La expropiación de Repsol en Argentina- Golpe de timón- Los electores hablaron

La expropiación de Repsol en Argentina

Adolfo Gilly

La presidenta argentina anuncia el 16 de abril la nacionalización de YPF controlada por la trasnacional española RepsolFoto Ap

 

         En la última década del siglo pasado, en la marejada de expansión del dominio del capital financiero sobre la economía mundial y los estados nacionales, fenómeno epocal conocido como neoliberalismo, el gobierno de la República Argentina, entonces en manos del presidente peronista Carlos Menem y su pandilla, privatizó el petróleo y la empresa petrolera nacional, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Este despojo fue aprobado por las dos cámaras del Poder Legislativo. Era el año 1992. Así la empresa española Repsol se convirtió en propietaria de 57 por ciento de las acciones de YPF y en usufructuaria del petróleo argentino, de la renta petrolera y de su uso y disposición en el mercado global según sus intereses, conveniencias y decisiones.

El petróleo pasó a ser, de un recurso considerado como reserva estratégica de la nación, a una mercancía más (commodity) en el mercado mundial. Con ese criterio empresarial fue manejada la empresa por sus accionistas españoles y el grupo inversor argentino Eskenazi, que poseía 25 por ciento del paquete accionario. Bajo este esquema las ganancias producidas por YPF no eran destinadas en parte, como es de rigor, a reinvertirse en exploración y modernización de sus instalaciones, sino que podían ser y eran dirigidas a inversiones de Repsol en otros destinos.

El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ha expropiado ahora 51 por ciento de la acciones y asumido así para el Estado la dirección y el control de YPF, dejando 6 por ciento en poder de los accionistas de Repsol y sin tocar, al menos por ahora, al grupo Eskenazi. En los días de la discusión del proyecto de ley expropiatoria (hoy aprobada), el economista Alfredo Zaiat (Página/12, 28 abril 2012) explicaba la situación. Su artículo se titula Primer paso:

“La política predatoria de los recursos no ha sido patrimonio exclusivo de Repsol. El resto de las petroleras tiene igual comportamiento porque se rigen por la maximización de las ganancias, lo que implica la explotación de los pozos lo más rápido posible, con lógica financiera, que responde al modelo energético neoliberal. Por eso, tan importante como la expropiación de 51 por ciento de las acciones de YPF, es el artículo 1º de este proyecto, que declara de interés público nacional el autoabastecimiento de hidrocarburos, lo que implica que el petróleo y el gas dejan de ser considerados una commodity, de libre disponibilidad para las firmas que lo extraen, para adquirir la categoría de bien estratégico bajo intervención del Estado. Se trata de un primer paso fundamental para empezar a desarticular el modelo energético privado en crisis”.

Ahora bien, concluye el economista: El control estatal de YPF, como también el fin a la libre disponibilidad, no será suficiente si no se diseña una estrategia de desarrollo en el sector energético en función de las necesidades del país, y menos de la lógica rentista y mercantil de las petroleras y otras firmas privadas. Esto significa profundizar la intervención pública en el sector energético. La caída de reservas, la remisión de crecientes utilidades, la menor producción de petróleo y gas, y el déficit de la balanza comercial sectorial, son la causa de la crisis del modelo energético. Ya se dio el primer paso para cambiarlo.

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La ley expropiatoria enviada por el Poder Ejecutivo fue aprobada el 25 de abril en el Senado por 63 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones; y el 3 de mayo en la Cámara de Diputados por 208 votos a favor, 32 en contra y cinco abstenciones. En ambas cámaras los votos de una gran parte de la oposición se sumaron a los del gobierno.

