Propone a empresarios de Canacintra una estrategia acorde con las necesidades del país
AMLO: impone Washington la agenda de reformas al sector industrial mexicano
El precandidato plantea reducir los sueldos de funcionarios, suprimir gastos e impulsar el agro
Juan Carlos Miranda y Ulises Gutiérrez Ruelas
Periódico La Jornada
Sábado 3 de marzo de 2012, p. 13
Sábado 3 de marzo de 2012, p. 13
Hermosillo, Son., 2 de marzo. La agenda de
Recordó que a partir de 1983 se puso en práctica en México una política económica que abandonó el fomento de las actividades productivas y, aunado a ello, se inició una apertura comercial indiscriminada y sin límites estratégicos de ninguna índole.reformas estructuralesque impulsa el sector empresarial mexicano está impuesta desde el extranjero y es la misma que Washington le pide a todos los países, por lo que es indispensable una política industrial propia que tenga como centro las necesidades nacionales, sostuvo ante empresarios el precandidato presidencial de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador.
Esto ha significado poner a competir a productores nacionales con los del extranjero en condiciones de desigualdad.
Sostuvo que el resultado de esa política, que calificó de
irresponsable, es que en casi 30 años el crecimiento del producto interno bruto (PIB) ha sido en promedio de 2.3 por ciento, y si se considera el aumento de la población, la cifra per cápita es de 0.4 por ciento anual, una de las tasas más bajas del continente americano y del mundo.
Al participar en la Convención Nacional de Industriales 2012, organizada por la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, el precandidato a la Presidencia de la República de PRD, PT y Movimiento Ciudadano, dijo que de ganar, el desarrollo económico se financiará aplicando tres planteamientos fundamentales:
Se reducirá 15 por ciento del gasto corriente, bajando los sueldos de los altos funcionarios públicos y suprimiendo todo el gasto superfluo del gobierno; se combatirá a fondo la corrupción y se eliminarán los privilegios fiscales.
Con ello se podrá aumentar al doble la inversión pública, que se utilizará como capital semilla para atraer inversión privada y social en un modelo tripartita para el desarrollo y, en particular, para el desarrollo regional.
Agregó que la agenda de proyectos incluye el impulso al sector agropecuario con miras a la soberanía alimentaria; el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, que se consideran importantes fuentes de empleo; grandes obras de ingeniería civil e hidráulica, y manejo integral de cuencas de grandes ríos.
El aspirante presidencial de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, durante la reunión con empresarios en Hermosillo, SonoraFoto La Jornada
Es una fórmula nuestra, vamos a patentarla; no tiene que ver con las estrategias que ni siquiera se diseñan en nuestro país, se imponen desde el extranjero, nosotros vamos a tener una agenda propia, destacó.
La ausencia de Peña Nieto
Por otra parte, López Obrador manifestó que Enrique Peña Nieto fue el único de los tres aspirantes con posibilidades de ganar la elección el primero de julio que se negó a viajar a esta ciudad a la convención nacional de industriales 2012.
Él no puede hablar, porque si habla ya saben lo que sucede, señaló antes de exponer a los hombres de negocios sus planes de gobierno y a invitarlos a no dejar pasar la oportunidad de cambiar la política económica que se ha venido imponiendo desde hace 29 años y que
ha destruido al país.
Acerca de la promesa de Peña Nieto de mejorar el contenido de las telenovelas, expuso: “La verdad es que a ese candidato lo han ido fabricando, lo han metido al mercado, como un producto chatarra y por eso todo lo apuesta a lo mediático, pero se trata de gobernar al país en una situación muy difícil, hay ejemplos, como el caso del gobernador de Nuevo León (Rodrigo Medina de la Cruz) que lo introdujeron al mercado, lo arreglaron bien, lo achularon, lo lanzaron a través de la televisión y miren las consecuencias.
“Por eso son importantes los debates sin chícharos, sin telepromter, a la intemperie, no se trata de ir a un taller de risoterapia, como algunos van, riéndose todo el tiempo, y eso ofrecerlo como si fuera lo fundamental; lo fundamental es que se tenga la capacidad, experiencia y honestidad, y una cosa muy importante: libertad, que quien gobierne este país no esté atado a ningún grupo de intereses creados y que sólo represente al pueblo de México y a la nación”, indicó.
La agroecología, fundamento de una
república amorosa
Víctor M. Toledo
Cada civilización establece una relación material e inmaterial con la naturaleza. Hoy, la crisis de la civilización moderna es, antes que todo, una crisis de sus formas de apropiarse los recursos, procesos y servicios del mundo natural. Son los modos agroindustriales de producir causa primera y fundamental de la destrucción ecológica en todos los rincones del planeta y de su principal efecto: el cambio climático.
