Servidumbre política y ley laboral- Traición y crimen contra la clase trabajadora

Repudio a la iniciativa de Calderón

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Miles de integrantes de las 39 secciones del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal marcharon del Monumento a la Revolución al Senado, y luego a la Cámara de Diputados, para mostrar su rechazo a la reforma laboral propuesta por el gobierno federal e impulsada en el Legislativo por el PRI y el PAN. Señalaron que la enmienda vulnera derechos y condena a nuestros hijos a la precariedad Foto Marco Peláez

Afectará toda la estructura legal en la materia, sostienen

La reforma, retroceso a 1910, afirman abogados laborales

Cabildea la Coparmex para eliminar candados al outsourcing

Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, durante la marcha que realizaron este miércoles al Palacio Legislativo de San Lázaro, con la finalidad de manifestar su repudio a la iniciativa de reforma laboral enviada por Los Pinos a la Cámara de DiputadosFoto Marco Peláez

Patricia Muñoz Ríos

Periódico La Jornada
Jueves 27 de septiembre de 2012, p. 7

A pesar de los cambios que hizo el Legislativo a la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo del presidente Felipe Calderón, en el predictamen se mantienen artículos y temas que harán sucumbir los derechos laborales en México, como el salario por hora, limitar el pago de salarios caídos a un año y los contratos a prueba, que eliminan la estabilidad en el empleo.

Los abogados Alfonso Bouzas y Carlos de Buen coincidieron en lo anterior y apuntaron que incluso con los cambios planteados a la iniciativa original, el contenido es suficiente para sostener que el proyecto afectará toda la estructura de la ley laboral mexicana y regresará el país a 1910.

Abogados y sindicalistas de todas las corrientes continuaron ayer con las manifestaciones de repudio a la iniciativa, que ayer se votó y aprobó en lo general en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.

Hoy, otra marcha al Congreso

Los sindicatos preparan otra marcha para este jueves, que partirá del Monumento de la Revolución y concluirá en el Palacio Legislativo de San Lázaro. En tanto, cientos de trabajadores permanecieron en el plantón que instalaron fuera del recinto legislativo, que será reforzado hoy.

En los corrillos de abogados trascendió que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) siguió cabildeando ayer para que en el predictamen no se incluyan candados al outsourcing. Quieren libre subcontratación y que no se les limite con condiciones como que una empresa no podrá tener la totalidad de empleados bajo este régimen. Está manoteando la patronal, ahora sí que quiere la enchilada completa, comentaron.

En la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) los sindicatos expusieron que los legisladores del PRI anteponen sus arreglos políticos y componendas por encima de la población y de los trabajadores; están dispuestos a aprobar una iniciativa por un acuerdo cupular, aun cuando afecte a todo el sector obrero.

No obstante, las organizaciones integrantes de esa central decidieron que sólo enviarán una comisión de sindicalistas a la marcha de esta tarde.

Por otra parte, organizaciones como el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana mantuvieron el plantón fuera del Palacio Legislativo de San Lázaro, donde se realizó un foro contra la reforma laboral.

Martín Esparza, dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas; representantes de la Alianza de Tranviarios; del movimiento #YoSoy132, como Luis Rangel; de la Alianza de Trabajadores de la Salud, y otros, descuartizaron la iniciativa de Calderón y afirmaron que condena el futuro del sector laboral mexicano a la pobreza y acaba con todas las conquistas y derechos logrados en décadas de lucha sindical.

La Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos, en voz del presidente colegiado Bernardo Quezada Salas, sostuvo que el predictamen incluye temas que trastocan los derechos sociales que son extensivos a los trabajadores del Estado, sujetos al régimen del apartado B del artículo 123 constitucional.

Algunos ejemplos de las afectaciones a los servidores públicos son la subcontratación o terceriarización, las figuras de contratación a prueba y por capacitación, y no precisar cómo se regularán los mínimos derechos de seguridad social, jubilación y antigüedad de los trabajadores.

