe realizar una búsqueda exhaustiva de la información solicitada por un particular
Ordena el Ifai revelar el número de marinos procesados por vínculos con la delincuencia
En cuanto a los militares, 174 han sido detenidos por poseer o permitir el tráfico de drogas
El Ifai, de Jacqueline Peschard, revocó una respuesta de la Secretaría de Marina, a cargo de Francisco SainezFoto Carlos Ramos y Carlos Cisneros
Ciro Pérez
Periódico La Jornada
Lunes 13 de febrero de 2012, p. 12
Lunes 13 de febrero de 2012, p. 12
El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) ordenó a la Secretaría de Marina (Semar) buscar y dar a conocer el número de los funcionarios de esa dependencia, de cualquier jerarquía, cesados y/o procesados por presuntos vínculos con el crimen organizado o bandas delictivas, de 2006 a 2011.
En un comunicado, el instituto destaca que la respuesta de la Semar fue que a partir de otra solicitud de información atendida, los datos ya son públicos y están disponibles en el sistema Infomex.
Sin embargo, el particular que pidió tal información presentó un recurso de revisión ante el Ifai, argumentando que los datos referidos por la Semar corresponden únicamente a militares con mando y no a
todos los funcionarios, como él lo requirió.
Del análisis de la normatividad aplicable, se concluyó que la Semar cuenta con diversas unidades administrativas competentes para conocer de la información solicitada, como la oficina del Oficial Mayor, la Unidad Jurídica y la Dirección de Recursos Humanos.
Por tanto, el pleno del Ifai determinó revocar la respuesta de la Semar e instruirle a hacer una búsqueda exhaustiva de la información en todas sus unidades administrativas competentes, la cual deberá entregar al particular.
Por lo que toca al Ejército Mexicano y de acuerdo con información pública, en esta administración al menos 174 militares han sido procesados y destituidos por posesión de drogas, como mariguana y cocaína, y por permitir, tolerar o participar en el tráfico de estupefacientes.
Según datos públicos, entre los cesados hay 12 comandantes de bases de operaciones, 11 comandantes de pelotón y ocho comandantes de escuadrón, además de un general. Informes de la Secretaría de la Defensa Nacional señalan que, en 2006, 15 militares fueron procesados, tres en 2007, uno en 2008 y 33 en 2010, mientras que el año pasado se reportó el mayor número de soldados vinculados con actividades ilícitas, al alcanzar la cifra de 50.
La semana pasada se informó que a un general y 29 soldados bajo su mando acuartelados en Chihuahua se les sigue un proceso por cargos de narcotráfico, homicidio y tortura, entre otros, a quienes se les acusó desde agosto de 2009. Otros casos se reportaron en Tijuana, Baja California, donde al menos ocho militares fueron detenidos al momento de transportar una tonelada de cocaína. Fueron detenidos en un retén militar.
Infiltración criminal y transparencia
El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) ordenó ayer a la Secretaría de Marina (Semar) que busque y divulgue el número de empleados públicos adscritos a esa dependencia que hayan sido cesados o procesados por presuntos vínculos con el crimen organizado o bandas delictivas. De esa manera el Ifai revocó la respuesta inicial dada por la Semar a un particular que pidió esa información: los datos requeridos, había contestado la dependencia, ya son públicos y se encuentran en el Sistema Infomex. El peticionario presentó un recurso de revisión, señalando que esa base de datos sólo registra información sobre militares con mando, no de todo el personal.
El tema es de gran interés público porque atañe a la infiltración de la delincuencia organizada en la institución a la que con mayor frecuencia y confianza ha recurrido el Ejecutivo federal para combatirlaEn distintas escalas, tal infiltración existe en el conjunto de las corporaciones de la fuerza pública y hay razones para sospechar de su gravedad, pero hasta ahora la sociedad no cuenta con información suficiente que le permita hacerse una idea clara de sus dimensiones.
