El nocaut laboral y sus consecuencias
Los diputados de izquierda tomaron la tribuna este
viernes.
Foto: Germán Canseco.
Foto: Germán Canseco.
El primer paso para demoler los derechos de los trabajadores ya está
dado: diputados del PRI, PAN, Partido Verde y Panal aprobaron –en el viejo
estilo aplanadora- la reforma laboral calderonista que todavía tiene que
transitar hacia el Senado. Hasta el sector “obrero” priista y los representantes
de Nueva Alianza (partido creado por una líder sindical) avalan los cambios que
dejarán a la fuerza laboral inerme y humillada ante los patrones. Legisladores
de oposición comentan a Proceso que ésta es la primera
de las reformas estructurales que Salinas de Gortari quiso aplicar desde 1991 y
que apenas ahora van a ver cristalizadas.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Impulsada por Felipe Calderón y avalada este fin de
semana por los legisladores del PRI, la reforma laboral “empieza a cerrar el
círculo” de las llamadas reformas estructurales que Carlos Salinas de Gortari
echó a andar en 1991.
Los cambios, también respaldados por el PAN, el PVEM, el Panal –creación esta
última de la líder sindical Elba Esther Gordillo– y todos los diputados
cetemistas, lesionan a la clase trabajadora y benefician en todo a los
empresarios. Una reforma planeada y aprobada sin recato para servir a todo lo
que huela a patrón: a los organismos financieros internacionales, a las
corporaciones trasnacionales, a los grandes empresarios nacionales, al gobierno
que va a empezar y sobre todo –dice la oposición en el Congreso- al proyecto de
país que imaginó Carlos Salinas de Gortari desde 1988.
Entrevistados por este semanario diputados del Frente Legislativo Progresista
afirman que antes de que concluya el gobierno de Calderón la clase trabajadora
en México habrá perdido sus derechos mínimos, como la certeza de contar con
seguro social, vivienda o una pensión digna; además sus posibilidades de
mantener la estabilidad laboral habrán decrecido, la antigüedad será más difícil
de lograr y el salario será menor debido al pago por hora.
En contraparte, sostienen, al dueño de la empresa se le cancelan obligaciones
laborales: se abre la puerta para los despidos discrecionales, para evitar el
pago de pensiones y de séptimo día y le ensanchan la rendija para evadir
impuestos y el pago de cuotas obrero-patronales, afectando directamente las
finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social gracias a la legalización del
outsourcing sin restricciones.
La mano de Salinas
Pasado el trago amargo de la recriminación continua del fraude electoral de
1988, Carlos Salinas de Gortari inició con la LV Legislatura la segunda parte de
su sexenio. “Y ahí es cuando arrancan las contrarreformas constitucionales”,
recuerda Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien era uno de los 40 diputados
perredistas de ese Congreso.
Hoy, de nuevo en San Lázaro por el mismo partido y como parte de la LXII
Legislatura, Huerta Ladrón de Guevara acusa al exmandatario de ser el artífice
de la reforma a la Ley Federal del Trabajo y de empezar a consumar sus
ofrecimientos como cabildero de organismos transnacionales como el BID, la OCDE
o el FMI, así como de las empresas de corte mundial.
“Salinas fue el gran usurpador de la Presidencia en 1988; para las elecciones
intermedias de 1991 utilizó todas las mañas electorales de la época para ganar
la mayoría en el Congreso y ahí empezó las reformas que tanto daño han hecho a
la nación, como los cambios al artículo 127 de la Constitución y al tercero para
privatizar la educación”, dice.
“Los 40 diputados del PRD dimos el debate”, afirma, “pero como ahora, nos
echaron la aplanadora del PRI respaldados por el PAN”. En aquella ocasión
Salinas pactó con el panista Luis H. Álvarez a cambio de que le darían la
Presidencia. “Es cierto que Fox ganó con el voto en 2000, pero la gubernatura de
Guanajuato fue la primera concertacesión”, asegura.
“No es totalmente cierto que esta reforma laboral haya sido un pacto
Calderón-Peña, sino más bien es el cumplimiento de la orden de Carlos Salinas.
En la Comisión del Trabajo los diputados del PRI y del PAN actuaron como
Salinas: ‘Ni los veo ni los oigo’ y ya Peña nos amagó con que en diciembre viene
la reforma energética”.
“Outsourcing”, un hoyo de evasión
El PRI aceptó de buena gana legalizar la figura del outsourcing o
empresa subcontratista. Desde 2010, cuando Javier Lozano era secretario del
Trabajo, el PAN propuso una reforma laboral que preveía el reconocimiento de
esta figura; sin embargo el PRI se negó siquiera a discutir un posible cambio a
la Ley Federal del Trabajo.
Ahora el eje de la iniciativa calderonista, basado en la productividad, fue
de nuevo la subcontratación. En largas discusiones de la Comisión del Trabajo de
la Cámara de Diputados, los partidos Movimiento Ciudadano, del Trabajo y de la
Revolución Democrática lograron poner cuatro candados para evitar que los
patrones que subcontrataran a otra empresa, lo hicieran afectando a los
trabajadores.
Los priistas encabezados por Carlos Aceves del Olmo, secretario general
suplente de la CTM (sector obrero del PRI), aceptó junto con el PAN que el
trabajo a realizar no tuviera nada que ver con “el objeto social” de la empresa
que contrataba.
Además no podía abarcar la totalidad de las actividades que se desarrollan en
el centro de trabajo ni comprender tareas iguales o similares a las que realizan
el resto de los empleados al servicio del beneficiario, pero sobre todo debía
justificar el carácter especializado que “agregue un insumo adicional a los
proceso de producción o de servicios”.
La artífice de los cuatro candados fue la diputada de Movimiento Ciudadano,
Luisa María Alcalde Luján. Pero el gusto les duró apenas un día. La noche del
viernes 28, cuando el tema llegó al pleno de la Cámara –en medio de protestas–
fue eliminado de un plumazo.
Según Alcalde, la Coparmex estuvo desde temprana hora presionando a los
panistas para que echaran abajo los candados y así tener mano libre para
subcontratar, sin importar que a otro empleado se le robe la materia de trabajo.
Todo en nombre de la productividad.
El diputado perredista Silvano Blanco explica lo lesivo de esta figura: “Con
esto se legaliza una práctica que se ha venido dando en los últimos años. Se
trata de contratar a trabajadores con menores prestaciones que las de la ley,
con salarios más bajos y como consecuencia con un impacto negativo en todos sus
derechos, como vivienda, salud y pensiones. La realidad es que estas empresas ni
siquiera dan de alta a sus empleados ante el IMSS, no cotizan para el Infonavit,
sus aguinaldos se ven reducidos y se les dificulta lograr antigüedad”.
(Extracto del reportaje que se publica esta semana en la revista
Proceso 1874, ya en circulación)
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