American Curios- El equilibrio fiscal en California- Migración: reforma legal y maltrato

American Curios

Salvando a Estados Unidos

David Brooks

John Brennan durante su comparecencia ante el Senado estadunidense hace unos días para su ratificación como jefe de la CIA. El ex asesor del presidente Barack Obama es el arquitecto de la estrategia de ataques selectivos con drones como principal instrumento en la guerra contra el terrorismoFoto Ap

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Después de esta última semana queda claro que para defender y salvar a este país del enemigo a veces es necesario violar, destruir y anular los derechos y libertades que, dicen, definen a esta nación indispensable.

 

Observar la audiencia ante el Senado para la ratificación de John Brennan como próximo jefe de la CIA (agencia donde trabajó durante 35 años antes de ser el asesor antiterrorista del presidente Barack Obama) fue escalofriante porque muy tranquilamente afirmó que, en efecto, el gobierno de Obama se atribuye el derecho –sin formular acusaciones formales, sin orden judicial, sin tener que presentar pruebas, sin supervisión ni consulta de otro poder gubernamental– de asesinar a cualquiera que considere terrorista, aun si es ciudadano estadunidense, en cualquier parte del mundo (aparentemente incluido, y nadie aclara lo contrario, dentro del país).

 

Brennan, el arquitecto de la estrategia de ataques selectivos con aviones no tripulados (drones) como principal instrumento de la guerra contra el terrorismo, insistió en que todo esto es justificable por ser necesario para la defensa de Estados Unidos. Y cuando se le preguntó cómo puede asegurar que no se cometan abusos de este poder extraordinario, su respuesta esencialmente fue: confíen en nosotros.

 

Para varios observadores, este espectáculo llamó la atención sobre todo por eso de que ciudadanos estadunidenses pueden ser (y ya han sido) objetivos de estas misiones de lo que esencialmente son escuadrones de la muerte aéreos. Según la ley, el gobierno no puede privar de la vida a ningún ciudadano sin un proceso legal que respete los derechos fundamentales del acusado, incluido el de defenderse ante las acusaciones. Esto no es un asunto hipotético; ya ha sucedido: el ciudadano estadunidense Anwar Awlaki fue asesinado por un drone en septiembre de 2011, y dos semanas después su hijo de 16 años fue abatido en la misma forma.

 

A otros les importó lo parecido que es todo esto con lo que sucedió con Bush, y que tanto criticó en ese tiempo Obama. Señalan que de nuevo el Ejecutivo se otorga poderes extraordinarios sin aprobación legislativa o judicial para realizar acciones en nombre de la guerra contra el terror, incluida la elaboración de justificaciones legales secretas para todo. La revelación, por NBC News, de un memorando del Departamento de Justicia girado la semana pasada para justificar el asesinato de integrantes de Al Queda y grupos asociados –incluida una muestra del genio de los abogados del país, con un argumento de que no son asesinatos– es muy parecida a los documentos del Departamento de Justicia de los tiempos de Bush, cuando se elaboró la famosa justificación legal de la tortura.

 

En la justificación legal se afirma, como reportó La Jornada la semana pasada, que “una matanza legal en defensa propia no es un asesinato. En la opinión del Departamento (de Justicia), una operación letal realizada contra un ciudadano estadunidense cuya conducta represente una amenaza inminente de ataque violento contra Estados Unidos sería un acto legítimo de autodefensa nacional, que no violaría la prohibición del homicidio. Igualmente, el uso de fuerza letal, consistente con las leyes de guerra, contra un individuo que es un objetivo militar legítimo, sería legal y no violaría la prohibición de asesinato.

 

Algunos cálculos independientes son que entre 2 mil y más de 3 mil personas han sido asesinadas en ataques con drones sólo en Pakistán desde 2004. La gran mayoría en el gobierno de Obama, después de 2008.

