Alianza Social de Trabajadores de la Industria Mexicana

viernes, 9 de noviembre de 2012

Penultimátum- Atropello consumado- Detrás de un plato de frijoles

Penultimátum
El fanatismo sigue vivo
Fue una de las elecciones más polémicas y disputadas en Estados Unidos. No sólo por el cargo de mayor responsabilidad, sino también para renovar un tercio del Senado, toda la Cámara de diputados y ocho gubernaturas. Además, varias iniciativas estatales para legalizar la mariguana y los matrimonios entre personas del mismo sexo. Uno de los temas que estuvo presente en las campañas en busca del voto ciudadano fue el del aborto. Y con momentos cumbres de fanatismo y misoginia.
 
Como cuando el pasado agosto Todd Akin, senador del Partido Republicano por Missouri, aseguró que “si se trata de una violación legítima, el cuerpo de la mujer tiene mecanismos para cerrarse del todo” y de esa manera evitar un embarazo no deseado. Sostuvo que así se sabe cuándo una violación es real, auténtica, y no de otro tipo. Esta afirmación obligó a la dirigencia republicana a deslindarse de lo dicho por Akin, quien se opone al aborto sin excepciones y andaba en busca de su relección. Activistas y miembros de su propio partido le pidieron retirarse de la contienda. Y a la dirigencia republicana, que le negara el apoyo financiero para su campaña, calculado en 6 millones de dólares. Akin se negó a renunciar y dijo que usó las palabras equivocadas de un modo equivocado para argumentar su oposición al aborto.

Parecería que los demás candidatos de dicho partido habían aprendido la lección, pero hace dos semanas Richard Mourdock, en busca de la relección con el apoyo del electorado de Indiana, aseguró en un discurso en el Senado haberse dado cuenta de que la vida es un don de Dios, y creo que incluso cuando la vida comienza en esa situación horrible de una violación, es algo que Dios quiere que suceda. Mourdock aprueba el aborto sólo cuando la vida de la madre esté en peligro.
 
No tuvo que ir lejos para escuchar varias respuestas a su revelación celestial. Como la del senador Dan Parker, también de Indiana, católico que defiende la vida desde la concepción, pero que dijo estar avergonzado por las afirmaciones de Mourdock, pues las víctimas de violación son víctimas de un acto extremadamente violento y el mío no es un Dios violento.
 
Los electores no les perdonaron a Akin y a Mourdock su estupidez y perdieron su relección. Derrota que comparten con el Tea Party, el grupo ultra que se ha apoderado del Partido Republicano. Y, por supuesto, con Mitt Romney, su candidato presidencial. No debemos olvidar que Romney justifica el aborto salvo en los casos de violación, incesto o para salvar la vida de la madre. Por eso durante su campaña ofreció que, si ganaba, apoyaría desde la Casa Blanca la revocación de la decisión de 1973 del Tribunal Supremo que legalizó el aborto, dejando que la decisión dependa de los estados.
Pero el fanatismo sigue vivo.
 
Atropello consumado
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer en lo particular y en lo general el dictamen de reformas a la Ley Federal del Trabajo que había sido previamente devuelto a San Lázaro tras su modificación en el Senado, y que tuvo origen en la iniciativa de carácter preferente presentada por el Ejecutivo a principios de septiembre. Durante dicha votación el Partido Acción Nacional mostró un viraje en sus posturas de apoyo –manifestadas en el Senado– a los contenidos de la reforma relacionados con la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas de los sindicatos, y votó, junto con el Revolucionario Institucional, modificaciones que dejaron fuera de la reforma el voto libre, directo y secreto como mecanismo para la elección de las dirigencias gremiales (artículo 371), así como la obligación de éstas de rendir cuentas sobre el manejo de las cuotas y patrimonio de los trabajadores (artículo 373).
 
Por lo que hace a las estipulaciones que concedían a los asalariados el derecho de conocer el contenido de sus contratos colectivos antes de firmarlos (artículos 388 bis y 390), propuestas por los partidos de izquierda, fueron rechazadas por la mayoría legislativa integrada por el PRI, el PAN y el PVEM y Nueva Alianza, y quedaron eliminadas de la minuta que regresará al Senado para su ratificación final.

Con la luz verde legislativa de ayer se consumó, en suma, un nuevo golpe a los derechos y conquistas de la sociedad en general, y de los trabajadores en particular, así como al avance democrático del país. Por añadidura se exhibió en toda su crudeza la fractura creciente entre la clase política y los ciudadanos a los que dice representar: la mayoría legislativa integrada por tricolores y blanquiazules en ambas cámaras ratificó disposiciones gravemente lesivas para los asalariados y favorables a los patrones: el pago por hora, la proliferación de los contratos a prueba, el abaratamiento del despido, entre otros aspectos de la llamada flexibilidad laboral; y rechazó, en cambio, los únicos puntos positivos de la reforma: los que habrían otorgado a los trabajadores mejores condiciones para pugnar por la democratización de sus organizaciones sindicales.
 
La decisión de dejar intactas la antidemocracia y la opacidad que prevalecen en la mayoría de los gremios y de consumar al mismo tiempo el atropello a los derechos laborales confirma la persistencia de una coalición partidista de facto que ha gobernado al país, formada desde 1988 por PRI y PAN y a la que se han sumado posteriormente, como socios menores, el Verde y Nueva Alianza. Aunque los socios de ese frente muestren fisuras coyunturales por disputas de posiciones de poder, se encuentran de acuerdo en lo fundamental: la continuidad del proyecto económico neoliberal aplicado en el país desde hace más de cinco lustros.
 
