ASTILLE1RO- La democracia mexicana: ¿otra causa perdida?- El despido neoliberal- La ciencia en la transición

Astillero

Los sexenios de Marcelo

La izquierda en el DF

Camino a 2018

Salinas y Camacho

Julio Hernández López

CONGRESO DE TELEFONISTAS. En la reunión, líderes de telefonistas y de otros gremios discutieron sobre la reforma laboral. En ella también estuvo presente el director general de Telmex, Héctor Slim Seade, quien anunció que dirigentes de la empresa y del sindicato estudian un nuevo plan de jubilaciones

Foto Luis Humberto González

 

Al rendir su sexto informe de actividades como jefe del gobierno capitalino, Marcelo Ebrard va cerrando con éxito la más alta responsabilidad pública que ha tenido a lo largo de su carrera y abriendo camino a su máximo reto, que consiste en sobrevivir políticamente durante cinco años en busca de alcanzar la candidatura a la presidencia de la República por parte de una amalgama de fuerzas, hoy denominables la izquierda, cuyas formas y contenidos apenas alcanzan a prefigurarse a estas alturas.

 

Educado políticamente en un ramal del salinismo, bajo el tutelaje permanente de Manuel Camacho Solís, Ebrard está por cumplir en su totalidad el periodo de mando para el que fue electo en la ciudad de México (ni Cuauhtémoc Cárdenas ni Andrés Manuel López Obrador lo hicieron, llevados a la separación del cargo por nuevas aspiraciones electorales). Con él se cumplen tres ciclos consecutivos de la izquierda en el poder chilango y, a pesar del cuadro nacional de descomposición, el funcionamiento institucional en la capital del país es fluido y aceptable, en razón del tamaño y los retos de la gran metrópoli naturalmente predispuesta para el caos pero, sobre todo, en relación con la violencia desbordada en otras latitudes (a tal grado que se ha vuelto lugar común mencionar el grado de seguridad que hoy ofrece el Distrito Federal, mayor al que ofrecen otras ciudades cuyos habitantes antaño temían viajar a la urbe capitalina).

 

 

Los resultados de su administración y su futuro político conjugan prendas y circunstancias inusuales. No siendo un hombre de izquierda, sino un reformista de origen salinista al que los avatares de la política acabaron llevando al PRD, Ebrard impulsó reformas legales que su antecesor, AMLO, no quiso apoyar, tanto por cálculos electorales pragmáticos como por conservadurismo en asuntos de sexualidad. En defensa de los matrimonios entre personas del mismo sexo, y su derecho de adopción, llegó a enfrentarse con jefes católicos emponzoñados como el cardenal tapatío Juan Sandoval Íñiguez. Y en el terreno personal hubo de cruzar varios terrenos minados: el desierto al que fue lanzado el grupo camachista luego del asesinato de Luis Donaldo Colosio, los linchamientos de Tláhuac cuando era responsable de seguridad pública en el Distrito Federal y la pantanosa resolución de la candidatura presidencial perredista frente a un imperioso López Obrador.

 

Zigzagueante (un ejemplo fue la manera en que acabó saludando y tomándose fotografías con Felipe Calderón a pesar de que originalmente había prometido evitar cualquier forma de reconocimiento a ese ocupante de Los Pinos), absolutamente falto de carisma, regido por la filosofía camachista-salinista de las concertaciones y el reformismo cosmético, predispuesto a favorecer a ciertas firmas con contratos que en la política tradicional mexicana suelen generar retribuciones no fiscalizables (entre esas empresas, la española OHL), Ebrard deja una oficina frente a la Plaza de la Constitución con las explícitas intenciones de ocupar otra, la de Palacio Nacional.