Hoy, por fortuna, una corriente innovadora y crítica de la ciencia ha desarrollado modelos alternativos a aquellos que dominan en la agricultura, la ganadería, lo forestal y la pesca modernos. Se trata de la agroecología, una disciplina integradora realizada por investigadores con conciencia social y ecológica. Debido a lo anterior, hoy el dilema civilizatorio en el terrenal campo de la producción es entre el modelo agroindustrial y el modelo agroecológico. El primero genera alimentos y materias primas bajo esquemas de destrucción ecológica, reducción de la diversidad natural, contaminación química y genética (transgénicos), altos costos energéticos, y en grandes propiedades, todo lo cual atenta contra la salud ambiental y humana. El segundo realiza prácticas en armonía con los principios del ecosistema local, crea sistemas productivos diversificados y resilientes, labora con energía solar, y genera alimentos sanos en sistemas de pequeña escala. El primero tiende a imponerse, el segundo se construye con los productores, cuyos saberes se reconocen como esenciales. Se trata de dos maneras radicalmente diferentes de concebir, manejar y aprovechar los recursos que ofrece la naturaleza, las expresiones de dos diferentes civilizaciones.
La agroecología, como nuevo campo de conocimiento pero también como propuesta tecnológica y como movimiento social, ha tenido un crecimiento vertiginoso y una expansión sin par en el mundo. La agricultura orgánica, su principal oferta, es hoy practicada por más de 1.2 millones y rebasa las 80 millones de hectáreas. Su máximo desarrollo lo ha alcanzado en Latinoamérica, tanto por el número de practicantes, publicaciones, cursos, congresos y organizaciones como por la superficie agropecuaria y forestal convertida a sus principios. Hoy en la región existe el Maela (Movimiento Agroecológico Latinoamericano) y la Socla (Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología), cuyo segundo congreso en Brasil reunió a 4 mil académicos y productores, incluyendo Vía Campesina y el Movimiento de los Sin Tierra. LEISA, revista de agroecología, alcanza ya los 10 mil suscriptores. Otros importantes avances se han logrado desde las esferas de los gobiernos progresistas mediante sendos apoyos económicos e institucionales que han aumentado su área de acción. Es este el caso de Brasil, Cuba Venezuela y Bolivia.
La conexión más relevante de la agroecología es, sin embargo, con los movimientos sociales rurales y urbanos de la región. En Cuba, ante la crisis del petróleo, la sociedad civil creó alternativas productivas agroecológicas en La Habana y las principales ciudades y hoy existen 200 mil predios orgánicos. Como complemento, el gobierno cubano creó fábricas de biofertilizantes y cientos de centros para el control biológico de plagas. Por su parte la ANAP (Asociación Nacional de Agricultores Pequeños) había integrado a la agroecología a 110 mil familias en 2009. Hoy en Cuba 60 por ciento de los alimentos provienen del sector orgánico.
En Centroamérica dos fenómenos llaman la atención: el Movimiento de Campesino a Campesino, que agrupa a 10 mil promotores y medio millón de familias rurales de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, y cientos de comunidades forestales agrupadas en una organización regional. En el territorio mexicano existen además unas mil experiencias comunitarias de inspiración ecológica, principalmente en las regiones indígenas, en torno a la producción de café orgánico (200 mil productores), la miel y el manejo sustentable de selvas y bosques. En Brasil, las tres principales organizaciones campesinas de escala nacional han adoptado la agroecología y existen organismos que vinculan a decenas de universidades con los movimientos sociales del campo. En los Andes, la AOPEB (Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia) está formada por 75 organizaciones y cerca de 70 mil familias, en tanto que la ANPE (Asociación Nacional de Productores Ecológicos, de Perú) cuenta con 12 mil miembros de 22 diferentes regiones del país.
Pero quizás lo más importante es que la agroecología ha comenzado a reconocerse como la base o fundamento de los nuevos modelos que los gobiernos de izquierda ponen en juego. El ejemplo más notorio es el de Bolivia, donde la filosofía del buen vivir, llevada a la Constitución por el poderoso movimiento indígena, se combina con la decisión del presidente Evo Morales de situar la agricultura ecológica como uno de los objetivos centrales de su gobierno En otra tesitura se mueve el ecosocialismo de Venezuela todavía incipiente.
Como toda utopía realizable, la república amorosa requiere de una reformulación de los procesos productivos agrícolas, pecuarios, pesqueros y forestales, de una plataforma material que haga posibles los intangibles sueños, valores, prédicas morales, visiones y creaciones culturales que se postulan, pues cielo y tierra, espíritu y materia, abstracción y concreción, no persisten si no están en una dialéctica permanente. Como hemos mostrado con el caso de la agroecología, la izquierda mexicana está obligada a mirar las experiencias latinoamericanas, para aprender de ellas, no repetir errores e incluso ponerse por delante. Hoy México para salirse del dominio neoliberal debe tejer vínculos de todo tipo con las experiencias más avanzadas de la región. Visualizada como un
salto de civilización, la república amorosa será una reformulación radical de la realidad tangible e intangible de México, o no será.
