Enterrado vivo...

Gloria Leticia Díaz

El 1 de mayo de 2011 un grupo de policías de Cuernavaca inventó cargos de delincuencia organizada a dos jóvenes y los entregó a soldados del 21 Batallón de Infantería. Dos meses después el cuerpo de uno de ellos fue descubierto en un paraje de Puebla con señales de tortura y muerte por enterramiento. Aunque el caso ya fue resuelto, sólo cuatro de los 20 policías y militares involucrados están sometidos a proceso.

JIUTEPEC, MOR.- Un moño negro empolvado sobre el marco de la puerta de la casa de la familia Sánchez Santana muestra el dolor que durante un año han padecido los padres y hermanas de Jethro Ramsés, un joven asesinado e inhumado clandestinamente por soldados del 21 Batallón de Infantería con sede en Cuernavaca.

En la misma construcción hay dos negocios. Uno es el de Jethro Ramsés, que era ingeniero mecánico y empresario; el otro es el taller de su padre, Héctor Sánchez López.

El inmueble está en remodelación y don Héctor, por ahora su único habitante, explica: “Mi mujer y mis hijas no soportan estar aquí sin llorar”. Por eso quiere construir en el lugar una preparatoria que incluya capacitación en mecánica-eléctrica y que lleve el nombre de su hijo.

El 1 de mayo de 2011, el joven ingeniero fue detenido ilegalmente. Las autoridades municipales lo entregaron a policías federales y éstos a los militares. Durante dos meses el joven ingeniero permaneció en calidad de desaparecido, hasta que su familia exigió la aplicación de pruebas de ADN para saber si un cadáver hallado en Atlixco, Puebla, era el del joven. La identidad se confirmó en agosto de ese año.

Junto con Jethro Ramsés fue arrestado Horacio Hernández Demesa, tras presenciar un pleito en una taquería de feria en Cuernavaca. Ninguno iba armado, pero policías municipales bajo el mando de Manrique González Acosta afirmaron que los jóvenes se ostentaron como miembros de la banda del narco conocido como Negro Radilla, presunto autor intelectual del asesinato de Juan Francisco Sicilia y seis personas más.

Aclarados los hechos, en julio de 2011 fueron detenidos el teniente José Guadalupe Orizaga y Guerra y el subteniente Edwin Raziel Aguilar Guerrero, integrantes de la Fuerza de Reacción del 21 Batallón de Infantería, y procesados por tortura y homicidio calificado.

El 13 de noviembre fue arrestado el coronel del batallón, José Guadalupe Arias Agredano, quien estaba prófugo desde el 20 de julio. Sobre él pesan cargos de encubrimiento de primera clase en los delitos de lesiones causando homicidio e inhumación clandestina, así como por deserción y abandono del servicio.

El mismo mes fue sometido a proceso por falsedad de declaraciones el policía municipal González Acosta, en libertad bajo caución.

De acuerdo con las declaraciones iniciales de los militares, después que los policías entregaron a Jethro y Horacio al 21 Batallón de Infantería, el primero fue “interrogado” en la herrería y murió, pese a los supuestos intentos de personal de sanidad por ayudarlo. Procesados en tribunales castrenses, los tres oficiales están en espera de que se determine si su juicio será bajo el fuero militar o el civil.

En tanto, el general Leopoldo Díaz Pérez, quien era responsable de la XXIV Zona Militar (a la que está adscrito el mencionado batallón), fue removido de su cargo en julio de 2011. Cabe recordar que el 16 de diciembre de 2009, cuando fuerzas de la Marina acribillaron a Arturo Beltrán Leyva en Cuernavaca, el general Díaz Pérez tenía una cita con el capo (Proceso 1729).

El caso derivó en una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, en la que se establece la responsabilidad de los policías municipales por la detención arbitraria y se pide la reparación del daño a la familia afectada y sanción a los funcionarios locales involucrados, lo que hasta ahora no ha cumplido el ayuntamiento.

También se presentó una queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que todavía no responde.

Tortura y ejecución

Asesorado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), don Héctor Sánchez busca justicia. Con no pocas dificultades ha obtenido documentos de las investigaciones que se abrieron en el ámbito castrense y en la Procuraduría General de la República (PGR).

Para la familia Sánchez Santana fue doloroso enterarse de que Jethro fue salvajemente torturado y enterrado vivo en un paraje de Atlixco, Puebla. Así se establece en la necropsia 574, realizada el 8 de mayo de 2011 por el doctor Abad Zamora, del Servicio Médico Legal del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad. El documento está integrado en la averiguación previa 726/11/1ª, pero cuando se realizó el procedimiento se ignoraba que los restos correspondían al joven morelense.

