Muchos Méxicos- Violencia y retroceso autocrático- Política y educación

Muchos Méxicos

Adolfo Sánchez Rebolledo

 

       México sigue siendo muchos Méxicos, como observó Simpson. Ha cambiado la fisonomía y el gesto, la indumentaria y el hábitat, pero en numerosos aspectos sustantivos seguimos siendo el país de la desigualdad, civilizado y bárbaro a la vez, cuyos vasos comunicantes evitamos comprender esperando que uno venza al otro por la inercia del tiempo.

 

La ansiada (o temida) modernización vino a recrear nuevas formas de feudalización territorial, económica y cultural; la alternancia trajo la balcanización del poder presidencial en beneficio de los gobernadores. Lo graves es que hoy no hay un proyecto nacional digno de tal nombre, pues ni siquiera la Constitución ha podido impedir que, pasando sobre sus principios, se configure una realidad a contrapelo del pacto social originario, justificada por una ideología moderna que explícitamente renuncia a conservar ideales, vistos ahora como tabú, es decir, como simples anacronismos opuestos al mercado.

La crisis política que arrastramos durante años (y que al calor de las elecciones se expresa sin remedio) es una crisis ideológica de enorme envergadura marcada por la pérdida general del rumbo, por la suplantación de la idea de futuro como posibilidad alcanzable a cambio de la inmediatez fulgurante pero engañosa del lucro como motor de la vida. De la inteligencia nacional se han expulsado, si cabe emplear la expresión, los postulados racionales que daban sentido a la acción plural de la sociedad, despojando así a la actuación pública no sólo de valores éticos, laicos, sino de objetivos asumibles por la mayoría para poner en movimiento a la sociedad y avanzar.

En el México actual, la explotación es un modo de ser que el pluralismo no transforma. La pobreza es el gran estigma traducido a cifras incoloras, olvidables menos para quienes la soportan, y no son pocos. Somos un país polarizado donde los ricos, al decir de Quevedo, comen, mientras los pobres (si pueden) se alimentan. Ese es el gran abismo que impide la unidad nacional, la concentración de energías para salir adelante. Sobre ese piso de inequidad se alza todo lo demás, la estructura de sometimiento y corrupción, el fatalismo o la impaciencia, el cinismo y la violencia, la desesperación.

El país es un poliedro con las caras confrontadas, impasible bajo la inercia del no pasa nada o dispuesto a estallar en horas inadvertidas de agravios filtrados por el vapor lento de la historia. Un lado nos muestra al México ciudadano, democrático, capaz de organizar las elecciones más vigiladas con un grado enorme de participación y el otro la incapacidad de asegurar el juego limpio. Uno afirma el futuro; el otro el pasado. Son los hermanos siameses de esa dialéctica fatal que la transición no ha roto. La disputa actual sobre el resultado electoral no es como se pretende un asunto de cifras más o menos, de votos contados en las casillas, lo cual, claro, no es irrelevante, sino de asumir que los grandes problemas preceden al acto electoral y no están sólo en el ojo fiscalizador sino en la naturaleza misma de la sociedad y el Estado, que es el marco obligado de referencia.

Nos interesa que la mayoría gobierne, pero no puede sernos indiferente el modo como esa mayoría se constituye. No sólo se trata de la equidad referida a los participantes una vez iniciada la contienda, sino si existen las condiciones en la sociedad y en el Estado para que el debate y la deliberación democrática fluya sin exclusiones. No puede haber equidad allí donde la acción educadora de la conciencia cívica queda en manos de los medios que tienen sus propia agenda empresarial respecto del Estado (o de una escuela pública fracasada). La pluralidad no se mide por los espots transmitidos a hora fija sino por el respeto al derecho a la información que le corresponde a la ciudadanía.

Esa crítica, que no es nueva, adquirió significación política en este 2012 gracias a las movilizaciones estudiantiles, como una suerte de revuelta simbólica contra la imagen oficial dominante en la cual México es una ficción incompatible son las vivencias de la mayoría. La generación que ha hecho suya la tecnología más avanzada no pide el fin de la caja idiota, ni se regodea en el discurso de la alienación, pero plantea algo más esencial: es necesaria y posible otra información de masas, una agenda de contenidos que rompa con el monopolio ético y cultural en la formación de los mexicanos.

