La imagen comprada se deteriora
A Enrique Peña Nieto se le empieza a borrar la sonrisa. Primero su equipo le
advirtió que el PRI podría perder cinco estados en los próximos comicios, y para
rematar la semana alumnos de la Universidad Iberoamericana lo corrieron a gritos
(y hasta con un zapatazo) del campus de Santa Fe. Mientras tanto sus defensores
mediáticos se enredan sin poder ocultar los exorbitantes gastos en comunicación
social cuando encabezó el gobierno mexiquense y quería impulsar su imagen rumbo
a Los Pinos. Se trata de millonadas que fueron a parar –sobre todo– a las arcas
de Televisa: hay documentos que así lo prueban y que sistemáticamente han
tratado de ser negados por la televisora y por algunos de los intelectuales de
su nómina.
En el primer debate televisivo entre los cuatro candidatos presidenciales
Enrique Peña Nieto, el aspirante del PRI-PVEM, lanzó una frase que abrió las
puertas de una nueva polémica sobre los millonarios contratos para promover su
figura y su candidatura en Televisa y TV Azteca, las dos principales empresas de
televisión abierta:
“Yo le diría a Andrés Manuel (López Obrador): Si la televisión hiciera
presidentes, usted sería presidente, Andrés Manuel, porque durante su gestión
como jefe de gobierno destinó más de mil millones de pesos –y tengo aquí los
documentos– de la cuenta pública, que representan más del doble de lo que el
Estado de México gastó en Comunicación Social”.
En su réplica López Obrador le presentó el resumen de ocho cuartillas de un
presupuesto elaborado para los años 2005 y 2006, negociado por el gobierno de
Peña Nieto y las empresas TV Promo y Radar Servicios Especializados, ambas
intermediarias o brokers de Televisa.
Para el primer año de la administración del priista presupuestaron 691
millones 734 mil pesos en tiempos de televisión: 327.4 millones vía spots y
364.3 en compra de información, incluyendo 180 notas informativas en los
noticiarios de Televisa.
El proyecto original fue publicado por Proceso en su edición 1512 el 23 de
octubre de 2005. El presupuesto total ascendía a 742.1 millones de pesos porque
incluía 50.3 millones en estrategia integral de comunicación, es decir
producción de spots y asesoría permanente.
Ese documento, entregado a Proceso junto con un CD, incluyó 50 páginas de un
detallado Plan de trabajo 2005-2011, cuyos objetivos principales eran deslindar
a Peña Nieto –recién electo gobernador– del “escándalo Arturo Montiel”, su
antecesor y padrino político, y convertir al joven mandatario en una figura
política conocida a escala nacional y “posible candidato” del PRI a la
Presidencia de la República.
La información fue entregada por una fuente plenamente identificada por el
reportero y que pidió el anonimato “para proteger mi vida y la de mi familia”.
Señalaba a TV Promo –“brazo político y financiero de Televisa”– como un
instrumento “a través del cual esta empresa vende sus espacios publicitarios,
sus contenidos noticiosos e incluso su línea editorial a cambio de favores y
retribuciones futuras”.
La misma fuente advirtió en su escrito que Televisa lleva una doble
contabilidad a través de TV Promo: “Esta televisora logra maquillar cifras y
montos relacionados con los gastos de campaña de sus clientes a fin de evitar
que sean sancionados por las autoridades electorales”.
El presupuesto para el primer año de gobierno vino acompañado de una factura
a nombre de Radar Servicios Especializados, S.A. de C.V. El “cliente” es el
Estado de México. Como “responsable del proyecto” aparece Yessica de Lamadrid,
que en ese entonces trabajaba para esta empresa.
TV Promo y Radar Servicios Especializados fueron empresas creadas por
Alejandro Quintero, vicepresidente corporativo de Comercialización de Televisa,
según consta en las actas números 95361 y 293222, respectivamente, del Registro
Público de la Propiedad del Distrito Federal.
Finalmente en 2007 Televisa admitió ante la Securities and Exchange Commision
–el organismo regulador bursátil de Estados Unidos– que TV Promo sí realiza
intermediación con diversos clientes. Junto con otras empresas broker “definen
tarifas aplicables a terceros que adquieren servicios de publicidad, los cuales
son más bajos que las tarifas que regularmente se pagan”. La auditoría que mandó
hacer Televisa en abril de 2008, realizada por Price Waterhouse Coopers, anota
que durante 2006 y 2007 la televisora “pagó comisiones sobre ventas a una
empresa en donde un miembro del consejo y ejecutivo de la compañía es un
accionista por un monto de 113 millones 972 mil pesos y 49 millones 614 mil
pesos, respectivamente”.
