El Despertar
¿Quiénes somos responsables?
José Agustín Ortiz Pinchetti
Hace poco leí una Rayuela en La Jornada que contenía una afirmación contundente y certera:
El futuro de la reforma laboral está en manos de los trabajadores. Esto lleva implícito que la resistencia de los afectados será el factor decisivo en la disputa. No lo será ni la previsible traición de los líderes sindicales del PRI. Ni vendrá de Peña o Calderón. Ellos están cumpliendo con los compromisos que adquirieron con la oligarquía que los llevó al poder. La izquierda no podrá bloquear la iniciativa en el Congreso. La clase media (en muchos casos compuesta por asalariados) no se siente convocada. No podemos esperar nada de los tribunales a pesar de la evidente violación de los principios constitucionales.
No es frecuente que los articulistas desplacemos a los victimizados la responsabilidad de reaccionar contra las agresiones. Pero vale la pena reflexionar: estas reformas no beneficiarán más allá del 8 por ciento de la población. En cualquier país tendrían el rechazo del 92 por ciento restante. Pero es de temerse que nada suceda. Es cierto que los medios (con pequeñas excepciones) están controlados en el marco de un plan maestro para inducir la resignación colectiva. Y también que ni la Iglesia ni otras instituciones, grupos o personalidades quieren o pueden jugar un papel en la resistencia a la opresión como lo han hecho en otros países.
¿Por qué asombrarse? Veamos cómo la población en general responde al quiebre del proyecto democrático: En una encuesta reciente (Reforma 09/09/12), la mayoría consideraba que no había democracia efectiva en México. Que hubo compra de votos en el proceso electoral y que este no fue ni equitativo ni limpio. Pero a la vez 62 por ciento se negaría a participar en una protesta pacífica contra estas irregularidades. Sólo 26 por ciento dio apoyo la impugnación de AMLO. Esta contradicción aparente quizás refleja que gran parte de la población reconoce los abusos pero no quiere protestar ni que otros lo hagan. Mientras que una clara mayoría no despierte y se organice contra el régimen vigente, México no podrá contarse entre los países democráticos.
La esclavización del trabajo
Arnaldo Córdova
El asalto a las instituciones del derecho clásico del trabajo no es sino una parte de una embestida general en contra de las condiciones de trabajo y el bienestar de los trabajadores a todo lo largo y ancho del mundo. Una consecuencia de ello la podemos ver en las crisis financieras y de otro tipo que asuelan el mundo de nuestros días. Las fuerzas del trabajo no pueden rendirse así como así y, en el extremo, se movilizan por sus derechos con una marcada tendencia a subvertir el injusto orden de cosas en el que los explotadores de la fuerza de trabajo, literalmente, devoran a sus trabajadores.
La iniciativa de reforma laboral de Calderón se inscribe en esa misma tendencia universal y busca agudizar todavía más las condiciones de sobrexplotación que ya sufren quienes viven de su trabajo en México. El objetivo general es poder explotar al trabajador, sistemática y exhaustivamente, sin tener que toparse con engorros como un salario predeterminado, un horario de trabajo preestablecido y, sobre todo, un sindicato que negocia por el trabajador y defiende su causa. Para lograr eso, por supuesto, de lo que se trata es de eliminar todas esas instituciones y sustituirlas por otras que hagan la tarea.
En lugar de sindicatos molestos y pedigüeños, la subcontratación de mano de obra, llamada también outsourcing y que es definida en el nuevo artículo 15-A como aquella por medio de la cual
un patrón denominado contratista o subcontratista ejecuta obras o presta servicios con trabajadores bajo su dependencia, a favor de otra persona física o moral que resulta beneficiaria de los servicios contratados, la cual fija las tareas a realizar y supervisa el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratados. El beneficiario no tiene nada que ver con los trabajadores, ni en materia de salarios ni en lo tocante a la representación sindical.