A través de la protesta, pero también de la apelación a la ley, salta ese México que rechaza la manipulación de la miseria y la desigualdad para conseguir votos. Hay un claro deslinde político y moral ante la explotación electoral de quienes ceden por unas migajas (acaso para ellos imprescindibles) la libertad de elegir de cada ciudadano, sin coacción alguna, piedra angular de todo régimen que se considere una democracia. Pide castigo para el comprador, no para quien vende su mísera mercancía. No estamos en condiciones de saber cuál es el monto de esta actividad ni cómo influyó en el resultado dado a conocer, pero es un hecho que esa práctica es imposible de negar aunque las formas peculiares hayan cambiado para darle visos de avance (se usan tarjetas o se triangulan recursos para borrar las huellas). La impugnación es necesaria.

En los días que vienen el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tomará cartas en el asunto y resolverá en definitiva quién será el presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Dirá y calificará. La legalidad estará a salvo, pero si no hay rectificaciones de fondo el problema continuará presente como un tumor expandiéndose. Ya no se trata única y exclusivamente de precisar si la autoridad hizo todo lo que estaba a su alcance para evitar el desaseo, sino de reconocer que estamos ante una falla estructural en la construcción del sistema democrático. La compra y coacción del voto es un fenómeno que atañe al régimen como tal; toca al funcionamiento del aparato del Estado, la impartición de justicia, la capacitación cívica, pues en definitiva es parte del gran problema de corrupción persistente, pero es también reflejo de la situación de fragilidad absoluta en que subsisten millones de mexicanos que ven en el acto electoral la oportunidad de aligerar la carga que significa alimentarse cada día.

La fiscalización de los recursos públicos es una función del Estado en su conjunto y no responsabilidad temporal de una institución. O es que Hacienda, la procuraduría o Gobernación no tienen nada que decir ni cuentas que dar? ¿Y el Legislativo? Finalmente, ¿no ha sido la connivencia del grupo gobernante con los poderes fácticos enclavados en la industria de las telecomunicaciones y el entretenimiento la que abrió las compuertas a la pretensión de imponer un candidato propio a la Presidencia? ¿No han sido los medios encabritados por la reforma del 78 que les redujo las ganancias los primeros en atacar al IFE para condicionar los cambios a los que aspiran? El camino será largo, pues la única manera de frenar tantos abusos consiste en fortalecer la organización popular, la capacidad colectiva e individual de ejercer los derechos que le corresponden a la ciudadanía, hasta que la autoridad cumpla o se vaya. Derechos, no migajas, es lo que toca hacer valer. Aquí concluye un capítulo, pero hacia adelante queda un ancho camino que recorrer. Esa transformación ya ha comenzado, pero exigirá aún mas la convergencia amplia, plural, en un gran frente de todos los agraviados. Ese es el México del futuro.

Violencia y retroceso autocrático

John Saxe-Fernández

 

       En una entrevista con Fareed Zakaria desde CNN, Enrique Peña Nieto (EPN), cuyo triunfo es cuestionado ante monumentales irregularidades (compra y coacción del voto, etc.), que en cualquier nación acarrearía la anulación de las elecciones, aclaró que en materia de seguridad su agenda es la apuntada por Estados Unidos: continuar la guerra irregular, esto es, seguir desangrando y desestabilizando a México como desde 2007, bajo la pantalla de “guerra al narco”, generando hiperviolencia con efectos demográfico-territoriales vistos con atención por el Comando Norte del Departamento de Defensa (DdD).

 

Lo que aquí es un trauma nacional, para Estados Unidos es oportunidad para colocar tropa y contratistas en territorio mexicano e incidir en la toma de decisiones sobre seguridad interna. Incluso es excusa para plantear la invasión militar, como hizo el gobernador de Texas, estado que, como Arizona, deriva ventajas del gran desalojo de mexicanos: la violencia expulsa miles de trabajadores, empresarios, fábricas y grandes fortunas hacia Mission, Houston, Phoenix, etc. Allá genera un boom, acá, pueblos fantasmas, desempleo y grandes vacíos geográficos, con riesgo de desgaje territorial. Es un cuadro alentado por el lavado de dinero y el magno flujo, rápido y furioso, de armas de alto poder hacia cárteles y otros entes armados que operan en el país y en los estados norteños.

EPN aseguró al Wall Street Journal que no cambiaría, sólo ajustaría, la actual estrategia anticrimen de Calderón, enfatizó el papel de la Policía Federal y luego anunció que Óscar Naranjo, ex general y ex director de la policía colombiana, le asesoraría en materia de seguridad. El pedigree de Naranjo, rigurosamente analizado por Carlos Fazio (La Jornada, 30/6/12, p. 2 y ss), lo convierte en un producto de exportación estadunidense, cuya primera recomendación a EPN, según la Ap, fue crear grupos de choque mixtos (Ejército, Armada, policías) para combatir al narco y sicarios ... concentrando los esfuerzos en las regiones de mayor conflictividad, es decir, alborotando el avispero con grupos de choque, en la frontera con Estados Unidos. ¿Para qué? ¿llevar la explosión hasta las calles de Chicago o NY y que nos bajen la frontera hasta Monterrey?

