Alianza Social de Trabajadores de la Industria Mexicana

miércoles, 14 de marzo de 2012

AMLO: Serenar el país con estabilidad y educación, no con cárceles y leyes severas- Isabel Miranda se apersona en la SCJN acompañada por dos víctimas de Cassez- Excarcelar a Florence Cassez «es un acto de valentía», sostiene Ackerman

México tiene recursos suficientes para impulsar el desarrollo, pero han sido mal administrados
Serenar el país con estabilidad y educación, no con cárceles y leyes severas, ofrece AMLO
El precandidato presidencial promete en Puebla elevar a rango constitucional los derechos sociales
Foto
Andrés Manuel López Obrador, luego del encuentro con expertos en desarrollo social, en World Trade Center. Lo acompaña Raquel Sosa, quien es propuesta por el precandidato presidencial para ocupar la Secretaría de Desarrollo Social en caso de ganar las elecciones en julioFoto Carlos Cisneros
Arturo Alfaro Galán
La Jornada de Oriente
Periódico La Jornada
Miércoles 14 de marzo de 2012, p. 16
Puebla, Pue., 13 de marzo. Andrés Manuel López Obrador consideró que el sistema neoliberal del país cortó de tajo el futuro de los jóvenes, quienes han visto en la delincuencia organizada una salida fácil para sobresalir.
Durante su participación en un foro organizado por la Universidad Iberoamericana Puebla, con el tema La regeneración de México, el aspirante presidencial por el Movimiento Progresista indicó que de ganar la elección impulsará medidas para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, principalmente de los jóvenes y de los grupos vulnerables.
Desde el primer año de gobierno –dijo– aplicaría recursos federales para ampliar la matrícula en las universidades públicas, con la intención de incrementar la inversión en educación, ciencia y tecnología, sectores que consideró motores para la regeneración del país.
El presupuesto no es el problema. Otra cosa es que nos quieran ver la cara y mentir, pero claro que hay recursos. Lo que necesitamos es un cambio verdadero, enfocado a la educación pública para todos, y no en medidas paliativas, para sacar adelante la enseñanza del país, señaló ante cientos de jóvenes en el auditorio Ignacio Ellacuría.
La crisis económica –dijo– se debe a la desatención a los jóvenes, a la falta de trabajo y de oportunidades, por lo que pidió a los estudiantes tener confianza, pues las condiciones de México van a mejorar: vamos a serenar el país con estabilidad y educación, no con policías, cárceles y leyes más severas.
Asimismo, anunció que su eventual gobierno privilegiará la política social del Estado, por lo que elevaría a rango constitucional los derechos sociales, como el apoyo a los adultos mayores, pensión a las personas con discapacidad y educación para todos los mexicanos, sin importar su condición económica.
Destacó que la inconformidad por la situación crítica que atraviesa el país en los ámbitos social, económico, político y de seguridad no sólo debe quedar en la indignación y la queja, sino que se requiere que todos hagan el compromiso de salvar a México, de sacarlo de la pobreza y la marginación.
Señaló que para sacar adelante al país se requerirá hacer reformas al sistema político mexicano, muchas de las cuales no serán del agrado de diversos sectores, por lo que expuso que será necesario el respaldo de la población a su gobierno, la cual podrá manifestar su opinión a través del plebiscito y el referendo.
Indicó que México cuenta con los recursos económicos suficientes para impulsar el desarrollo de la población, pero han sido mal administrados o desviados por los gobiernos anteriores y el actual, pues la corrupción es una de las principales lacras que afectan a México, asentó.
Consideró que no existe ninguna razón social, política, económica ni geográfica para que los mexicanos estén atravesando estas situaciones de crisis. La culpa es de los malos gobiernos, apuntó, tras insistir en que el país tiene las condiciones para ubicarse en el lugar que le corresponde en el concierto mundial.
El precandidato a la Presidencia de la República convocó a todas las organizaciones sociales y a la ciudadanía en general a sumarse al movimiento que encabeza para reformar el sistema corrupto que ha provocado la caída de México, es necesario un cambio de régimen, si no, no habrá posibilidad de un buen gobierno, ni de empleo, justicia y seguridad, advirtió.
Finalmente, señaló que la situación crítica que enfrenta el país por violencia y narcotráfico debe solucionarse con medidas para impulsar el desarrollo de la nación, no con estrategias represivas.
Llenar estadísticas y llenar estadios-Rocha