Y si por caso tuviera que vérselas con viejos sindicatos con los que ya tenía relaciones de trabajo, éstos mismos sindicatos carecerán ahora de la fuerza de que gozaban antes debido, precisamente, a la redefinición que la nueva ley hace de sus poderes en los marcos de la negociación contractual. Si acaso tuviera que irse a la huelga, ésta estará limitada, en primer lugar, por una nueva modalidad de salarios caídos que antes no existía. De acuerdo con el artículo 48 reformado, el trabajador devengará salarios caídos hasta por un máximo de doce meses, independientemente de lo que dure el conflicto. Lo que quiere decir que un conflicto más largo, simple y sencillamente será letal para el trabajador.
La iniciativa presentaba algunas medidas de control que tendían a que sus dirigencias fueran fiscalizadas en torno al manejo de las finanzas y el patrimonio sindicales y también imponía nuevas reglas en relación con la democratización de la vida sindical, como el voto secreto de los afiliados en las asambleas. Estaba visto que los priístas no aceptarían las veleidades democráticas de los panistas y, ya desde el lunes pasado, al momento de votar el predictamen de la iniciativa los panistas aceptaron las exigencias de los diputados tricolores dejando fuera todo lo que tuviera que ver con el régimen interior de las organizaciones sindicales. Los patrones, así, podrán convenir, por debajo de la ley, todo lo que a sus intereses convenga con los mismos dirigentes corruptos y prepotentes que han dominado la vida sindical en México.
Protesta de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados durante la votación de la reforma a la LFT
Foto Francisco Olvera
Es evidente que tanto el PAN como el Consejo Coordinador Empresarial sabían perfectamente a lo que se atenían. Los priístas no iban a aceptar una reforma en la que su sector obrero saliera perjudicado con supuestos controles democratizadores de los sindicatos. A cambio de que no se tocaran los privilegios de los charros sindicales, el PRI estaba perfectamente de acuerdo con la flexibilización, que, en el fondo, era lo que los patrones y sus siervos panistas querían de verdad y que el mismo Peña Nieto había firmado con el CCE durante su campaña electoral.
La embestida en contra del trabajo no es sino una ofensiva generalizada en contra del salario. Resulta increíble que en un país en el que desde hace treinta años se ha venido deprimiendo sistemáticamente el salario (algunos calculan que ha perdido más de 80 por ciento de su valor), todavía se presente una reforma para acabar de nulificarlo. ¿Qué más se le puede quitar al de por sí pauperizado salario del trabajador mexicano? Es una pregunta que, por supuesto, no se han hecho los autores de la reforma. Para ellos, es una condición sine qua non para aumentar la productividad y la competencia de las empresas.
La clave estuvo en abrir camino al pago por horas que, todavía no hace mucho, significaba sólo una parte muy reducida de la retribución general del trabajo. Ahora se convertirá en el modo en que se pague el salario y eso abre la puerta a mil y un abusos por parte de la patronal sobre los que no habrá absolutamente ninguna tutela, pues en la misma ley desaparece por completo. Dice el artículo 83 reformado:
Tratándose de salario por unidad de tiempo, el trabajador y el patrón podrán convenir el pago por cada hora de prestación del servicio, siempre y cuando no exceda la jornada máxima legal de esta ley, una prevención esta última, que en nada favorece al trabajador, cuando el máximo legal de tiempo de trabajo es más que suficiente para explotarlo a placer.
Se quiere llenar de una aureola de modernidad la nueva institución diciendo que es así, por lo general, que se paga en Estados Unidos. No se dice, desde luego, que en aquel país el salario mínimo es once veces mayor que en el nuestro y que, además, hay allí controles muy eficaces, como el seguro social, que impiden que el patrón abuse del trabajador, por lo menos en exceso.
El patrón tendrá, además, otras formas de acrecentar la explotación del trabajo y éstas son los periodos a prueba y el contrato para capacitación inicial (artículos 39D y 39B). Nada impide que un empresario recurra a estas formas de trabajo para sobrexplotar al trabajador. Es un hecho de la vida real que esa explotación se cubre, como en el medioevo, de un aprendizaje que nunca termina y que pasa a formar parte de la contabilidad privada del empresario.
Como siempre, no queda sino una esperanza: que los trabajadores mexicanos pongan remedio a esta situación y se subleven contra sus explotadores.
El día llegará.
