Hay más pruebas, dice AMLO- Rompiendo el silencio- El miedo a la democracia

Se entregarán esta semana; ningún acuerdo sobre el pantano del fraude, asegura en Puebla

Hay más pruebas, dice AMLO

Asamblea informativa de Andrés Manuel López Obrador en el zócalo de PueblaFoto Francisco Olvera

Alma E. Muñoz

Enviada

Periódico La Jornada
Lunes 6 de agosto de 2012, p. 3

Puebla, Pue., 5 de agosto. Andrés Manuel López Obrador afirmó que sólo puede haber acuerdo sobre la base de que se invalide la elección presidencial. No vamos a permitir de ninguna manera ningún acuerdo que se construya sobre el pantano, sobre la inmundicia de un fraude electoral, advirtió.

En asamblea informativa, manifestó que los integrantes de la coalición Movimiento Progresista ni se han rendido ni nos vamos a rendir, y anunció que a mediados de la semana que se inicia entregarán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación (TEPJF) un documento con las pruebas plenas, contundentes sobre todas las violaciones a la Constitución y a las leyes, registradas en el proceso electoral.

Lo anterior para que no quede ningún pretexto, ni se pueda utilizar ninguna argucia legal para declarar válidas las elecciones, que son claramente violatorias de la Constitución, sobre todo al artículo 41, que establece que tienen que ser libres y auténticas, ¡y estas elecciones no fueron ni libres, ni limpias, ni auténticas!.

Ante miles de ciudadanos que acudieron al zócalo poblano para participar de esta asamblea informativa –una de las 32 que este domingo se llevaron a cabo en las capitales de las entidades del país para informar sobre las acciones legales que realiza el Movimiento Progresista en busca de que se invalide la elección presidencial, y para recabar más pruebas sobre las presuntas irregularidades cometidas por el PRI–, López Obrador manifestó que sus adversarios están nerviosos.

Acostumbrados a comprar lealtades y a todo el que se deja, se toparon con un pueblo, con un movimiento, con dirigentes que no tienen precio. ¡México no se vende!, dijo. Precisó que en esta etapa la lucha es por la defensa del voto, luego de que alrededor de 16 millones de mexicanos votaron por él el primero de julio, y los vamos a defender.

Eso es lo que nos ocupa, puntualizó, y para eso es el escrito que se entregará en unos días a los magistrados del tribunal electoral. No le estamos dando vuelta a la página, esto es lo principal. No podemos permitir que con dinero, violando la Constitución, se apoderen de la Presidencia de México.

Pidió a sus simpatizantes mantener en alto la moral y no entristecernos, porque todos luchamos por una causa justa: la transformación de México, aunque reconoció que no es fácil transformar cuando tenemos que enfrentarnos a grupos de intereses creados.

López Obrador, sin embargo, enalteció que en el proceso electoral surgiera el movimiento de los jóvenes. ¡Cuánta satisfacción saber que ya hay relevo generacional!, que ya hay jóvenes conscientes que van a darle continuidad a nuestro movimiento.

Sigamos adelante, pidió el candidato presidencial de la izquierda, pero actuando como siempre, por la vía pacífica y legal, dándole toda la atención al juicio que hemos interpuesto para que se invalide la elección presidencial.

Si eso ocurre, añadió, el Congreso tiene que nombrar un presidente interino y éste convocar a nuevas elecciones, aunque éstos (los priístas) piensan que es subversivo lo que estamos planteando, cuando no es más que apegarnos a la letra, al espíritu de la Constitución. Si eso es ser rebelde, subversivo, pues entonces que nos apunten a todos defendiendo la Constitución.

López Obrador mencionó, en referencia al PRI, que no se van a poder sentar en la silla presidencial, porque no los quiere el pueblo de México, a pesar de que cuenten con puro aparato para la manipulación y aparato de fuerza.

Convocó a sus simpatizantes y militantes de los partidos de izquierda a no caer en ninguna trampa de violencia. Nada de provocación. Este movimiento ha sido, es y seguirá siendo pacífico.

