Asesinato de Regina: rechaza Proceso investigación de Duarte y pide a la PGR atraiga el caso
Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz.
Foto: Octavio Gómez
Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, D.F. (proceso).- El personal de Proceso publica en la edición 1880, actualmente en circulación, una carta en la que rechaza las conclusiones de la investigación del gobierno de Veracruz sobre el asesinato de la corresponsal Regina Martínez.
Califica de infamia el relacionar a la periodista de este semanario con supuestos “malvivientes” y reclama que se investigue la linea relacionada con su trabajo periodístico.
Y ante el negligente trabajo de la procuraduría estatal solicita nuevamente a la PGR atraiga el caso y realice una investigación íntegra y puntual que lleve ante la justicia a los verdaderos culpables de la muerte de Regina.
A continuación el texto íntegro del escrito firmado por el personal de Proceso.
Tras el asesinato de nustra compañera Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz, fijamos una postura ante las autoridades del estado: Exigimos una investigación seria para esclarecer el crimen y hacer justicia.
Lamentamos que el gobierno de Javier Duarte de Ochoa haya recurrido a una burda salida para difundir el supuesto esclarecimento del homicidio de Regina, método que nos deja ver nítidamente su estilo de gobernar, el recurso de la mentira fácil y el acomodo a sus motivaciones políticas.
Creemos que Duarte y su procurador, Felipe Amadeo Flores Espinosa, están muy lejos de la verdad del caso.
Pero el mandatario veracruzano -es nuestra convicción- se pinta solo en su intento por desacreditar la figura de Regina. El comunicado de su procuraduría recurre a la infamia al relacionarla con supuestos “malvivientes” en hechos que no se sostienen y que no corresponden a su forma de vida, como han acreditado sus amigos, sus alumnos, sus compañeros de profesión y sus fuentes.
Tanto el contenido del expediente como las filtraciones que desde el gobierno de Veracruz se hicieron sobre el móvil de este crimen y sobre la vida personal de Regina han resultado inverosímiles ante una verdad que sí es incuestionable: nuestra compañera era una periodista comprometida, profesional e intachable, que fue incómoda por su perfil profesional en un estado con instituciones podridas y permeadas por la delincuencia organizada.
Por el contrario, el manejo del caso es negligente porque no se han seguido todas las líneas de investigación. A nuestor juicio, una fundamental es la relacionada con su trabajo periodístico. La coadyuvancia de Proceso y de la Procuraduría General de la República tampoco ha sido cumplida, como prometió hacerlo el gobierno de Duarte.
Todos los trabajadores de Proceso hacemos nuestras las palabras del presidente del Consejo de Administración, Julio Scherer García, dirigidas al gobernador Duarte: no les creemos.
Como lo hicimos saber horas después del asesinato de Regina, queremos la verdad y, sobre todo, la debida justicia. No el olvido ni la impunidad.
Seis meses después del crimen, pedimos nuevamente a la Procuraduría General de la Repúbica la atracción del caso y le exigimos lo mismo: una investigación íntegra y puntual que lleve ante la justicia a los verdaderos culpables de la muerte de Regina.
Desaparecidos, el vergonzoso saldo de Calderón
Madres de desaparecidos en huelga de hambre en la Segob.
Foto: Germán Canseco
Foto: Germán Canseco
Entre las respuestas y acciones que Felipe Calderón quedó a deber están las dolorosas demandas sobre las personas desaparecidas. Las familias mutiladas, en especial las madres, han buscado a sus vástagos entre amenazas de la delincuencia organizada y el tiradero de la procuración de justicia. Como fue en vano, se refugiaron en las duras leyes de su amor, que no les permiten abandonar su lucha sólo porque cambian los funcionarios.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Con los cuerpos tiesos bajo el tendido de cobijas, las mujeres intentan en vano espantar el frío que ya hizo nido en sus huesos. Empieza otro día afuera de la Secretaría de Gobernación, durmiendo sobre una tarima a ras del pavimento, en una casa de campaña que adornaron con las fotos de sus hijos y de otras decenas de desaparecidos. Los claxonazos de los automóviles que circulan a su lado las obligan a gastar sus pocas fuerzas en alzar la voz para ser escuchadas.
Son las nueve de la mañana de su cuarto día en huelga de hambre. Margarita López, Malú García y Julia Alonso se niegan a comer hasta que el gobierno haga lo que no hizo durante todo el sexenio.
