Astillero
El factor OHL
Lozoya, ex consejero
Corrupción política
Negocios en Oaxaca
Julio Hernández López
Marcha de electricistas. Marcha de integrantes del SME frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación; protestaron también ante la Cámara de Diputados
Foto Jesús Villaseca
El director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, hasta el año pasado fue miembro del consejo de administración de OHL México, una empresa cuya matriz forma parte del gran escándalo de corrupción política que amenaza con tirar de su silla al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy.
Armando G. Tejeda, corresponsal de La Jornada, reportó el sábado anterior que “España está que hierve de indignación ante la publicación, por parte del diario El País, de unos documentos que prueban la financiación irregular del Partido Popular, que recibía importantes inyecciones de capital por empresas que posteriormente recibían importantes contratos de obra pública, como OHL, Sacyr o Mercadona” ( http://bit.ly/11t8xPB ) En rechazo a esas revelaciones se han producido manifestaciones y protestas, además de la convocatoria a reunir un millón de firmas en demanda de la renuncia de Rajoy (a la fecha van más de un millón setenta mil: http://chn.ge/YXlFuD ).
Obrascon Huarte Lain (OHL) es
un gran grupo internacional de concesiones y construcciónque desde España ha logrado presencia en 30 países y cuyo consejo de administración es presidido en Madrid por Juan-Miguel Villar Mir ( http://bit.ly/W0MVEp ) En México, el presidente del consejo de administración es José Andrés de Oteyza y Fernández-Valdemoro, un economista que fue secretario de patrimonio y fomento industrial cuando José López Portillo y Pacheco era presidente de la República y a quien se adjudica un papel negativo en lo relacionado a la fijación de precios del petróleo mexicano en la crisis de fin de sexenio, confrontado con Jorge Díaz Serrano, quien renunció a la dirección de Pemex y luego fue encarcelado (puede leerse al respecto un texto del investigador y académico Francisco Gil Villegas Montiel http://bit.ly/Xpk8c0 ).
A ese conjunto de intereses relacionados con el contratismo, las concesiones y la interacción general del dinero y la política perteneció Lozoya Austin como consejero, aunque el dato no aparece específicamente en la ficha biográfica publicada en la página de la Presidencia de la República ( http://bit.ly/Xpla7I ) donde solamente se asienta que el ahora director de Pemex fue
miembro de diversos Consejos Administración (sic) en empresas del sector infraestructura, concesiones, financiero, de tecnologías de la información y de la Fundación Qualitas. De allí, de OHL, fue invitado por Enrique Peña Nieto para encargarse de asuntos internacionales durante la campaña y en el equipo de transición, y renunció a esa consejería en septiembre del año pasado.
En la bancada mexicana del consejo de administración de OHL México ( http://bit.ly/12xjQ8v ) están actualmente Carlos Ruiz Sacristán, quien fue director de Pemex en el primer tramo del gobierno zedillista y terminó como secretario de Comunicaciones y Transportes. Además, Ruiz Sacristán fue nombrado, 10 días antes de las elecciones federales del año pasado, director general de Sempra Energy en México, una firma especializada en asuntos de gas ( http://prn.to/YdY9ne )
Otro consejero es Jesús Reyes-Heroles González-Garza, quien fue secretario de Energía y embajador de México en Estados Unidos en el gobierno de Ernesto Zedillo y director de Pemex al inicio de la administración de Vicente Fox. Reyes-Heroles G.G. preside Structura ( http://bit.ly/YXvp8l ) una consultoría que incluye el Grupo de Economistas Asociados (GEA), que en alianza con Investigaciones Sociales Aplicadas ( ISA: http://bit.ly/XaYDNU ) realiza análisis con base en encuestas conocidas por las siglas conjuntas GEA-ISA.
El poderoso empresario asentado en el estado de México, Valentín Diez Morodo (Grupo Modelo y el equipo de futbol profesional Toluca), también es consejero de OHL México. Diez Morodo y María Asunción Aramburuzabala Larregui fueron los principales accionistas de la firma cervecera, cuyo producto estrella es Corona y que fue vendida días antes de las elecciones del año pasado a Anheuser-Busch InBev (grupo de capital belga y brasileño) en 20 mil 100 millones de dólares, operación que, conforme a las normas vigentes en México, no pagó un centavo de impuestos, pero que en Estados Unidos está bajo revisión por parte del Departamento de Justicia por considerar que esa transacción afecta las condiciones de competencia en el mercado cervecero de ese país.