 

Tiene dos ingredientes sustanciales para ese platillo futurista. Uno consiste en la manera en que logró procesar su relación con AMLO y específicamente la definición de la candidatura para 2012. Se hizo a un lado y con ello se fabricó una hoja de servicios partidistas que rápidamente fue inflada por los adversarios del tabasqueño, adjudicando a Marcelo presuntas virtudes de civilidad y modernismo para descalificar por contraste a quien fue aspirante de las izquierdas a la presidencia de la República. No apoyó a fondo ni de verdad a AMLO, cuidando su figura por encima de las circunstancias del 2012 y con la vista puesta en el 2018, y tampoco quiso asociar de manera irreversible sus intereses con los de los Chuchos dominantes de la estructura del sol azteca, decidido a seguir navegando entre cuantas aguas sea necesario con tal de perfilarse como candidato natural a la siguiente elección presidencial, aceptado a medias pero igualmente rechazado a medias.

 

 

El otro elemento fundamental es la continuidad en el gobierno capitalino. A pesar de su inexperiencia política y de su inexistente coloración izquierdista, Miguel Ángel Mancera fue instalado como candidato a la sucesión. Ganó sin problema, gracias a la maquinaria perredista que en la capital del país se ha vuelto una aplanadora electoral merced al uso de los programas de gobierno como garantía de votos y de la corrupción administrativa a la que se le imponen cuotas para el financiamiento de campañas y la realización de actos políticos diversos. Mancera fue sacado de la opacidad burocrática para convertirlo en presunta pieza manejable por el maximato de Ebrard y Camacho, pero el ex procurador de justicia ha ido bocetando formas que podrían terminar en cierta independencia negociada, a tal grado que ya se habla en su entorno de que podría ser aspirante presidencial dentro de seis años (el propio Ebrard ha retomado la idea, aunque más para acotar el 2018 a su ámbito grupal y dejar fuera a López Obrador).

 

 

Las condiciones actuales hacen de Ebrard un precandidato viable para 2018, pero es muy largo el tramo que deberá transitar y, sobre todo, con una excesiva carga de factores de alta condición explosiva. El peñanietismo parece decidido a imponer una larga noche tricolor en el país y, en el fondo, el salinismo auténtico cree llegado el momento de cobrar afrentas, de castigar deserciones y de regodearse en sí mismo. Ebrard y Camacho provienen de esa fuente política, ya se verá si sus aguas vuelven a juntarse con las salinistas, en proyectos de gran simulación política y electoral, o se sostienen en la institucional tarea de constituir una izquierda moderna, competitiva, que mediante un frente amplio al estilo uruguayo desemboque en 2018 en una tercera candidatura presidencial tabasqueña, fortalecida y depurada, o en la postulación del sobreviviente Ebrard.

 

 

Y, mientras en Sonora el principal sospechoso es el suplente del priísta diputado electo que fue asesinado, y en Neza continúan las investigaciones, ¡hasta mañana!

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 El nuevo PRI-Rocha

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La democracia mexicana: ¿otra causa perdida?

 

Ilán Semo

  

La cultura contemporánea está basada en un extraño ciclo, en el cual nuestros objetos de consumo elementales parecen destinados a una condición que varios autores (Lipovetski y Bauman, entre otros) han llamado (de una manera acaso abigarrada) la de-sustancialización. Ayer llevé las galeras de la revista Fractal a una imprenta en la colonia Obrera, cuyos precios milagrosos todavía permiten publicar en papel lo que la mayoría de los editores sólo se atreverían a colgar en la red. En la esquina del Eje 3 e Isabel la Católica, arriba en un edificio, se yergue un espectacular de Coca-Cola en el que aparece una modelo junto a un lema: Macho es mi novio porque pide Coca Cola light. No sé si a quienes lo colocaron ahí les parecía que lo light no tenía acogida en la Obrera. (Se supone que los espectaculares están destinados a públicos con signatura). En la apoteosis de lo políticamente incómodo, la refresquera se propondría conquistar un nuevo nicho de mercado: el macho que por tomar light no es un macho light. Algo así como un nuevo género. Para mi sorpresa, cuando llegué a los abarrotes de la esquina y pedí una Coca-Cola light, el encargado me dijo: “¡Uy! Ya se acabó. Todo lo light se acaba”. ¿En qué consiste exactamente la seducción que ejercen hoy el café descafeinado, la leche deslactosada o el “queso light”? ¿Por qué se acaban?

