Desaparecidos: testimonios del horror
Madres de desaparecidos protestan en el D.F.
Foto: Benjamin Flores
Foto: Benjamin Flores
MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- La ola de violencia en el país ha dejado una estela de desapariciones, asesinatos y familias desplazadas; madres y esposas padecen en mayor medida ese trance.
Mujeres que participaron en la “Marcha de la Dignidad Nacional: Madres buscando a sus hijas e hijos y demandando justicia” –proveniente de varios estados del país y que estuvieron la semana pasada en la Ciudad de México–, relatan diversos episodios violentos de los que han sido víctimas ellas y sus familias.
Emma Muñoz cuenta que el 19 de junio de 2011, al estar toda la familia reunida en la casa de los abuelos, en el municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, policías municipales y federales irrumpieron el domicilio para llevarse a su esposo, a cuatro de sus hijos, un nieto, un sobrino y a su yerno.
Hasta ahora no se sabe nada de ellos. Los familiares han identificado a tres de los policías municipales que se llevaron a las ocho personas. Sin embargo, los agentes continúan en funciones.
Entre los desaparecidos están: Toribio Jaime Muñoz –de 61 años y esposo de Emma–, y sus hijos Óscar, de 38 años; Jaime (33); Guadalupe (37), y Hugo (31), los cuatro de apellidos Muñoz Veleta.
También fueron secuestrados Luis Romo Muñoz, de 21 años y sobrino de doña Emma, y su yerno Nemesio Solís González, de 41 años y empleado de ferrocarril.
Toribio es ferrocarrilero jubilado. Óscar y Guadalupe trabajaban en Concretos de Chihuahua; Jaime, en una maquiladora, y Hugo, el hijo soltero, vivía con sus padres.
La situación económica de la familia completa se vio mermada. La pensión de don Toribio está paralizada porque no está presente para cobrarla y tampoco se puede presentar un acta de defunción.
Óscar Muñoz Veleta tiene dos hijos; Guadalupe otros dos; Jaime también dos, y Nemesio, tres. Sus respectivas esposas ahora tienen que trabajar para sacar a sus hijos adelante.
Las autoridades judiciales de Chihuahua siempre dicen lo mismo: “De sus parientes, no hay nada”, una versión que se repite a todas las familias del estado que padecen el trance de que sus seres queridos estén desaparecidos.
Familias desplazadas
María de Jesús Alvarado Espinoza narra el infierno que padece por la violencia en el municipio chihuahuense de Buenaventura. Al menos 37 integrantes de su familia se han tenido que ir a vivir a otra región por temor a sufrir más agresiones.
La mujer relata que el 29 de diciembre de 2009 la familia Alvarado se reunió en la casa de sus padres en el ejido Benito Juárez. Una de las integrantes de la familia había perdido a otro familiar y se integró a las investigaciones del caso. Denunció irregularidades.
La noche de ese día llegó José Ángel Alvarado para decirle a su hija que la suegra de él estaba muy enferma.
Fueron a casa de la suegra. También iban Nitzia Paola Alvarado Espino y Rocío Irene Alvarado.
Cuando llegaron al domicilio, los abordaron 10 militares y los bajaron de la camioneta. A Nitzia la jalaron del cabello. José Ángel la defendió, por lo que también se lo llevaron. Desde aquel día la familia Alvarado comenzó a sufrir hostigamiento y amenazas. Todos los días viven con temor.
María de Jesús se hizo cargo de las tres hijas de Nitzia: dos gemelas que ahora tienen 16 años y una adolescente de 13. María tiene cuatro hijos y también se hace cargo de sus papás, que son personas mayores y padecen enfermedades crónico-degenerativas.
Son 11 integrantes de la familia que viven en una pequeña casa que no es la suya. Son las tres hijas de Nitzia, cuatro hijos de María de Jesús, los papás de ambas, y el esposo de esta última, quien es mecánico y se hace cargo de la manutención de toda la familia. “Vivimos en pobreza extrema”, dice María de Jesús.
La mujer explica que la Secretaría de la Defensa Nacional reconoció en su momento que sus integrantes se llevaron a los tres miembros de la familia Alvarado. No obstante, no se sabe nada de ellos y las indagaciones no arrojan resultados a pesar de una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Silvia Arce desapareció en 1998 cuando fue a cobrar unas joyas a unas bailarinas de un antro de Ciudad Juárez. Dejó tres hijos que tenían 11, nueve y cuatro años de edad.
