Brasil: Carta blanca para matar
Brasil. Ocupación policíaca de favelas en Río antes
de Mundial 2014.
Foto: AP
Foto: AP
SAO PAULO (apro).- En la ciudad de São Paulo, la más rica y poblada de
América del Sur, barrios enteros viven en un estado de excepción permanente.
Desde hace años, las favelas y periferias sufren el acoso y la extorsión de la
policía y de los llamados grupos exterminio, como se denomina en Brasil a los
paramilitares formados por agentes y exagentes de los cuerpos armados del
Estado.
Su modus operandi habla de la impunidad de que disfrutan: llegan, a veces
encapuchados, en un vehículo, matan y se van. Muchas veces, en lugares públicos
como bares y cafés; en ocasiones, a plena luz del día.
En los últimos meses, esa violencia que se ceba con los más pobres se ha
recrucedido, especialmente en barrios y poblaciones como Osasco, Sapopemba,
Capão Redondo, Guarulhos o la Baixada Santista. Los vecinos de Capão Redondo,
periferia sur de Sao Paulo, contabilizaron 21 personas asesinadas en once días,
del 17 al 28 de junio, según la revista Caros Amigos.
En muchos barrios, la Policía Militar (PM) ha impuesto el toque de queda. “En
algunos barrios está todo cerrado a partir de las 20 horas: si un joven tiene
que volver a casa del trabajo o de la escuela a eso de las 22 horas, está
arriesgando su vida”, relata Danilo Dara, del movimiento de las Madres de
Mayo.
Vivir en esas comunidades es suficiente para ser sospechoso, y la sospecha a
menudo termina en muerte: “Todo puede pasar, cualquiera puede ser prendido,
preso o asesinado por estar en el lugar errado, en la hora errada”, escribe la
socióloga Vera Telles.
La Policía Militar provoca el 20% de los asesinatos en el estado de Sao
Paulo: entre 500 y 600 muertes al año, según la Defensoría Pública. El asesinato
es el extremo de una política de control y sometimiento de las periferias que
abarca la cotidianeidad de los vecinos de los barrios pobres: extorsiones a
comerciantes, abordajes policiales arbitrarios e irrespetuosos, toques de queda
ordenados por la policía y los grupos paraestatales forman parte de todos los
días en las periferias, como apunta Telles en el artículo “La connivencia entre
el crimen y el poder”, publicado en Le Monde Diplomatique.
Tras las frías estadísticas hay rostros como el de Luís Henrique Castelucho.
Cuando lo mataron en Vila Magi, zona norte de Sao Paulo, acababa de encontrar un
trabajo en una empresa de reciclaje. O el de Bruno: el coche en el que viajaba
junto con sus amigos en el barrio de Sapopemba, zona este de Sao Paulo, recibió
27 tiros. Uno de ellos lo mató. A la madre de Bruno, la “Rota” ya le había
matado un hermano unos años atrás.
Impunidad
En los meses de junio y julio, la violencia en Sao Paulo sufrió un repunte.
La capital paulista registró en el primer semestre de este año 586 homicidios
dolosos, 22% más que en 2011. Pero esas cifras no contabilizan las muertes
provocadas por agentes de la PM que, según estiman organizaciones de derechos
humanos, podrían superar las 200 víctimas entre apenas dos meses; la mayor
parte, a manos del escuadrón más truculento, la “Rota”, una tropa de elite de la
Policía Militar muy temida por su letalidad en la periferia paulista.
Este aumento de los homicidios siguió, según la versión más difundida, al
asesinato, el pasado 28 de mayo, de cinco criminales pertenecientes a la
organización criminal más poderosa del estado, el Primeiro Comando da Capital
(PCC), a manos de agentes de la “Rota”. Algunos investigadores señalan que
aquella matanza era la venganza por la muerte de un policía a manos del PCC;
otros apuntan a que el PCC reaccionaba al traslado de presos a cárceles con el
temido Régimen Disciplinar Diferenciado (RDD), muy criticado por las
organizaciones de derechos humanos.
“Precario equilibrio”
En el trasfondo del suceso podría estarel desentendimiento entre policías y
criminales respecto a los acuerdos económicos a través de los cuales,
cotidianamente, la policía es connivente con la delincuencia organizada.
La investigaciones de la socióloga Camila Nunes Dias evidencian que la
pacificación de Sao Paulo, que en los últimos quince años ha experimentado una
notable reducción en el número de homicidios, se ha basado en un “precario
equilibrio” entre las fuerzas del estado y del crimen organizado. Pero ese
equilibrio es extremamente fácil, y a veces se rompe: así sucedió en la capital
paulista en mayo de 2006, en Carandiru –la masacre en una prisión amotinada que
dejó al menos 111 muertos en 1992–, en Castelinho en 2002, en Osasco en 2010 o
el pasado mes de junio.
Cuando así sucede, quien sale perdiendo es la población de las periferias,
que sufre un recrudecimiento de una violencia policial siempre presente.
Estudios del Instituto Sou da Paz y el Mapa de la Violencia 2012, realizado por
la FLACSO, muestran que las víctimas de homicidios dolosos en Brasil presentan,
cada vez más, un perfil determinado: cada vez más, jóvenes, negros y pobres,
habitantes de las periferias de grandes urbes como SP. El 62% de las víctimas de
la letalidad policial son de raza negra y más del 90% son varones y habitantes
de las periferias.
