Atenquenses advierten que con Peña Nieto el país corre peligro
Con Peña Nieto habría mayor represión para los movimientos sociales: Atenquenses
Al rememorar el sexto año de la represión contra habitantes de San Salvador Atenco, organizaciones sociales, así como mujeres abusadas sexualmente por policías, advirtieron sobre los riesgos para el país en caso de que el priista Enrique Peña Nieto gane las elecciones presidenciales de julio próximo.
En la presentación del libro Atenco, 6 años de impunidad, 6 años de resistencia, compilado por el Centro Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), una de las 47 mujeres ultrajadas entre el 3 y 4 de mayo de 2006, Edith Rosales, consideró que un eventual triunfo del exgobernador mexiquense abriría la puerta a “un periodo de mayor represión para los movimientos sociales”.
Rosales coincidió con Italia Méndez, otra de las mujeres agredidas hace seis años, en que “es vital recordar los nombres” de personajes como Peña Nieto, así como Vicente Fox, en cuyas administraciones ocurrieron los hechos represivos por los que 207 personas fueron detenidas en San Salvador Atenco.
En rueda de prensa, las activistas destacaron que pese a que Peña Nieto y Fox tuvieron responsabilidad política en la represión, ambos contaron con la protección del presidente Felipe Calderón, en cuyo gobierno no hubo justicia para las mujeres agredidas.
El libro recoge los testimonios de Edith e Italia, dos de las 11 mujeres que llevaron su queja hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Las mujeres también alertaron sobre la “mano dura” del priista Peña Nieto, aunque reconocieron que la respuesta que dio a los movimientos sociales en el Estado de México forma parte de una “política global de criminalizar la protesta social”.
Después de enumerar los intentos fallidos de encontrar justicia en México, la abogada Jacqueline Sáenz Andujo subrayó que, en el litigio ante la CIDH, “el Estado mexicano tiene una estrategia de dilación”.
Al parecer, abundó, “lo que se pretende es que la resolución de fondo de la Comisión Interamericana no se cruce con el proceso electoral”.
Y recordó que la impunidad alrededor de las torturas sexuales inflingidas en 2006 a las mujeres de Atenco forma parte del incumplimiento de los compromisos del exgobernador mexiquense.
“Antes de que Peña Nieto dejara su gobierno, el procurador Alfredo Castillo se comprometió a resolver el caso de las mujeres de Atenco pero, hasta ahora, los dos únicos policías estatales procesados por actos libidinosos y abuso de autoridad, ya fueron absueltos”, aclaró Sáenz Andujo.
Cabe recordar, puntualizó, “que el hecho de que el 2 de noviembre del año pasado la CIDH haya dado entrada al caso, implica un reconocimiento de que el Estado mexicano cometió graves violaciones a los derechos humanos en Atenco, y que las víctimas no han encontrado ni justicia ni verdad”.
Alberto Herrera, director en México de Amnistía Internacional (AI), organización que lanzó una campaña de apoyo a las mujeres de Atenco, puntualizó que “sin soslayar” la responsabilidad de Peña Nieto en los abusos cometidos en los actos de represión, “lo cierto es que en México la falta de acceso a la justicia es una falla estructural, que forma parte del sistema de procuración y administración de justicia”.
Sin embargo, acotó, “si bien los gobernantes se van y entran otros, quienes permanecen en las procuradurías son los que prolongan estos procesos dejando a las víctimas sin acceso a la justicia”.
El representante de Amnistía sostuvo que en el proceso electoral que concluirá el próximo 1 de julio “debe recordarse que hay deudas pendientes en materia de derechos humanos que no fueron saldadas en estos seis años, convirtiendo este periodo en un sexenio perdido”.
La gestión de Calderón, acusó, “puso a la impunidad como su máximo símbolo, y no se trata de fallas técnicas o de pericia de ministerios públicos, sino de una práctica sistémica”.
Herrera resaltó que hasta ahora los funcionarios responsables de las agresiones “siguen libres, sin rendir cuentas, mientras una vez más las víctimas tienen que recurrir al sistema interamericano de derechos humanos en busca de justicia”.
Durante estos seis años, denunció, “no bastaron cinco condenas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para corregir el rumbo”.