Fernando Pino Solanas, el director de cine que encabeza a un sector de la izquierda argentina agrupado en el Proyecto Sur, votó a favor de la expropiación pero pintó su raya. Recordó que en los años 90 había tenido que enfrentar a Carlos Menem, denunciándolo ante la justicia como el jefe de una banda que estaba saqueando el patrimonio público, lo cual le costó haber recibido seis balazos en mis piernas por la privatización de YPF y Gas del Estado votada en este recinto por diputados truchos. Entonces, agregó, se cometieron todas las infamias y todos los errores. [...] YPF se vendió sin inventario actualizado, y las imágenes de mis películas muestran los equipos tirados por todas partes. Cada uno agarró un pedazo. Dicho lo cual, votó a favor de la ley expropiatoria con estos argumentos:

Creo que este momento es muy importante, porque el sentir de 70 u 80 por ciento del pueblo argentino es de satisfacción al ver que la Argentina empieza a recuperar no una fábrica cualquiera sino un surtidor que saca oro, y saca mucho. Por eso tengo mucha esperanza, pero esto si las cosas se hacen bien. [...] Queremos una YPF ciento por ciento pública, control de la auditoría, sociedad por acciones con mayoría del Estado, control de las organizaciones sociales: que se honre a los trabajadores de YPF, que tanto fueron estafados que ni les dieron el 10 por ciento de las acciones prometidas.

Legisladores de la oposición, al votar a favor de la ley expropiatoria, recordaron también que durante los años 90 del siglo pasado, cuando el gobierno peronista de Carlos Menem privatizó el petróleo y muchas empresas más, entre ellas Aerolíneas Argentinas, comprada y luego destruida por Iberia, Néstor y Cristina Kirchner aprobaron esa política.

En el cierre del debate el diputado Agustín Rossi, jefe de la bancada kirschnerista, a propósito de los tiempos recordó que Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo de México en su cuarto año de gobierno y que en Argentina el presidente Hipólito Yrigoyen creó YPF en el final de su gobierno, en 1922. Del mismo modo, dijo, ahora el gobierno argentino había escogido el momento político nacional e internacional más adecuado.

El cambio actual, dicen otros, embona con el pragmatismo de la cultura política peronista. Entre otros factores, el gobierno cuenta ahora con una posición exportadora más propicia. La soya, el principal producto argentino de exportación, tiene un gravamen de 35 por ciento en las ventas al exterior. En 2010 las retenciones por ese rubro ascendieron a 8 mil millones de dólares; en 2011, a 10 mil millones; y para 2012 la estimación es similar. Tales retenciones significan la recuperación por el Estado de una parte de la fabulosa renta agraria usufructuada por los grandes exportadores.

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El momento de la expropiación fue decidido contando con que la medida tendría el apoyo de la mayoría de la oposición y, sobre todo, con la debilidad del reino de España ante su propia crisis financiera. Se llegó a saber que Repsol preparaba la venta de YPF a otros capitales. En el gobierno argentino hubo quien pensó en comprar la empresa pagando esas acciones a precio de mercado, no en expropiar. Pero también corría la posibilidad de la venta de Repsol a una empresa china. Imagínate, planeaban vender el petróleo argentino al Partido Comunista Chino, me dijo un colega. Bueno, al gobierno chino, dije yo. ¿Y cuál es la diferencia?, me respondió.

En estas condiciones el gobierno de Cristina Fernández, en lugar de comprar las acciones de Repsol en el mercado, utilizó su facultad constitucional expropiatoria. Se hizo cargo de la empresa y de sus instalaciones y la suma a pagar pasó a ser tema de discusión y acuerdo entre las partes. Para Mariano Rajoy y los capitales españoles fue una sorpresa y, a la vez, la piedra del escándalo. Para los voceros de la derecha argentina –los diarios Clarín y La Nación, entre ellos– también. Del rey de España sólo llegó a saberse que en esos días andaba en África matando inocentes elefantes.

El gobierno de Estados Unidos no mostró gran alarma: se iba una empresa petrolera europea de una porción de territorio americano, coto privilegiado de sus propias inversiones. El desfiguro lo hizo Felipe Calderón al calificar de lamentable e irracional la decisión expropiatoria. En el país del sur los pocos que se enteraron no se inquietaron: como presidente mexicano más bien recuerdan al general Lázaro Cárdenas.