La madre de Silvia, Evangelina Arce, se hizo cargo de ellos. Durante 14 años Evangelina ha buscado a su hija sin encontrar respuesta. Ahora ella es uno de los pilares de la organización Justicia para Nuestras Hijas, con la que ha acompañado a cientos de familias que han sufrido su mismo dolor.
Evangelina también estuvo en la “Marcha de la Dignidad Nacional”. Ella ha recibido amenazas y tuvo que irse a vivir a otro lugar. Asegura que a su hija se la llevaron agentes de la PGR.
Doña Evangelina tuvo 11 hijos y desde 1972 ha sido luchadora social, toda vez que apoyó la causa de los desaparecidos políticos. Ahora busca –sin claudicar– a su hija.
Mujeres que participaron en la “Marcha de la Dignidad Nacional: Madres buscando a sus hijas e hijos y demandando justicia” –proveniente de varios estados del país y que estuvieron la semana pasada en la Ciudad de México–, relatan diversos episodios violentos de los que han sido víctimas ellas y sus familias.
Emma Muñoz cuenta que el 19 de junio de 2011, al estar toda la familia reunida en la casa de los abuelos, en el municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, policías municipales y federales irrumpieron el domicilio para llevarse a su esposo, a cuatro de sus hijos, un nieto, un sobrino y a su yerno.
Hasta ahora no se sabe nada de ellos. Los familiares han identificado a tres de los policías municipales que se llevaron a las ocho personas. Sin embargo, los agentes continúan en funciones.
Entre los desaparecidos están: Toribio Jaime Muñoz –de 61 años y esposo de Emma–, y sus hijos Óscar, de 38 años; Jaime (33); Guadalupe (37), y Hugo (31), los cuatro de apellidos Muñoz Veleta.
También fueron secuestrados Luis Romo Muñoz, de 21 años y sobrino de doña Emma, y su yerno Nemesio Solís González, de 41 años y empleado de ferrocarril.
Toribio es ferrocarrilero jubilado. Óscar y Guadalupe trabajaban en Concretos de Chihuahua; Jaime, en una maquiladora, y Hugo, el hijo soltero, vivía con sus padres.
La situación económica de la familia completa se vio mermada. La pensión de don Toribio está paralizada porque no está presente para cobrarla y tampoco se puede presentar un acta de defunción.
Óscar Muñoz Veleta tiene dos hijos; Guadalupe otros dos; Jaime también dos, y Nemesio, tres. Sus respectivas esposas ahora tienen que trabajar para sacar a sus hijos adelante.
Las autoridades judiciales de Chihuahua siempre dicen lo mismo: “De sus parientes, no hay nada”, una versión que se repite a todas las familias del estado que padecen el trance de que sus seres queridos estén desaparecidos.
Familias desplazadas
María de Jesús Alvarado Espinoza narra el infierno que padece por la violencia en el municipio chihuahuense de Buenaventura. Al menos 37 integrantes de su familia se han tenido que ir a vivir a otra región por temor a sufrir más agresiones.
La mujer relata que el 29 de diciembre de 2009 la familia Alvarado se reunió en la casa de sus padres en el ejido Benito Juárez. Una de las integrantes de la familia había perdido a otro familiar y se integró a las investigaciones del caso. Denunció irregularidades.
La noche de ese día llegó José Ángel Alvarado para decirle a su hija que la suegra de él estaba muy enferma.
Fueron a casa de la suegra. También iban Nitzia Paola Alvarado Espino y Rocío Irene Alvarado.
Cuando llegaron al domicilio, los abordaron 10 militares y los bajaron de la camioneta. A Nitzia la jalaron del cabello. José Ángel la defendió, por lo que también se lo llevaron. Desde aquel día la familia Alvarado comenzó a sufrir hostigamiento y amenazas. Todos los días viven con temor.
María de Jesús se hizo cargo de las tres hijas de Nitzia: dos gemelas que ahora tienen 16 años y una adolescente de 13. María tiene cuatro hijos y también se hace cargo de sus papás, que son personas mayores y padecen enfermedades crónico-degenerativas.