 

En rigor, el café descafeinado es un café sin cafeína, léase: un café sin café; la leche deslactosada, una leche sin su principal componente, una leche sin leche; y el “queso light”, un queso sin grasa, un queso sin queso. La idea es que el café sin café ha sido liberado de la sustancia que nos proveía, simultáneamente, del goce y de los riesgos de tomar café, la cafeína. Se trata de algo que sólo llamamos café sin las (hipotéticas) consecuencias (para el cuerpo) que acarreaba la sustancia que producía el placer de tomarlo. Hemos renunciado al goce para dejar en su lugar una suerte de pharmako, un sustituto; un emblema que ha perdido ya toda su sustancia, pero que mantiene su fachada, una suerte de colapso entre la función y la forma. Así, la cultura cotidiana se ha ido convirtiendo en una suerte de intercambio entre sustitutos, donde la sustancia se reduce a un enunciado, y la función a una fantasía. Pero lo seguimos llamando café.

Con la democracia mexicana pasa algo similar. Ha perdido prácticamente toda su función y su sustancia, y sin embargo se ofrece como democracia, al menos en la mayor parte de los discursos que tienen que ver con el mundo público. (La analogía no es del todo justa, porque siempre podemos prescindir del café descafeínado y optar por uno regular, mientras los discursos sobre la democracia disputan uno y el mismo objeto.) De los cinco rasgos que Democracy Watch ha establecido como minimalia para definir a un régimen como democrático (una definición realmente minimalista), el actual orden político mexicano reprueba crasamente cuatro, y pasa uno de panzazo. Valga una breve enumeración.

1. Derecho universal al voto. Es simple. Millones de mexicanos que viven en el extranjero, cuyo voto podría modificar los resultados de los comicios, no tienen derecho al sufragio.

 
2. Transparencia. La concertacesión que ha anudado al PRI y al PAN desde 1988 acabó desfigurando a tal grado la relación entre los procedimientos, los votos y los resultados electorales, que hoy sólo contamos con la desfiguración. Ni en 1988, ni en 2006, ni en 2012 se puede hablar, por diversos motivos, de elecciones transparentes. Pero un acontecimiento que se repite tres veces sucesivas, ya expresa una estructura establecida. En México, esperar las próximas elecciones puede ya significar, para una parte sustancial del electorado, esperar tan sólo el próximo oxímoron electoral. Ni hablar de otras formas de transparencia como el gasto del erario, la aplicación de leyes, etcétera. Siguen siendo una utopía mexicana.

 

3. Estado de derecho. El mayor fracaso de los últimos 24 años es la incapacidad de quienes han gobernado el país (léase: quienes han ejercido la Presidencia) para allanar el paso a un régimen gobernado por la ley en todos sus niveles, y no por los poderes fácticos, la violencia, el soborno y la complicidad. El consenso al respecto es unánime. Lo dice la OCDE, el FMI, los analistas locales y hasta el mismo Felipe Calderón, que ha reiterado innumerables veces que, en todos los niveles de gobierno, la colusión entre política y crimen es lo dominante. No sólo no nos acercamos al estado de derecho, sino que nos alejamos cada vez más de él, en la medida en que las prácticas de gobierno se basan cada día más en el estado de excepción.

 

4. Libertad de prensa y de expresión. En el mapa que cuelga en el lobby del Newseum, una suerte de registro del estado global de los derechos de expresión, México aparece justificadamente junto con China, Libia y una lista de países enfrascados en dictaduras o en guerras civiles en una situación de alarma. No sólo por los crímenes cometidos contra centenares de periodistas, sino por el carácter monopólico de los medios. Siempre se puede argüir que el crimen organizado representa la principal amenaza. Pero la línea entre éste y la política se ha vuelto tan tenue, que no es incorrecto adjudicar a la segunda el colapso de la libertad de prensa.