El director del Centro Prodh, José Rosario Marroquín, añadió que la “impunidad está enquistada en la política de Estado en México”, pero que la lucha de las mujeres e integrantes del movimiento de Atenco ha ido transformando esa realidad.
Recordó que la reciente aprobación del protocolo de uso de la fuerza por parte de las corporaciones de seguridad pública y militar, “fue una recomendación que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando analizó las violaciones cometidas en Atenco”.
Marroquín remarcó el papel jugado por las mujeres que mantienen su demanda contra el Estado mexicano, pues ellas “se han convertido en un ejemplo de resistencia en estos últimos seis años”.
Por último, la coautora Rosalva Aída Hernández, académica del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), sugirió a los abogados del Prodh “colectivizar” el litigio que se sigue en el sistema interamericano por el caso de Atenco, “porque si sólo se litiga por ganar un caso, sin trascender en los movimientos sociales, no hay una total reparación del tejido social”.
Atenco, 6 años de impunidad, 6 años de resistencia es prologado por Jody Williams, Premio Nobel de la Paz en 1997; el texto también contó con colaboración de Javier Hernández Valencia, representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH); de Clemencia Correa, Académica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (IACM); Martha Figueroa Mier, defensora de derechos de las mujeres indígenas en Chiapas, y Valentina Rosendo Cantú, indígena guerrerense abusada por militares en 2002.
La derecha observa con temor que la sociedad quiere un cambio verdadero
No es la primera vez que hechos así se escenifican en México, pero ahora con una diferencia fundamental: son parte de una política de Estado cuyo propósito central es justificar la mano dura como una supuesta defensa
Como es previsible, la derecha hará todo lo que sea necesario para evitar su salida de Los Pinos. Esto es muy grave, porque se pondría al país en la antesala de una guerra civil de consecuencias inenarrables, donde el Estado de derecho quedaría absolutamente nulificado. Diversos hechos ocurridos los últimos días dan cuenta de la posibilidad de tal riesgo. No se trata de actos aislados, sino premeditados con el fin de provocar una inquietud plenamente justificada entre la ciudadanía. Sus más conspicuos elementos, de la oligarquía, observan con temor que la sociedad quiere un cambio real que favorezca avances democráticos, de ahí que estén dispuestos a llevar a cabo todo tipo de tropelías para evitarlo.
No tienen otra explicación situaciones como las que hemos estado viviendo, que impactan de manera negativa a la opinión pública y la hacen dudar del futuro del país. Se pretende crear condiciones de zozobra tal que “justifiquen” la implantación de un estado de emergencia nacional que inhiba el interés de la ciudadanía por cambios verdaderos, ante la imposibilidad real de llevarlos a cabo. Se nos quiere hacer creer que “se necesita la mano dura del gobierno para meter al orden a los ‘violentos’ que quieren trastocar las instituciones, no hacerlo es otorgarles impunidad para que nos sigan haciendo daño”.
Saben que pueden actuar de forma tan insensata porque la mayoría de la población no tiene capacidad para reflexionar sobre las causas y efectos de los problemas que nos aquejan. Se erigen como defensores de las instituciones cuando en realidad son los principales interesados en socavarlas, porque no sirven a sus fines de dominación y control político. Así han procedido en el pasado y así lo seguirán haciendo mientras puedan hacerlo, sin importar los costos de su proceder de corte fascista. Lo fundamental para sus fines es evitar a toda costa que la sociedad avance, se quite las cadenas que impiden su libre movilización y comience a darse cuenta de la realidad sin los prejuicios que la ciegan y mediatizan.
No es otro el objetivo de mantener a la población en el filo de la zozobra, a fin de que suponga que no hay más remedio que la mano dura del gobierno, porque de otro modo las cosas serían mucho peor. Lo importante es que no tenga idea de lo que significa la democracia real, evitar que comience a politizarse y a cuestionarse sobre las causas verdaderas de la violencia extrema que nos agobia desde hace seis años. Y que mejor que afianzar esa zozobra ahora, previamente a las elecciones más cruciales de la historia del país, con el propósito más que obvio de inhibir el voto y favorecer que haya un gran abstencionismo que facilite el manipuleo electrónico del proceso por parte del gobierno federal.