Son 11 integrantes de la familia que viven en una pequeña casa que no es la suya. Son las tres hijas de Nitzia, cuatro hijos de María de Jesús, los papás de ambas, y el esposo de esta última, quien es mecánico y se hace cargo de la manutención de toda la familia. “Vivimos en pobreza extrema”, dice María de Jesús.
La mujer explica que la Secretaría de la Defensa Nacional reconoció en su momento que sus integrantes se llevaron a los tres miembros de la familia Alvarado. No obstante, no se sabe nada de ellos y las indagaciones no arrojan resultados a pesar de una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Silvia Arce desapareció en 1998 cuando fue a cobrar unas joyas a unas bailarinas de un antro de Ciudad Juárez. Dejó tres hijos que tenían 11, nueve y cuatro años de edad.
La madre de Silvia, Evangelina Arce, se hizo cargo de ellos. Durante 14 años Evangelina ha buscado a su hija sin encontrar respuesta. Ahora ella es uno de los pilares de la organización Justicia para Nuestras Hijas, con la que ha acompañado a cientos de familias que han sufrido su mismo dolor.
Evangelina también estuvo en la “Marcha de la Dignidad Nacional”. Ella ha recibido amenazas y tuvo que irse a vivir a otro lugar. Asegura que a su hija se la llevaron agentes de la PGR.
Doña Evangelina tuvo 11 hijos y desde 1972 ha sido luchadora social, toda vez que apoyó la causa de los desaparecidos políticos. Ahora busca –sin claudicar– a su hija.
“Los indignados”… del otro Larrea
La estrella en huelga.
Foto: CentroProDH
Foto: CentroProDH
MÉXICO, D.F. (apro).- La música lounge de Nicos Hatzopoulos, para la tercera producción del parisino Buddah Bar, fondea un video con matices de espiritualidad new age. Se superponen imágenes: crestas de un oleaje tranquilo, ventarrones que llevan a vuelo las prendas ligeras de una hermosa modelo, rostros de hombres y mujeres de perfil multirracial, protestando, abatidos por bombas de gases, besándose… armonizando con la naturaleza.
En off, una voz meliflua recita el poema de Charles Bukowsky, “El corazón que ríe”, mientras las prendas de mezclilla anticipan al espectador que se trata de Levi´s, el gigante mezclillero trasnacional que decidió rejuvenecer el American Dream y ganar el mercado global de “los indignados”, a través de su campaña publicitaria Go Forth, lanzada en agosto pasado.
Pocos saben que por esos días, en una pequeña ciudad del noreste mexicano, la mezclilla también genera indignación. En la Fábrica La Estrella S.A. de C.V. (Flesa), proveedora de Levi’s y numerosas trasnacionales, los obreros no han cobrado utilidades desde hace 20 años y su salario tampoco ha aumentado.
El potente silbato de Flesa, que marcó el ritmo de Parras de la Fuente, Coahuila, desde el siglo XIX, dejó de sonar debido al incumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), que detonó la huelga el 6 de julio del año pasado.
Con una capacidad instalada para 100 millones de metros lineales de mezclilla al año, Flesa es una de las principales empresas productoras de esa tela en el mundo.
Fundada en 1834, Flesa es la principal empresa de la división textil del Grupo Ferro Minero (GFM), corporativo propiedad de José Antonio Rivero Larrea, un magnate mexicano cuyo ascenso empresarial inició con las privatizaciones salinistas y se volvió boyante a partir de 2004, durante los gobiernos panistas.
Según integrantes del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), es familiar de Germán Larrea Mota Velasco, el segundo hombre más rico de México, quien es dueño de minas, siderúrgicas, ferrocarriles y cines. Germán Larrea es un magnate en bonanza que, pese a la muerte de decenas de trabajadores y conflictos laborales en sus minas, está bajo la protección de los gobiernos panistas, e incluso contó con el activismo del hoy exsecretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón.
Por cierto, Lozano Alarcón también ha encomiado y exaltado las actividades empresariales de Rivero Larrea, contratista de obra pública a través de la división infraestructura de GFM.
Desde el inicio del conflicto laboral en la mezclillera, las maniobras de GFM plantean la negativa de la empresa para negociar con los 318 obreros, quienes, a pesar de ceder a exigencias patronales, no pudieron cobrar siquiera la nómina de los días trabajados previos a la huelga, ni recibieron un bono que les tocaba en esas fechas. La empresa se los negó.
