Nosotros ya no somos los mismos- Otra elección incierta

Nosotros ya no somos los mismos

La responsabilidad del Consejo General del IFE

Ortiz Tejeda

El Consejo General del IFE es responsable de organizar debates, señaló Gobernación. En la imagen aparecen los consejeros Sergio García, Marco Antonio Baños, María Marván, Macarita Elizondo, Leonardo Valdés y el secretario Jacobo MolinaFoto Carlos Cisneros

        En la pretérita edad de las prensas planas, las novelas, las historias y los monitos se entregaban periódicamente en pequeños folletines anexos o independientes de los diarios, y mantenían en ascuas durante días a sus lectores. Los personajes tan numerosos y las tramas tan enredadas que cada nuevo capítulo tenía que iniciar con una sinopsis para intentar poner al corriente a los lectores, hoy se dice: en contexto.

Pues aquí está mi sinopsis:

Dos disposiciones legales son la base de este embrollo.

1.- El artículo 62 de la Ley de Radio y Televisión señala: Todas las estaciones de radio y televisión en el país estarán obligadas a encadenarse cuando se trate de transmitir información de trascendencia para la nación, a juicio de la Secretaría de Gobernación.

2.- El artículo 8° constitucional establece: Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.

Pues que se me ocurre campechanear los dos conceptos jurídicos y les envío a siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nueve consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) y a un secretario de Estado (Gobernación), una pregunta tal como la ley lo exige: pacífica y respetuosa. ¿consideran ustedes que la información relativa a las elecciones del primero de julio es de trascendencia para la nación? Ese fue todo mi pecado, encargar trabajo de más. Se armaron consultas, se contrapusieron razones y hasta argumentos para enviarme a la hacienda de López Obrador. Por fin se pusieron de acuerdo y el tribunal me envió una contestación que, de no haberla ya publicado, la hubiera podido vender a alguna de las universidades texanas que tanto gustan de nuestras curiosidades. Me contesta el licenciado Marco Antonio Zavala, y me dice: “Mediante acuerdo plenario –de la sala superior– se me ha instruido comunicarle que la sala superior (va de nuez), así como la y los magistrados que la integran (nada más faltaba que se fuera meter cualquier otro magistrado que no la integre ni tenga nada tenga que ver: Rábago, del Fiscal, o Veloz, del Agrario), ejercen las atribuciones que les confiere la Constitución, así como la legislación secundaria emitida al amparo de la misma, entre las que no se encuentra la de desahogar opiniones consultivas.”

¿Se dan cuenta de la precariedad de criterio, de la estrechez burocrática con que juzgaron el asunto? Y lo peor es que seguramente pensaron que Marco Antonio Zavala Arredondo era un hábil y prometedor abogado: estupendo muchacho –se dijeron– de la que nos libró. De seguro es pariente de Hildebrando.

¿Qué hay en el fondo de esta infantil argucia leguleya? ¿Qué intereses se afectaban si los magistrados se atrevían a emitir una opinión sobre algo expresamente señalado en la ley? La responsabilidad de su cumplimiento correspondía a Gobernación no a ellos. ¿Entonces? ¡Nada! Pero qué necesidad (diría el clásico), de quedar mal.

Me he dedicado a leer sobre el derecho de petición: sus orígenes, su postulado en nuestras diversas constituciones y cómo funciona en la actualidad en la Unión Europea. Tengo las opiniones del doctor Burgoa, del entrañable maestro Juventino Castro y los escritos del licenciado Tráfaga Reyes. Por mi parte coleccioné toda clase de sinónimos e interpretaciones de los vocablos –petición y consulta– y ya me disponía a una verdadera embestida, cuando uno de mis amigos, el más suavecito, light, enemigo de toda violencia que no sea intrafamiliar y sicológica me dijo: “Párale, Ortiz, la contestación del tribunal ya a nadie le importa. Déjalos con sus demonios interiores. Piensa el infierno que están viviendo: ¿Si le fallan a Josefina los manda al círculo dantesco de los traidores que, sin duda, encabezará Vicente Fox? ¿Si incomodan a Peña Nieto, entrando, entrando, ordena que les ajusten los salarios al trabajo realizado? ¿Si defenestran a López Obrador beca a sus hijitos para que vayan a estudiar con los niños Chávez? A estas angustia, sólo un buen bono por trabajos extraordinarios las hace tolerables.