García Luna, promotor de la impunidad y la simulación, considera
Excarcelar a Florence Cassez es un acto de valentía, sostiene Ackerman
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Miércoles 14 de marzo de 2012, p. 14
El proyecto de sentencia del ministro Arturo Zaldívar, sobre el asunto Florence Cassez, es un acto de valentía en defensa del debido proceso, consideró John Ackerman, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autómnoma de México (UNAM).
Dijo que no parece haber presiones del gobierno francés, pero sí las hay, afirmó, del presidente Felipe Calderón y del secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, por lo que pidió no caer en la trampa del patrioterismo barato de Calderón, porque si bien en esta ocasión se trata del caso de una ciudadana francesa, también hay antecedentes similares con indígenas mexicanas.
Si ni siquiera una francesa, con el apoyo de su presidente, puede librarse de una circunstancia de esa naturaleza, estamos (con su encarcelamiento) autorizando la política de impunidad y de simulación que ha generado García Luna en todo el sexenio, expresó.
Durante la segunda de 11 semanas temáticas dentro de los diálogos Los grandes problemas nacionales, participaron reconocidos juristas, como el ministro en retiro Genaro Góngora Pimentel, el ex procurador capitalino Bernardo Bátiz, Ackerman y Jorge Fernández Souza, como moderador.
Desde diversos ángulos abordaron algunos de los principales problemas de la procuración de justicia en México.
En este contexto se habló de la coyuntura en el caso Cassez, condenada a 60 años de prisión por secuestro, y del proyecto que actualmente se discute en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que el análisis incluye la aplicación de la ley, los derechos humanos y, sobre todo, si se cumplió el debido proceso. El ministro en retiro Góngora dijo que si bien no ha leído el proyecto de Zaldívar, resulta sano que éste se difunda a la opinión pública.
Durante su ponencia planteó el cuestionamiento de si las instancias del Ejecutivo y los legisladores pueden sugerir a la Suprema Corte los tiempos de resolución de un asunto.
Ackerman –especialista en derecho constitucional– dijo que es urgente analizar los elementos que podrían llevar al país a tener un sistema de justicia eficaz, es decir, los culpables en la cárcel y los inocentes fuera de ésta.
En el proyecto Cassez también está en juego el entramado jurídico de presunción de inocencia. De esto último hablaron los juristas y ofrecieron detalles de diversas etapas que han derivado en enmiendas al sistema de justicia penal o a la ley de amparo, actualmente en discusión de la Cámara de Diputados.
En todos los temas resalta la advertencia de los riesgos de dar a la justicia un uso político y sesgado. Es decir, la impunidad concertada para los amigos, como lo definió Ackerman al citar las observaciones a la Procuraduría General de la República (PGR) del reciente reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), correspondiente a la Cuenta Pública 2010.
Esa instancia fiscalizadora encontró que por cada 100 averiguaciones previas, sólo 34 se consignan ante un juez, por lo que más de 60 por ciento quedan sin materia. La ASF halló que el reglamento interno de la PGR data de 2003 y que cerca de 7 mil mandamientos judiciales fueron cancelados por prescripción, lo que quiere decir que éstos se dejan vencer por desidia o complicidad.
Las ponencias abordaron las recientes reformas judiciales, con énfasis en la ley de amparo y sobre otras formas, como los juicios orales que, señalaron los invitados, siguen adoleciendo de una investigación pulcra y falta de seriedad de los propios jueces.
La mesa de justicia es parte de esta serie de encuentros semanales y temáticos, organizados por el Movimiento Regeneración Nacional y las asociaciones civiles Fundación Equipo y Equidad y Progreso.
El maestro Bátiz se refirió al modelo de juicios orales y subrayó que éste no está libre de errores y corrupción. También resaltó la necesidad de que las procuradurías, e incluso todas las dependencias del Ejecutivo, tengan autonomía técnica, para que la PGR, por ejemplo, no se use para perseguir a enemigos políticos. “Cuando fui procurador no hubo consigna alguna, sino libertad… Un procurador no debe estar sujeto a un coordinador; también se trata de que los ministerios públicos no se conviertan en cobradores de cuentas”. Lo más importante, añadió Bátiz, es tener claro que si los investigadores y los jueces rompen las reglas procesales, pueden meter inocentes a la cárcel.