En el debate presidencial Peña Nieto le respondió a López Obrador que esa
información era “totalmente falsa” y provenía “de una revista que de manera
especulativa” la ha publicado. Nunca mencionó a Proceso por su nombre. Mucho
menos admitió que existiera una intermediación a través de Alejandro
Quintero.
La danza de las cifras
Apenas terminó el debate la oficina de prensa del PRI distribuyó cifras con
los montos que el Estado de México destinó de 2005 a 2011 a Comunicación Social
durante la administración de Peña Nieto: 646 millones de pesos. Era apenas un
recuadro. Citaban a Fundar y Artículo 19, especializadas en acceso a la
información y transparencia que, a su vez, abrevaban de las fuentes oficiales
mexiquenses. Es decir, se autocitaron utilizando a un tercer organismo.
La información proporcionada por el PRI no desglosaba la inversión en
televisión abierta y menos mostraba los contratos originales. Desde finales del
gobierno de Arturo Montiel la Oficina de Comunicación Social calificó como
“reservada” la información de los contratos con medios de comunicación, impresos
o electrónicos. La administración de Peña Nieto siguió manteniendo en “reserva”
esa información.
En contraste, el PRI informó también que durante las administraciones de
Andrés Manuel López Obrador y Alejandro Encinas (2000-2006) el Gobierno del
Distrito Federal gastó mil 209 millones de pesos en Comunicación Social. Según
el equipo peñista, el gasto per cápita anual de la administración capitalina en
ese periodo fue de 23 pesos, mientras el gobierno peñista destinó sólo siete
pesos per cápita.
También citó a Fundar para indicar que el gobierno federal invirtió de 2005 a
2011 un total de 16 mil 566 millones de pesos en Comunicación Social, “25 veces
más que el Estado de México”.
Los primeros días posteriores al debate la polémica por los gastos de
Comunicación Social del Estado de México, el Gobierno del Distrito Federal y el
federal quedaron en segundo plano. Los distractores más importantes fueron la
polémica presencia de la edecán Julia Orayén –quien llevó un vestido escotado
que generó fervor en las redes sociales– y las fallas en la producción
televisiva del debate, atribuidas a Jesús Tapia, quien terminó presentando su
renuncia ante el IFE.
Sin embargo la polémica adquirió un nuevo aire el miércoles 9. López Obrador
desmintió las cifras del gasto de Comunicación Social de su gobierno ofrecidas
por Peña Nieto. Según el candidato presidencial del PRD sus gastos fueron: 148
millones de pesos en 2001; 149 en 2002; 72.9 en 2003; 92.9 en 2004, y 93.3 en
2005. Un total de 556.1 millones de pesos.
El periódico Reforma publicó un comparativo con estas cifras y los datos de
la Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. No
coincidieron las cifras de 2001 y 2002. En el primer año fueron 202.6 millones
de pesos y en el segundo fueron 212.7. El monto total es de 674 millones de
pesos; una diferencia de 118 millones.
Las cifras del gobierno del Estado de México son más contrastantes. Según la
información difundida en la página oficial de Enrique Peña Nieto, su
administración destinó 646.6 millones de pesos entre 2005 y 2011. Según la cifra
derivada de la Cuenta Pública, se destinó a Comunicación Social un total de mil
millones de pesos. Es decir casi 354 millones de pesos de diferencia.
En entrevista con Carmen Aristegui, en el programa MVS Noticias el jueves 10,
López Obrador desafió a Peña Nieto: “Si es cierto lo que él dice (Peña Nieto) en
el manejo de los gastos en medios, yo renuncio a mi candidatura; pero si no es
cierto lo que él dice, que haga lo propio”.
Y planteó la necesidad de contrastar las cifras y las pautas publicitarias
con las televisoras y el monitoreo de ambos periodos.
El viernes 11, Peña Nieto defendió las cifras de gasto en Comunicación Social
de su gobierno. Insistió en que entre 2001 y 2006 el GDF destinó mil 209
millones de pesos en este rubro y evadió aceptar el reto de López Obrador. “Él
puso esa condición. Nadie le pide que renuncie a su candidatura”, atajó el
mexiquense en entrevista con Aristegui.
Volvió a desacreditar el extenso plan de acción que Televisa le ofreció a
Peña Nieto desde octubre de 2005 –publicado por Proceso– por un monto de 742.1
millones de pesos, de los cuales 691.7 millones serían en “inversión en tiempos
de televisión”.