Para el activista de Cereal, Alejandro Patiño, no cabe duda de que se trata de una serie de simulaciones por parte de Rivero Larrea, pues lo que inició como una revisión contractual se convirtió en un conflicto al que califica como “huelga patronal”, en virtud de que la empresa ha aplazado la negociación.
Y lo hizo justamente en la segunda mitad del año, cuando el sector registraba una baja en la demanda de sus clientes, entre los que se cuentan Levi’s, Waltmart, Versace y GAP, entre otras trasnacionales.
Nuevo contrato y quiebra
Fundado en 1922, el Sindicato de Obreros Progresistas de La Estrella es uno de los gremios más antiguos del norte del país. A lo largo de su existencia ha logrado diferentes conquistas laborales que se incluyeron –a partir de 1992– en su CCT.
En junio pasado, los trabajadores acudieron a la revisión contractual, pero la sorpresa fue que la empresa les presentó un nuevo proyecto de CCT que, además de anular sus antiguos beneficios, terminaba con los apoyos de trabajadores jubilados. Eso o nada.
Aunque desde hace 20 años los trabajadores no reciben utilidades, las restricciones salariales iniciaron desde el año en que Flesa fue adquirida por GFM: En 2006 no hubo aumento salarial; en 2007 lograron 5%; en 2008, 4%; en 2009 de plano no hubo aumento, y en 2010 alcanzaron 4.5 %.
El sindicato aceptó las malas condiciones con tal de conservar su fuente de empleo. Pero pese a que en unos años desaparecerá el CCT que tienen los obreros, en virtud de que la empresa y el sindicato firmaron un convenio en 2005 para que los ingresos y reingresos de personal se rijan por el nuevo contrato, la empresa ya no quiso esperar, explica Alejandro Patiño.
De acuerdo con el CCT vigente, y el nuevo que quiso imponer la empresa en junio pasado, las cláusulas que pretendía eliminar tienen que ver con un 14% computable sobre el total de la nómina a favor del sindicato, que no forma parte del salario de los trabajadores, para constituir el fondo de becas.
Los patrones querían eliminar el 10.5% de apoyo de despensa, calculado sobre el salario de cada trabajador, y la compensación de 10% al trabajo nocturno.
Según el CCT vigente, los trabajadores deben tener eficiencia máxima, pero no incurren en responsabilidad cuando su desempeño se vea afectado por factores o causas externas, tales como fallas de electricidad, mantenimientos, falta de refacciones o materiales que, siendo asunto de la empresa, el nuevo CCT pretende impactar en el salario de los obreros. Otra cláusula que intenta desaparecer GFM es el premio de 2% por puntualidad.
En agosto pasado, José Antonio Rivero González, hijo del magnate presidente de GFM, hizo en persona una oferta a la asamblea sindical: aquellos que no estuvieran de acuerdo con el nuevo CCT, podían pedir su liquidación. Tras discutir la oferta, los trabajadores aceptaron y acudieron para informar su decisión, pero Rivero González les dijo que no podía liquidarlos a todos.
A finales de septiembre, Flesa comenzó a liquidar a los empleados de confianza, pero, de acuerdo con Patiño, lo hizo de manera injusta e ilegal. En unas semanas liquidó a 60 de sus empleados y después a 30 más.
Ejemplifica: un trabajador con 25 años de antigüedad tiene derecho a una liquidación total de 106 mil 378 pesos. Flesa entregó 65 mil pesos, y los 40 mil pesos restantes se entregarán en 12 meses, 3 mil 375 pesos cada mes.
Mientras la empresa aplazó las negociaciones para diciembre –con la indiferencia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA)–, al menos 10 universitarios hijos de trabajadores abandonaron sus estudios, pues se dejaron de pagar las becas y las familias llevan 10 meses sin ingresos, según Reynaldo Aguilera, dirigente sindical.
Para mostrar buena voluntad, los trabajadores retiraron su pliego petitorio de 2011 de la JFCA y aceptaron diálogos públicos en los que los patrones se mostraron inamovibles, inclusive permitieron el acceso de cuadrillas de mantenimiento a la planta, sin que la empresa se mueva un ápice de su propuesta de nuevo CCT.