Entonces, ahora estamos en una coyuntura en la que se afirma que por el bien del país se requieren escuadrones de la muerte aéreos que realizan misiones de asesinato extrajudicial decididos por el presidente y su equipo.

 

Además, nuevas medidas en las leyes autorizan la detención indefinida de cualquiera, incluso de estadunidenses, bajo custodia militar si el gobierno determina que uno es integrante de Al Qaeda o grupos asociados, o si uno ha brindado apoyo a esas agrupaciones. El gobierno puede detener a cualquiera con esa justificación hasta el fin de hostilidades, o sea, para siempre, ya que esa guerra contra el terrorismo no tiene, por definición, un fin.

Más aún, si uno revela los documentos secretos que contienen las órdenes para ejecutar estos actos, incluidas las justificaciones legales, puede ser enjuiciado conforme a la Ley de Espionaje de 1917. Tampoco estamos hablando de un asunto hipotético: el gobierno de Obama ha empleado esta antigua ley (de tiempos de la Primera Guerra Mundial) en siete ocasiones, más que todos sus antecesores combinados. La razón oficial: por bien del país, para proteger al pueblo.

 

Todo esto en nombre de la libertad, los derechos humanos, la paz y la justicia, no sólo aquí, sino a nivel mundial. De hecho, en uno de los actos de despedida como secretaria de Estado, Hillary Clinton afirmó: entonces, cuando digo que verdaderamente somos la nación indispensable, no es un alarde ni una consigna vacía. Es un reconocimiento de nuestro papel y nuestras responsabilidades. Por eso, los que dicen que estamos en declive están absolutamente equivocados.

 

 

Pero parece que para permanecer como la nación indispensable se tienen que pasar por alto garantías constitucionales, leyes contra el asesinato tanto de ciudadanos como de extranjeros, detenciones indefinidas sin cargos, algo muy parecido a las desapariciones en otros regímenes, y las normas establecidas en el derecho internacional.

 

 

De cierta manera, esto recuerda esa famosa frase de un oficial estadunidense al entonces corresponsal de guerra de Ap Peter Arnett en la guerra en Vietnam, al ser interrogado sobre por qué se dio la orden de bombardear un pueblo llamado Ben Tre en 1968 sin importar las bajas civiles: se volvió necesario destruir el pueblo para salvarlo.

 

 

El equilibrio fiscal en California

Arturo Balderas Rodríguez

El desarrollo industrial, agrícola, tecnológico, del entretenimiento y los servicios ha hecho posible que la economía del estado de California sea no sólo la mayor de EU, sino la sexta del orbe. No obstante esa característica, en 2010 el déficit del estado rondaba 20 mil millones de dólares y amenazaba con hundirlo en una crisis económica de proporciones catastróficas. Sin embargo, dos años más tarde sucedió lo inesperado: el gobierno eliminó el déficit y sentó las bases para continuar por esa vía. La fórmula para ello se puede encontrar en cualquier texto de economía: más impuestos, menos gasto y mayor crecimiento. La pregunta es: ¿por qué tardó tanto la solución? La respuesta: la preeminencia del interés privado, que se imponen al de la sociedad en su conjunto.

 
En el caso de California, el problema tiene origen en la decisión, que data de 1978, de no aumentar impuestos mientras dos terceras partes de la Asamblea de Representantes no lo apruebe. El resultado es que, no obstante el aumento paulatino del déficit, fue imposible reunir los votos necesarios para revertir la medida. Por lo menos una tercera parte del Congreso representa los intereses de quienes tienen mayores ingresos, que son los que se oponen a un aumento en los impuestos. Ante la urgencia de restablecer el equilibrio fiscal, el único recurso que el gobernador encontró para superar ese impedimento fue apelar a los ciudadanos del estado mediante un referendo. En las elecciones recientes sometió a su consideración un aumento en los impuestos a quienes ganan más de 250 mil dólares al año y un aumento de .25 por ciento en el impuesto a las ventas. La medida fue aprobada con una votación de 55.3 por ciento en favor.
 