“Es un documento no nuevo. Es un documento publicado hace cinco o seis años
por una revista (sic) y que no tiene fundamento ni sustento alguno. No es
información oficial ni está sustentado, menos avalado por información pública
del gobierno. No sé de la empresa televisiva, pero del gobierno evidentemente no
tiene sustento alguno”, insistió Peña Nieto.
Peña Nieto sí aceptó que su gobierno destinó al menos 32.3 millones de pesos
en “apoyos informativos” para programas radiofónicos, además de 19.7 millones de
pesos en spots de radio como parte de sus campañas informativas. Los “apoyos
informativos” incluyeron el pago de 9.2 millones de pesos a la empresa Astron
Publicidad, S.A., por “comentarios de Joaquín López Dóriga transmitidos dentro
de su noticiario ‘López Dóriga’ y en el noticiario de Óscar Mario Beteta”.
El candidato presidencial priista se justificó diciendo que era pago para
patrocinar el segmento, no para que hablaran bien de su persona. Es “como el
comercial de tequila Don Ramón”, afirmó Peña Nieto. “No es algo nuevo. Esos
documentos son de tres años”, minimizó.
La misma empresa Astron Publicidad cobró varios de estos servicios a otros
gobiernos estatales. Por ejemplo, el 15 de enero de 2008 el gobierno de Nuevo
León le pagó 575 mil pesos para obtener comentarios favorables al mandatario
estatal priista.
Peña Nieto negó que dependiera de Televisa o que pagara para que en los
espacios informativos de la empresa hablaran bien de él. Calificó de “absurdo y
falaz” que Televisa hiciera una inversión política a través de él.
Monitoreo y “publicidad encubierta”
Un monitoreo realizado por la empresa Intelcast, al cual tuvo acceso Proceso,
confirma que por lo menos entre 2005 y 2009 –los primeros cuatro años de su
gobierno–, la presencia de Enrique Peña Nieto en medios electrónicos,
especialmente en Televisa, se realizó en clara sintonía con el documento firmado
por su gobierno por un monto de 691 millones de pesos en “tiempos de
televisión”, tan sólo para el primer año.
Por ejemplo entre el 1 de septiembre de 2005, cuando asumió la gubernatura
Peña Nieto, y el 12 de julio de 2009 Intelcast contabiliza mil 880 menciones del
exmandatario, de las cuales mil 84 fueron en medios electrónicos.
Específicamente en Televisa, entre septiembre de 2005 y septiembre de 2006
tuvo 226 menciones, incluyendo entrevistas y notas informativas. Entre 2006 y
2007 se elevaron a 310 menciones; de 2007 a 2008 fueron 261 y entre septiembre
de 2008 y julio de 2009, en vísperas de las elecciones federales intermedias,
aumentaron a 398 menciones monitoreadas.
El dato más relevante es que se incrementaron en Televisa las llamadas
“transmisiones especiales” –clasificadas así en el monitoreo como una forma de
llamar a los infomerciales o a la publicidad encubierta– a favor de Peña Nieto,
en los distintos contenidos.
En el último periodo, entre septiembre de 2008 y julio de 2009 las
transmisiones especiales se elevaron a 2 horas, 12 minutos y 42 segundos, que es
el doble del tiempo de transmisión en “notas informativas” que tuvo Peña Nieto
en Las Noticias por Adela, en el Canal 9, el metropolitano, que fue de 1 hora 14
minutos y 50 segundos.
En El Noticiero, con Joaquín López Dóriga, en Canal 2, las menciones a Peña
Nieto sumaron 1 hora, 41 minutos y 18 segundos.
Una de esas “transmisiones especiales” fue el acto de apoyo de Antorcha
Campesina a Peña Nieto en el estadio Azteca, de Televisa, difundido en la señal
de televisión abierta el Día del Padre, el 21 de junio de 2009. Esto provocó una
queja del PAN ante el IFE y el inicio de un proceso especial sancionador
argumentando que el mandatario mexiquense violó el principio de equidad.
La discusión en el IFE versó sobre la legalidad o no de los spots o “cápsulas
informativas” que implican publicidad encubierta. El consejero Alfredo Figueroa
argumentó que había una responsabilidad de Televisa al difundir cápsulas de
propaganda política en El Noticiero de López Dóriga. Su propuesta fue rechazada
por ocho votos contra uno.
Entrevistado por Proceso durante aquel episodio, Figueroa admitió que era
“evidente” que se trató de propaganda encubierta o “publicidad integrada”,
aunque Televisa negó que hubiera existido un pago a cambio.