Desde hace años el gobierno federal ha venido refiriéndose a la descomposición de las corporaciones policiales estatales y municipales para explicar el fracaso de su estrategia de seguridad pública y combate a la criminalidad, y ha sido acusado de usar tal información con propósitos de golpeteo político contra administraciones priístas y perredistas.
En cambio, hasta ahora, el Ejecutivo federal ha guardado silencio sobre la corrupción que impera en sus propias dependencias y sobre la manera en que ese fenómeno ha incidido en el rumbo que tomó la guerra contra la delincuencia declarada por la administración calderonista desde sus inicios.
Más aún, el tamaño de la infiltración de la criminalidad en las corporaciones federales de la fuerza pública, tanto civiles como militares, tuvo que ser, salvo que se hubiese actuado con una irresponsabilidad mayúscula, un dato crucial en la determinación del actual gobierno de emprender esa guerra, y si hubiese sido correctamente ponderado habría podido marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de la estrategia aún en curso.
Ciertamente, el dato solicitado por medio del Ifai a la Semar es sólo un fragmento de la información con la que el poder público debe contar acerca de los vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado, y ni siquiera basta por sí mismo para entender el grado de integridad y fiabilidad del personal de la dependencia mencionada: la cantidad de delitos no necesariamente guarda proporción con las veces en que se recurre a los mecanismos de justicia para investigarlos y, en su caso, sancionarlos.
Por ello es pertinente y positivo que la sociedad busque información adicional sobre la infiltración de la delincuencia en las instituciones públicas de los tres niveles de gobierno y procure hacerse una idea clara de las dimensiones de este desafío. Cabe esperar que en los meses que le restan la administración calderonista se abstenga de obstruir ejercicios de transparencia como el aquí comentado, y colabore en el esclarecimiento del fenómeno.
Utilización-Hernández
Astillero
Narcoguerra electoral
Picando la cresta
Manejo selectivo
Preocupantes listas
Julio Hernández López
DECORADO INFANTIL. Los ganadores de la cuarta edición del concurso infantil Diseña y Pinta el Tren Suburbano le pusieron un toque de color a este convoy, que fue presentado ayer a la prensa y circulará diariamenteFoto Notimex
El panismo-felipismo está calentando la plaza electoral. Tal como se venía mencionando con insistencia desde meses atrás, el tema del narcotráfico ha sido convertido por Los Pinos en el punto central de una campaña que pretende satanizar al partido y al candidato presidencial punteros (todavía) en las preferencias comiciales mediante la asignación maniquea de responsabilidad criminal en el complejo, manipulable y multifactorial tema de la delincuencia organizada.
Es natural que se centre el tema de la narcopolítica en el partido de tres colores, entre otras cosas porque muchas de las entidades donde se ha cometido la mayor parte de delitos relacionados con tal negocio (80 por ciento, según acaba de precisar Gustavo Madero, el presidente formal del PAN) están gobernadas por priístas y porque en las respectivas sociedades locales está plenamente arraigada la convic- ción de que esos mandatarios han cedido parte importante de su poder a alguno o algunos de los diversos cárteles en pugna. Otro dato importante es que varios de los gobernadores bajo fundada sospecha de estar relacionados o abiertamente alineados con el narcotráfico forman parte del núcleo operativo y financista de la ya larga marcha del peñanietismo.
Y no es menor el hecho de que ciudadanos angustiados por el horror y la barbarie actuales hayan picado con pragmatismo desesperado el anzuelo electoral del PRI y su candidatura presidencial justamente porque hay la percepción generalizada de que esos priístas con poder conocen los entresijos del narcotráfico y tienen posibilidades de negociación y control o
normalizaciónde esas actividades.