Dicha coincidencia, que se ha expresado previamente en episodios como la aprobación del fraude del Fobaproa/IPAB, la privatización de los sistemas de pensiones, el traslado paulatino de la industrias eléctrica y petrolera a manos de particulares y los recurrentes aluviones impositivos, volvió a ponerse de manifiesto ayer, con la aprobación de una reforma que beneficia a unos cuantos –empresarios y burocracias sindicales, fundamentalmente– y perjudica a los sectores mayoritarios del país.
 
 
Detrás de un plato de frijoles
Víctor M. Quintana S.
Nada mejor para analizar la política alimentaria del gobierno de Calderón que la manera como se ha venido manejando todo el proceso de acopio y de comercialización de la cosecha de frijol del ciclo primavera-verano 2012.
 
Luego de que la cosecha de la leguminosa en 2011 fue anormalmente baja, debido a la sequía, la producción del ciclo primavera-verano de este año es mejor, aunque todavía por debajo de los promedios anuales y de la demanda nacional. Sin embargo, el gobierno federal y los principales compradores mayoristas de frijol inflan los datos sobre el volumen de la cosecha y llegan a estimar que se produjeron hasta 600 mil toneladas, cuando las organizaciones de productores y los gobiernos estatales de las entidades productoras, como Zacatecas, Durango y Chihuahua, calculan que dicha producción disponible para comercializar apenas si llegará a 430 mil toneladas, una vez restados los volúmenes orientados al autoconsumo y a la semilla. De esta manera no se podrá cubrir ni 50 por ciento del consumo nacional aparente, que es de más de 878 mil toneladas anuales.

La diferencia en el cálculo del tonelaje producido no es inocente: a mayor producción, menor precio que se paga al productor. Además, el hecho de que la mayor parte del frijol para el consumo nacional salga de un jalón en esta época del año, da bases para que los especuladores busquen generar la percepción de que hay mucho frijol en el mercado, cosa que les favorece pues pueden ofrecer bajos precios al productor.

Otra cuestión que va en detrimento de productores y a favor de intermediarios es el financiamiento para la compra de la cosecha. Un puñado de grandes comercializadores y distribuidores de frijol, asentados más que nada en los mercados de abastos del DF, Monterrey y Guadalajara, tienen acceso privilegiado a los créditos de las instituciones financieras oficiales como la Financiera Rural; además cuentan con generosas líneas de crédito de la banca privada. Esto les permite llegar de inmediato con el productor primario y ofrecerle pagos de contado o de corto plazo, que el productor se verá obligado a aceptar, así sea a precio muy bajo, por los compromisos y deudas que tiene que pagar.

En cambio, las pequeñas empresas comercializadoras campesinas tienen enormes dificultades para acceder a créditos que les permitan comprar la cosecha a los productores. En general no están capitalizadas, luego la Financiera Rural establece precios de referencia demasiado bajos para otorgar créditos para la compra del frijol y sólo presta para adquirir hasta 60 por ciento de las cosechas. Como los productores campesinos no tienen acceso a otros créditos bancarios, no pueden llegar con la presteza de los acaparadores hasta el campo y pagarles aunque sea un pequeño adelanto a los productores, por más que estén dispuestos a pagarles un precio justo por su grano. Así la mayor parte de la cosecha va a parar a los coyotes, sin que el Estado haga nada para apoyar eficazmente vías alternas y efectivas de financiamiento y de comercialización.
 
Si las cosas se dificultaran porque los productores primarios no quisieran soltar su cosecha a bajo precio, los grandes distribuidores no tienen más que acudir a la frontera e importar frijol estadunidense, al principio en moderadas cantidades, sólo para no acudir al frijol mexicano y obligar a que los productores bajen sus precios.
 
De esta manera, la acción conjunta de los grandes acaparadores y del gobierno federal está contribuyendo a que el kilo de frijol, por el que los consumidores tuvieron que pagar hasta 32 pesos casi todo este año, ahora lo paguen los coyotes al productor primario hasta en siete pesos. Pero como la cosecha no será suficiente para cubrir el consumo nacional, una vez en las bodegas de los especuladores, el grano volverá a subir de precio, no para los productores, sino para los consumidores finales. Total, que para los extremos de la cadena, es decir, los productores y los consumidores, el juego, a pesar suyo, será perder-perder, y para los intermediarios, apoyados por el gobierno, ganar-ganar.
 
Por eso el domingo pasado en Zacatecas, varias organizaciones campesinas, como la CNPA, El Barzón, la ANEC y el Frente Democrático Campesino de Chihuahua, celebraron la Convención Nacional de Frijoleros. Ya no están dispuestos a que el Estado se siga desafanando de la producción campesina de alimentos, ni del suministro de granos básicos a precios asequibles a los consumidores. Van a exigir al gobierno federal y van a realizar movilizaciones a fin de que el precio de referencia del frijol para el productor sea de 15 pesos y que para el consumidor no exceda los 22 pesos, es decir, cuando menos 8 pesos más barato de lo que se vendió en 2012; van también a demandar a Financiera Rural que se habilite a las comercializadoras campesinas con créditos baratos, suficientes y oportunos para acopiar las cosechas de los productores, así como que se suspendan las importaciones .
 
Por el bien de los consumidores mexicanos y de los propios campesinos es importante que las demandas y las acciones de esta convención de frijoleros tengan éxito. Sólo así se podrá romper la lógica de hierro de la política alimentaria neoliberal: cuando el gobierno debe intervenir, no interviene, y cuando interviene lo hace a favor de los muy ricos.

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