Hostilidad del PAN contra La Jornada- Eppur si muove- Desaparecidos-

Eppur si muove

José Blanco

 

           Así como la globalización fue borrando las fronteras nacionales en espacios cada vez mayores del planeta y con ello los estados nacionales cedieron soberanía, la autonomía relativa del Estado, antaño indispensable para mantener los equilibrios y la cohesión social nacional, fue desdibujándose, y la sociedad política y la sociedad civil en algunos casos casi se confunden, y en otros es evidente la prevalencia de los intereses particulares –los más poderosos– sobre el interés general.

Hablo de sociedad civil, no en su uso común, prácticamente como sinónimo de sociedad en general, sino en términos de Gramsci, sociedad organizada: mercado, sector privado, empresarios, medios de comunicación, iglesias, sindicatos (en un Estado no corporativo), organizaciones no gubernamentales, sector educativo autónomo...

Estos cambios profundos en el Estado cobran formas distintas y tienen distinto alcance en el concierto mundial. La influencia de las fracciones más poderosos del capital (hoy por hoy, el capital-dinero, las instituciones privadas y las internacionales de la gran finanza), dominan, en algunos casos hasta la humillación, a algunos estados. Entre los casos más notorios está el nombramiento de un procónsul tecnocrático por el Fondo Monetario Internacional en Grecia, o por la troika (Banco Central Europeo, Comisión Europea y FMI), en el caso de Italia. Portugal es otro caso, aunque más embozado. Y ya van por España. La democracia que hasta ahora conocíamos en Occidente, se vuelve evanescente.

Existe también un capitalismo de Estado, que es hoy la segunda economía del mundo, China, donde mandan los más altos mandarines de la clase política; lo mismo ocurre con otros estados de Asia Sudoriental.

Los cambios en los estados de Occidente han sido no sólo aceptados por los gobernantes y los partidos políticos dominantes en múltiples países, sino su biblia es la globalización neoliberal.

La crisis iniciada a finales de 2007 comenzó a desnudar a los príncipes de allá y de acullá, puso a la luz del día esas nuevas imbricaciones del poder a nivel mundial y no tardó mucho en que consecuentemente el subsuelo social comenzó a moverse. Para desdicha de Francis Fukuyama, la historia no tiene fin, y los cambios siguen. Alemania y Francia dan marcha atrás en una institución del área UE de la globalización, con su salida unilateral del Tratado de Schengen. En algunos casos los capitales extranjeros de aquí y allá retornan buscando refugio en sus países de origen, mostrando que, cuando es necesario, el capital algo de patria tiene. Cuando la patria propia está en declive huyen masivamente a esperar mejores tiempos (España).

Nadie puede decir que el borrado de la frontera que divide a la sociedad política de la sociedad civil es una transformación para siempre. Veremos, acaso, que la sociedad civil del próximo futuro no quiere ver príncipes encuerados. Desde hace un rato, el pueblo, que ni a la sociedad civil tiene acceso, en diversos lugares ha empezado a hablar en voz alta.

Desaparecidos

Luis Hernández Navarro

 

       Ese viernes 19 de diciembre de 2008, Dan Jeremeel Fernández Morán debió recoger a su hija en casa de una compañera. Después quedó en pasar a buscar a Yolanda Morán, su mamá, a la estación de autobuses de la ciudad de Torreón. Nunca llegó por ellas. Desde entonces se desconoce su paradero.

Dan Jeremeel laboraba de ejecutivo de la aseguradora ING Afore en el estado de Coahuila. En esa entidad tenía su residencia. La última persona en verlo fue Monserrat Díaz, su compañera de trabajo. Ese mismo día, a las 4 de la tarde, ella fue a buscarlo a su casa para cobrarle un dinero.

La familia de Dan comenzó a vivir un penoso calvario. Lo buscó infructuosamente en hospitales y en la cárcel municipal. Yolanda Morán presentó una denuncia por desaparición en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila. No tuvo respuesta.

El 4 de febrero, la madre de Dan Jeremeel fue informada por la policía de que un secuestrador había sido detenido con el automóvil de su hijo. En la guantera del coche encontraron tarjetas de presentación de la aseguradora ING Afore. El detenido era el teniente de caballería Ubaldo Gómez Fuentes, adscrito al área de inteligencia de la 11 Región Militar en Torreón.