Pues que se cumplió mi aspiración y por fin recibí una contestación precisa, informada, sustentada plenamente en la normatividad vigente y que, además, al tiempo que demuestra la no competencia (en diversos sentidos), de la Secretaría de Gobernación, señala con responsabilidad y valor civil, al único culpable. (Por favor música de extrema emoción, Norman Bates está a punto de perforar a Janet Leigh, por ejemplo). El culpable de que los debates no se hayan transmitido por cadena nacional de radio y televisión es… el Consejo General del Instituto Federal Electoral... Y lo fundamenta:

En estricto apego al principio de legalidad, corresponde al Consejo General del Instituto Federal Electoral vigilar de forma permanente que el organismo público ejerza sus facultades como autoridad única en la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión de conformidad a sus fines y al derecho de los partidos políticos nacionales. En este sentido, es la mencionada autoridad colegiada la que cuenta con atribuciones legales para definir y determinar cuál es la información que cumple el carácter de trascendente en la materia de mérito.

Claro está que cuando me repuse del soponcio que me ocasionó tamaño despropósito, elaboré de inmediato un prontuario para tratar de explicar a estos noveles funcionarios (aunque ya les quede tan poco tiempo) lo que son los tiempos de Estado y en qué momento éstos pasan a la administración única del IFE. Cómo se dividen los minutos entre el instituto y los partidos, cuánto le corresponde a cada partido según el número de sufragios obtenidos por cada uno en la elección de diputados inmediatamente anterior. Cómo se distribuye el tiempo entre las elecciones federales y locales concurrentes. Todo esto y algunos artículos más, representan dos o tres páginas del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Penales (Cofipe). ¿En seis años no han sido capaces de leerlas? Pues entonces todos son un hato de cobrones quincenales, en los que nadie puede confiar.

Vean también el artículo 70 del Cofipe, que es el que se refiere a los debates. En lo esencial establece: los dos debates serán coordinados por el IFE y transmitidos en vivo por las estaciones de radio y canales de televisión de permisionarios públicos (no se atreve siquiera a incluir a aquellos particulares a los que les ha dado permiso). El tiempo estatal del IFE apenas le alcanza para anunciar los debates a los que está obligado a convocar según el propio 70/1. Podría agregar, que de los tiempos de los partidos el instituto es sólo administrador. Éstos no pueden intercambiarse, acumularse, permutarse etcétera. Pero, basta, en última instancia, ¿Quién soy yo, licenciadito de poca monta, para tomar la defensa de los ilustres doctores ifianos, tan injustamente acusados? (Ante este harakiri, uno espera que el coro conteste: sí eres Ortiz, sí eres). Como esto no se ha dado nunca, prefiero esperar la obligada contestación del Consejo General. Aquí no se vale voltear para otro lado y hacer como que la virgen te habla. La respuesta, para el Consejo General, no es opción.

Con una afección bronquial del carajo, salí a votar. No podía ser de otra manera si es la última vez que mi credencial de elector podrá ser usada (bueno Ortiz, muere confiado). Al regreso caí en una afiebrada somnolencia de la que me despertó únicamente la urgencia de enviar este correo. En ese sopor vi a Alejandro Poiré recibir mi carta, pasarla a Obdulio Ávila, éste la entrega a Miguel Ángel Rodríguez (el alumno predilecto de María Moliner), quien en una reversible la pone en manos de la maestra Ana María Moreno, quien con buena interferencia de Lorena Labastida y Carlos Francisco Ramírez, me hacen llegar la respuesta. Y que me llega Celia Cruz y me explica a Poiré y sus colaboradores: Songo le dio a Borondongo/ Borondongo le dio a Bernabé/Bernabé le pegó a Muchilanga / le echó a Burundanga se le hinchan los pies. (Gracias por la información, Delgado).

ortiz.tejeda@hotmail.com

Todo muy civilizadito-Helguera

ahelguera@jornada.com.mx

Otra elección incierta

El proceso electoral que habría debido culminar ayer con resultados confiables y un ganador inobjetable de la contienda presidencial se encuentra, en cambio, en un preocupante compás de espera y se ha visto contaminado por malas conductas institucionales, civiles y mediáticas.