 

5. Separación de poderes. Es éste el único renglón donde acaso las transformaciones mexicanas han prosperado. El Poder Legislativo es hoy más autónomo del Ejecutivo y éstos, en cierta medida, del Judicial. Pero el desempeño del TEPJF en los últimos comicios –por ejemplo, los desayunos abiertos entre jueces y miembros del tricolor– volvió a zanjar de dudas este logro.

 

En suma, lo que el ciudadano de a pie obtiene a cambio de su voto es una democracia, digamos, sin democracia, un régimen político que se anuncia bajo una forma pero que cumple funciones que no tienen nada que ver con esa forma. Otra versión del colapso entre la forma y la función. ¿Cómo caracterizar a este híbrido que ha regido el destino de la vida pública en México desde hace dos décadas?

 

Creo que de esa caracterización depende el posicionamiento de las fuerzas, al menos en la esfera de sus prácticas discursivas, que habrán de definir el territorio de lo político en los próximos años. Es difícil esperar alguna novedad de quienes hoy acceden a Los Pinos más allá de la reiteración de la concertacesión. Ni PRI ni PAN tendrían ninguna razón para cambiar. ¿Por qué lo harían si así han logrado sostener la mayoría durante casi un cuarto de siglo?

 

¿Y la izquierda? Imposible hablar hoy día de la izquierda como territorio ya no cohesionado, sino coherente. Está dividiéndose en su esfera política, y la izquierda social parece fragmentada en pequeñas o no tan pequeñas organizaciones, si bien el movimiento #YoSoy132 le ha inyectado una sinergia sin precedentes. Pero tal vez la clave se encuentre en esta sinergia que modificó tan radicalmente el panorama de las elecciones de 2012: el encuentro (que no alianza) entre un movimiento social autónomo (de los partidos políticos) y una fuerza capaz de abrirse paso en los terrenos de la política codificada por los relatos convencionales, con el cometido no de una transición sino de una ruptura. Nunca había sucedido. Fue el hallazgo del #YoSoy132. Habrá que esperar si se trata no sólo de un acontecimiento, sino de un camino por recorrer.

 

 Claroscuros panistas-Fisgón

rfisgon@jornada.com.mx

El despido neoliberal

 

 

 

José Blanco

 

 

Durante el sexenio que por fortuna se halla en sus últimos estertores, el gobierno panista estuvo demandando, porque así lo exigían los empresarios de aquí y de allá, entre otras cosas, una reforma laboral. Además el mundo desarrollado y parte del que no lo es, nos habían puesto el ejemplo, y nosotros seguíamos paralizados. Ya que los panistas están de salida, ahora a los priístas les ha cogido una prisa tremenda por que la reforma laboral tenga lugar a la voz de ya.

 
Como algunos conocedores del tema lo han dicho, desde el lado de los intereses de los trabajadores, el proyecto que veremos será un proyecto neoliberal, acaso con un barnicito en esta o aquella cláusula, para que quede claro que la reforma fue consensuada entre los representantes populares, porque claro, ya se sabe, la unanimidad no existe en ninguna parte, nos dirá la triunfante bancada del PRI, bien apoyada por el PAN, y nada tendría de raro que también lo fuera por alguna de las agrupaciones de izquierda.

Pero, como en todo el mundo ha ocurrido, será una reforma neoliberal. Como en todas partes, nos será presentada como una nueva ley que traerá consigo flexibilidad y creación de empleos…, y mucha facilidad para despedir asalariados, aumentos en la edad de jubilación, disminución de los tiempos del pago por seguro de desempleo, y algo más.

 
Hoy como nunca el sindicalismo se halla reblandecido por el desempleo, el subempleo, y el inmenso mundo de la economía informal. Probablemente UNT y alguna otra agrupación tendrán su espacio para el pataleo, pero hasta ahí llegarán las cosas. La reforma será aprobada a la brevedad.