“Hace cinco años que puse la denuncia por la desaparición de mi hijo y ni siquiera incluyeron mi denuncia en el expediente; no hay investigación, no lo andan buscando, no citaron a declarar a nadie. Todo este tiempo creí que había gente investigando, creí en la justicia. Entonces, ¿para qué seguir esperando? Ahora voy con todo y, si tengo que quedarme en esta lucha, aquí me quedo”, dice Julia Alonso sin inmutarse, aunque habla de morir.
Ella tiene la salud más deteriorada. Un día antes tenía la glucosa a 40, menos de la mitad de lo permitido. Sufrió un desmayo. Un paramédico auguró que en la noche, por la hipoglucemia, podría quedar inconsciente y pidió a las autoridades que tuvieran una ambulancia cerca. Gobernación no la solicitó pero el presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Murillo Karam, se la envió.
En la entrada de la carpa está la foto sonriente de su primogénito Julio, su Julio. Julio Alberto Josué López Alonso desapareció con tres amigos el 12 de enero de 2008 cuando salía de surfear en la presa de La Boca, en Santiago, Nuevo León. Después se supo que policías municipales asalariados de los narcotraficantes los capturaron de camino a Monterrey.
La michoacana Margarita López, que pena por su hija Yahaira Guadalupe Bahena, de 19 años, presuntamente torturada y asesinada por Los Zetas en Oaxaca, agrega: “De aquí no saldremos hasta ver una solución a las peticiones que traemos o salir muertas. ¿Qué más nos queda si estamos expuestas a ser asesinadas por alzar la voz? ¿Qué mejor que morir por un acto de justicia por nuestros hijos? Aquí estamos y no nos vamos a mover”.
Ayuna en solidaridad con ellas la defensora de derechos humanos juarense Malú García, desplazada tras varios ataques en su contra y el asesinato de un familiar. En la calle, afuera del toldo, velan por su salud otras madres, víctimas de la tortura del no saber dónde están sus hijos.
A estas mujeres el tiempo les pesa, es su enemigo. No sólo por los estragos que causa en su cuerpo, no sólo por los vómitos, dolores de cabeza, altibajos en la presión y demás malestares que les ocasiona: cada día transcurrido se reducen las posibilidades de encontrar a sus hijos. Su cuenta del tiempo es distinta a la del secretario Alejandro Poiré, que una noche antes, cuando por fin las recibió, les dijo que se enfocaran en plantear sólo “sus prioridades”, porque a los calderonistas les quedan 16 días hábiles en sus puestos. Y vaya que los tiempos de burócrata son distintos a los de una madre que no deja su búsqueda los fines de semana.
“Para nosotros todas son prioridades, no es mucho lo que pedimos ni nada fuera de la realidad lo que pedimos”, relata Margarita López que le respondió.
Lo que ella pide, por ejemplo, es que envíen un oficio para que el FBI les entregue los resultados del ADN que tomó del cuerpo decapitado que las autoridades pretenden que tome ciegamente como el de su hija, y que permitan que el Equipo Argentino de Antropología Forense coteje la información.
La noche del jueves 8 el secretario les pidió que levantaran el plantón y se fueran a reposar a sus casas. Ellas dijeron que no, que han estado en demasiadas mesas de diálogos, de las que salen llenas de promesas siempre incumplidas.
“Insisten en que están preocupados por nuestra salud. Es simulación, se hubieran preocupado antes –dice Julia Alonso–. Una madre merece que le digan qué pasó con su hijo.”
“Quiero decirte…”
El plantón surgió en un arranque de desesperación, de esos que son comunes en las familias con personas desaparecidas. Las mujeres llevaban ocho meses manoseando la idea, pero siempre las disuadían sus compañeros del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. En la última marcha afuera de la PGR, el 10 de octubre, estéril en resultados, no aguantaron más.
Amaneció el martes 6 de noviembre con las tres mujeres sentadas, a suelo pelón, afuera del Palacio de Covián. Conforme corrió la noticia, gente solidaria les fue llevando tiendas de campaña, cobijas, garrafones de agua, sillas, miel. También llegaron madres capitalinas y mexiquenses que pegaron en las paredes las fotografías de sus propios hijos.
“Cuando Julia me dijo que estaba decidida me trasladé desde Lázaro Cárdenas. Y así amanecimos. Iniciamos sentadas en el piso, congeladas por el frío. No teníamos carpa ni nada, no sabíamos que teníamos que tomar miel y agua”, relata Margarita López.
Ella fue “levantada” el año pasado y advertida de que dejara de buscar a su hija y de señalar al Ejército en sus declaraciones. Es la misma que detectó redes de trata de jovencitas, se disfrazó y usó pelucas para entrar a giros negros y pagó miles y miles de pesos a informantes (lo mismo policías, militares o narcotraficantes) por información.