La necropsia, de la que Proceso tiene copia, asienta que el cuerpo fue descubierto en un paraje de la carretera a Tochimizolco conocido como La Ocotera: “Se encontraba en una fosa rústica con el tórax y la cabeza cubierta de tierra y dos grandes rocas encima del tórax y abdomen y el miembro inferior izquierdo descubierto. No portaba ninguna vestimenta, totalmente desnudo”.

En el cuerpo, de un metro 83 centímetros y de entre 110 y 120 kilogramos, no se encontraron lesiones en el cráneo, se apreciaron “laceraciones sobre la cara superior” del hígado, y en la tráquea se localizaron “cuerpos extraños en el interior compatibles con tierra y pequeñas rocas similares a las encontradas en el terreno del lugar de los hechos”.

El perito descubrió que “de la región del muslo y genitales se desprende un olor fuerte que irrita y arde en los ojos y garganta a la persona que está cerca del cuerpo. Este olor yo lo comparo con el que produce el ácido muriático con el que se lavan los baños”.

Entre otros usos, anota, el ácido muriático es “utilizado como agente oxidante en talleres de herrería y metalurgia”. En efecto, Jethro fue retenido en el taller de herrería del 21 Batallón de Infantería. Pero según el examen las causas de la muerte fueron “traumatismo cráneoencefálico” y “asfixia por enterramiento”.

Cuando Proceso mostró el documento a un perito forense especializado en el Protocolo de Estambul –parámetro internacional para establecer la aplicación de torturas–, él determinó que pese a las deficiencias de la necropsia se puede inferir que “se trata de un homicidio en el que participó más de una persona” y que, de confirmarse que los autores fueron servidores públicos, “estaríamos ante un caso, además de homicidio, de tortura y de ejecución arbitraria”.

El experto, quien pide reservar su nombre porque está adscrito a una institución pública, añade que si es ácido muriático “la sustancia encontrada, y de corresponder a las lesiones en genitales y muslo, se podría inferir que se sometió a sufrimientos muy graves al ahora difunto”.

Con base en los datos de la necropsia, el especialista concluye que “la víctima fue golpeada en múltiples ocasiones en la cabeza y en otras partes del cuerpo por más de una persona (recuérdese que pesaba de 110 a 120 kilogramos y medía 1.83 metros), lo que además del traumatismo craneoencefálico y otras contusiones en el cuerpo le produjeron pérdida del conocimiento y un importante dolor o sufrimiento físico”.

En una tentativa de reconstrucción del caso, el perito considera probable que, después de ser desnudada “aún con vida, la víctima fue depositada en la fosa rústica; le echaron tierra encima y le colocaron dos rocas grandes sobre tórax y abdomen”.

Una vez enterrada, prosigue, “la víctima de manera automática trata de continuar respirando con dificultad, pero al tener cubierta la nariz y la boca con tierra y piedras, aspira estas sustancias y se produce la asfixia por sofocación, por oclusión intrínseca de las vías respiratorias, se produce la anoxia cerebral y finalmente el paro cardiaco irreversible, con la consecuente pérdida de la vida de la persona”.

Justicia mocha

Cuando Jethro Ramsés desapareció, su madre, Silvia Santana, esperaba que lo tuvieran arraigado en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), de la PGR.

Don Héctor cuenta: “Alguien nos dijo que seguramente Jethro estaba en el centro de arraigos de la SIEDO. Cuando fuimos a preguntar, unas señoras que tenían familiares arraigados se acercaron y le dijeron a mi esposa que no se reporta a todos los detenidos, por lo que le recomendaron acudir al centro de arraigo y gritar el nombre de mi hijo para que él buscara la forma de comunicarse con nosotros. Durante una semana o poco más mi esposa gritaba desesperada a las ventanas, tenía tanta esperanza de recibir respuesta…”.

Como parte de su búsqueda, la familia colocó carteles en las calles de Cuernavaca con un número de teléfono celular. Ahí entró una llamada anónima, que grabaron. Una voz masculina les dio la mala noticia: “El muchacho fue detenido en la feria. Los municipales se lo llevaron, se lo pasaron a la estatal, la estatal se la pasó a la federal y la federal se la pasó a los guachos de la XXIV Zona Militar”.

En la grabación –de la que Proceso tiene copia–, un hombre aparentemente conmovido lamenta que el asunto “haya llegado al Ejército” y que el joven haya muerto a manos de los soldados.