Y qué puede ser más dramático, por el impacto mediático, que los asesinatos de cinco periodistas, como los cometidos en días recientes en Veracruz, entre ellos la reportera Regina Martínez, corresponsal de una importante revista de circulación nacional. Qué puede ser más indignante que la destrucción de imágenes y bienes de una catedral, la de Culiacán, como sucedió la noche del miércoles de manera por demás absurda, por no tener una explicación concreta. No puede haber provocación más burda. Buscan que la ciudadanía se desentienda de su interés por participar en el proceso de cambios, pues en este momento “somos víctimas del crimen organizado”, que no se para ante nada con tal de saciar sus criminales intereses. Tal es el fondo de la estrategia de un Estado que no sirve al pueblo sino a intereses minoritarios, mismos que quieren prevalecer por tiempo indefinido por sobre los de las mayorías.
Es claro que la respuesta de ciudadanos ingenuos y desinformados no sea otra que indignarse ante hechos tan oprobiosos, y desde luego creer la versión gubernamental de que los “violentos” son los culpables de todo lo que nos está ocurriendo. No debe ser mera casualidad que la aparición del crimen organizado se haya dado en estos últimos años. Desde luego no lo es, sino la consecuencia de la descomposición de un Estado carcomido por tanta corrupción y una impunidad que no tiene parangón en América Latina, según estudios de Amnistía Internacional.
No es la primera vez que hechos así se escenifican en México, pero ahora con una diferencia fundamental: son parte de una política de Estado cuyo propósito central es justificar la mano dura como una supuesta defensa en contra de supuestos enemigos cuya fuerza se ha magnificado. Ni que decir tiene que seguir por este camino nos llevará a una guerra civil de alcances insospechados, porque no es posible pretender mantener un poder total sin otro propósito que favorecer un estado de cosas muy desfavorable a las clases mayoritarias. Esto sólo tiene una definición: fascismo; pero también un solo remedio: la legítima defensa de sus derechos por parte del pueblo. En julio esa defensa podría ser mediante el voto. Después, de no permitir que lo lleve a cabo, sería por otros medios, muy dañinos para todos.
No tienen otra explicación situaciones como las que hemos estado viviendo, que impactan de manera negativa a la opinión pública y la hacen dudar del futuro del país. Se pretende crear condiciones de zozobra tal que “justifiquen” la implantación de un estado de emergencia nacional que inhiba el interés de la ciudadanía por cambios verdaderos, ante la imposibilidad real de llevarlos a cabo. Se nos quiere hacer creer que “se necesita la mano dura del gobierno para meter al orden a los ‘violentos’ que quieren trastocar las instituciones, no hacerlo es otorgarles impunidad para que nos sigan haciendo daño”.
Saben que pueden actuar de forma tan insensata porque la mayoría de la población no tiene capacidad para reflexionar sobre las causas y efectos de los problemas que nos aquejan. Se erigen como defensores de las instituciones cuando en realidad son los principales interesados en socavarlas, porque no sirven a sus fines de dominación y control político. Así han procedido en el pasado y así lo seguirán haciendo mientras puedan hacerlo, sin importar los costos de su proceder de corte fascista. Lo fundamental para sus fines es evitar a toda costa que la sociedad avance, se quite las cadenas que impiden su libre movilización y comience a darse cuenta de la realidad sin los prejuicios que la ciegan y mediatizan.
No es otro el objetivo de mantener a la población en el filo de la zozobra, a fin de que suponga que no hay más remedio que la mano dura del gobierno, porque de otro modo las cosas serían mucho peor. Lo importante es que no tenga idea de lo que significa la democracia real, evitar que comience a politizarse y a cuestionarse sobre las causas verdaderas de la violencia extrema que nos agobia desde hace seis años. Y que mejor que afianzar esa zozobra ahora, previamente a las elecciones más cruciales de la historia del país, con el propósito más que obvio de inhibir el voto y favorecer que haya un gran abstencionismo que facilite el manipuleo electrónico del proceso por parte del gobierno federal.
Y qué puede ser más dramático, por el impacto mediático, que los asesinatos de cinco periodistas, como los cometidos en días recientes en Veracruz, entre ellos la reportera Regina Martínez, corresponsal de una importante revista de circulación nacional. Qué puede ser más indignante que la destrucción de imágenes y bienes de una catedral, la de Culiacán, como sucedió la noche del miércoles de manera por demás absurda, por no tener una explicación concreta. No puede haber provocación más burda. Buscan que la ciudadanía se desentienda de su interés por participar en el proceso de cambios, pues en este momento “somos víctimas del crimen organizado”, que no se para ante nada con tal de saciar sus criminales intereses. Tal es el fondo de la estrategia de un Estado que no sirve al pueblo sino a intereses minoritarios, mismos que quieren prevalecer por tiempo indefinido por sobre los de las mayorías.