Todo en orden-Fisgón
Ley general de víctimas
Miguel Concha
Un país que, como el nuestro, enfrenta un grave deterioro del respeto a los derechos de las personas, por la proliferación de lamentables casos de abusos violentos, la criminalidad descontrolada y la exclusión de las oportunidades consagradas por la Constitución y los tratados internacionales, ve cada día multiplicarse el número de víctimas en todo el territorio nacional, y carece al mismo tiempo de mecanismos institucionales efectivos para dar respuesta a demandas que son cada vez más numerosas e intensas en sufrimiento.
La reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada el 10 de junio de 2011, consagró en el tercer párrafo del artículo primero la obligación de todas las autoridades del país de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Ello amplía la red de derechos de las víctimas que se logró con la reforma al artículo 20 de la Carta Magna el 18 de junio de 2008, cuando se le introdujo un apartado C, que permite el pleno reconocimiento de las víctimas en calidad de partes en los procesos penales, así como un conjunto de derechos, que incluyen la coadyuvancia activa en el aporte de pruebas; el recibir asesoría jurídica, atención médica y sicológica; la protección mediante medidas cautelares; la posibilidad de ejercitar la acción penal privada, contemplada en el artículo 21 de la Constitución, y el poder impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público en la defensa de los bienes jurídicos vulnerados.
Pese a las bondades de estas reformas, y aceptando que las víctimas del delito estarán más cubiertas en la protección de sus derechos con el avance en la implementación de la reforma penal de 2008, algunas carencias fundamentales persisten; sobre todo porque aún no se ha aprobado una ley que regule lo contemplado en el nuevo párrafo tercero del artículo primero constitucional referido. Lo que trae consigo como resultado la desprotección de las víctimas del abuso de los poderes públicos, así como la inexistencia de instituciones efectivas de atención, ayuda inmediata y reparación integral del daño para estas personas.
La desprotección de las víctimas en México es un lastre vergonzoso que el Estado mexicano debe remediar a la brevedad posible, teniendo en cuenta que no solamente pesa sobre las autoridades la obligación internacional de garantizar los derechos humanos fundamentales de toda persona, sino también que la realidad de la violencia sigue disparando los indicadores de descomposición del tejido social y sus costos humanos. Las respuestas a la problemática por parte del gobierno federal han sido insuficientes, pese a los insistentes llamados de la sociedad civil. Muestra de ello es que de los dos encuentros que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) tuvo con el titular del Ejecutivo federal en julio y octubre del año pasado, la respuesta gubernamental fue un magro mecanismo denominado Procuraduría Social de Víctimas del Delito (Províctima), que no contempla a quienes han sufrido violaciones de derechos humanos en su ámbito de acción, y que, según se ha documentado en el seguimiento de casos concretos, no ha tenido un impacto real en el avance de investigaciones, y muchos menos en sanciones penales; y se ha limitado a ofrecer la inscripción en programas sociales federales a personas que demandan una justa restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, esto es, medidas de reparación integral del daño, con justicia y derecho a la verdad.
Por ello hoy es más urgente que nunca que el Estado mexicano, y en particular el Congreso de la Unión, dé curso a la aprobación de una ley de víctimas que no se limite a la mera indemnización o a la orientación, sino que incluya, entre otros, los puntos irreductibles que las víctimas y las organizaciones de derechos humanos hemos venido planteando en nuestra demanda de asistencia, justicia, verdad y reparación. Estos puntos, en los cuales han convenido el MPJD, así como organizaciones como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Fundar y el Centro de Colaboración Cívica, son, entre otros: 1) La ley de víctimas debe tener un alcance general, es decir, que obligue a todas las autoridades en los tres niveles de gobierno y a los tres poderes. 2) Debe cubrir tanto a víctimas del delito como de violaciones de derechos humanos; es decir, debe ser reglamentaria de los artículos primero, párrafo tercero, y 20 inciso C de la Constitución. 3) Debe contemplar derechos integrales a la asistencia permanente, el acceso a la justicia, la verdad y la reparación integral del daño, incluyendo medidas de ayuda inmediatas y humanitarias en el orden de la salud, el alojamiento y la alimentación, así como en materia funeraria y de transporte; determinar las medidas de protección y asesoría jurídica, y hacer énfasis en las víctimas que tienen una especial condición de vulnerabilidad. 4) Debe contar con mecanismos efectivos de reparación que trasciendan la indemnización o la orientación, y deberá incluir también medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. 5) La ley tiene que establecer además un sistema nacional de registro y atención a víctimas y de datos forenses de carácter participativo y autónomo en presupuesto y gestión.
Considerando que el plazo para aprobarla concluye el próximo 9 de junio, confiamos en que las y los legisladores tengan presente que un Estado que no garantiza la seguridad a su población, y no cuenta con mecanismos para remediar los terribles daños que deja la violencia, es cómplice de ella y deja al país en una desprotección que no debemos permitir que continúe dañándonos.
Ciertos requisitos aplican-Magú
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