Además, el argumento de los Rivero de que se ven afectados por las importaciones de mezclilla de China resultó falso. El 21 de octubre, la secretaría de Economía emitió una resolución en la que dice que no hay pruebas para considerar competencia desleal la mezclilla china. Según Aguilera, si acaso se afecta al mercado interno, pero la mezclilla de Flesa es de exportación.
El 8 de noviembre, los trabajadores marcharon en la Ciudad de México frente al corporativo de GFM en Polanco, donde demandaron sus prestaciones y el reinicio de las operaciones de Flesa. Consiguieron una reunión, un día después, pero de nueva cuenta no hubo respuestas patronales. Así siguieron hasta que, finalmente, la empresa demandó la quiebra.
El conflicto en Flesa ha cobrado una dimensión extraordinaria: la solución que un juzgado ofrezca en estos días amenaza el derecho de huelga.
Y es que a pesar de que la huelga fue reconocida por las autoridades laborales, la empresa promovió una demanda de quiebra y obtuvo la sentencia que pretendía por parte del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil y del Trabajo del estado de Nuevo León, con lo que ahora se propone la terminación de relaciones laborales.
El Cereal ha advertido que terminar las relaciones laborales ante una huelga declarada existente sentaría un precedente abominable para el ejercicio de los derechos laborales fundamentales de los trabajadores en México. Y ello podría ocurrir así, si el próximo jueves 17 la JFCA concede la razón a la empresa al dictar el laudo correspondiente al expediente IV-154/2012.
Sería la primera vez que una huelga terminara en fin de relaciones laborales a consecuencia de una sentencia de quiebra, lo que abriría la puerta a todos los patrones a hacer lo mismo y luego reabrir.
Hay un precedente parecido en el caso de la huelga minera de Cananea, donde la JFCA tuvo que declarar existente la huelga, pero terminó la relación laboral “por causas de fuerza mayor”, fundadas en un falso deterioro de maquinaria y equipo. Coincidentemente, esa maniobra de las autoridades federales del trabajo favoreció a Germán Larrea, el pariente del novel mezclillero Rivero Larrea.
La mística de Rivero Larrea
A partir de 2004, José Antonio Rivero Larrea construyó un imperio en su GFM. Su empresa emblemática es Minera Autlán, exportadora de productos de manganeso y ferroaliaciones, adquirida en 1993 en una privatización salinista.
Minera Autlán cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Cuenta con explotaciones en Jalisco, Hidalgo y Estado de México, y tiene plantas de ferroaliaciones en los estados de Puebla, Veracruz y Durango.
La minera tuvo en 2010 una utilidad bruta superior a 4 mil 322 millones de pesos, de acuerdo con su informe anual a la BMV. En el informe se establece la identidad de los integrantes de su consejo de administración: Pedro Reynoso Ennis, de Planfin; Ernesto Martens Rebolledo, exsecretario de Energía; Antonio Elosúa González, de U-Cali;
Eugenio Garza Herrera, de Xignux, y Francisco Garza Zambrano, de Cemex, entre otros potentados.
Pero Autlán es apenas el comienzo. En un período coincidente con el arribo de los gobiernos panistas, GFM diversificó sus giros empresariales.
Por ejemplo, el pasado 6 de octubre, el entonces secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, inauguró la hidroeléctrica Atexaco, en Puebla, construida por GFM Bienes Raíces. En Twitter, Lozano elogió y celebró el proyecto.
GFM produce y distribuye maquinaria para las industrias de la construcción y minera, compitiendo contra Caterpillar y John Deere. Cuenta con GFM Resources, dedicada a la especulación minera con sede en Canadá. GFM Electronics, desarrolla soluciones tecnológicas en Latinoamérica, de sistemas, automatización y control, seguridad, telecomunicaciones y software.
A través de EnviroTech, GFM recicla basura electrónica, metálica y plástica. También tiene una empresa de renta de automóviles en Monterrey, Nuevo León.
Por lo que toca a la industria textil, en 2006 GFM adquirió Flesa, donde se produce mezclilla y ropa. Es la textil más importante de México en su ramo, localizada en Parras de la Fuente, donde se instaló su más reciente división: la vitivinícola y dulcería gourmet “Rivero González”, que en internet exhibe una paradójica filosofía sobre la ciudad y sus pobladores:
“Pueblo mágico y gente noble que hace mucho y merece más, tierra fértil sedienta de sueños y realidades que son motivo para creer y crecer en ella. Producimos estas tierras para bienestar de quien la trabaja”.