No hay, sin embargo, monopolio priísta en esas materias. Varios de los gobernadores panistas y perredistas han estado continuamente bajo acusaciones similares, aunque el fuego federal no los ha afectado de la misma manera. Una visión global de los escenarios de guerra relacionados con el narcotráfico muestra una intensa actividad desestabilizadora en los territorios dominados por el PRI, y en uno de los perredistas, Michoacán, de expreso interés familiar del calderonismo, como si los conflictos se hubieran concentrado de manera especial en zonas donde la agudización del conflicto pudiera tener consecuencias políticas y electorales. Mención aparte merece el papel del propio gobierno federal, acusado con insistencia de poner el aparato de persecución del narcotráfico al servicio de un grupo en particular.
Pero, a pesar de todo, por encima de todo, está en curso una campaña inequívoca de Los Pinos, la dirigencia formal del PAN y la candidata presidencial para etiquetar a diversos personajes priístas como partícipes del narcotráfico. Si el propósito fuera genuinamente justiciero, y de índole general y no selectiva, merecería apoyo sin restricciones y con seguridad una gran gama de ilícitos sería descubierta y eventualmente castigada. Pero difícilmente se puede creer en buenas intenciones cuando lo que se está viendo es una estrategia electoral para favorecer al partido federalmente en el poder.
A pesar de los fracasos ruidosos que tuvo en el intento de procesar a Carlos Hank Rhon, y como si no hubiera vivido la vergonzosa derrota por unanimidad en el asunto conocido como el michoacanazo, Calderón está empujando la daga contra el priísmo peñanietista (ciertamente oscuro, merecedor de indagaciones a fondo y sanciones penales diversas) y ha llegado al extremo de decir que quien no combata al crimen no debería gobernar, como si solamente hubiera una manera de hacerlo, la que él sangrientamente ha desarrollado. Hay una estrategia de polarización que corresponde con lo hecho seis años atrás por el mismo publicista del envenenamiento público, Antonio Solá, quien ahora maneja a Josefina Vázquez Mota.
Del lado priísta ayer mismo se conocieron amagos de respuesta enérgica. Eruviel Ávila, a quien Peña Nieto dejó como sucesor en el estado de México, demandó en un multitudinario acto de acarreo organizado para el esposo de la Gaviota que no les
piquen la cresta, pues el priísmo de esa entidad responderá toda difamación y ataque recibido, como si ese partido estuviera decidido a organizar batallones de camisas rojas, totalmente alejadas de aquel anticlericalismo de Tomás Garrido Canabal, pero sí dispuestas ahora a castigar a los felipistas desatados.
Por su parte, el candidato de las izquierdas (al que el PAN-gobierno relega en términos declarativos, con la esperanza de fijar la contienda solamente entre Peña Nieto y Vázquez Mota) ha insistido en la importancia de las políticas sociales para impedir que se creen las condiciones que luego estallan a través de la delincuencia organizada. Respecto a Tomás Yarrington, el ex gobernador de Tamaulipas acusado en Estados Unidos de actos de narcotráfico por uno de esos famosos y desconfiables testigos protegidos, López Obrador ha demandado que no se manoseen esos procesos y que, si hay pruebas contra ese ex mandatario, se les dé el curso procesal adecuado.
Astillas
Si se revisaran las listas de candidatos que están presentando los diversos partidos para integrar órganos legislativos, pareciera que nunca hubiera existido una crisis general del sistema político mexicano. Personajes impresentables están siendo habilitados en los partidos nacionales para que garanticen a los mexicanos tres o seis años, según el tipo de cargo que se busque, de continuidad del esquema largamente impugnado. Deberían preguntarse los secuestradores del ánimo cívico mexicano si el estado de salud del sistema aguantará a ciertos personajes como senadores durante un sexenio… En la política tradicional, cuando se ofrecen respaldos públicos es porque se ha carecido de ellos. Por lo pronto, la cúpula panista (no toda) ha expresado su apoyo a Isabel Miranda de Wallace, candidata a gobernar la capital del país… A su vez, la priísta Beatriz Paredes ha arrancado su campaña por el DF en compañía de su original destapador, Enrique Peña Nieto, quien sigue moviéndose solamente conforme al libreto que previamente le han elaborado… ¡Hasta mañana, en esta columna triste!
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