El teniente Gómez delató a cinco cómplices. Las autoridades capturaron a tres de ellos: dos hombres y una mujer que trabajaba de dentista. Dos militares más, el teniente de infantería Ricardo Albino Navarro y el también teniente Miguel Ángel Lara, quedaron prófugos.

Los cuatro detenidos fueron trasladados al Cereso de Torreón. Apenas una hora después de llegar, un comando armado entró al área varonil del penal, golpeó y mató a Ubaldo y a sus dos cómplices varones, roció con gasolina los cuerpos y les prendió fuego. De paso, los integrantes del comando liberaron a nueve reos acusados de delincuencia organizada y narcotráfico.

Meses después, el 25 de marzo de 2010, fue detenido en la ciudad de México el teniente Ricardo Albino Navarro y trasladado al Cereso de Torreón. El 23 de abril fue asesinado en la cárcel.

¿Dónde se encuentra Dan Jeremeel Fernández Morán? ¿Está vivo o muerto? Si fue asesinado, ¿dónde fueron depositados sus restos? ¿Por qué fue desaparecido? A pesar del evidente involucramiento de militares en activo en su desaparición, las autoridades han sido incapaces de ofrecer una respuesta a estas interrogantes. Más aún, la información que han proporcionado ha sido contradictoria.

Trágicamente, el caso de Dan Jeremeel dista de ser un hecho aislado. Según reconoció recientemente el gobierno de Coahuila, mil 700 personas han desaparecido de manera forzada en la entidad desde el año 2000, y el número de casos va en aumento.

La situación va a peor. De acuerdo con Blanca Martínez, quien ha dedicado años a investigar desapariciones forzadas en ese estado, la asociación con la que ella trabaja documentó, con datos proporcionados por familiares directos de las víctimas, 118 denuncias en 2011 y ahora tienen 230. Lo mismo sucedió –explica– en Guanajuato, donde se reportaron 28 desaparecidos en 2011 y ahora hay 160. En Chihuahua y Nuevo León el promedio de mil desapariciones se mantiene. Sólo en Nuevo León, en los últimos meses se informó sobre 56 desaparecidos mas.

Ciertamente, las cifras no son precisas, aunque son dramáticas. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre 2006 y 2011 se divulgó la existencia de 5 mil 400 casos de personas desaparecidas. Otros organismos hablan de 10 mil o de cantidades mucho mayores.

El hecho es tan grave que, en agosto de 2011, Javier Zúñiga, director de investigación del secretariado internacional de Amnistía Internacional, advirtió que México podría vivir una situación similar en materia de violación a los derechos humanos a lo que ocurrió en las dictaduras militares del cono sur en las décadas de los 70 y 80, sobre todo por la presunta responsabilidad del Ejército en las desapariciones forzadas.

México, informó el pasado mes de marzo Ariel Dulitzky, jefe del grupo de trabajo de la ONU sobre desaparición forzada e involuntaria, no tiene un protocolo para el registro y la búsqueda de personas desaparecidas, carece de procedimientos sistemáticos para identificar cadáveres y tiene un problema crónico de impunidad. Las autoridades –aseguró– han mostrado poca voluntad para reconocer el problema e investigarlo.

Un estudio realizado por el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios AC, en coordinación con la organización de familiares Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, concluyó que sólo en uno de los 118 casos analizados hay algunos elementos para suponer que el objetivo de la desaparición pudiera haber sido el secuestro, pero en todos los demás casos no hubo solicitud de rescate.

Para romper el muro de silencio que se levanta sobre los miles de Dan Jeremeel, para desafiar el silencio impuesto o autoimpuesto, las madres de los desaparecidos partirán este martes 8 de mayo de Chihuahua y Nuevo León hacia la ciudad de México. A su paso se sumarán familiares de las víctimas de Coahuila, Guanajuato y Querétaro.

Ellas han bautizado su caravana con el nombre de Marcha de la Dignidad Nacional: Madres buscando a sus hijos e hijas y buscando justicia. Demandan a la Procuraduría General de la República la búsqueda inmediata de sus seres queridos y garantías de seguridad a las familias de las víctimas. Buscan que todo el dolor que han vivido no sea inútil. Llegarán al Distrito Federal el 10 de mayo.