En el estado de México, durante el gobierno de Peña Nieto, OHL México tuvo gran éxito. Importantes obras viales y el aeropuerto internacional de Toluca forman parte de su próspera cartera. Otros gobiernos amables con OHL México han sido los del Distrito Federal y de Puebla ( http://bit.ly/TRmJxq )
Con tales antecedentes cabe preguntarse cuánto es el peso de OHL México y sus múltiples ramificaciones en el proceso de privatización de Pemex y cuál es el papel de su ex consejero, ahora director general de la paraestatal, Emilio Lozoya Austin. En España, sumida en una crisis general, OHL ha sido acusada de corrupción política, financiamiento de actividades partidistas, entrega de recursos en efectivo para políticos poderosos y lavado de dinero.
En otro tema (
¿otro?): Si les pagaran mensualmente los casi 120 comuneros de Santa María del Mar, en Juchitán, Oaxaca, recibirían una moneda de 10 pesos por cada una de las hectáreas que han otorgado en usufructo a un proyecto internacional y deberían dar de cambio 48 centavos (el contrato: http://bit.ly/1248q7O ) Son los dueños de 2 mil hectáreas donde se pretende instalar el parque eólico más grande del país y que servirá para suministrar energía a Fomento Económico Mexicano (FEMSA), el embotellador de Cocacola en México y desarrollador de la cadena de tiendas Oxxo y la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, cuyo accionista mayoritario es la holandesa Heineken. Pero, mientras los comuneros reciben 9.58 pesos por hectárea rentada (en espera de que comience la producción de energía eólica, cuando deberán entregarles 1.4 por ciento de lo facturado), ese proyecto ya fue vendido por Preneal México en mil 130 millones de pesos, según ha denunciado el diputado local Flavio Sosa ( http://bit.ly/XYgxzD ). ¡Feliz fin de semana!
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ermano mapache-Rocha
La SCJN contra el SME
José Antonio Almazán
Todos lo saben pero muchos lo callan. La orden para desamparar al SME y negarle el patrón sustituto vino de Los Pinos, de la Presidencia de la República. Lo van a negar, esa es la costumbre oficial para intentar encubrir las infamias de los poderosos. En los planes de EPN está avanzar aceleradamente en la privatización del petróleo y la electricidad y el SME es un obstáculo imbatible. Sus tres años y dos meses de heroica resistencia lo han convertido en un icono ejemplar de la resistencia civil y pacífica frente a decenas de millones de mexicanos que sufren y luchan en contra del criminal modelo neoliberal. La sentencia de la SCJN lleva el mensaje implícito de los señores del dinero, de las trasnacionales y sus asociados mexicanos: para qué luchan, no van a ganar. Pero se equivocan. Mucho hemos aprendido en estos trágicos más de 30 años de neoliberalismo. El primer requisito para ganar es saber resistir, y eso ha hecho el SME.
Quieren hacer de CFE un cascarón encargado de administrar un servicio público a costa del pueblo y en beneficio de un puñado de empresas trasnacionales. El nuevo PRI prepara ya sendas iniciativas para legalizar la privatización a través de empresas privadas propietarias de tramos de la cadena productiva eléctrica: empresas privadas generadoras, otras para la transmisión, distribución y comercialización. Ya se frotan las manos políticos y funcionarios del PRI con el pingüe negocio que les representarán sus empresas contratistas, sin importarles el pésimo servicio y las tarifas eléctricas caras. ¡Ah!, faltaba comentar la privatización de la fibra óptica de CFE y LFC en el multimillonario negocio del triple play.
Para todo eso estorba el SME, y la SCJN se prestó a la infamia de golpear a uno de los sindicatos más antiguos y democráticos de México. Precursor del artículo 123 constitucional y forjador del México moderno, con uno de los contratos colectivos de trabajo que mejor resume conquistas obreras de decenas de años, hoy estorbo para la esclavizante nueva Ley Federal del Trabajo.
En México los poderosos se acostumbraron a que sus decisiones y fallos son inapelables, inatacables, para someter al pueblo y sus trabajadores. Pero eso se está acabando. El descontento social en contra de las infamias del poder y el criminal neoliberalismo ha crecido y crecerá en los próximos años y al SME le ha tocado por su tradición histórica democrática y nacionalista encarar una de las luchas más desiguales en la historia de las luchas populares y obreras. Y consecuente con sus principios y la dignidad de miles de hombres y mujeres electricistas que no se han liquidado frente a las migajas del poder, llevará su demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esperando en los tribunales internacionales lo que se le ha negado en México: justicia laboral. Impugnará con todos los recursos jurídicos que encuentre la infame sentencia de la SCJN, para exhibirla como lo que realmente es: un instrumento en beneficio de los poderosos y del gobierno en turno.