La experiencia de Estados Unidos en la formación y uso de pelotones de asesinato (paramilitares) para implantar regímenes de terror de Estado, impulsados y financiados desde el Plan Colombia con resultados atroces para la población rural y urbana, es para el DdD (junto al uso de drones para matar o espiar, ya avalado por EPN), aplicable a otras naciones de interés, sea por los “corredores energéticos o minerales en su territorio (Afganistán) o por su dotación de petróleo (Irak, Nigeria, Irán, etc.) y por tanto de valor para las petroleras y la seguridad nacional estadunidenses, máxime cuando se agudiza el agotamiento de los estratos baratos, de fácil acceso y alta calidad de hidrocarburos (peak oil) y otros recursos vitales.

Aunque la conjunción de intereses empresariales y de seguridad de Estados Unidos, encarnada por Negroponte, asumió que una mayor privatización de Pemex era asunto políticamente delicado que debía ser debatido (La Jornada, 13/1/11), todo indica que la decisión se realizó a puertas cerradas en el PRI, en el PAN –¿y en la embajada?– porque días después EPN fue a Estados Unidos a anunciar que acataría esa directriz y pronto el PAN se pronuncio por profundizar las reformas estructurales del FMI-Banco Mundial-BID vigentes por 30 años, devastando población, el aparato productivo y el empleo, fuente prima del caldo de cultivo de la criminalidad que Estados Unidos dice combatir con la Iniciativa Mérida, el esquema de intervención/ocupación con que, a decir de G. Thompson (NYT/VII/11) se despliegan en México agentes de la CIA/DEA, militares retirados y contratistas de seguridad.

Coda: luego del bochorno electoral de 2012, en EPN confluyen, además de la ilegitimidad comicial y el poder de la televisión, el refuerzo de la autocracia presidencial: como en Estados Unidos, luego del 11/S, acá se auspicia la usurpación legal de funciones judiciales y legislativas por el Ejecutivo vía la nueva Ley para la Evaluación y Aprobación de Tratados (La Jornada 27/4/12). De ser aprobada por el Senado, sería una hazaña de homologación con el imperio, en que el PRIAN nos abre al ingreso de naves, equipo y tropa extranjera o al envío de soldados al exterior. Porfirio Muñoz Ledo advirtió que con esa ley se están convirtiendo los acuerdos ejecutivos para darles el valor de tratados, violentando el equilibrio de poderes, convalidando los ya suscritos y suplantando al Senado con una simple notificación por parte del Ejecutivo y el diputado Jaime Cárdenas fue a su fondo geoestratégico: detrás de esta ley está el interés en el petróleo, los minerales, el agua, la biodiversidad y el deseo de imponer a México las estrategias de organismos financieros en materia de soberanía económica y alimentaria.

jsaxef.blogspot.com

Política y educación

Manuel Pérez Rocha

 

      Los hechos políticos más significativos de estos días son las actuaciones de los diversos sectores de la población. Es necesario ir más allá de la explicable indignación e irritación por el proceder de las televisoras y otros medios, del IFE, del PAN, de Calderón, del PRI, del Panal y de otros actores políticos que fueron determinantes en los saldos oficiales de los comicios, justificadamente impugnados, y dar espacio al análisis social y la reflexión. De ser ciertas las cifras oficiales sobre las elecciones, cabe preguntarse: ¿por qué, en no pocos casos, ganaron los peores? ¿Por qué 19 millones de mexicanos votaron por un desacreditado candidato presidencial de telenovela? ¿Por qué 33 millones de los mexicanos que votaron no lo hicieron por un candidato progresista que presentó un sólido proyecto de nación, respaldado por un equipo de prestigiados profesionales y funcionarios que lo pondrían en marcha? ¿Por ignorancia? ¿Por interés? ¿Por convicción? ¿Porque fueron manipulados y comprados?

 

Si la manipulación y la compra de votos fueron factores determinantes en los comicios, resulta necesario que las fuerzas de izquierda pongan la educación en el centro de sus tareas. Pero la educación en una perspectiva amplia que comprenda no sólo la educación formal escolar (que solo dará resultados a mediano plazo), sino también imaginativos programas de educación extraescolar que pueden dar resultados inmediatos, particularmente los que deben desarrollar, con sus miembros y con la población en general, las organizaciones políticas que se precian de ser progresistas. Un auténtico partido de izquierda no puede limitarse a los aspectos operativos de la lucha electoral; tarea igualmente importante (o más, porque de ella dependen también los éxitos electorales) es la educación.