Una novedad empresarial de GFM es el proyecto Sterra, “un hotel, spa y centro ceremonial”, ubicado en la huasteca hidalguense, cuya publicidad en internet la define en la misma lógica new age de su cliente textil Levi’s:
“‘La espiritualidad ya no está peleada con la abundancia. Y para que cumplas con tu misión en esta vida, dentro de poco tiempo vas a tener un centro en las montañas, en algún lugar de México, para sanación y armonización del ser humano; para ayudar a despertar a la humanidad a estados elevados de conciencia. No tienes que preocuparte por buscarlo, esto pasará pronto, simplemente sucederá’”.
“Éstas fueron las palabras enunciadas por Sri Ama Bhagaván a Eduardo de la Garza de la Peña –El Hombre Medicina– durante el cierre del retiro espiritual al que había asistido por 21 días en Madrás, India, en 2005, y que proféticamente se convertirían en origen y cuna de Sterra Tierra-Destino”.
En off, una voz meliflua recita el poema de Charles Bukowsky, “El corazón que ríe”, mientras las prendas de mezclilla anticipan al espectador que se trata de Levi´s, el gigante mezclillero trasnacional que decidió rejuvenecer el American Dream y ganar el mercado global de “los indignados”, a través de su campaña publicitaria Go Forth, lanzada en agosto pasado.
Pocos saben que por esos días, en una pequeña ciudad del noreste mexicano, la mezclilla también genera indignación. En la Fábrica La Estrella S.A. de C.V. (Flesa), proveedora de Levi’s y numerosas trasnacionales, los obreros no han cobrado utilidades desde hace 20 años y su salario tampoco ha aumentado.
El potente silbato de Flesa, que marcó el ritmo de Parras de la Fuente, Coahuila, desde el siglo XIX, dejó de sonar debido al incumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), que detonó la huelga el 6 de julio del año pasado.
Con una capacidad instalada para 100 millones de metros lineales de mezclilla al año, Flesa es una de las principales empresas productoras de esa tela en el mundo.
Fundada en 1834, Flesa es la principal empresa de la división textil del Grupo Ferro Minero (GFM), corporativo propiedad de José Antonio Rivero Larrea, un magnate mexicano cuyo ascenso empresarial inició con las privatizaciones salinistas y se volvió boyante a partir de 2004, durante los gobiernos panistas.
Según integrantes del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), es familiar de Germán Larrea Mota Velasco, el segundo hombre más rico de México, quien es dueño de minas, siderúrgicas, ferrocarriles y cines. Germán Larrea es un magnate en bonanza que, pese a la muerte de decenas de trabajadores y conflictos laborales en sus minas, está bajo la protección de los gobiernos panistas, e incluso contó con el activismo del hoy exsecretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón.
Por cierto, Lozano Alarcón también ha encomiado y exaltado las actividades empresariales de Rivero Larrea, contratista de obra pública a través de la división infraestructura de GFM.
Desde el inicio del conflicto laboral en la mezclillera, las maniobras de GFM plantean la negativa de la empresa para negociar con los 318 obreros, quienes, a pesar de ceder a exigencias patronales, no pudieron cobrar siquiera la nómina de los días trabajados previos a la huelga, ni recibieron un bono que les tocaba en esas fechas. La empresa se los negó.
Para el activista de Cereal, Alejandro Patiño, no cabe duda de que se trata de una serie de simulaciones por parte de Rivero Larrea, pues lo que inició como una revisión contractual se convirtió en un conflicto al que califica como “huelga patronal”, en virtud de que la empresa ha aplazado la negociación.
Y lo hizo justamente en la segunda mitad del año, cuando el sector registraba una baja en la demanda de sus clientes, entre los que se cuentan Levi’s, Waltmart, Versace y GAP, entre otras trasnacionales.
Nuevo contrato y quiebra
Fundado en 1922, el Sindicato de Obreros Progresistas de La Estrella es uno de los gremios más antiguos del norte del país. A lo largo de su existencia ha logrado diferentes conquistas laborales que se incluyeron –a partir de 1992– en su CCT.
En junio pasado, los trabajadores acudieron a la revisión contractual, pero la sorpresa fue que la empresa les presentó un nuevo proyecto de CCT que, además de anular sus antiguos beneficios, terminaba con los apoyos de trabajadores jubilados. Eso o nada.