La Federación Nacional de Sindicatos del Sector de Ciencia y Tecnología planteó que la iniciativa afectará gravemente los derechos de los trabajadores de este sector. La aprobación de la iniciativa significa un ataque a la bilateralidad del trabajo, mercantiliza el empleo y la contratación, y condena a las familias de los trabajadores a vivir con un ingreso ínfimo e inestable, a la angustia y la desesperación.

 Representantes del pueblo-Ahumada

ahumada@jornada.com.mx

Servidumbre política y ley laboral

Octavio Rodríguez Araujo

 

Para aquellos que pensaban que las elecciones no sirven para cambiar un país, vean la propuesta de reforma laboral que se está intentando. Si hubiera ganado la izquierda este monstruoso proyecto no habría sido propuesto por Calderón al nuevo Congreso de la Unión de mayoría derechista. Ya entenderán, sobre todo los trabajadores, uno de los costos de haber votado por el PRI, e igualmente entenderán por qué los poderes fácticos le echaron tanto dinero a impedir que triunfaran el Movimiento Progresista y su candidato López Obrador.

 

Priístas y panistas ya están celebrando que, ¡por fin!, se reformará la Ley Federal del Trabajo. Pero más que los partidos los que están muy contentos son sus amos, los patrones de los políticos que se han asumidos como sus siervos, bien pagados pero sirvientes al fin. Lo que éstos están intentando es garantizar que los trabajadores no sólo les reporten más beneficios a los sectores empresariales sino que la ley los proteja de cualquier tipo de inconformidad que se exprese en su contra.

En la iniciativa, por si hubiera alguna duda, se dice con toda claridad: la Ley Federal del Trabajo [actual] no genera incentivos para asegurar el incremento de la productividad y la competitividad. Y cuando se habla de productividad se refiere a las empresas y de competitividad se dice expresamente de éstas y del país. Con esta iniciativa se ratifica legalmente lo que ya hacen sobre todo las trasnacionales en México, por ejemplo las modalidades de contratación con base en periodos de prueba y contratos de capacitación inicial y para el trabajo de temporada. Asimismo, el impulso o favorecimiento de la multihabilidad de los trabajadores para que se involucren en otras actividades de su entorno laboral, es decir la flexibilidad laboral para que todos y cada uno de los trabajadores sean milusos, es decir puedan ser cambiados de puesto al antojo del empresario sin que se creen precedentes de antigüedad y de estabilidad.

De lo anterior se explica que la intención sea precisamente establecer nuevos mecanismos y formas de pago para que los salarios se vinculen (léase se subordinen) a los beneficios de la productividad. Ésta, desde luego (y así se lee en la iniciativa), será el principal criterio para acceder a plazas vacantes definitivas o provisionales de más de 30 días y a puestos de nueva creación, en lugar de la antigüedad. ¿Más claro? Por si no se entendió: trabajador que no sea permanentemente productivo a juicio de los empresarios, será enviado a su casa sin indemnización alguna. Subrayo permanentemente para significar que constantemente tiene que adaptarse a los requerimientos unilaterales de la empresa con base en criterios de productividad y en el puesto en que lo ubiquen. El trabajador ya no será contratado en función de un perfil determinado y específico sino de su capacidad para ejercer diversas funciones en la cadena de producción o comercialización. ¡Ah!, pero eso sí, el patrón estará obligado a proporcionarle agua potable durante su jornada de trabajo (no es broma, está en la iniciativa).
 

El artículo 83 de la iniciativa habla del pago por cada hora de prestación del servicio, supuestamente convenido entre el trabajador y el patrón, en la inteligencia de que la jornada no debe exceder el máximo legal. Con las condiciones previamente mencionadas, es evidente que el trabajador que aspire a ser contratado o a permanecer en la empresa aceptará el pago por hora. Así se les debería pagar a los diputados y senadores, y también en función de su productividad.

 

Lo que se propone con esta iniciativa, entonces, es muy claro: ayudar, mediante las diversas modalidades de la contratación de trabajadores y su papel en las empresas, a que éstas puedan aumentar su productividad y con esto mejorar la competitividad del país.

