Empleados de Iusacell impidieron el ingreso de los notificadores de la Comisión Federal de Competencia en las instalaciones de la empresa, ubicada en Montes Urales, Lomas de Chapultepec. Los funcionarios incluso hallaron que la numeración de la calle fue alterada y que se había quitado el logotipo del consorcio. Integrantes de la Policía Federal intervinieron para hacer efectiva la entrega del documento en el que se rechaza la solicitud de alianza con Televisa. Sólo uno de los representantes legales de la telefónica recibió la notificación
Foto Marco Peláez
El fallo de la CFC fue por tres votos en contra y dos a favor
Acusan a la comisión de
no promover la competencia en el mercado
La resolución se basa en suposiciones y presunciones hipotéticas
La firma de Azcárraga dice que ya está en uso inversión de mil 600 mdd
Impugnan Iusacell y Televisa rechazo de CFC a su alianza
Las empresas sostienen que el organismo regulador impide la competencia
Empleados de la telefónica obstaculizan la notificación del fallo de la comisión
Con la intervención de la Policía Federal, funcionarios entran a la sede de Iusacell para entregar el fallo de la CFCFoto Marco Peláez
Miriam Posada García
Periódico La Jornada
Jueves 2 de febrero de 2012, p. 2
Jueves 2 de febrero de 2012, p. 2
La Comisión Federal de Competencia (CFC) negó a Televisa y Iusacell la autorización para que la primera adquiera 50 por ciento de las acciones de la empresa de telefonía en mil 600 millones de dólares.
Ambas firmas señalaron que solicitarán a la comisión que reconsidere esa decisión, y criticaron que con esta medida sea el propio órgano regulador el que no promueva la competencia en el mercado de telefonía móvil. Detallaron que Iusacell ya está invirtiendo parte del dinero que aportó Televisa.
Ayer por la mañana notificadores de la CFC se presentaron en las instalaciones de Iusacell ubicadas en Montes Urales 460, pero se encontraron con que la numeración había sido alterada y cambiada por el número 409 y había sido quitado el logotipo de Iusacell.
Luego de un enfrentamiento con personal de la empresa, los notificadores tuvieron que ser apoyados por elementos de la Policía Federal (PF), y de esa manera lograron hacer la notificación sólo a uno de los representantes legales de Iusacell, de tal forma que este jueves intentarán cumplir con otras notificaciones para que el proceso se concluya en tiempo, forma y apego a la ley.
En pronunciamientos por separado, las empresas fijaron su postura sobre la decisión de la CFC, que fue de tres votos en contra y dos a favor.
Iusacell señaló que la negativa del regulador no fomenta la competencia en el mercado mexicano de telefonía, en sentido contrario a su mandato, que consiste en alentarla en un marco de legalidad y certidumbre jurídica.
Por eso la resolución es cuestionable, dado que está basada en suposiciones y presunciones hipotéticas, e ignora los efectos nocivos de la alta concentración que hay en el mercado de las telecomunicaciones y los altos costos que por ello pagan los consumidores mexicanos, dijo la empresa, con base en argumentos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El director de cumplimiento regulatorio de Grupo Iusacell, Eduardo Ruiz Vega, explicó que el expediente es muy amplio y complejo, por lo que aún no se pueden detallar los argumentos de los comisionados, pero adelantó que habrían tomado la decisión considerando todos los negocios que tienen Televisa y Grupo Salinas, y no se concentraron sólo en el de telefonía móvil, que es en el que opera Iusacell.
Sin embargo, enfatizó, la operación se reduce al mercado de telefonía móvil, en el cual Iusacell tiene una participación de 4 por ciento, y el trato con Televisa consiste en la compra de deuda para la capitalización de la telefónica.
Iusacell adelantó que entre los argumentos para solicitar la reconsideración podrían usar los mismos empleados por los comisionados en la página 18 del expediente, que dice:
al existir competidores que cuentan con una presencia significativa mayor, el fortalecimiento de Iusacell tendría efectos favorables sobre la competencia.
Ruiz Vega enfatizó que no se puede olvidar que en México siete de cada 10 teléfonos celulares son de Telcel, y ocho de cada 10 líneas fijas y accesos a banda ancha son de Teléfonos de México, pertenecientes ambas al mismo grupo.
Destacó que Iusacell seguirá operando y que la posición de deuda se mantiene.
Televisa afirmó que la resolución de la CFC
debilita la competencia en un sector clave para el desarrollo de México, en el cual la propia CFC ha declarado a una empresa como participante dominante en este sector.
Señaló que los propios comisionados que votaron por la negativa de la operación aportaron elementos favorables, al señalar que “la participación de Televisa como accionista de Iusacell podría lograr una mayor eficiencia en el funcionamiento del mercado de telefonía móvil, lo que incidiría favorablemente en el proceso de competencia en ese mercado.
Los comisionados también indicaron que los posibles efectos contrarios a dicho proceso en otros mercados pudieron haber sido prevenidos mediante condiciones específicas impuestas por la CFC.
