Los oscuros flujos de efectivo
Las tarjetas repartidas por el PRI durante la
campaña.
Foto: Tomada del spot
Foto: Tomada del spot
MÉXICO, D.F. (Proceso).- La coalición Movimiento Progresista aporta cada día
más elementos que deben ser investigados y aclarados antes de la calificación de
la elección presidencial, que debe darse a más tardar el 6 de septiembre; de lo
contrario se erosionará todavía más la legitimidad del triunfo del candidato de
la coalición Compromiso por México y se pondrá en riesgo la gobernabilidad del
país.
El 25 de junio el Partido Acción Nacional denunció la existencia de los
monederos electrónicos de Monex; la reacción inmediata del PRI fue negar los
hechos y señalar que era un infundio más de sus opositores. Sin embargo dos días
después el Instituto Federal Electoral detectó que las dos tarjetas que presentó
el blanquiazul pertenecían a una cuenta que tenía 70.8 millones de pesos y 9 mil
924 tarjetas asociadas.
Esa confirmación despertó más suspicacias y el PAN solicitó que se congelara
la cuenta, pues evidentemente no estaba a nombre del PRI y se estaba utilizando
para enviar dinero a su estructura electoral. Esto lo confirmaron los mismos
priistas el 19 de julio, aunque afirmaron que se trataba de gasto ordinario y
trataron de desvincularse de cualquier responsabilidad, con el pretexto de que
ellos contrataron el servicio con la empresa Alkino, Servicios y Calidad, SA de
CV.
Pasada la jornada electoral las denuncias del Movimiento Progresista se
vinieron en cascada. Primero el 4 de julio presentaron facturas de dos compañías
que también compraron monederos electrónicos: Grupo Comercial Inizzio y
Comercializadora Efra, por 141 millones de pesos. Nuevamente el PRI negó los
hechos.
Pero después de que el PRI reconoció su vínculo con Alkino, el administrador
de ésta afirmó que ellos sólo fueron intermediarios y que quien operó fue
Comercializadora Atama, cuyos accionistas son Juan Óscar Fragoso Oscoy,
fallecido hace dos años, y Ramón Paz Morales, que no tiene empleo fijo y se
dedica a trabajos eventuales y diversos; pero además son los mismos que aparecen
como accionistas de Grupo Comercial Inizzio.
Esto arroja todavía más dudas sobre la triangulación de recursos y la
utilización de empresas “fantasma” para manejar dinero de la campaña electoral o
al menos del gasto ordinario del tricolor. El Movimiento Progresista aportó
nombres precisos de empresas vinculadas con dichos movimientos. Allí están,
además de los ya señalados: Grupo Koleos, Grupo Empresarial Tiguan y el
particular Rodrigo Fernández Noriega.
Como sucedió con la primera denuncia del PAN, la autoridad –tanto la
electoral como el ministerio público o las hacendarias– no tiene que hacer una
pesquisa a ciegas, sólo tiene que rastrear la información precisa de esas
empresas y verificar si existen suficientes elementos para considerar que las
denuncias de los lopezobradoristas deben o no investigarse. No es mucho más que
eso lo que tiene que demostrarse en estos momentos.
Apenas el jueves 2 Ricardo Monreal denunció que detectó cuentas en Bancomer y
Scotiabank, esta última a nombre de Luis Videgaray Caso, coordinador de la
campaña del candidato de la coalición Compromiso por México, Enrique Peña Nieto,
en la que en cinco meses se transfirieron recursos por 8 mil 681 millones de
pesos. Nuevamente hay señalamientos precisos: instituciones bancarias, nombres
de los titulares de las cuentas y hasta números de cuenta, al menos en uno de
los casos, lo que facilita las investigaciones.
Hace un mes exactamente que la coalición de la izquierda lanzó la primera
acusación y todavía ninguna autoridad puede, al menos, confirmar o negar la
existencia de dichas cuentas, lo cual arrojaría luz sobre la verosimilitud de
los dichos. Pero si escudados en la secrecía de las investigaciones en curso,
las autoridades prefieren guardar silencio al respecto, lo que sí tienen que
hacer es un compromiso público para resolver los asuntos con oportunidad para
que sean valorados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
en la calificación de la elección.
El IFE no requiere, como alega, de los informes de gastos de campaña para
verificar la existencia o no de las cuentas denunciadas, para verificar si los
monederos se entregaron a miembros de la estructura electoral tricolor o no y
los montos que se manejaron. La PGR, la Fepade y la Secretaría de Hacienda
tampoco pueden argumentar falta de tiempo, pues si el plazo del arraigo
domiciliario es un indicador del lapso que requieren para integrar una
averiguación previa, les basta con 40 días y el próximo fin de semana se
cumplirían los 40 días del momento en que recibieron las primeras denuncias.
Y en este caso, como sucedió con el Pemexgate, la información que requiere la
autoridad electoral para proceder a dictaminar sus quejas no tiene que reunir
las mismas especificidades que las que soportan una consignación del Ministerio
Público. En situación similar se encontraría el Tribunal Electoral para
calificar la elección: bastaría saber si existieron o no las cuentas, si hay
elementos para presumir que los recursos se utilizaron en la campaña
presidencial y, de cumplirse estas dos condiciones, el monto de los recursos que
manejaron.
Los primeros interesados en que se diluciden estas tres interrogantes deben
ser los mismos priistas, pues si efectivamente –como ellos dicen– son infundios,
ellos tendrán elementos para proceder legalmente contra sus calumniadores y
recuperarán al menos parte de la legitimidad perdida por las informaciones
divulgadas hasta hoy.