 

¿Qué quiere decir aumentar la productividad de una empresa? Sacar al mercado más por menos. ¿Qué quiere decir mejorar la competitividad del país? El precio de sus productos en el mercado mundial. Un país es más competitivo si con la misma o semejante calidad de sus productos ofrece mejores precios. ¿Cómo se pueden ofrecer mejores precios en el mercado mundial? Castigando los salarios de los trabajadores y evitando tiempos muertos en la jornada a partir del pago por horas. Una vil copia del sistema estadunidense, pero sin los salarios de aquel país (11 veces más altos que en México) y sin los precios de Estados Unidos, en general los mismos que en México por productos iguales o similares, y a veces más baratos que aquí, como es el caso de computadoras, vehículos, y otros muchos.

 

Servidumbre política al capital. No es otra cosa. Los del PRI y los del PAN tienen muy claros sus compromisos implícitos cuando compitieron por la Presidencia del país: favorecer a los empresarios a costa del resto de los mexicanos. Es posible que ahora sí les cumplan gracias al cochinero que hubo en las elecciones. No es por casualidad que mi nuevo libro se titule precisamente Poder y elecciones en México, es decir, el peso del poder en los comicios de este año.

rodriguezaraujo.unam.mx

Propuestas estorbosas-Fisgón

rfisgon@jornada.com.mx

Traición y crimen contra la clase trabajadora

Napoleón Gómez Urrutia

Cada vez son más numerosas las voces de organizaciones y personajes que se pronuncian vigorosamente en contra de la iniciativa de reforma laboral de Felipe Calderón Hinojosa, las cuales siguen creciendo día con día ante la indiferencia y terquedad del gobierno y de muchos diputados y senadores. La inconformidad y la indignación recorren a la sociedad mexicana. Esa infame iniciativa denuncia claramente la irresponsabilidad política y el odio profundo del actual presidente hacia la clase trabajadora mexicana, en la cual se trasluce su parcialidad sumisa hacia los intereses empresariales que en México han medrado con la explotación de la mano de obra y los recursos naturales, hasta acumular riquezas de unos cuantos que aplastan lo que debiera ser una distribución justa y correcta del ingreso nacional.

 

Una comisión de la 61 Legislatura en la H. Cámara de Diputados se ha apresurado para tener listo el dictamen sobre la propuesta de Calderón, el cual se conocerá en medio del descontento que la iniciativa ha despertado, por sus inocultables intenciones de condenar a los trabajadores a una esclavitud disfrazada, cuyos efectos le habrán de explotar, cual bomba de tiempo social, al siguiente gobierno. Sería una irresponsabilidad tan grande como la de Felipe Calderón, que el nuevo gobierno que se inicia el 1º de diciembre próximo asumiera como propia ésta, que ha sido certeramente calificada como contrarreforma laboral. Algunos de sus promotores no saben o pretenden ignorar los funestos resultados que le traerá a la paz social de México, y obstinadamente se empeñan en continuar en su indigno propósito de aprobarla.

Ello ocurre porque se han negado a estudiar el fracaso y los efectos tan negativos que medidas similares han traído a países como Grecia, España, Irlanda o Italia actualmente, o Latinoamérica en años recientes. Esas naciones buscan regresar de donde a los mexicanos apenas nos quieren llevar.

Este intento de nueva agresión contra los trabajadores y los sindicatos es producto de la lucha de clases, pero en este caso al revés: no para favorecer el bienestar, sino para revertirlo en la historia hasta los tiempos del régimen elitista de Porfirio Díaz, cuando las mayorías mexicanas tenían la bota en el cuello de la explotación despiadada de los patrones ricos e insensibles. Estamos ante la negra perspectiva de un retorno a 1910. Históricamente, es una ignominia la que pretenden realizar Calderón, sus aliados políticos y sus jefes, los empresarios.