Al hacer un recuento de lo que fue la jornada electoral, recordó que la noche del primero de julio los otros candidatos presidenciales –sin mencionar sus nombres– se apresuraron a reconocer el triunfo de Peña Nieto, y pensaron que me iba a ir con esa cargada, pero no.

Y después esperaban que convocáramos a movilizaciones para desprestigiarnos y también se quedaron con las ganas, porque decidimos ir por la vía legal y recoger pruebas sobre las múltiples violaciones cometidas antes, durante y después de las elecciones presidenciales. Y estas evidencias, subrayó, brotan por todos lados. Con ellas se montará, el próximo domingo, una Expo Fraude en el Zócalo de la ciudad de México.

López Obrador acudió a Puebla por ser uno de los estados donde ganó la elección presidencial, con el voto incluso de panistas. En la plaza central de esta capital, los ciudadanos instalaron mesas para recabar las pruebas solicitadas por el candidato, pero muchos optaron por entregárselas en propia mano. Así, juntó múltiples tarjetas de Monex y particularmente telefónicas.

Respecto de estas últimas, dijo contar con información de que se repartieron cinco millones, y calculó que si a cada una le cargaron cien pesos de tiempo aire se gastaron 500 millones de pesos, cifra superior a los 336 millones fijados como tope de gasto de campaña. Explicó que la empresa que vendió las tarjetas fue MarkCome, la cual a su vez, manifestó, debió hacer un contrato con Telmex, mismo que, consideró, debe ser investigado.

Coahuila-Magú

magu@jornada.com.mx

Rompiendo el silencio

John M. Ackerman

“No seremos más voces silenciadas. Estamos aquí con nuestros cuerpos, con nuestras mentes, con nuestras esperanzas, a decirles: ¡basta de envenenar la verdad con el dinero! ¡Basta de pervertir el conocimiento y la educación! […] ¡Basta de no dejarnos participar en nuestro futuro! ¡Construyamos el camino que florece en nuestras manos!” Así concluye el histórico manifiesto del movimiento #YoSoy132 pronunciado a las puertas de Televisa al concluir la toma pacífica de sus instalaciones el pasado viernes 27 de julio.

 

Los jóvenes han tenido el enorme acierto de identificar la democratización de los medios de comunicación como uno de los objetivos prioritarios en la lucha por lograr una democracia auténtica. Es también correcto ubicar a la empresa Televisa como una de las principales responsables tanto de la degradación del debate público nacional como de la corrupción de la esfera de competencia política. Al establecer acuerdos con actores políticos como Enrique Peña Nieto y PVEM, la televisora de Chapultepec ha fomentado un mercado negro en materia de entrevistas y coberturas informativas que no tiene lugar en un contexto democrático.

La abultada telebancada, que incluye más de 15 diputados y senadores cercanos a Televisa y Tv Azteca, también demuestra que la relación entre las televisoras y el PRI y PVEM ha rebasado el intercambio de favores para entrar en una etapa de verdadera simbiosis, en que es cada vez más difícil distinguir dónde terminan las empresas mediáticas y dónde inician los institutos políticos. Mientras, el Instituto Federal Electoral (IFE) se vanagloria con el supuesto éxito en la aplicación del nuevo modelo de comunicación política. Leonardo Valdés afirma que la industria de la radio y la televisión cumplió con su responsabilidad legal y con la democracia.

Nada más lejano de la realidad. En primer lugar, no hay razón para confiar ciegamente en la cifra de 97 por ciento de cumplimiento de la transmisión de los más de 43 millones de promocionales durante las campañas, precampañas e intercampañas. Hace falta elaborar una auditoría ciudadana para saber hasta qué punto se cumplió cabalmente con la pauta del IFE. También existen indicios de que las televisoras jugaron a conveniencia con los tiempos entre la recepción de los órdenes o espots nuevos del IFE y su cumplimiento, por ejemplo con el retiro tardío del promocional calumnioso en contra de López Obrador y el remplazo particularmente veloz de los espots de Peña Nieto.