A un tris-Helguera
Se reúnen en privado con los cinco ministros que integran la primera sala del tribunal
Isabel Miranda se apersona en la SCJN acompañada por dos víctimas de Cassez
Cristina Ríos Valladares y Ezequiel Elizalde se dicen profundamente molestos y decepcionados porque no han sido tomados en cuenta en el proyecto de dictamen elaborado por Arturo Zaldívar
Jesús Aranda
Periódico La Jornada
Miércoles 14 de marzo de 2012, p. 9
Cristina Ríos Valladares y Ezequiel Elizalde, víctimas de secuestro, se reunieron ayer en privado con los cinco ministros que integran la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a quienes dijeron que se sienten enojados y decepcionados porque no han sido tomados en cuenta en la discusión sobre el proyecto de dictamen elaborado por el ministro Arturo Zaldívar, que propone liberar a la ciudadana francesa Florence Cassez.
Acompañados por la precandidata del PAN al Gobierno del Distrito Federal (GDF), Isabel Miranda de Wallace –quien no permitió que Ríos y Elizalde fueran entrevistados por los medios de comunicación–, los quejosos revelaron a los ministros aspectos de su cautiverio que, dijeron, no están incluidos en el expediente y que inculpan directamente a la ciudadana francesa sentenciada a 60 años de prisión. Esto, con el fin de sensibilizar a los juzgadores para que no le concedan el amparo en la sesión prevista para el 21 de marzo.
Ríos Valladares y Elizalde se reunieron por la mañana con Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío y Jorge Pardo Rebolledo, y después del mediodía con Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y el ministro instructor Arturo Zaldívar, a quienes adelantaron que entre hoy y mañana les entregarán un documento amicus curae, expresión latina utilizada para referirse a presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio, con el que pretenden demostrar que Cassez es culpable de secuestro y que el proceso penal en su contra fue legal.
Además, se quejaron ante los integrantes del máximo tribunal debido a que no han sido ponderados sus derechos como víctimas, lo que sí se ha hecho con la acusada de secuestro.
Entrevistada al término del encuentro, mientras los afectados salían por una puerta trasera, Miranda de Wallace sostuvo que no se violó la protección consular en agravio de Florence Cassez, al subrayar: La supuesta violación consular no existió, porque esto equivale a que en todos los poblados cuando agarran a un narcotraficante o secuestrador extranjero, en todos los casos tuvieran asistencia consular en menos de 24 horas; eso es irregular y el ministro creo que esa parte la deberá reconsiderar, ya que es una de las causales en las que él se está basando.
Asimismo, se manifestó porque se castigue a los responsables del montaje del video de la detención de Cassez, sea quien sea quien haya ordenado esa situación. Indudablemente, dijo la precandidata panista, ese hecho debe castigarse, creo que en este país lo que necesitamos es responsables, y esa parte yo no la veo (en el dictamen): en lo que no estoy de acuerdo es que los que tengan que pagar las ineptitudes o las culpas sean las víctimas.
Miranda de Wallace evitó poner nombre y apellido a los posibles responsables del montaje televisivo –en aquel entonces la Agencia Federal de Investigación estaba encabezada por el actual titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna–, pese a que precisamente esa recreación es un elemento fundamental para que Zaldívar considere que fue violado el debido proceso legal y la presunción de inocencia de la acusada.
–¿No quedaría corto el dictamen si no menciona a los responsables del video? –le preguntó una reportera.
–Mira mi reina –respondió maternal–, tú te quieres ir por el lado de la policía y yo me quiero ir del lado de las víctimas, porque nunca son tomadas en cuenta; tenemos un sistema de procuración y administración de justicia en el que no se toma en cuenta a las víctimas. Así que yo vengo representándolas y claro que les afecta el montaje, pero no soy juez.

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