Desmontar el estado de bienestar en Europa ha demandado diversas reformas que se operan mediante un mismo instrumento: la cuchilla del cadalso. Así, todas las llamadas conquistas históricas que conformaban el estado del bienestar, si antes no ocurre otra cosa, irán a dar al patíbulo.

Una reforma que flexibilice los despidos, por cierto, no tiene la capacidad mágica de crear empleos. Los empleos provienen de la inversión, y ésta a su turno, ocurre si existen clarísimas expectativas de ganancias, es decir, si hay mercados en expansión, aquí o en el exterior. Pero no es el caso; la economía mundial entre pequeñas altas y pequeñas o a veces pronunciadas bajas, tiende al estancamiento; de manera que vincular inmediatamente la flexibilidad de los despidos con una mayor creación de empleos es un cuento típicamente empresarial y político.
 

La reforma laboral se ha operado prácticamente por todos los países de la Unión Europea (UE), con modalidades diversas según la historia laboral y económica de cada uno de ellos, y es claro que el tema central de la misma es el despido.

 

En marzo de este año la Fundación 1º de Mayo, española, produjo un informe muy detallado jurídica y económicamente, en la que analiza el tema en un buen número de países de la UE. Ahí, entre muchas otras cosas, se dice (perdóneles la gramática): El despido es mucho más que un acto meramente económico, pero se intenta que se interiorice la idea de que se trata de un fenómeno socialmente irrelevante, banal, que no genera daños a nadie. Esta idea de ampliar las causas del despido a la vez que se abarata, se machaca constantemente. A toda costa, sostiene el profesor Baylos, que la idea de flexibilizar y abaratar el despido se quiere justificar en que hay que quitar el miedo a los empresarios a contratar consiguiendo que despedir sea mucho más fácil y barato. Esto nos lleva a que el sistema del derecho del trabajo, el sistema de garantías sobre el empleo, sea el culpable de los procesos de destrucción de empleo y de la crisis del mercado de trabajo. Es decir, hay una culpabilización del sistema de garantías que se mide en función de los procesos de creación o destrucción de empleo que se den en la economía y, por tanto, se crea una directa relación, no entre otras causas que crean esa alteración del empleo, sino fundamentalmente entre garantías y rigidez del mercado y políticas efectivas de empleo. Sin embargo, tales planteamientos son completamente inconsistentes. Una teoría ampliamente consensuada del mercado de trabajo destaca que la estabilidad en el empleo fomenta la confianza y la motivación de los trabajadores y, de esta manera, se promueve en paralelo la productividad de la empresa. Igualmente distintos análisis internacionales comparados demuestran que no existe ninguna relación clara entre el nivel de protección contra el despido y la situación del mercado de trabajo.

El crecimiento de la desigualdad en el ingreso a escala mundial halla una de sus explicaciones en el despido neoliberal.

 

¿Quiere usted aumentar la productividad a escala micro, señor empresario? Mejore la tecnología, capacite a sus trabajadores, y tendrá el resultado buscado. Pero, claro, es más simple alcanzar ganancias aplastando el ingreso de los trabajadores.

 

 

 Con los atentos saludos-Hernández

hernandez@jornada.com.mx

La ciencia en la transición

Javier Flores

 

La semana pasada se publicó en diversos medios un desplegado de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) dirigido al licenciado Enrique Peña Nieto. Hay dos aspectos de este comunicado que llaman la atención. Desde luego, el planteamiento que se hace y también quienes lo firman. La organización de científicos más importante del país propone al presidente electo algo muy simple: que en materia de ciencia y tecnología, durante su gestión –que se inicia el primero de diciembre– se cumpla con la ley. Nada más, pero nada menos.