El domingo 29 de abril se publicó en Página/12 una resolución de investigadores de la Central de Trabajadores Argentinos y del Área de Economía y Tecnología de Flacso-Argentina sobre la expropiación. En sus párrafos inicial y final dice así:

“La decisión del gobierno de retomar el control de YPF es el paso más relevante –en tanto condiciona directamente la producción industrial– en el camino iniciado en 2003 con la renegociación y quita de la deuda externa, el pago y posterior independencia de las exigencias del FMI, la recuperación del control estatal de los fondos jubilatorios, la ampliación de las asignaciones familiares, la estatización de la línea aérea de bandera, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y demás acciones tendientes a recuperar la soberanía del Estado en la toma de decisiones, para garantizar el bien común en un Estado constitucional de derecho”. [...]

En síntesis, la expropiación de las acciones de Repsol reafirma la prioridad de las necesidades e intereses nacionales sobre la lógica de maximización del beneficio a nivel mundial del capital trasnacional. Es un paso importante hacia la reversión de la concepción neoliberal que pone a los estados al servicio de la expansión de ese capital trasnacional y de sus aliados internos.

Estaba yo en Buenos Aires en las semanas de la expropiación. Me tomó por sorpresa como a tantos otros. Pude ver y conversar sobre el sentimiento de satisfacción, de contento nacional por una ley reparadora de tanto estrago, pese a que los tiempos más duros, si bien han cedido, para el pueblo argentino están lejos de haberse ido.

Golpe de timón

Jorge Eduardo Navarrete

 

      Esta expresión se ha puesto de moda. La emplean incluso los marineros en tierra, con los que Rafael Alberti se identificaba, cuando sueñan con ser almirantes de navío y confían en conjurar así el naufragio. En semanas recientes, desde mediados de abril, pareció configurarse una maniobra de esta naturaleza en un ámbito distante del oceánico pero no menos proceloso, para usar el calificativo más obvio: el de las políticas macroeconómicas globales. Pareciera que la agudización de la crisis en España –que al tiempo que tiene que lidiar con la mayor desocupación en Europa y cae de nuevo en la recesión, debe volver a pagar primas de riesgo descomunales para la colocación de sus bonos públicos– fue el disparador de una serie de declaraciones y propuestas de acción para, mediante un golpe de timón, cambiar un rumbo que apunta sólo a la espiral acumulativa de austeridad, desempleo y contracción económica, caída de ingresos públicos, más déficit y mayor austeridad, en sucesión interminable. Los anuncios de cambio de rumbo sonaban poco convincentes, excepto los provenientes de círculos académicos, de coloquios de líderes en retiro, marcados por las saudades y de ciertas páginas de opinión. Los originados en organismos financieros y en gobiernos en funciones sugerían la adopción de nuevas prioridades, pero sin abandonar las prevalecientes; mostraban cierta alarma, sin olvidar por completo la complacencia y no traslucían el sentido de urgencia que, dadas las circunstancias, debía caracterizarlos. Todo esto hasta el 6 de mayo, cuando los electores de Francia y Grecia decidieron dar ellos mismos el verdadero golpe de timón.