El monitoreo del IFE de la cobertura de las campañas en radio y televisión fue también deficiente. En lugar de evaluar y contabilizar de manera integral la atención mediática prestada por cada empresa de radio y televisión a cada uno de los candidatos, el IFE contrató a la UNAM solamente para sumar los segundos de las notas informativas y determinar hasta qué punto éstas serían adjetivadas con la inclusión de alguna afirmación explícita. Quedaron totalmente fuera de este ejercicio la contabilización de la cantidad de entrevistas a cada candidato, los comentarios de los locutores y analistas, así como los aspectos de producción, colocación y encuadre de las mismas notas informativas.

En estos aspectos más sutiles, pero igualmente dañinos para la equidad, hubo una burda manipulación mediática en favor del candidato del PRI que no ha sido tomado en cuenta por el IFE. El consejero electoral local Bernardo Barranco es una de las únicas voces críticas que desde dentro el IFE ha hecho señalamientos al respecto, al comentar el sesgo mediático en el estado de México. También habría que recordar cómo las empresas de radio y televisión traicionaron a la democracia al no convocar un solo debate propio entre los candidatos presidenciales, limitar la transmisión del primer debate y negarse a transmitir el tercero, convocado por el movimiento #YoSoy132.

El omnímodo poder del duopolio televisivo es particularmente agresivo, pero otras empresas también han decidido privilegiar su negocio por encima de su independencia. Tal es el caso, por ejemplo, de MVS Comunicaciones, que si bien hoy todavía mantiene el invaluable espacio de Carmen Aristegui, ya empieza a dar peligrosas señales de subordinación al poder al cancelar la transmisión de las colaboraciones de un servidor sobre el tema de la calificación de la elección presidencial (aquí mi carta de renuncia a MVS: http://ow.ly/cKtK9 ).

Mis señalamientos respecto al trasfondo político de este caso no se realizan a la ligera, como ha señalado Alejandro Vargas, presidente de MVS Radio, sino que están plenamente fundamentadas y comprobadas. No es coincidencia, por ejemplo, que el actual vocero del PRI, Eduardo Sánchez, muy recientemente litigaba para MVS el tema del refrendo de la concesión de la banda 2.5 GHz. Esperemos que Peña Nieto se conforme con haber logrado mi renuncia al noticiero de Luis Cárdenas y no pida también incidir en los espacios de Aristegui.

No podemos confiar en las instituciones estatales o la clase política para lograr las transformaciones profundas que necesita el país. Todos debemos poner nuestra parte para seguir el ejemplo de valentía y lucha de los jóvenes del movimiento #YoSoy132. Hablan por todos cuando se niegan a mantenerse callados y rechazan la imposición de un nuevo presidente cuyo único objetivo será distribuir prebendas entre sus amigos, en lugar de velar por el interés público.

www.johnackerman.blogspot.com

Twitter: @JohnMAckerman

Continuidad-Hernández

hernandez@jornada.com.mx

El miedo a la democracia

Carlos Fazio /III

 

La fase poselectoral volvió a entramparse en México, país singularizado por fraudes seriales. A diferencia del Pemexgate y el caso Amigos de Fox en los comicios de 2000, lo novedoso ahora es que, además del financiamiento irregular de grandes patrimonios particulares y grupos corporativos privados, la candidatura de Enrique Peña Nieto pudo haber sido aceitada con dinero sucio de la delincuencia organizada.

 

No hay crimen perfecto. La compra de la Presidencia de México para el candidato fabricado por Televisa y otros grupos multimedia, en colusión con firmas encuestadoras, exhibe muchos cabos sueltos, algunos de los cuales podrían configurar asociaciones delictuosas –incluido lavado de dinero y la triangulación de fondos de procedencia ilícita a través de empresas fantasmas, paraísos fiscales e instituciones financieras, bancarias y comerciales– entre los operadores de campaña de Peña.