Aunque desde hace 20 años los trabajadores no reciben utilidades, las restricciones salariales iniciaron desde el año en que Flesa fue adquirida por GFM: En 2006 no hubo aumento salarial; en 2007 lograron 5%; en 2008, 4%; en 2009 de plano no hubo aumento, y en 2010 alcanzaron 4.5 %.
El sindicato aceptó las malas condiciones con tal de conservar su fuente de empleo. Pero pese a que en unos años desaparecerá el CCT que tienen los obreros, en virtud de que la empresa y el sindicato firmaron un convenio en 2005 para que los ingresos y reingresos de personal se rijan por el nuevo contrato, la empresa ya no quiso esperar, explica Alejandro Patiño.
De acuerdo con el CCT vigente, y el nuevo que quiso imponer la empresa en junio pasado, las cláusulas que pretendía eliminar tienen que ver con un 14% computable sobre el total de la nómina a favor del sindicato, que no forma parte del salario de los trabajadores, para constituir el fondo de becas.
Los patrones querían eliminar el 10.5% de apoyo de despensa, calculado sobre el salario de cada trabajador, y la compensación de 10% al trabajo nocturno.
Según el CCT vigente, los trabajadores deben tener eficiencia máxima, pero no incurren en responsabilidad cuando su desempeño se vea afectado por factores o causas externas, tales como fallas de electricidad, mantenimientos, falta de refacciones o materiales que, siendo asunto de la empresa, el nuevo CCT pretende impactar en el salario de los obreros. Otra cláusula que intenta desaparecer GFM es el premio de 2% por puntualidad.
En agosto pasado, José Antonio Rivero González, hijo del magnate presidente de GFM, hizo en persona una oferta a la asamblea sindical: aquellos que no estuvieran de acuerdo con el nuevo CCT, podían pedir su liquidación. Tras discutir la oferta, los trabajadores aceptaron y acudieron para informar su decisión, pero Rivero González les dijo que no podía liquidarlos a todos.
A finales de septiembre, Flesa comenzó a liquidar a los empleados de confianza, pero, de acuerdo con Patiño, lo hizo de manera injusta e ilegal. En unas semanas liquidó a 60 de sus empleados y después a 30 más.
Ejemplifica: un trabajador con 25 años de antigüedad tiene derecho a una liquidación total de 106 mil 378 pesos. Flesa entregó 65 mil pesos, y los 40 mil pesos restantes se entregarán en 12 meses, 3 mil 375 pesos cada mes.
Mientras la empresa aplazó las negociaciones para diciembre –con la indiferencia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA)–, al menos 10 universitarios hijos de trabajadores abandonaron sus estudios, pues se dejaron de pagar las becas y las familias llevan 10 meses sin ingresos, según Reynaldo Aguilera, dirigente sindical.
Para mostrar buena voluntad, los trabajadores retiraron su pliego petitorio de 2011 de la JFCA y aceptaron diálogos públicos en los que los patrones se mostraron inamovibles, inclusive permitieron el acceso de cuadrillas de mantenimiento a la planta, sin que la empresa se mueva un ápice de su propuesta de nuevo CCT.
Además, el argumento de los Rivero de que se ven afectados por las importaciones de mezclilla de China resultó falso. El 21 de octubre, la secretaría de Economía emitió una resolución en la que dice que no hay pruebas para considerar competencia desleal la mezclilla china. Según Aguilera, si acaso se afecta al mercado interno, pero la mezclilla de Flesa es de exportación.
El 8 de noviembre, los trabajadores marcharon en la Ciudad de México frente al corporativo de GFM en Polanco, donde demandaron sus prestaciones y el reinicio de las operaciones de Flesa. Consiguieron una reunión, un día después, pero de nueva cuenta no hubo respuestas patronales. Así siguieron hasta que, finalmente, la empresa demandó la quiebra.
El conflicto en Flesa ha cobrado una dimensión extraordinaria: la solución que un juzgado ofrezca en estos días amenaza el derecho de huelga.
Y es que a pesar de que la huelga fue reconocida por las autoridades laborales, la empresa promovió una demanda de quiebra y obtuvo la sentencia que pretendía por parte del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil y del Trabajo del estado de Nuevo León, con lo que ahora se propone la terminación de relaciones laborales.