 

Se estima que 3 por ciento de quienes tienen ingresos en California serán objeto de este impuesto, cuya recaudación será de 7 a 9 mil millones de dólares en los próximos siete años. Este aumento en la recaudación impositiva se complementó con la recuperación económica, lo que permitió que los ingresos fiscales del estado se multiplicaran. La segunda parte que el gobernador consideró necesaria para corregir el déficit fue eliminar la duplicidad de funciones en la administración pública y en consecuencia la reducción del gasto. El gasto destinado a la protección social no se tocó, y en el caso de la educación pública, que había sido castigada con recortes en los años recientes, el presupuesto aumentará de 47 a 63 mil millones de dólares en los próximos cinco años. El tercer elemento ha sido la recuperación paulatina en la economía de California.

 

Vale decir que la idea de redistribuir la riqueza mediante un sistema fiscal más justo no es nueva. En California, se demostró que los impedimentos esgrimidos para impedirla no son insuperables. La sociedad así lo entendió, y mediante su voto emitió un juicio al respecto. ¿Será posible lograr algo similar en otras latitudes?

 

 

Migración: reforma legal y maltrato

De acuerdo con una encuesta elaborada por el Colegio de la Frontera Norte (Colef), de 2005 a la fecha se han incrementado la violencia y el maltrado sufridos por migrantes mexicanos a manos de funcionarios estadunidenses. Según las entrevistas aplicadas a deportados, en 2005 sólo 12 por ciento informaron haber sufrido agravios como violencia verbal, agresión física, empujones o golpes y decomiso de pertenencias; esa proporción subió a 16 por ciento en 2008, 20 por ciento en 2010 y sigue incrementándose. Los datos indican que unos 100 mil migrantes vuelven al país mediante la expulsión voluntaria y otros 250 mil optan por someterse a juicio y son deportados una vez que reciben sentencias por violar las leyes migratorias. En el segundo caso es frecuente que los expulsados se vean separados de sus hijos, muchos estadunidenses por nacimiento, quienes quedan a cargo de dependencias que, ante la ausencia de los padres, son entregados en adopción.

 

 
La regularidad de estas prácticas de extremada inhumanidad contrasta con los propósitos formulados por el gobierno de Barack Obama de lograr la aprobación de una reforma migratoria de alcances aún inciertos para regularizar, se espera, a millones de migrantes indocumentados.
 
Asimismo, la crueldad exhibida por funcionarios de diversas dependencias gubernamentales de Estados Unidos en el trato a los extranjeros pone sobre la mesa un hecho preocupante: ese trato es violatorio de los derechos humanos y no se justifica ni siquiera con las actuales regulaciones antimigratorias federales y estatales.

 

Por lo demás, los atropellos no siempre se limitan a gritos, golpes y jaloneos. Recuérdese, a guisa de ejemplos, el caso de Anastasio Hernández, asesinado a golpes por agentes de la Patrulla Fronteriza en la garita de San Ysidro, el 28 de mayo del año pasado, o el homicidio del menor José Antonio Elena Rodríguez, perpetrado cinco meses después en Nogales por agentes policiales estadunidenses que lo acribillaron por la espalda desde territorio del país vecino.

 

 

Para poner fin a tales prácticas se requiere de algo más que modificaciones legales: es necesario que las autoridades del país vecino empeñen su voluntad política para contener un patrón de conducta de empleados públicos que creen que la condición de migrante indocumentado suprime el conjunto de derechos de una persona y que, en consecuencia, se le puede maltratar con toda impunidad.

 

Dicho de otra manera: si no se emprende desde las altas esferas políticas de Estados Unidos un combate real contra la impunidad policial y la xenofobia y el racismo que impregnan las filas de sus corporaciones de seguridad pública, ni siquiera una reforma migratoria podrá garantizar un trato digno a los migrantes.