Estos casos se registran como “resistencia seguida de muerte”, una figura que
no existe en el Código Penal y que a menudo encubre las ejecuciones sumarias que
cometen agentes de la policía. Con pocas excepciones, estos casos son archivados
sin la investigación alguna.
Las Madres de Mayo
La ola de violencia traía reminiscencias de los ataques de mayo de 2006,
cuando el PCC demostró que, si quería, podía parar Sao Paulo. Como entonces, el
PCC mandó a sus hombres salir a las calles y atacar a policías y comisarías,
además de quemar autobuses: el saldo, 270 muertos. También como en 2006, el
estado respondió con un recrudecimiento de la violencia policial: en apenas una
semana, la PM dejó 500 muertos en las favelas y periferias de SP, según confirmó
un estudio de la ONG Justiça Global y la Universidad de Harvard publicado el
pasado año.
“Pagamos con nuestros impuestos, las balas que matan a nuestros hijos”, así
resume Débora Maria Silva el absurdo de que, en Brasil, las fuerzas de seguridad
del estado, que deberían garantizar la seguridad de la población, son en
realidad las que provocan el terror y la muerte entre las comunidades
pobres.
Débora perdió a su hijo Rogério, de 29 años, en esa triste semana de mayo de
2006. Junto a las madres de otras víctimas, fundó la asociación Madres de Mayo
(Mães de Maio), que desde entonces lucha por el fin de la impunidad de lo que
las asociaciones de derechos humanos califican de “lento y silenciado genocidio
de la población pobre”. Las Madres denuncian que, desde 2006, la letalidad y
brutalidad policial no ha dejado de aumentar en los barrios humildes de Sao
Paulo. Aquí todo el mundo sabe que, en las periferias, la policía dispara
primero y pregunta después.
“Cuando hablamos de genocidio, no se trata de ninguna exageración”, aclara
Danilo Dara. Y aporta cifras: en los treinta últimos años, desde que la
democracia se reinstauró en Brasil, más de un millón de personas han sido
víctimas de homicidios violentos y se ha registrado un aumento de 127% en la
tasa de homicidios, según el Mapa de la Violencia 2012 de la FLACSO. Sólo en el
estado de Río de Janeiro, la policía es responsable de alrededor de 10.000
muertes entre 2000 y 2010. Cifras más altas que en países en guerra declarada,
recuerda Danilo.
Legitimación de la violencia
En un año electoral –Brasil celebra en octubre comicios municipales–, el
gobierno conservador enarbola la política de la “tolerancia cero” contra la
delincuencia. “Al criminal sólo le quedan dos opciones en Sao Paulo: la celda o
el ataúd”, afirmó Alckmin en medio de la oleada violenta del pasado julio.
El comandante de la PM, Savador Modesto Madia, declaró, a su vez, que no le
preocupa “el número de muertes, sino su legalidad”. Cabe preguntarse de qué
legalidad habla, habida cuenta de que casi ninguna de estas muertes llega a
investigarse.
Como ha apuntado la socióloga y abogada Alessandra Teixeira en una entrevista
al Correio da Cidadania, se percibe una orientación política que legitima y
alienta la violencia policial, desde los nombramientos de la cúpula –se apunta a
Madia como responsable de más de 70 muertes en la Masacre de Carandiru de 1992–
a las declaraciones con tintes bélicos. El discurso de la prensa legitima a su
vez este discurso político, y encuentra eco en una parte de la población que
sigue pensando que la Rota es truculenta, pero efectiva.
Todo ello termina dando a los agentes del Estado “carta blanca para matar”,
en palabras de Teixeira. La socióloga alerta, además, del creciente prestigio
social que los militares están buscando: hoy, la PM está presente en 30 de las
31 sub-prefecituras paulistas.
Para acabar con la impunidad actual, la Defensoría Pública, el procurador de
la República y varios movimientos sociales, entre ellos las Madres de Mayo,
piden el fin de los registros de “resistencia seguida de muerte” o “autos de
resistencia”. Además, el procurador de la República, Matheus Baraldi Magnani, ha
pedido con urgencia la sustitución del comando de la PM, bajo el argumento de
que la institución está “fuera de control” y está practicando “la violencia por
mero placer”.
Otra de las demandas de los movimientos sociales es la desmilitarización de
la policía, que también sugirió al gobierno brasileño la ONU tras una reciente
visita. El sociólogo y experto en seguridad Luiz Eduardo Soares va más allá:
pide una auténtica refundación de las instituciones policiales y militares.
Tal vez sólo así, superando las herencias de la dictadura militar y amputando
desde la raíz la instalada corrupción policial, podría el Estado brasileño hacer
frente a los grupos paramilitares que aterrorizan a las periferias. Tanto la ONU
como Amnistía Internacional han alertado de la expansión de estos ‘escuadrones
de la muerte’, que han alcanzado un notable poder e influencia política en Rio
de Janeiro, donde se les denomina milicias.
Con la complicidad de la clase política y de los grandes medios de
comunicación, ante la impotencia de la población pobre y la ignorancia de las
clases medias, los grupos paramilitares se expanden y fortalecen en Sao Paulo, y
en todo el país, como vienen denunciando instituciones, movimientos sociales y
el diputado Marcelo Freixo.
* Nazaret Castro es periodista, corresponsal en América Latina. Escribe para
medios como Le Monde Diplomatique y El Mundo, y alimenta el blog personal
www.sambaytango.blogspot.com y el proyecto www.carrodecombate.com.
No hay comentarios:
Publicar un comentario