Televisa puntualizó que ya completó la inversión de mil 600 millones de dólares en Iusacell, de los cuales 37.5 millones se invirtieron en capital, y más de mil 560 millones en deuda convertible.
Se trata de deuda que tiene una tasa de 2 por ciento y fecha de conversión en diciembre de 2015 o antes, y destacó que Iusacell ya empezó a invertir el dinero recibido para fondear su plan de negocios, ampliar su infraestructura e incrementar la base de clientes.
Al igual que Iusacell, Televisa criticó que la CFC no haya autorizado la operación, a pesar de que –entre los países desarrollados– México tiene los precios más altos en servicios de telecomunicaciones, y de que instancias como la OCDE atribuyen esa situación a la falta de competencia en telecomunicaciones por la dominancia de una sola compañía, lo que lleva al país a perder 2.2 por ciento del producto interno bruto (PIB).
La notificación
Ayer al filo del mediodía notificadores de la CFC se presentaron en las instalaciones de Iusacell para entregar el documento con la decisión del pleno, pero se encontraron con que el número donde se ubica el inmueble había sido cambiado, y desaparecido el logotipo de Iusacell.
Personal de la empresa impidió la entrada de los notificadores, con el argumento de que tenían que hacer fila para registrarse en la recepción, a lo que los funcionarios se negaron porque un día antes habían entregado el aviso de que se llevaría a cabo la diligencia y por tratarse de un procedimiento oficial no tenían que registrarse.
Se afirmó que se trataba de una estrategia de la empresa para que se rebasara la hora del procedimiento, y no recibir la notificación.
Por fin entró uno de los funcionarios, pero le negaron el paso a dos testigos del mismo equipo, necesarios para hacer la diligencia. Momentos después dos notificadores intentaron entrar, pero fueron detenidos por personal de Iusacell, por lo que tuvieron que intervenir elementos de la PF, quienes señalaron que no podían entorpecer la actuación de los representantes de la CFC.
El señalamiento no fue acatado de inmediato por el personal, y se produjo un enfrentamiento entre personal de Iusacell y la comisión.
Finalmente entraron los dos funcionarios, y después de una hora 43 minutos salieron del inmueble. La notificación se hizo sólo a uno de los representes legales de Iusacell, por lo que este jueves el personal de la CFC regresará para intentar terminar con el procedimiento legal.
El equipo de la CFC solicitó el apoyo de la PF porque el martes pasado, cuando intentaron entregar los citatorios para este jueves, les impidieron la entrada al edificio de Iusacell con el argumento de que es propiedad privada, y a pesar de que iban acompañados de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, también se produjo un enfrentamiento con personal de la empresa.
El chiste más viejo-Fisgón
Prepotencia y desprecio por la legalidad
El inicio de las diligencias de la Comisión Federal de Competencia (CFC) para notificar su resolución sobre la fusión de Televisa y Iusacell, adoptada la semana pasada por el pleno de ese organismo, se vio obstaculizado ayer por presuntos guardias de seguridad de la telefónica que impidieron, a golpes y forcejeos, la entrada de los funcionarios de la CFC a las instalaciones de la compañía. Por añadidura, según fuentes del organismo regulador, la empresa propiedad del grupo que encabeza Ricardo Salinas Pliego llegó al extremo de cambiar el número exterior de sus instalaciones –de 460 a 409– y de retirar el logotipo de su fachada a fin de no recibir la notificación del organismo regulador.
Horas más tarde, por medio de un comunicado, Iusacell informó que la CFC había rechazado la adquisición de 50 por ciento de sus acciones por parte de Televisa; calificó tal decisión de cuestionabley dijo que
no fomenta la competencia en el mercado de la telefonía en México.
Con todo lo cuestionable que pueda parecerle la resolución de la CFC, no hay justificación alguna para que la empresa de Grupo Salinas haya entorpecido, como lo hizo, la realización de un trámite administrativo a cuyo cumplimiento estaba tan obligada como la propia entidad reguladora. El uso de golpeadores y la alteración de la numeración y la fachada de las oficinas de Iusacell recuerdan lo ocurrido en el sexenio anterior, cuando guardias armados al servicio de Tv Azteca tomaron por asalto el transmisor de Canal 40 en el Cerro del Chiquihuite para apoderarse de la señal correspondiente. Entonces, como ahora, Grupo Salinas recurrió a medidas de fuerza ajenas al marco legal para defender sus intereses corporativos. La maniobra perpetrada ayer, de cambiar el número del establecimiento y retirar el logotipo corporativo, significó un insólito tránsito a la clandestinidad, así fuera por unas horas, de una empresa legalmente constituida.
Se confirmó, además, la proclividad del consorcio mencionado a operar como poder fáctico, tendencia que muestra un sector prominente del empresariado y se exhibió la falta de capacidad o de voluntad de las autoridades para meter en cintura a esos actores.