El país ha vivido mucho tiempo en silencio y es hora de hablar. Si, como han dicho las víctimas, hay daños que son irreparables, la dignidad es el punto de partida de todas las acciones de reparación. La marcha de la dignidad es un ejercicio de la memoria de la persistencia, de la memoria de la solidaridad; es una dramática advertencia de que el olvido no se debe instalar entre nosotros. Como escribió Roberto Bolaño: que la amnesia nunca nos bese en la boca, que nunca nos bese.

Hostilidad del PAN contra La Jornada

La noche del domingo pasado, tras el intercambio entre candidatos presidenciales que tuvo lugar en un auditorio del World Trade Center, la reportera de este diario Karina Avilés fue víctima de maltrato verbal por personal de Comunicación Social de la campaña de Josefina Vázquez Mota, a cargo de Irma Pía González Luna Corvera. Tras ese encuentro, la aspirante presidencial panista tuvo reuniones con simpatizantes suyos y con representantes de los medios. Entre una y otra, nuestra reportera fue invitada, junto con otros comunicadores, a trasladarse en el automóvil de una colaboradora de Pía González y en el trayecto, cuando supo que Karina Avilés trabaja en La Jornada, la injurió de esta forma: Vete con la gente de Peña Nieto, porque ellos sí tratan bien a los reporteros; si no, pregúntales por el maletín de 300 mil pesos que llevan en cada gira. Ante el insulto, la reportera hubo de bajarse del automóvil en un sitio solitario y en plena noche.

Lamentablemente, no se trata de un episodio aislado. En fecha reciente, este diario decidió retirar a la reportera Claudia Herrera Beltrán de la cobertura de la fuente presidencial debido a la hostilidad regular y los malos tratos verbales de que estaba siendo objeto por personal adscrito a la Presidencia.

No es procedente, pues, suponer que el atropello experimentado por Karina Avilés la noche del debate entre candidatos presidenciales haya sido un hecho aislado, producto de la iniciativa de una empleada. Los funcionarios de las dependencias gubernamentales y de los aparatos partidistas suelen conducirse con base en órdenes –o, cuando menos, lineamientos– superiores. Por lo demás, entre el hostigamiento experimentado por Claudia Herrera Beltrán en la fuente de Los Pinos y la agresión verbal sufrida antenoche por Karina Avilés hay un denominador común: la filiación política de quien detenta la presidencia de la República y de la aspirante oficialista a sucederlo en el cargo.

Tales comportamientos parten, por lo demás, de una preocupante falta de entendimiento de la función de los medios y de los informadores, y de los términos profesionales e institucionales que deben regir la relación entre ellos y los funcionarios y políticos a quienes dan seguimiento informativo.

Por otra parte, las agresiones referidas indican que hay un desconocimiento en quienes las cometen de que las áreas de prensa y de comunicación social de las dependencias oficiales, e incluso las de partidos y de campañas, operan con recursos públicos –es decir, con dinero de todos– y que es por demás impropio proceder, en esas instancias, con base en fobias ideológicas, animadversiones personales o criterios patrimonialistas que no sólo ofenden al oficio informativo sino también a las más básicas maneras republicanas.

Por lo demás, da la impresión de que en el equipo de Josefina Vázquez Mota imperan el nerviosismo, la descoordinación y el desorden, que los errores de la candidata se replican en sus colaboradores y que ello se traduce, en el área de Comunicación Social, en una operación descuidada y negligente que culmina en grosería hacia algunos informadores.

La Jornada se ha empeñado en llevar a cabo una cobertura equilibrada y veraz de las diversas instancias del poder público, con independencia del origen partidista de quienes las encabezan, y de las campañas electorales en curso de todas las formaciones políticas con registro, y ha encontrado, en casi todas las circunstancias, y de casi todos los actores, un trato respetuoso. Las muestras de hostilidad referidas se circunscriben a funcionarios y candidatos afiliados a Acción Nacional.

En consecuencia, esta casa editorial demanda a funcionarios y aspirantes a cargos de representación popular procedentes de ese partido un trato respetuoso e institucional para nuestros colaboradores.