Siendo muy grave para la República este panorama, también lo es que la infame iniciativa de Calderón no plantea una reforma patronal y gubernamental, esta sí muy urgente, que cambie la ideología de la ambición personal desmedida hacia la solidaridad entre los mexicanos, y que meta al orden legal al sector empresarial, a las instituciones y a los políticos que lucran con la explotación del trabajo humano y abusan desde hace décadas de su posición privilegiada.

Una reforma patronal y gubernamental es absolutamente necesaria para la salud de la Nación. Los desmanes que frecuentemente cometen muchos empresarios e innumerables funcionarios públicos en su papel de empleadores, no sólo contra sus trabajadores sino contra la nación, son motivo desde hace muchos años de profunda preocupación. Las fugas de capital al extranjero son uno de ellos, con recursos que surgieron de la explotación abusiva de la mano de obra y del solapamiento de los gobiernos hacia esta nefasta práctica, que significa que esos capitales van a financiar el crecimiento de otras economías y dejan la nuestra abandonada a su propia suerte. Los muy bajos impuestos que pagan las empresas poderosas es otro abuso más, donde incluso esos gobernantes los premian, retornándoles cantidades increíbles de la muy baja tributación que aquellas pagan al fisco, con lo cual propician la corrupción y engañan a los trabajadores para evitar cubrir el 10 por ciento de las utilidades reales a que están obligados por ley. Los ejemplos están por todas partes. Es muy urgente, por lo tanto, una reforma patronal y gubernamental antes que una laboral, que obligue a los empresarios a transparentar las utilidades reales que obtienen y su pago proporcional a los trabajadores. El nuevo gobierno está obligado a gobernar para todos, y no puede hacerlo más que en esa línea de acción y de conducta.
 

Es indignante que muchos de los que hablan o escriben hoy y apoyan esta iniciativa, le exijan a los sindicatos transparencia y rendición de cuentas y dejen a los patrones a salvo de cualquier obligación similar. En esos medios de comunicación no se les exige someterse a esta misma conducta ni rendir cuentas claras de su proceder, acomodados en la complicidad con los políticos poderosos. En cuanto al Sindicato Nacional de Mineros, y estoy seguro que en muchas organizaciones más, desde su nacimiento –en 1934–, nosotros sí les rendimos siempre cuentas transparentes a quienes, de acuerdo con nuestros Estatutos, son los depositarios únicos de esa facultad, los trabajadores, no una autoridad que cuando menos ha sido siempre sospechosa de no rendirle cuentas claras al pueblo de México. Este es el caso de los arqueos de caja permanentes, las auditorías contables y financieras que realiza el consejo general de vigilancia y justicia, así como los informes obligados por Estatutos, que son transparentes en cada convención nacional, para el estudio y aprobación de todos los delegados.

 

La iniciativa de Calderón es absolutamente discriminatoria. Lo justo es que los patrones deben ser obligados al mismo régimen de transparencia de sus manejos y recursos que le están exigiendo a los sindicatos. La reforma patronal que se necesita debe incluir la exigencia de la toma de nota para los dirigentes de las asociaciones de empresarios y para los patrones que representan, con el fin de saber si todos ellos cumplen con las leyes, si transparentan y están al corriente en sus obligaciones fiscales, si acatan sus compromisos legales en materia de seguridad industrial y protección de la salud, así como en la siempre ausente protección del medio ambiente. Es preciso que su incumplimiento genere castigos penales verdaderamente severos a los patrones o funcionarios públicos que violen las leyes en cualquier ámbito de la actividad económica nacional.

 

Es exigencia social que los hombres de empresa se comprometan con el país, lo mismo que los funcionarios públicos que los solapan. Esa es la médula de un sistema democrático, lo demás son engaños y demagogia que seguramente generarán fuerte inestabilidad y crisis social para el país. Si desafortunadamente llegara a suceder, que nunca se nos olviden los nombres de los que hoy, por intereses personales o de grupo, están traicionando y actuando en contra de los derechos de la clase trabajadora, de la población y de México en su conjunto.