Ese primer día aguantaron sin mucho calambre. El segundo, el estómago les chillaba y dolía por hambre. El tercero, además del hambre fue un intenso dolor de cabeza por desconocimiento de que debían tomar agua y miel cada 20 minutos. Fue el día de los mareos, los vómitos, la debilidad, los altibajos de la presión y, por la noche, el desmayo de Julia.
Por órdenes del subsecretario Obdulio Ávila les negaron la corriente eléctrica, con lo que las condenó al frío nocturno a pesar de que tenían un calentador.
“Ya viene lo más fácil, el organismo se acostumbra a no comer”, dice sonriente, medio cuerpo entre cobijas, Julia Alonso.
En la página en internet del Movimiento por la Paz aún cuelga la carta de amor que le escribió a su Julio en el cuarto aniversario de su desaparición:
Quiero decirte que no he dejado de buscarte y que mi corazón está contigo. Deseo que el camino se alce para encontrarte, que el viento esté siempre a tus espaldas, que el sol brille cálido sobre tu rostro, que la lluvia caiga suave sobre tu cara. Hasta que volvamos a encontrarnos, que Dios te tenga en el hueco de su mano divina. Atentamente, una madre cuyo corazón humildemente cuelga como un botón triste por tu ausencia.
El resorte que las movió para dejarse morir afuera de Gobernación fue la cuenta regresiva para el fin del sexenio. La inquietud porque tendrán que volver a tocar nuevas puertas para ser atendidas.
Ya habían intentado todo. Denunciaron ante ministerios públicos, hicieron sus propias investigaciones, hablaron con procuradores, participaron en las caravanas convocadas por el Movimiento por la Paz en México y Estados Unidos, expusieron sus casos ante la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se sentaron con secretarios de Estado, la procuradora general de la República, gobernadores de los estados, y expusieron sus casos al propio presidente.
“Con todo lo que nos movimos, en mi caso no hay nada hecho. Una sola diligencia del MP pidiendo el recorte de un periódico”, lamenta Julia Alonso.
Sólo faltaba un nuevo desaire para que la idea prendiera.
“Nos estuvieron posponiendo la reunión en Gobernación y, al ver que se vienen tiempos de cambio de sexenio, teníamos que tomar medidas extremas para que el secretario escuche y tome medidas inmediatas. Si hace año y medio Margarita y Julia se lo expresaron directamente al presidente (tras los diálogos de Chapultepec) y ni así les dio seguimiento, ¿para qué esperar una reunión con los tiempos del sexenio? Esperar a que vengan los nuevos, se instalen, instalen las mesas, y a que haya un acercamiento y que conozcan los casos… por eso la huelga de hambre”, explicó Malú García, que en Juárez es abogada de víctimas de feminicidio.
“¿Qué más me queda? Me quitaron a mi hijo, mi trabajo, mi dinero, mi casa, me tuve que ir del país”, dice Julia Alonso, que desde el año pasado vive en Estados Unidos, luego de que en Guerrero un hombre se le acercó y le dijo que si no le daba dinero haría pedacitos al hijo que le queda. Luego de que denunció a ese intimidador con nombres y apellidos, y la autoridad no hizo nada.
Desde el otro extremo de la bolsa de dormir que comparten, Margarita López advierte: “No soportaremos una nueva promesa, por eso no levantamos la huelga de hambre después de la reunión con Poiré y de la que tendremos con Marisela hasta que veamos que hagan las cosas que les pedimos”.
Así son las leyes del amor.
Cuenta regresiva
En todo el país, en las casas de las familias que esperan el regreso de un ser amado se agravó la picazón de la angustia al ver en las noticias que Felipe Calderón pidió Las golondrinas, se organiza despedidas, desocupa su residencia y ya buscó trabajo en Estados Unidos, adonde se irá a vivir con su familia.
En octubre, durante 19 días, un grupo de madres centroamericanas recorrió el país buscando a sus hijos. En noviembre el trío de mujeres se plantó en Gobernación y se esperan manifestaciones nacionales de otras madres. Las integrantes de los círculos de bordadoras anunciaron que el 1 de diciembre, como despedida al presidente, mostrarán en diferentes ciudades los pedazos de tela donde plasmaron los nombres de las personas asesinadas y desaparecidas del sexenio.
Las organizaciones de derechos humanos que acompañan a las familias registran que, ante la negligencia institucionalizada y los mecanismos de la impunidad, cada vez son más comunes las propuestas de los familiares que quieren excavar con sus propias manos en fosas comunes donde suponen que los suyos fueron enterrados. O quienes quieren entrar a buscar a los suyos a casas de seguridad donde saben que los criminales tienen cautivos. O quienes proponen dejarse morir de hambre.