 
Cumplir con la ley significa atender lo que marcan las leyes de Ciencia y Tecnología y General de Educación, las cuales establecen que se debe destinar el 1 por ciento del producto interno bruto (PIB) a la investigación científica y al desarrollo tecnológico. En el comunicado se afirma: México no puede continuar desatendiendo su sistema científico-tecnológico y de innovación, indispensable para fortalecer su soberanía, incrementar sus niveles de competitividad, generar más conocimientos que beneficien a la sociedad y permitan encarar los retos que enfrenta la humanidad.

 
El documento está firmado por el actual presidente de la AMC, el astrónomo José Franco, y la vicepresidenta, la ingeniera Blanca Jiménez Cisneros, quien recientemente fue nombrada directora de la división de ciencias del agua de la Unesco. Está suscrito también por 21 ex presidentes de la academia cuyas voces son representativas de la comunidad científica de México: Francisco Bolívar Zapata, Juan Ramón de la Fuente, José Antonio de la Peña, Fernando del Río, René Drucker, Alonso Fernández, Jorge Flores, Mauricio Fortes, Carlos Gual, Ismael Herrera, Juan Pedro Laclette, Adolfo Martínez Palomo, José Luis Mateos, Arturo Menchaca, Raúl Ondarza, Octavio Paredes, Antonio Peña, Daniel Reséndiz, Pablo Rudomín, Rosaura Ruiz y Guillermo Soberón.
 
A pesar de lo que establecen las leyes citadas desde hace más de 10 años, el presupuesto para ciencia y tecnología ha estado por debajo del 0.4 por ciento del PIB, lo que representa un claro incumplimiento de la legislación vigente. Por ello, en mayo de este año el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCT), organismo que agrupa a las instituciones de educación superior e investigación y a organizaciones académicas y empresariales, interpuso una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) en contra de los servidores públicos que han incumplido con esta disposición, lo que involucra a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, tema al que ya me he referido aquí (La Jornada 22/5/12).

 

La semana pasada la coordinadora general del FCCT, Gabriela Dutrénit, informó mediante un comunicado que en la SPF todavía se analizan los hechos para determinar si empieza o no el procedimiento administrativo en contra de los servidores públicos de la SHCP, lo que indica que aún no se ha hecho nada, y probablemente la decisión sea postergada. Con esto el mensaje que se envía a la sociedad hasta ahora es que en México las leyes no se cumplen y lo que priva es la impunidad.

 

Una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial declaró presidente electo al licenciado Enrique Peña Nieto, éste integró un equipo de transición con el fin de garantizar el adecuado relevo en el Poder Ejecutivo. En una carta publicada el sábado pasado en el periódico Reforma, el doctor Antonio Peña Díaz, investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, expresa su extrañeza porque en el citado grupo de transición no identifica a nadie que sea un científico, o al menos alguien en quien pueda confiar para atender un tema tan delicado como el desarrollo de la ciencia y la tecnología en México.

 

Pero si bien hasta ahora el equipo de transición no cuenta con especialistas en ciencia y tecnología, sí abundan en él los expertos en finanzas públicas. Una de las tareas inmediatas que tendrá que afrontar este grupo, junto con el designado por el gobierno saliente, es la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para 2013, que será el primer año de gobierno del licenciado Peña Nieto. Cobra así especial sentido el comunicado de la AMC, la cual propone al presidente electo que el presupuesto se elabore desde ahora, cumpliendo con lo que marca la ley. La pregunta que queda planteada es simplemente si se va a cumplir o no con las leyes.

 

Es importante dejar en claro que no se trata de un asunto que busque beneficiar a un sector en particular. Se trata de definir el futuro de México. Nuestro país ocupa las posiciones más bajas a nivel global en casi todos los indicadores del desarrollo científico, tecnológico y en materia de innovaciones. Un presupuesto apegado a la ley es una condición indispensable para enfrentar algunos de los grandes retos que tenemos como nación, en áreas como la desigualdad social, la alimentación, la salud, la educación y el desarrollo económico independiente.