En Francia, tras la primera vuelta electoral, cuando la suerte ya estaba más o menos echada, Le Monde publicó el 4 de mayo un texto excepcional: la transcripción de un diálogo entre Edgar Morin, el filósofo de la complejidad y la interdisciplina, y el candidato presidencial a fin de cuentas victorioso, François Hollande. En algún momento Morin propuso una gran política económica que suprima la omnipotencia especulativo-financiera pero salvaguarde la competencia del mercado y conduzca a una economía plural, verde, social y solidaria. Es necesario distinguir, repuso Hollande, los instrumentos que permiten financiar el desarrollo, acopiar el ahorro, de las finanzas sin freno, desbordadas, especulativas, que se han desconectado de la economía real. Debe encontrarse un nuevo camino, coincidieron, para salir de una crisis que, en palabras de Morin, no es solamente económica, sino una crisis de civilización.
En la campaña, Hollande marcó su distancia del diseño de gestión de la crisis impuesto a Europa por Merkel y Sarkozy. En particular, expresó que no se podía depender de un modelo que se preocupaba sólo por la restauración de equilibrios fiscales y financieros, con la certeza de que el hada de la confianza, de la que ha hablado Paul Krugman, convertiría los equilibrios rencontrados al costo del estancamiento, el desempleo y la desesperanza en los motores de una nueva fase de expansión. Hollande propuso complementar el pacto presupuestal, que proscribe los déficit y acota el endeudamiento, con un pacto por el crecimiento y el empleo, que dinamice la actividad, cree puestos de trabajo y alivie las penurias recaudatorias resultantes de las secuelas de la austeridad.
Este fue el tema de sus declaraciones tras conocer el resultado electoral: la austeridad no es un destino inescapable, declaró en sus primeros discursos. Señaló también (Le Monde, 7/5/12) que habría que dotar a la construcción europea de una dimensión de crecimiento, de empleo, de prosperidad, de futuro. Días antes, por medio de un vocero calificado, un antiguo ministro de Finanzas había ofrecido algunas precisiones sobre las políticas y acciones orientadas a reanudar el crecimiento y reactivar el empleo. Según una nota publicada el 24 de abril por el Financial Times, se piensa que un acuerdo que se apoye sólo en la disciplina presupuestaria arruinará a Europa. Restaurar el crecimiento es la única forma de abatir el desempleo y, al mismo tiempo, empezar a reducir los déficit y la deuda en condiciones sociales y políticas aceptables. La ratificación del pacto presupuestario no será mantenida por el nuevo gobierno francés, agregó el vocero, a menos que se le complemente no con palabras, sino con herramientas que impulsen el crecimiento en el conjunto de Europa y en cada uno de sus países. Entre las acciones que se considerarían aparecen, entre otras, las siguientes: a) dirigir los fondos estructurales de la UE hacia empresas productivas y la investigación; b) canalizar recursos del Banco Europeo de Inversiones al financiamiento de grandes proyectos de infraestructura, incluso de dimensión continental; c) emitir bonos, no para financiar deuda soberana, sino proyectos de inversión, por ejemplo, en nuevas tecnologías energéticas; d) reorientar [la función del Banco Central Europeo] a favor del crecimiento y el empleo, y, finalmente, d) concebir el Mecanismo Europeo de Estabilidad como un banco, de suerte que pueda acudir, cuando sea necesario, al financiamiento del BCE.

Al día siguiente de la elección, la prensa francesa destacó la disposición de la canciller de Alemania de acoger con los brazos abiertos al presidente Hollande, pero adelantando su oposición a revisar un pacto fiscal ratificado ya por 25 de los 27 estados de la UE y reiterando su negativa a todo crecimiento económico alentado por el gasto público deficitario. Como se había previsto, la controversia sobre política económica dominará el verano europeo.

En Grecia el resultado electoral se ajustó a las previsiones, pero las rebasó de manera indiscutible: si ha habido un voto de rechazo a los partidos respetables y una fuga hacia los extremos es lo ocurrido allí el 6 de mayo. Desde la caída de los coroneles en 1974, dos partidos centristas dominaban la escena: los democristianos (Nueva Democracia) y los socialdemócratas (Pasok). Entrambos reunieron más de tres cuartas partes de los votos (77.4 por ciento) en 2009. La crisis los desplazó el año pasado, forzándolos a ceder el poder a un gobierno tecnocrático, no electo. Ahora sólo alcanzaron menos de un tercio (32 por ciento) de los votos. Ni coaligados están en condiciones de formar gobierno. Así lo reconoció el líder de ND, convocado al efecto por el presidente griego. Se ha pedido al líder de la Coalición de Izquierda Radical, segundo en la votación (16.7 por ciento), intentar esta ingrata tarea. Renuente a apoyarse en alguno de los partidos del centro, su líder, Alexis Tsipras, hallará en extremo difícil integrar una coalición viable.

La elección griega también trajo consigo el fruto envenenado de las políticas antipopulares: la derecha profascista levantó cabeza. Nueva Aurora, partido de orientación pronazi, reunió 7 por ciento de sufragios y alcanzó, por primera vez, representación parlamentaria. Es difícil exagerar lo perturbador de este particular golpe de timón.