“Las propias compañías de televisión lo hacen evidente al mandar a
comerciales y aparecer una cápsula, que ciertamente tiene un contenido, digamos,
informativo, pero que es parte de propaganda.
“Simplemente hay que revisar los catálogos de productos que tienen
particularmente Televisa y TV Azteca. Ellos venden este tipo de productos, los
comercializan y hay un enorme debate que hay que dar respecto de este tema
porque no es simplemente un asunto que tenga que ver con un partido político ni
con una sola persona. Tiene que ver con distintas acciones políticas, tanto de
gobernantes como de partidos políticos”, argumentó Figueroa.
El proyecto de inversión de Televisa y Enrique Peña Nieto –negociado a través
de TV Promo y negado insistentemente por la televisora, el gobierno del Estado
de México y el actual candidato presidencial– incluyó un presupuesto para este
tipo de “publicidad encubierta”.
Le puso un precio de 305 millones 688 mil pesos a 180 notas informativas en
los distintos noticiarios de Televisa. Un costo de 5 millones 780 mil a tres
reportajes en la serie Los reporteros y 42.8 millones de pesos a seis
entrevistas con Peña Nieto en “varios noticiarios”. Incluyó un presupuesto de 10
millones de pesos en tres programas de Zona Abierta, entonces conducido por
Héctor Aguilar Camín.
Éste rechazó vehementemente que hubiera vendido ese espacio al gobierno del
Estado de México y que Enrique Peña Nieto nunca estuvo en ese programa. No negó
su vieja relación de amistad con el artífice de este proyecto: Alejandro
Quintero.
Ambos formaron parte, junto con Bruno Newman, de las primeras generaciones de
estudiantes de la carrera de ciencias y técnicas de la comunicación en la
Universidad Iberoamericana.
Luis Hernández, columnista y coordinador de opinión en La Jornada, publicó el
viernes 11 que estos tres personajes “fueron socios de la empresa Quan (por los
apellidos de Quintero, Aguilar y Bruno Newman)”.
La crítica de Fundar
En el posdebate sobre los gastos de Comunicación Social el equipo de Peña
Nieto y el comentarista Héctor Aguilar Camín han citado las cifras que ha
publicado el centro de análisis e investigación Fundar, especializado en temas
de acceso a la información pública y transparencia en las cuentas públicas.
Desde marzo de 2011 Fundar publicó un diagnóstico sobre las cuentas de los
gobiernos estatales en matera de comunicación social y advirtió que existen
“cifras negras” a las cuales no se puede acceder ante “la falta de criterios
claros y objetivos para la distribución de la pauta gubernamental” en los medios
de comunicación.
“La posibilidad de ‘negociar’ la pauta publicitaria inhibe el rol social que
los medios de comunicación social deberían cumplir con una sociedad democrática
y promueven la autocensura”, sentencia el organismo dirigido por Miguel
Pulido.
En las conclusiones del estudio realizado junto con Artículo 19, dirigido por
Darío Ramírez, ambos organismos advierten:
“1.- El uso de la pauta como mecanismo para premiar a los medios de
comunicación con líneas editoriales afines al gobierno y como castigo en caso
contrario.
“2.- Uso de los recursos destinados a comunicación social como herramienta de
autopromoción, propaganda o para publicitar acciones y programas que legitimen
el proceder de las instancias de gobierno.
“Además se han desarrollado diversas formas de propaganda gubernamental que
buscan perpetuar la opacidad en el manejo de los recursos públicos y atentan
contra el derecho a la información de la sociedad, tales como las entrevistas o
reportajes pactados, la inclusión de ‘infomerciales’ en noticiarios o las
menciones sobre acciones de gobierno en programas de entretenimiento
(‘publicidad encubierta’). A ello se suma la ya tradicional existencia de
gacetillas (propaganda que aparece como información) práctica que aún es
recurrente, principalmente en medios impresos locales.”
La crítica de Fundar y Artículo 19 se dirigía al gobierno federal, al del
Distrito Federal y también al del Estado de México. En vísperas de la contienda
presidencial de 2012 ambos organismos calificaron de “alarmante” esta
situación.
En el documento titulado Publicidad oficial en México: la censura estructural
establece: “La situación es más alarmante si se toma en consideración el aumento
sostenido en la cantidad de recursos destinados a los rubros de comunicación
social y publicidad oficial, lo que ha derivado en la proliferación de campañas
propagandísticas en detrimento de la difusión de información de interés público;
tendencia que implica un aumento en el potencial de las instancias de gobierno
de incidir sobre las líneas editoriales. Lo anterior exige particular atención
de cara a las elecciones de 2012”.
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