En los planes del gobierno está finalmente extinguir al SME. A sus cuentas, si ya no hay trabajadores buscarán retirarnos el registro como organización sindical, para que el castigo sea ejemplar, para que el pueblo de México sepa que frente a las infamias de los poderosos no se puede hacer nada. Pero eso está por verse. No puedo hablar por todos, pero sí puedo hablar por muchos. ¡No nos vamos a rendir! ¡La lucha sigue!
De tapaderas y lo que rime-Fisgón
La minería y la defensa integral del patrimonio
Gilberto López y Rivas
Si partimos de un concepto amplio de patrimonio cultural, esto es: natural, tangible e intangible, lenguas, conocimientos o saberes, diversas prácticas e instituciones culturales de pueblos, etnias, entidades locales, regionales y nacionales; monumentos y vestigios arqueológicos, históricos coloniales y poscoloniales, así como los artísticos muebles e inmuebles; todos ellos considerados bienes de dominio público y uso común que constituyen la memoria y conforman la identidad de naciones, pueblos y componentes regionales y locales, es posible adelantar la hipótesis de que el estudio, la preservación y la defensa de ese patrimonio de todos los mexicanos debieran ser realizados, igualmente, desde esa perspectiva integral.
Hago esta reflexión dado que como trabajadores de la cultura en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), los investigadores nos encontramos ante una paradoja: la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y su reglamento otorgan a esta institución la responsabilidad de
liberaro no un sitio que podría ser afectado, por ejemplo, debido a la apertura de una mina a cielo abierto. Un caso concreto es el cerro del Jumil, municipio de Temixco, en las cercanías de la poligonal de la zona arqueológica de Xochicalco, Morelos. El cerro está en peligro de ser convertido en uno más de los socavones lunares que la maldición minera provoca para extraer el oro o la plata para las corporaciones, a cambio de dádivas, espejitos y cuentas de vidrio de la recolonización, empleos precarios y mal pagados, robo de agua en grandes cantidades y envenenamiento de todo el entorno natural y acuífero.
Para otorgar la
liberacióno no del sitio, los arqueólogos tienen la obligación de presentar un informe-dictamen fundado en investigaciones exploratorias, que las autoridades del INAH debieran, en principio, tomar en cuenta. Pero sucede que muchas veces una opinión negativa es recusada por la empresa y entonces se solicita
otro dictamenmás
comprensivo, hasta que el sitio queda eventualmente libre de todo impedimento para que, siguiendo con el ejemplo del cerro del Jumil, la mina inicie la explotación.
Paralelamente, las corporaciones mineras inician un trabajo de aproximación, o en el lenguaje coloquial, de maiceado de las autoridades comunales o ejidales, según sea el caso, para ser convencidas de la utilidad que traería la mina; se otorgan fondos para
reparar la iglesia, se ayuda a la escuela del lugar con pequeños donativos, se ofrecen trabajos de peones para la exploración pero, sobre todo, se aseguran que el comisariado en cuestión esté
plenamente convencido. Los abogados de las mineras inician este mismo proceso en todo el entramado de los gobiernos locales, estatales y federales, invitando a funcionarios a comidas en las que seguramente no se habla sobre el tiempo o el equipo de futbol favorito.
Sin embargo, los investigadores del INAH que estudiamos los patrimonios de los pueblos contemporáneos no somos requeridos para
liberarningún sitio porque se privilegia el patrimonio muerto, el de los vestigios de las grandes civilizaciones mesoamericanas, sin que la ley referida contemple el de sus descendientes vivos. Volvamos al ejemplo del cerro del Jumil. Aquí sabemos que existe un dictamen fechado en 2008 desfavorable a la mina La Esperanza (sic), en el que se sostiene que este cerro es importante arqueológicamente, dotado de varias plataformas, una muralla de piedra caliza y un juego de pelota. También se afirma que el cerro, las rocas naturales y las construcciones en la cima fueron referencia geográfica para el trazado de plazas y edificios de Xochicalco, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1999 y del que dista poco más de tres kilómetros en línea recta. Se ha mencionado por los especialistas que las explosiones de la mina podrían perjudicar las grandes cavernas que existen al norte de Xochicalco, incluyendo la cueva del Observatorio.
En un acto académico del INAH se dio a conocer también que en 2011 se estableció una poligonal de 15 hectáreas en la cima para resguardar los vestigios arquitectónicos, a fin de manifestar esta área como reserva arqueológica para su posterior estudio. No obstante, ¿cuál fue el dictamen final del INAH, concretamente, de la Coordinación de Arqueología? No lo sabemos, aunque ya estamos requiriendo la información en nuestra calidad de investigadores de la institución y ciudadanos.