El informante nunca se identificó. Afirmó que arriesgaba su vida revelando el destino de Jethro, del que supuestamente sí estaba enterado el gobierno federal; pero juró por su familia que no mentía y que los familiares de la víctima podían comprobarlo cuando fueran a la XXIV Zona Militar a reclamar el cuerpo.

Al principio la familia Sánchez Santana no se tomó muy en serio la llamada porque durante dos meses el general Leopoldo Díaz Pérez negó en el juicio de amparo interpuesto por ellos, y también ante el Congreso local, que Jethro hubiera sido detenido por sus subordinados.

En junio de 2011, una persona a quien Jethro había citado en la feria de Cuernavaca el 1 de mayo les mostró los mensajes de texto que se enviaron esa noche, mientras lo esperaba. El último que salió del aparato de radiocomunicación de Jethro, a las 18:48, decía textualmente: Me acana d detener la milotar.

Sus deudos no saben quién envió el mensaje. De acuerdo con las primeras investigaciones, una vez que Jethro y Horacio fueron detenidos por los policías municipales a las 18:00 horas, los despojaron de sus identificaciones y aparatos de comunicación, que fueron entregados 30 minutos después a los federales.

Aproximadamente 20 minutos después de que los federales recibieron en custodia a Jethro y a Horacio, llegaron tres camionetas militares con más de 20 soldados bajo el mando del teniente José Guadalupe Orizaga y Guerra. Según las declaraciones de los federales, todos los militares estaban encapuchados y camuflados, excepto Orizaga, vestido de civil, con pasamontañas y un arma corta en el bolsillo del pantalón de mezclilla azul claro. Los agentes federales entegaron a los detenidos y sus pertenencias sin ningún protocolo.

Con la grabación de la llamada anónima y la relación de mensajes del aparato de radiocomunicación de su hijo, don Héctor Sánchez acudió a la XXIV Zona Militar.

Como la familia Sánchez Santana se unió al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad para reclamar justicia, y con los indicios que aportó el padre de la víctima, la Procuraduría General de Justicia Militar se vio obligada a integrar la averiguación previa SC/180/2011/V.

También gracias a la presión del movimiento pacifista fundado por Javier Sicilia, don Héctor pudo acercarse con funcionarios de Províctima, quienes se ofrecieron como intermediarios con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para solicitar que se atendiera el caso.

“Me ofrecieron 150 mil pesos de parte de la Sedena, pero yo no acepté el dinero, porque es lo que menos necesito. Lo que quiero es justicia, que todos los que tuvieron que ver con la muerte de mi hijo paguen lo que tengan que pagar según lo que dice el derecho. No quiero venganza”, dice.

Pese a que en los hechos participaron ocho policías municipales de Cuernavaca, 10 policías federales y al menos 20 militares, sin contar al general Díaz Pérez, sólo cuatro personas están procesadas: el policía local Manrique González y los tres oficiales del Ejército.

Con la asesoría de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Sánchez López busca que en el fuero civil se abra una investigación en la que se esclarezcan las responsabilidades y las líneas de mando de cada uno de los servidores públicos involucrados en la detención arbitraria, la tortura y el asesinato de su hijo.

En cambio, Sánchez aprovechó la buena disposición de Províctima para pedir que lo ayudara a gestionar los permisos necesarios para abrir una escuela en memoria de su hijo.

Hace ya más de seis meses, don Héctor y su familia crearon con sus propios recursos la asociación civil “Educación y Capacitación Ingeniero Jethro Ramsés Sánchez Santana”, que regiría el centro educativo con preparatoria abierta y capacitación en mecánica-eléctrica.

“Todas las autoridades dicen que está muy bien el proyecto, pero en Províctima nos han dicho que por el momento no pueden hacer nada, por el proceso electoral. Nosotros les decimos que si no es posible contar con todos los permisos para el 1 de mayo, cuando se cumple un año de su muerte, por lo menos que lo arreglen para el cumpleaños de Jethro, el 19 de julio”, comenta el señor Héctor Sánchez.

Puntualiza que su familia tomó esta decisión para no encerrarse en su dolor, pero aún falta reivindicar la memoria de Jethro Ramsés:

“Mi hijo fue víctima de una cobardía, pero como somos gente de trabajo decidimos que, en lugar de llorar frente a un monumento de piedra, vamos a dar a la juventud las herramientas que tuvo mi hijo para ser exitoso. Pero seguiremos insistiendo en que la única forma de limpiar el nombre de Jethro es que se aplique la sanción penal a quien corresponda.”