De muy poco les servirá a los tricolores una resolución favorable a sus
intereses cuando ellos ya hayan asumido la Presidencia de la República, pues
nadie creerá en la imparcialidad de las autoridades, especialmente cuando dos de
ellas (el Ministerio Público y la Secretaría de Hacienda) forman parte del Poder
Ejecutivo y, obviamente, se generaría una crisis de gobernabilidad muy seria si
la autoridad electoral encuentra que efectivamente en la campaña presidencial se
gastaron varias veces los topes establecidos y/o se encuentran huellas de
irregularidades en el origen de los recursos, como sucedió en 2003 con los
Amigos de Fox.
Quizá el tiempo no alcance para dilucidar si el recurso se utilizó para
comprar votos o reconstruir todos los pasos de las transacciones financieras y
fincar responsabilidades a los involucrados, pero dados los datos con los que
cuentan las autoridades, sí lo tienen para confirmar o desechar las
interrogantes básicas. Y eso tienen que hacerlo antes de la calificación de la
elección presidencial si quieren contribuir la gobernabilidad nacional.
Los Zetas: El nuevo cuarto poder (*)
El 10 de julio atacaron a granadazos dos sucursales
de El Norte.
Foto: Juan Alberto Cedillo
Foto: Juan Alberto Cedillo
MÉXICO, D.F. (Proceso).- En julio aumentaron los ataques a instalaciones de
medios de comunicación en Monterrey. El diario El Norte fue objeto de tres
ataques y otra víctima fue Dipsa (la empresa que distribuye, entre otras, la
revista Proceso). Estos eventos ocurren en un contexto de agresiones contra los
principales medios impresos del noreste del país: El Norte ya había sido blanco
de agresiones en por lo menos tres ocasiones desde 2010; El Mañana de Nuevo
Laredo ha sido atacado en dos ocasiones durante este año, y en noviembre de 2011
la fachada de El Siglo de Torreón fue rafagueada e incendiada la de El Buen
Tono, en Veracruz. Otro dato relevante: de las 12 ejecuciones de periodistas que
se registraron durante el último año, ocho fueron en Veracruz. Un rasgo común de
la geografía de esas agresiones es que han ocurrido en lugares donde Los Zetas
tienen una presencia preponderante.
¿Por qué Los Zetas habrían de emprender una campaña de agresión sistemática
contra los medios de comunicación? Durante el último año Los Zetas han
enfrentado una serie de presiones externas. El gobierno federal ha realizado
operativos dirigidos a reducir su capacidad operativa, lo que ha propiciado la
captura o muerte de al menos 13 de sus líderes. El Cártel de Sinaloa ha
capitalizado la vulnerabilidad que generan esos operativos y ha llevado a cabo
incursiones con el propósito de extender su presencia a espacios donde operan
Los Zetas. Además, el pasado 11 de junio fue aprehendido en Estados Unidos José
Treviño Morales, hermano de Miguel Ángel, El Z-40, así como otros miembros de la
organización.
Estas presiones han generado tensiones y propiciado una crisis de confianza
al interior de la cúpula zeta. Incluso existen rumores sobre su escisión. En
esta coyuntura es prioritario para Los Zetas evitar la divulgación de
información que tenga uno o más de los siguientes tres efectos: debilite la
percepción pública de que son una organización unida y poderosa; exacerbe su
reputación de grupo armado proclive a la violencia extrema e indiscriminada
(aspecto explotado hábilmente por el Cártel de Sinaloa), o revele los nexos que
mantiene con extensas redes de funcionarios gubernamentales para dar vida a
redituables giros ilícitos. Sobre este último punto, Los Zetas son
particularmente vulnerables a la divulgación de información sobre sus
operaciones. A diferencia del Cártel de Sinaloa –que se enfoca en mayor medida
al tráfico trasnacional de drogas–, Los Zetas obtienen una parte sustancial de
sus rentas de delitos en el ámbito doméstico, como la extorsión, el secuestro y
el robo de combustible, actividades que requieren en mayor medida la colusión de
autoridades y de otros actores en sectores formales de la economía.
De aquí que las recientes agresiones en contra de El Norte y del distribuidor
de Proceso en Monterrey formen parte de una estrategia para evitar que se
difunda información contraria a los intereses de la organización. Los diarios de
Grupo Reforma fueron los únicos en difundir la traducción de una nota que
publicó el 13 de junio The New York Times, en la que se revelaban detalles sobre
la extensa red de lavado de dinero que uno de sus líderes operaba en Estados
Unidos. El Norte también reveló el 9 de julio pasado la existencia de una red de
tráfico de placas vehiculares en Nuevo León (que presumiblemente generaba
ganancias sustanciales a Los Zetas), y este mismo diario publica cotidianamente
información puntual sobre incidencia delictiva y violencia en Monterrey. Por su
parte, Proceso publicó el 19 de julio un artículo extenso sobre la presunta
división de Los Zetas que reproduce las principales acusaciones de traición
contra uno de sus líderes principales. Además, el semanario publicó en mayo y
junio una edición especial en dos volúmenes que reúne 44 artículos de fondo
sobre Los Zetas.
En suma, mediante sus acciones violentas e intimidatorias, Los Zetas son (o
están por convertirse en) el nuevo cuarto poder en varios estados del país.
* El autor es experto en temas de seguridad,transparencia, acceso a la
información y profesionalización del servicio público. Publicado originalmente
en el diario Reforma el viernes 3 de agosto.
No hay comentarios:
Publicar un comentario