Ahora bien, ¿qué sucede con el entorno cultural actual del cerro del Jumil? La explotación minera, que se encuentra en la etapa de exploración avanzada y comprende 437 hectáreas, afectaría en primer lugar al pueblo de origen nahua Tetlama, cuyas tierras de propiedad comunal cubren la superficie concedida a la minera. Los pozos de agua que planean abrir para los trabajos que la corporación requiere afectarían directamente la vida de esta población, así como las circundantes e, incluso, a la propia ciudad de Cuernavaca, en su región sur, que se encuentra a tan sólo 12 kilómetros en línea recta. ¿Adónde irían a parar los residuos contaminados y las sustancias tóxicas que se utilizan en este tipo de minería? Además, se tendría contaminación por aire en las ciudades cercanas de Temixco y Cuernavaca, por los vientos dominantes que van en esta zona de sureste a suroeste.
No todos los habitantes de Tetlama están de acuerdo con la apertura de la mina y algunos ciudadanos de esta comunidad indígena están conscientes de los daños que ésta traería, y han manifestado su decisión de no aceptar el despojo de sus tierras y territorios; asimismo, en Alpuyeca y otros poblados del entorno existen núcleos de oposición a la minera. En suma, como etnólogo del INAH, mi dictamen sería negativo a La Esperanza (sic) en el cerro del Jumil y opuesto, en consecuencia, a su
liberación.
Tumbas y epitafios-Helguera
Clase Política
Multa polémica
Miguel Ángel Rivera
Otra vez, el sector de las telecomunicaciones se vuelve a agitar, ahora por una multimillonaria multa (más de 657 millones de pesos) a Telmex, y de nueva cuenta, en el fondo de la controversia está el añejo conflicto de la interconexión.
Teléfonos de México y su asociada Teléfonos del Noreste fueron sancionadas en sesión del pleno de la Comisión Federal de Competencia (CFC) porque supuestamente incurre en prácticas monopólicas.
La investigación de la CFC se inició por una denuncia de Axtel, la cual protestó porque el Grupo Telmex le había negado el arrendamiento de enlaces locales y de larga distancia nacional, desde agosto de 2009 hasta junio de 2011 en 32 localidades y seis rutas interurbanas, a pesar de que este servicio está disponible y se proporciona a otras empresas, como Alestra, Iusatel, Maxcom, GTM y Marcatel.
La cosecha
Antes de entrar a la revisión de la reforma educativa, los coordinadores de los senadores del PRI, Emilio Gamboa; del PRD, Luis Miguel Barbosa, y del PAN, Ernesto Cordero, ratificaron ayer que esa reforma es una acción de Estado en beneficio de México.
Gamboa reiteró que el Senado está con los maestros y que el Legislativo ha cumplido puntual y cabalmente su responsabilidad con las reformas educativas. Dijo que es respetuoso de los sindicatos, de los trabajadores y que son los agremiados los que deben decidir sobre la vida interna de sus organizaciones.El coordinador de los diputados del PRD, Silvano Aureoles, advirtió que la dirigente del SNTE, Elba Esther Gordillo, elogió al gobierno de Enrique Peña Nieto con la finalidad de poder intervenir en la elaboración de la ley reglamentaria de la reforma educativa y mantener el
secuestrosobre este sector.
La Cámara de Diputados concedió licencia a Fernando Castro Trenti, quien dejó la curul para convertirse en candidato del PRI al gobierno de Baja California. Castro fue coordinador de la fallida campaña de hace seis años, cuando fue derrotado Jorge Hank Rhon. Los enterados sostienen que, de mantener la unidad interna, el PRI tiene posibilidades de recuperar un gobierno perdido hace cuatro sexenios y para lograrlo fue designado el diputado plurinominal, quien hasta ahora no ha ganado un solo cargo de mayoría.
El presidente del PRI, César Camacho Quiroz, sostuvo que para asegurar la victoria en Baja California su partido mantiene alianza con el PVEM, el PT y un partido local, además de que se elegirán candidatos populares para todos los cargos que estarán en disputa.
Necesitamos escuchar la voz de quienes con orgullo portan la camiseta del PRI, sólo así tendremos los elementos necesarios para ser un partido altamente competitivo, afirmó el presidente del tricolor en el estado de México, Raúl Domínguez Rex, al señalar que las reuniones preparatorias de la asamblea nacional ubicarán al estado de México como la entidad que marca los derroteros para el futuro próximo.
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