“La situación es insostenible, todas las víctimas han tocado todas las puertas y siguen sin respuesta en ningún nivel de gobierno. Es terrible que una madre tenga que hacer huelga de hambre porque pasaron los años y no buscaron a sus hijos, a pesar de que recorrimos todos los caminos que había: caravanas, diálogos con el Legislativo, con procuradores, hasta sentarlas con el presidente, y ni eso fue suficiente”, lamenta Cecilia Bárcenas, de la Comisión de Resistencia del Movimiento por la Paz, afuera de la carpa en donde permanecen Malú, Julia y Margarita.
Ella las cuida. No quiere que se repita la historia de don Nepomuceno Moreno, el padre sonorense asesinado el año pasado, en estas fechas, por investigar la verdad sobre la desaparición de su hijo.
Esa desesperación viven las 21 familias incompletas que atiende en Guanajuato el Centro de Derechos Humanos Victoria Díez. Entre sus casos están el del grupo de cazadores desaparecidos en Zacatecas y el de los jornaleros migrantes de San Luis de la Paz que no volvieron de Tamaulipas.
“Ven que no hay ningún avance en las investigaciones ni se genera información, acercamiento o contacto con las familias, y que los ignoran porque no se apellidan Moreira. Entre la gente hay mucha desesperación. Nosotras hemos tenido que contenerlos (a los familiares), pero ellos se han arriesgado, han salido, quieren ir a buscarlos como sea, se enfrentan a peligros por conseguir información”, explica la activista Ángeles López.
A pesar de la inquietud que les da el fin de sexenio, dice que al mismo tiempo “tienen cierta ilusión de que el cambio, con el nuevo funcionariado”, pueda hacer lo que el calderonismo no realizó.
En Coahuila da el mismo diagnóstico Diana Iris, madre del joven desaparecido Daniel Cantú y una de las coordinadoras de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec), organización creada en este sexenio ante el creciente número de desapariciones y que tuvo que cambiar de nombre al recibir casos de desaparición en todo el país (ahora se llama Fundem para abarcar a los desaparecidos de México).
En Coahuila se tiene registro de mil 600 desapariciones en este sexenio; a nivel nacional se habla de más de 30 mil.
“Sentimos la misma desesperación de esas madres (en plantón); nosotras también propusimos ponernos en huelga de hambre pero no aprobamos la idea porque la mayoría ya estamos afectadas en la salud y no queremos arriesgarnos a empeorar. Viene diciembre, viene el cambio de gobierno, sabemos que es un año más sin respuesta del gobierno local y del federal, y sentimos rabia, desesperación, tristeza y desánimo”, dice por teléfono.
A su vez, Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, quien asesora a colectivos en México y Centroamérica, señala que las familias presentan un fuerte desgaste psicológico y, ante la falta de resultados, emprenden ellos mismos la búsqueda. Una muestra es la reciente caravana de madres de migrantes.
“Las familias y los defensores de derechos humanos hicimos todo lo posible en este sexenio por lograr medidas estructurales, nacionales y regionales, como mecanismos y protocolos de búsqueda e investigación, creación de bases de datos de personas desaparecidas, bancos de datos forenses y programas integrales de atención a víctimas. Vimos algunos avances a nivel local o en Centroamérica, pero ninguno a nivel federal. Fue uno de los periodos más negros en derechos humanos”, dice a Proceso.
La cuenta regresiva opera en contra. Obliga a las madres a inmolarse por sus hijos. Como dice desde su carpa Margarita López, es “un acto de amor”.
Cada día que transcurre otras madres, hermanadas en la impotencia, llegan a velar por la salud de sus compañeras. A arroparlas. A hacer suya su petición. A pegar carteles con las fotos de sus hijos.
¿Qué le dirían si volvieran a ver a Calderón?, se les pregunta a las despeinadas mujeres, de movimientos lentos por la debilidad.
“Espero que se quede a vivir en México con su familia y que camine por las calles del país que él se dedicó a destruir, que cuando se mire en el espejo se sienta responsable de tantas muertes porque se fue a una guerra y su soberbia no le dejó ver que las instituciones estaban podridas y que los ciudadanos quedamos indefensos”, dice Julia Alonso, con mirada dura.
Margarita López agrega: “Es una vergüenza que el infeliz diga que es michoacano. Jamás se solidarizó con mi hija que era michoacana, jamás se bajó de su pedestal ni se reivindicó publicando la Ley de Víctimas. Estamos esperando que sea Enrique Peña Nieto quien cumpla la palabra empeñada en el castillo de Chapultepec”.
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