Constituye un escándalo el grave descuido que respecto de la educación han tenido las organizaciones políticas que se precian de ser progresistas, como el PRD, el PT y Movimiento Ciudadano. En los años recientes, la educación pública mexicana ha sido objeto de graves cambios negativos, bárbaros retrocesos, y esos partidos nada han hecho a pesar de que cuentan con espacios relevantes en las cámaras legislativas. Un caso de trascendencia histórica es la eliminación de las humanidades en la enseñanza media superior y la drástica reducción de ese campo de conocimiento en la educación básica. Además, en el nivel superior, la política impuesta por el gobierno federal ha consistido en restringir los recursos a las universidades, en las cuales, como se ha visto, se desarrollan las capacidades críticas, y en fortalecer de manera precipitada y sin planeación alguna un costosísimo sistema de falsas universidades (universidades tecnológicas y universidades politécnicas) en las cuales las humanidades están ausentes.

Las humanidades son esenciales para el desarrollo de las actitudes y habilidades de pensamiento crítico, y por tanto para la vida cívica y democrática. No sorprende que los gobiernos tecnocráticos del PRI y del PAN las combatan. Es un contrasentido que las fuerzas políticas progresistas se desentiendan de este asunto. La eliminación de las humanidades, descalificadas por los tecnócratas como educación tradicional inútil y obsoleta, y su remplazo con una pobre capacitación técnica en todos los niveles del sistema educativo, es una política impuesta con fuerza desde la administración echeverrista. Sus promotores pretenden justificarla con el argumento de que la educación debe formar los recursos humanos para el desarrollo y de que esa educación es la que necesitan los jóvenes para que se les pueda dar empleo. Los partidos de izquierda no solamente no han hecho la crítica que esta ideología merece, sino que la han asumido como parte de sus ideas. La filosofía de la educación y la pedagogía, a pesar de su enorme trascendencia política, son temas totalmente ignorados por los partidos políticos. Las organizaciones que se precian de progresistas no pueden continuar con esta negligencia. Una perspectiva valiosa acerca de este asunto lo ofrece la filósofa estadunidense Martha Nussbaum, recién galardonada con el Premio Príncipe de Asturias, quien ha sumado a otras muchas una justificada crítica de la visión economicista de la educación y de los efectos negativos que ha tenido para su país. De la misma manera, ha hecho una sólida argumentación a favor de las humanidades y su trascendencia para la vida cívica y la democracia.

Los resultados de las pasadas elecciones están muy lejos de ser un desastre para la izquierda. Todo lo contrario: haber alcanzado las altas cifras de apoyo y compromiso del pueblo que reconoce incluso la mafia dominante, en condiciones tan adversas, debe constituir para la izquierda una fuente de aliento y convertirse en nuevas líneas de acción a partir del análisis de sus aciertos. Uno de ellos es, sin duda, el trabajo de educación política realizado por el Movimiento Regeneración Nacional. Iniciativas como el periódico Regeneración, los círculos de estudio, las redes universitarias y los encuentros en defensa de la educación pública demostraron, con los resultados, su eficacia. Lo mismo puede decirse del trabajo de educación política hecho a nivel del suelo por López Obrador y los militantes del Movimiento Regeneración Nacional. Todas estas iniciativas han demostrado que el poder de las televisoras y otros medios puede ser contrarrestado con proyectos educativos inteligentes. Es urgente reforzar estos trabajos. Gran provecho se puede sacar, por ejemplo, de la lectura y reflexión de ese sabio y breve texto de Noam Chomsky titulado Las 10 estrategias de manipulación mediática y de otras valiosas investigaciones académicas acerca de este tema.

La democracia no consiste en la realización de elecciones legalmente correctas, mucho menos en elecciones fraudulentas como las que se realizaron el pasado primero de julio. La democracia, bien lo define la Constitución, está fusionada con la educación y consiste en el mejoramiento cultural y material del pueblo. El pueblo mexicano ha mostrado un significativo avance político en estos años. La traición está del lado de las instituciones, del IFE, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la mayoría de diputados y senadores y de la Suprema Corte, quienes exhiben (como lo hicieron hace siete años con el vergonzoso caso del desafuero) su verdadera naturaleza: instrumentos de la oligarquía. Esto sí es mandar al diablo la institucionalidad.