Indecencia de la reforma laboral: una observación
José Antonio Rojas Nieto
Al formular el tercer problema de la Cuestión 77 ( fraude en las compraventas) de la Parte Segunda de la Segunda de su Suma Teológica, Tomás de Aquino pregunta si está obligado el vendedor a manifestar los defectos de la cosa vendida. La respuesta –en continuación con San Ambrosio– es clara: se deben declarar los defectos y si no se hiciere se puede anular el trato, pues la transacción es ilícita y fraudulenta. El principio tomista trasciende las relaciones comerciales. ¿Por qué? Por una razón sencilla. Cuando Santo Tomás discute lo hace sobre la justicia. Ni más ni menos. No parece ser ésta la opinión del Poder Ejecutivo de México, en su iniciativa laboral
preferenteenviada al Congreso.
...todos los diagnósticos serios coinciden en que es impostergable impulsar una reforma laboral como condición para avanzar hacia mejores niveles de bienestar, y que al mismo tiempo contribuya a favorecer los principios de equidad y no discriminación en las relaciones de trabajo...¡Pamplinas! Se defiende la flexibilización hoy aprobada. Contratos de tiempo determinado, subcontratación, salario por hora, contratación y despido simplificados... En los mismos considerandos se citan diversos trabajos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), del Foro Económico Mundial (WEF), de los ministros del Trabajo del G-20, entre otros. Se ocultan y no se revelan inconvenientes, fallas. La mismísima OIT –incluso en un documento del 2005– evalúa efectos de diversas modificaciones a las leyes laborales en los países de América Latina.
La Reforma Laboral en América Latina: 15 años después, un análisis comparativo. Se concentra la atención en los aspectos que –precisamente– se centra la iniciativa presidencial
flexibilizadora, aprobada la madrugada del sábado por los diputados con 351 votos a favor, 130 en contra y 10 abstenciones (números que, muy probablemente, se repetirán cuando se presenten –también con aspectos sin revelar– las reformas energética y fiscal, al menos. Lo veremos. No se trata de repetir lo que –de manera por demás clara y contundente– han presentado especialistas de la talla de Néstor de Buen, Arturo Alcalde y Gustavo Leal y otros de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD). Sí, en cambio, ofrecer algunas conclusiones de los expertos de la OIT en este documento –el que, por cierto recibí de uno de mis mejores estudiantes de la Facultad de Economía de la UNAM, hoy buen especialista en economía laboral.
Así, frente a los cambios orientados a la llamada flexibilización del trabajo y luego de presentar la comparación internacional en torno a 12 aspectos (contratación laboral; sector informal y Pymes; jornada y tiempo de trabajo; horas extras; trabajo nocturno; trabajo por turnos; salarios y remuneraciones; vacaciones; licencias por maternidad; terminación de la relación de trabajo; relaciones colectivas de trabajo; prestaciones por desempleo) se presentan cuatro conclusiones principales: 1) en muchos casos la reforma laboral es resultado de presiones externas a los países para que adopten esquemas flexibilizadores que, en principio, podrían hacer más atractivo el arribo de capital externo, como préstamo o como inversión; 2) las reformas parecieran orientarse a dar mayor competitividad a empresas pequeñas,
agobiadas(término mío) por sus enormes costos laborales derivados del marco laboral proteccionista anterior; 3) en contra de lo señalado inicialmente, las reformas flexibilizadoras no han sido seguidas por un mejoramiento neto del empleo, más bien por un empobrecimiento de los existentes, cada vez más precarios y pobres en cuanto a salarios y prestaciones, a pesar de que se canceló la exigencia de contratos por tiempo indeterminado y se abatieron –radicalmente– los costos de contratación inicial y de despido; 4) el supuesto fortalecimiento de la negociación colectiva no se registró por la creciente individualización de las relaciones laborales. Así, ¿cómo creer –lo aseguraba la iniciativa presidencial– que el objetivo de la reforma era tratar de conseguir equilibrio entre los factores de la producción y justicia social, a más de propiciar trabajo decente (digno dice la Constitución), cuando de raíz no se revelaron los inconvenientes que cambios similares ya han generado en muchos otros países de América Latina y, que muy probablemente, generen en el México nuestro?
Dice el dicho: lo claro es lo decente… En este caso, al menos, no se fue ni claro ni decente.
No hay comentarios:
Publicar un comentario