El Cereal ha advertido que terminar las relaciones laborales ante una huelga declarada existente sentaría un precedente abominable para el ejercicio de los derechos laborales fundamentales de los trabajadores en México. Y ello podría ocurrir así, si el próximo jueves 17 la JFCA concede la razón a la empresa al dictar el laudo correspondiente al expediente IV-154/2012.
Sería la primera vez que una huelga terminara en fin de relaciones laborales a consecuencia de una sentencia de quiebra, lo que abriría la puerta a todos los patrones a hacer lo mismo y luego reabrir.
Hay un precedente parecido en el caso de la huelga minera de Cananea, donde la JFCA tuvo que declarar existente la huelga, pero terminó la relación laboral “por causas de fuerza mayor”, fundadas en un falso deterioro de maquinaria y equipo. Coincidentemente, esa maniobra de las autoridades federales del trabajo favoreció a Germán Larrea, el pariente del novel mezclillero Rivero Larrea.
La mística de Rivero Larrea
A partir de 2004, José Antonio Rivero Larrea construyó un imperio en su GFM. Su empresa emblemática es Minera Autlán, exportadora de productos de manganeso y ferroaliaciones, adquirida en 1993 en una privatización salinista.
Minera Autlán cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Cuenta con explotaciones en Jalisco, Hidalgo y Estado de México, y tiene plantas de ferroaliaciones en los estados de Puebla, Veracruz y Durango.
La minera tuvo en 2010 una utilidad bruta superior a 4 mil 322 millones de pesos, de acuerdo con su informe anual a la BMV. En el informe se establece la identidad de los integrantes de su consejo de administración: Pedro Reynoso Ennis, de Planfin; Ernesto Martens Rebolledo, exsecretario de Energía; Antonio Elosúa González, de U-Cali;
Eugenio Garza Herrera, de Xignux, y Francisco Garza Zambrano, de Cemex, entre otros potentados.
Pero Autlán es apenas el comienzo. En un período coincidente con el arribo de los gobiernos panistas, GFM diversificó sus giros empresariales.
Por ejemplo, el pasado 6 de octubre, el entonces secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, inauguró la hidroeléctrica Atexaco, en Puebla, construida por GFM Bienes Raíces. En Twitter, Lozano elogió y celebró el proyecto.
GFM produce y distribuye maquinaria para las industrias de la construcción y minera, compitiendo contra Caterpillar y John Deere. Cuenta con GFM Resources, dedicada a la especulación minera con sede en Canadá. GFM Electronics, desarrolla soluciones tecnológicas en Latinoamérica, de sistemas, automatización y control, seguridad, telecomunicaciones y software.
A través de EnviroTech, GFM recicla basura electrónica, metálica y plástica. También tiene una empresa de renta de automóviles en Monterrey, Nuevo León.
Por lo que toca a la industria textil, en 2006 GFM adquirió Flesa, donde se produce mezclilla y ropa. Es la textil más importante de México en su ramo, localizada en Parras de la Fuente, donde se instaló su más reciente división: la vitivinícola y dulcería gourmet “Rivero González”, que en internet exhibe una paradójica filosofía sobre la ciudad y sus pobladores:
“Pueblo mágico y gente noble que hace mucho y merece más, tierra fértil sedienta de sueños y realidades que son motivo para creer y crecer en ella. Producimos estas tierras para bienestar de quien la trabaja”.
Una novedad empresarial de GFM es el proyecto Sterra, “un hotel, spa y centro ceremonial”, ubicado en la huasteca hidalguense, cuya publicidad en internet la define en la misma lógica new age de su cliente textil Levi’s:
“‘La espiritualidad ya no está peleada con la abundancia. Y para que cumplas con tu misión en esta vida, dentro de poco tiempo vas a tener un centro en las montañas, en algún lugar de México, para sanación y armonización del ser humano; para ayudar a despertar a la humanidad a estados elevados de conciencia. No tienes que preocuparte por buscarlo, esto pasará pronto, simplemente sucederá’”.
“Éstas fueron las palabras enunciadas por Sri Ama Bhagaván a Eduardo de la Garza de la Peña –El Hombre Medicina– durante el cierre del retiro espiritual al que había asistido por 21 días en Madrás, India, en 2005, y que proféticamente se convertirían en origen y cuna de Sterra Tierra-Destino”.
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