Los electores hablaron

Orlando Delgado Selley

 

      Durante 2011 hubo en Europa dos tipos de cambios de gobierno: la sustitución de autoridades gubernamentales independientemente de la opinión de los electores en dos países afectados intensamente por la crisis de deuda soberana, Grecia e Italia, y la sustitución de gobiernos electos en procesos democráticos, como en España. En ambos casos, pese a su enorme diferencia de origen, quienes arribaron al control del aparato gubernamental se propusieron instrumentar las políticas que demandaban los grandes capitales financieros internacionales, particularmente los alemanes.

En la primavera de 2012 los procesos electorales en Francia y Grecia le dieron a los electores la posibilidad de reaccionar frente al pacto fiscal acordado por el Consejo de Ministros Europeos a finales del año pasado. En estos dos países los electores han votado en contra de la austeridad salvaje y han dado la estafeta gubernamental a opciones políticas que han propuesto con firmeza políticas distintas. Sin duda hay mucha distancia entre el planteamiento del Partido Socialista Francés y el del partido Syrisa, de la izquierda radical griega, pero también hay coincidencias fundadas en el respeto al mandato surgido de las urnas.
En el primer discurso como presidente electo, François Hollande señaló que las prioridades del gobierno socialista serán la igualdad, la juventud, la justicia social y la reorientación de Europa hacia el crecimiento y el empleo, y añadió que la austeridad no puede ser una condena. Por su parte, A. Tsiripas, líder de la izquierda radical griega, segunda fuerza más votada, advirtió que en el caso de que pueda formar gobierno aprobará una moratoria para el pago de la deuda griega, revertirá todas las políticas hostiles hacia los trabajadores y estatizará los bancos griegos.
Por supuesto hará falta que la izquierda socialista francesa gane con cierto margen las elecciones legislativas de junio próximo para que el apoyo electoral al planteo de una política económica orientada hacia la equidad y el crecimiento se traduzca en medidas concretas en ese país y en una nueva correlación de fuerzas en Europa, que ponga en el centro esos mismos valores fundamentales. En Grecia, la posibilidad de que el Syrisa logre formar gobierno se ve muy difícil, de modo que hará falta un nuevo proceso electoral para que sus propuestas puedan concretarse.

Sin embargo, el énfasis en Europa parece transitar del convencimiento erróneo de las fuerzas que gobiernan de que la austeridad crea confianza y que eso estimula el crecimiento, lo que ha demostrado ser falso, a la noción de que el crecimiento no ocurrirá en ausencia de una política fiscal que lo promueva expresamente. Este replanteo implica reconocer que el problema está en las decisiones tomadas por quienes dirigen la Europa del euro, no en la maquinaria económica. En consecuencia, puede corregirse con otras decisiones políticas fundadas en los principios que animaron la construcción del proyecto unitario europeo.

Como señala el premio Nobel Paul Krugman en su nuevo libro Detener la recesión ya: En términos estrictamente económicos esta crisis no es difícil de resolver; podríamos tener una recuperación rápida y robusta si pudiéramos encontrar la claridad intelectual y la convicción política para actuar. Se trata, debe insistirse, de un problema estrictamente político, no de algo técnico. Se trata de que los que toman decisiones lo hagan a partir de una consideración fundamental: no puede castigarse a poblaciones que no son responsables de un desastre causado por un sistema bancario desregulado. No puede actuarse para favorecer al 0.01 por ciento de la población castigando al 99.99.

El camino apenas se vislumbra. Pudiera incluso cerrarse rápidamente. Lo cierto, sin embargo, es que Europa está hoy mejor que ayer y esto no es poca cosa. De entrada, parece que se relajará la exigencia hasta 2014-15 para alcanzar la llamada regla de oro, el déficit fiscal de 3 por ciento del PIB. España podrá tener un respiro, en el que se atienda el reclamo sensato de las grandes centrales sindicales, gracias al electorado francés y griego. Dependerá, por supuesto, de la sensibilidad política de Rajoy. Pero dependerá más de la capacidad de resistencia de sus jóvenes, que celebran un año de haber expresado su indignación.

odselley@gmail.com