Mal termina lo que mal empieza. Si la autoridad reguladora de la actividad económica nacional hubiera dado a conocer desde un principio el sentido de su resolución sobre la alianza entre Televisa y Iusacell –como lo demandaba el elemental sentido de la transparencia y el derecho a la información de los mexicanos– en vez de reservarse esa información por una semana, tal vez habría podido evitarse el bochornoso episodio de ayer en las oficinas de la telefónica. Sin embargo, el desempeño errático y opaco de las autoridades no sólo abrió un margen para la suspicacia en torno a posibles presiones de las empresas involucradas en la operación, sino también, a lo que puede verse, terminó por envalentonar a una de ellas en su empeño por eludir y entorpecer la acción de la autoridad.
Semejante confrontación de los intereses mediático-empresariales con las instituciones del Estado sólo puede tener un desenlace deseable: la acotación del referido poder fáctico acumulado por los propietarios de grandes conglomerados empresariales, el establecimiento de regulaciones estrictas que les impidan abusar del músculo económico para defender sus intereses y, por lo que hace al sector de las telecomunicaciones, la adopción de mecanismos de fomento para la democratización del espectro y el otorgamiento de frecuencias radiales y televisivas a empresas medianas y pequeñas, entidades gubernamentales, universidades, organizaciones sociales, cooperativas y entidades públicas de interés social. Si la autoridad no actúa en esos sentidos, estará enviando a la opinión pública una señal inequívoca de debilidad, ineficiencia e irresponsabilidad, y se alentarán las pretensiones de impunidad de importantes sectores empresariales para los que la legalidad es un mero formulismo.
OCDE
mantiene en su integridadla crítica sobre telecomunicaciones
Reitera que por falta de competencia, México pierde 25 mil millones de dólares al año
Slim respondió que las ventas de Telmex y Telcel son de 17 mil millones
Sostiene la organización que se trata de quebrantos sufridos por clientes y consumidores potenciales
Agentes federales custodian a notificadores de la Comisión Federal de Competencia tras la entrega del documento a IusacellFoto Marco Pélaez
Miriam Posada García
Periódico La Jornada
Jueves 2 de febrero de 2012, p. 3
Jueves 2 de febrero de 2012, p. 3
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dio respuesta a las críticas hechas a su estudio sobre telecomunicaciones en México por el empresario Carlos Slim.
Señaló que el documento fue elaborado con la información disponible entre 2009 y 2011. Sostuvo que la falta de competencia en el sector ha costado al país 129 mil millones de dólares entre 2005 y 2009, equivalentes a 25 mil 800 millones por año o 1.8 por ciento del producto interno bruto (PIB).
Aseveró que
este exorbitante costo es una llamada de atención a los reguladores y autoridades de competencia sobre la importancia fundamental de contar con regulaciones y políticas que aseguren la competencia abierta y justa, vigilada en su cumplimiento por un regulador fuerte, y que garantice la provisión de un servicio de calidad a precios bajos.
Afirmó que Telmex y América Móvil tuvieron oportunidad de expresar sus puntos de vista sobre el estudio y que un ejecutivo de la segunda empresa estuvo presente en la revisión del documento.
Luego de conocer los resultados y las recomendaciones del estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México, Carlos Slim defendió la participación de sus empresas en el mercado mexicano.
Dijo que no son monopolio, que en el país existe competencia y que ha ganado mercado debido a las fuertes inversiones que ha realizado durante años.
Señaló que las cifras de la OCDE son irreales, basadas en información atrasada y estimadas con modelos que no están claros, y que es imposible que el daño a los mexicanos sea de 25 mil millones de dólares al año si las ventas de Telmex y Telcel en conjunto ascienden a 17 mil millones.
Cuestionó su validez por tratarse de un documento elaborado por encargo del propio gobierno mexicano y que tuvo un costo de un millón 200 mil pesos.
Sin mencionar al empresario de forma directa, pero en alusión
a los comentarios que han aparecido en medios en las últimas 24 horas(el pronunciamiento de Slim tuvo lugar el martes pasado), la OCDE afirmó que
mantiene en su integridad las posiciones expresadas en el reporte.
Añadió que las estimaciones ofrecidas en su estudio representan el costo de oportunidad por falta de competencia en México,
no las utilidades o ventas de ninguna empresa en particular, y sostuvo que esos 129 mil millones de dólares se sustentan en un análisis de la pérdida económica que los mexicanos han sufrido como resultado de pagar precios más caros de los que pagarían en un entorno competitivo.
Puntualizó que también considera la pérdida sufrida por consumidores potenciales que no pueden adquirir los productos y servicios por los altos precios que es necesario pagar para contratarlos.
La OCDE señaló que México es el decimonoveno país que solicita la elaboración de ese documento, el cual fue revisado junto con otras naciones integrantes y con los agentes económicos involucrados.
De esa manera, se
sustenta la transparencia, integridad e imparcialidad de nuestras evaluaciones y comentarios.
Destacó que además del estudio sobre telecomunicaciones, México ha solicitado otros sobre compras públicas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, además de mejora regulatoria, competencia, educación y protección civil.
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