Al escándalo de HSBC destapado por el Senado de Estados Unidos, seguido por el Sorianagate y el Monexgate –incluida la extraña muerte del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, ligado al fondo financiero para la campaña peñista–, se suman la denuncia sobre presunto lavado de dinero a través de Scotiabank contra Luis Videgaray, coordinador de campaña del priísta, y la admisión de culpabilidad ante una corte de Nueva York del ex gobernador en Quintana Roo Mario Villanueva, por su participación en operaciones de blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas.

Aunque se trata de casos diferentes y sin aparente conexión –incluida su temporalidad–, la conjunción de hechos devela una trama compuesta por mecanismos paralelos y oscuros modus operandi propios del otrora partido de Estado, lo que obligaría a limpiar los comicios por las autoridades competentes, con apoyo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade). Si no, ¿para qué sirve la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo?

No obstante, la larga historia de corrupción, impunidad y simulación de México indicaría que eso es casi imposible. Máxime, cuando el comandante en jefe de la guerra a las drogas, Felipe Calderón, se ha venido haciendo el tonto frente a los reportes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Senado estadunidense, que prueban que México se ha convertido en un gran bazar del lavado de dinero para las mafias delincuenciales, en un mundo regido por el neoliberalismo y sus imperativos: la apertura de mercados bajo la falsa bandera del libre comercio, la desregulación generalizada y la obtención de tasas máximas de rentabilidad en plazos cada vez más cortos de recuperación de la inversión. Con la evidencia palpable, al igual que en Colombia o Rusia, de que el dinero de las mafias está presente en la política.

En ese contexto, no llama la atención la rápida validación de la victoria de Peña por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE, organismo cúpula del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios) y otras agrupaciones satélites como Concamin, Concanaco, Coparmex, Canacintra, la Cámara de Comercio, la Asociación de Bancos de México, AMIS, el Consejo Nacional Agropecuario y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales.

Lo que sí asombra un poco es la descarada defensa del proceso comicial por algunos consejeros del Instituto Federal Electoral. Al respecto, y más allá de la evidente toma de partido del presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita –que viene a confirmar que el sistema electoral está al servicio de las élites del poder–, sorprenden argumentaciones como las de la consejera María Marván Laborde, quien en su texto Malas encuestas, ¿ciudadanos idiotas?, hace una velada defensa de las compañías demoscópicas, la televisión, la radio y los periódicos y, asumiendo una actitud paternalista, exonera de cualquier viso de manipulación al ciudadano de a pie. Como en 2006, la autolegitimación del fraude disfrazada de reivindicación de la ciudadanía encarnada en la gente común. El viejo recurso de elogiar al populacho, a la chusma.

Sumado a una Fepade y una CNBV inútiles, y a un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación integrado por magistrados peñistas de corazón, lo anterior deja poco lugar al optimismo. En realidad no hay sorpresa. Se confirma la existencia de unas instituciones míticas, cuya función es la conservación del statu quo. Una vez más, queda exhibida la razón cínica del búnker dirigente –como sinónimo de una sociedad jerarquizada y clasista, opuesta al cambio y la innovación sociales–, controlado por una minoría dominante intransigente, que cultiva un absurdo esencialismo ahistórico y siente un miedo patológico a la información, a la verdad y al pensamiento crítico.

No tardarán en intensificar su severo repertorio ideológico con aire de cruzada en pro de los intereses de los de arriba. Con independencia de las trampas semánticas y la fraseología falsificada de la actual dirigencia priísta y sus amanuenses mediáticos, los mitos del búnker se refieren, como es natural, a los valores más comercializables en el mercado: la defensa de la mexicanidad, de la patria, la democracia, las libertades, del estado de derecho y las instituciones –entre ellas el sacrosanto IFE ciudadanizado, blindado y a prueba de fraudes–, en contraposición al odio y la violencia de quienes encarnan un peligro para México. Una vez más, mitos, mitos, mitos. Con la salvedad de que cuando sus intereses son puestos en peligro por la evolución crítica de la sociedad, los amos de México no dudan en defenderse con todo el peso de esas instituciones y las fuerzas represivas del Estado.