 

De entrada, la elección fue precedida por una parcialidad tan pronunciada de los medios –especialmente, de los electrónicos–, que derivó en la fabricación de una candidatura presidencial con base en el desmesurado poder de la pantalla televisiva sobre la opinión pública. Tal proceso no se limitó a la aplicación, para efectos políticos, de la mercadotecnia y la publicidad comercial tradicionales, sino incluyó campañas de descalificación y distorsión contra eventuales competidores del aspirante priísta, así como una manifiesta inequidad informativa muy semejante a un bloqueo. Otra vertiente de esa construcción de la candidatura de Enrique Peña Nieto fue la elaboración de cientos o miles de encuestas a todas luces divorciadas de la realidad.

Ya en la fase de las campañas electorales propiamente dichas, el Partido Revolucionario Institucional recurrió a su arsenal de maniobras tradicionales de manipulación y distorsión electoral: la compra y coacción de votos, el amedrentamiento y la agresión a simpatizantes de otros institutos y fórmulas políticas, así como un derroche aplastante de dinero en publicidad, logística y reparto de bienes o efectivo a cambio de voluntades ciudadanas. Ante tales prácticas indeseables y delictivas, tanto el Instituto Federal Electoral (IFE) como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se comportaron con una tolerancia cercana a la omisión de sus facultades y obligaciones legales.

En la jornada del domingo proliferaron las denuncias de irregularidades –las más reiteradas se refirieron a la compra de votos, pero también las hubo por robos con violencia de urnas, así como por agresiones contra ciudadanos de fórmulas distintas a la que encabeza Peña Nieto y por manipulación indebida de papelería electoral por presuntos operadores priístas–; sin embargo, tanto los altos funcionarios electorales y judiciales como los portavoces de los medios informativos se empeñaron en retratar unos comicios limpios y apacibles.

Sin ser una cosa ni la otra, la elección tuvo, empero, una notable virtud: la alta participación ciudadana y el resurgimiento de un interés cívico que restableció el vínculo con las urnas –y con la política en general– de grandes sectores de la ciudadanía. La expresión más notable de ese fenómeno positivo es el surgimiento –al calor de las campañas– del movimiento estudiantil y juvenil #YoSoy132, el cual tuvo por elemento articulador un vasto malestar ante las miserias de un régimen político en el que participan, sin atribuciones legales, poderes fácticos como el de los medios electrónicos y, a estas alturas, de las casas encuestadoras que parecen más preocupadas por inducir tendencias electorales que por retratarlas.

Al fin de la jornada, cuando el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) llevaba computadas menos de 10 por ciento de las casillas, el presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, salió a anunciar en cadena nacional los resultados de un sondeo rápido que difieren notablemente de los números del PREP, pero que convergen con los de las encuestas más impugnadas por la opinión pública. Inmediatamente después, el aún titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, hizo uso del enlace nacional para proclamar el triunfo de Peña Nieto. Todo ello con el telón de fondo de medios informativos que no vacilaron en proclamar vencedor al aspirante priísta, el cual, posteriormente, pronunció un discurso de presidente electo, sin serlo.

Estos desfiguros institucionales e informativos resultan lamentables en la medida en que vician el proceso electoral e introducen en él factores de incertidumbre y hasta de sospecha. En un escenario competido, en efecto, proclamar ganadores cuando no se tienen resultados constituye una temeridad y puede dañar de manera irreparable a la elección en su conjunto.

Por su parte, el candidato presidencial de las izquierdas anunció que esperaría al recuento total de los votos para asumir una posición y llamó a la calma y a la civilidad a sus seguidores. No podrá achacársele, en consecuencia, la paternidad de una incertidumbre electoral que se gestó, en cambio, en el sistemático manipuleo televisivo, en la sostenida intromisión de la administración calderonista, en la pusilanimidad de las autoridades electorales y en la aplicación de las tradicionales malas artes comiciales del Revolucionario Institucional.

Lo cierto es que se ha vuelto a colocar al país en un escenario de falta de credibilidad que podría derivar en circunstancias ingobernables o en seis años más de un gobierno privado de legitimidad. Cabe esperar que ninguna de esas perspectivas se concrete y que, por el contrario, el cómputo total de los sufragios y la rápida resolución de las impugnaciones dé certeza sobre el sentido del veredicto popular emitido ayer en las urnas.