Es claro que la respuesta de ciudadanos ingenuos y desinformados no sea otra que indignarse ante hechos tan oprobiosos, y desde luego creer la versión gubernamental de que los “violentos” son los culpables de todo lo que nos está ocurriendo. No debe ser mera casualidad que la aparición del crimen organizado se haya dado en estos últimos años. Desde luego no lo es, sino la consecuencia de la descomposición de un Estado carcomido por tanta corrupción y una impunidad que no tiene parangón en América Latina, según estudios de Amnistía Internacional.
No es la primera vez que hechos así se escenifican en México, pero ahora con una diferencia fundamental: son parte de una política de Estado cuyo propósito central es justificar la mano dura como una supuesta defensa en contra de supuestos enemigos cuya fuerza se ha magnificado. Ni que decir tiene que seguir por este camino nos llevará a una guerra civil de alcances insospechados, porque no es posible pretender mantener un poder total sin otro propósito que favorecer un estado de cosas muy desfavorable a las clases mayoritarias. Esto sólo tiene una definición: fascismo; pero también un solo remedio: la legítima defensa de sus derechos por parte del pueblo. En julio esa defensa podría ser mediante el voto. Después, de no permitir que lo lleve a cabo, sería por otros medios, muy dañinos para todos.
Salinas Pliego, cree haber ya convertido al mexicano en un imbécil total
El provocativo cinismo inicial de Ricardo Salinas que por sus pistolas decide no transmitir el Debate y sustituirlo por un partido de foot ball de quinta debería costarle la concesión.
El provocativo cinismo inicial de Ricardo Salinas que por sus pistolas decide no transmitir el Debate y sustituirlo por un partido de foot ball de quinta debería costarle la concesión. Es un desprecio al Ciudadano Mexicano al que cree haber ya convertido en un imbécil total. No sólo desprecio a los partidos políticos, al Ife , al gobierno del demente Calderón que hoy se considera héroe a sí mismo y que entregó el Poder político a cambio de los espejitos llamados spots. Es una afrenta a la inteligencia del país mismo, a sus televidentes , pero además al candidato de la Big Sister Televisa , Enrique Peña Nieto, que se supondría también suyo. La postura retadora a la inteligencia de los mexicanos de Ricardo Salinas lo está dañando gravemente. La presión lo hizo ofrecer el canal 40, vaya. En cuanto a Televisa , su concurso de baile en el canal 2 y el debate en el 5 es un mensaje menos evidente de desprecio a los votantes. ¿ Podría significar desconfianza en la capacidad de Peña Nieto de desempeñarse bien en el debate? Lo han estado exhibiendo desde años atrás a todas horas y en los horarios más estelares ¿Por qué no en esta ocasión trascendental ?
¿Estamos solos los ciudadanos concientes en nuestra lucha contra la Telecracia ,de nuevo comprobada? Tenemos cuando menos dos grandes poderes: El poder del votante sobre todo en estos momentos. Y el poder del consumidor. Es urgente votar con la mayor responsabilidad y comprensión de la realidad. Y después , siempre, aplicar el boicot total como consumidores a los productos de la Telecracia, que hoy van royendo más y más sectores de la economía. Monopolizando más y más. No están uds para saberlo, pero yo sí para contarlo. Sepan , lectores, que voy a proponerle a los que hacen los records Guiness que me tomen en cuenta: Soy una mexicana que se escapó totalmente de Televisa y de TV Azteca. Hace ya 4 años decidí simplemente no sintonizar sus canales, ninguno. Mi motivación más simple fue : Me aburren , no me interesan. Y en cuanto a noticieros, el saber que colegas que conozco de toda la vida y he apreciado y querido se la han pasado en estos años sobornados, mintiendo, simplemente me da dolor de estómago. Hoy sí, como avestruz, prefiero ni oírlos ni verlos …degradarse. No los necesito gracias al Internet.
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