Investiga PGR red de corrupción entre empresa de EU y funcionarios mexicanos
La procuradora general de la República, Marisela Morales.
Foto: Germán Canseco
Foto: Germán Canseco
MÉXICO, D.F. (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) investiga una red de corrupción en la prestación de servicios de mantenimiento de aeronaves oficiales, en la que estarían implicados al menos seis servidores públicos mexicanos y una empresa de Estados Unidos.
En un comunicado, la dependencia que dirige Marisela Morales detalló que la empresa BizJet International Sales & Support, Inc., con sede en Oklahoma, sobornó presuntamente a funcionarios de dependencias federales y estatales con el propósito de quedarse con contratos para proveer servicios de mantenimiento, reparación y de revisión general a aeronaves que le redituaron ganancias por 20 millones de dólares y 50 millones de pesos entre 2004 y 2009.
De acuerdo con la PGR, BizJet entregaba cantidades de dinero a servidores públicos, con la finalidad de ser beneficiada en contratos, haciendo la triangulación de los recursos económicos a través de una empresa operada por un gerente de ventas de Bizjet, quien se encuentra prófugo.
La indagatoria realizada por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (SIEDF), en coordinación con la Secretaría de la Función Pública (SFP), se sustenta en versiones de empleados de la empresa BizJet International Sales & Support, Inc., que tiene su base operaciones en Oklahoma, Estados Unidos.
Aunque el parte informativo no proporciona nombres de las dependencias federales, los estados y los funcionarios involucrados, asegura que se lograron identificar a varios empleados de Bizjet y a seis servidores públicos mexicanos, quienes presumiblemente intervinieron en dichos actos de corrupción.
Según la averiguación previa, los funcionarios mexicanos son investigados por la posible comisión de los ilícitos de cohecho y enriquecimiento ilícito, ambos previstos y sancionados en los numerales 222 y 224 del Código Penal Federal; además de otros que pudieran acreditarse como cometidos por los servidores públicos.
Los contratos que se tienen identificados son por más de 20 millones de dólares americanos y otros más por aproximadamente 50 millones de pesos, los cuales, las autoridades americanas, presumen que fueron celebrados mediante el pago de aproximadamente 2 millones de dólares americanos al intermediario, quien supuestamente los entregó a diversos servidores públicos.
Hasta ahora, la PGR cuenta con los contratos celebrados entre la empresa Bizjet con dependencias federales y estatales, así como con información contable donde se describen operaciones de Bizjet, integradas por órdenes de servicio, facturas, pólizas de cheque y comprobantes de transferencias por conceptos de “comisión” a favor de un intermediario.
También se dispone de los registros financieros, información patrimonial y migratoria de los servidores públicos referidos.
En un comunicado, la dependencia que dirige Marisela Morales detalló que la empresa BizJet International Sales & Support, Inc., con sede en Oklahoma, sobornó presuntamente a funcionarios de dependencias federales y estatales con el propósito de quedarse con contratos para proveer servicios de mantenimiento, reparación y de revisión general a aeronaves que le redituaron ganancias por 20 millones de dólares y 50 millones de pesos entre 2004 y 2009.
De acuerdo con la PGR, BizJet entregaba cantidades de dinero a servidores públicos, con la finalidad de ser beneficiada en contratos, haciendo la triangulación de los recursos económicos a través de una empresa operada por un gerente de ventas de Bizjet, quien se encuentra prófugo.
La indagatoria realizada por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (SIEDF), en coordinación con la Secretaría de la Función Pública (SFP), se sustenta en versiones de empleados de la empresa BizJet International Sales & Support, Inc., que tiene su base operaciones en Oklahoma, Estados Unidos.
Aunque el parte informativo no proporciona nombres de las dependencias federales, los estados y los funcionarios involucrados, asegura que se lograron identificar a varios empleados de Bizjet y a seis servidores públicos mexicanos, quienes presumiblemente intervinieron en dichos actos de corrupción.
Según la averiguación previa, los funcionarios mexicanos son investigados por la posible comisión de los ilícitos de cohecho y enriquecimiento ilícito, ambos previstos y sancionados en los numerales 222 y 224 del Código Penal Federal; además de otros que pudieran acreditarse como cometidos por los servidores públicos.
Los contratos que se tienen identificados son por más de 20 millones de dólares americanos y otros más por aproximadamente 50 millones de pesos, los cuales, las autoridades americanas, presumen que fueron celebrados mediante el pago de aproximadamente 2 millones de dólares americanos al intermediario, quien supuestamente los entregó a diversos servidores públicos.
Hasta ahora, la PGR cuenta con los contratos celebrados entre la empresa Bizjet con dependencias federales y estatales, así como con información contable donde se describen operaciones de Bizjet, integradas por órdenes de servicio, facturas, pólizas de cheque y comprobantes de transferencias por conceptos de “comisión” a favor de un intermediario.
También se dispone de los registros financieros, información patrimonial y migratoria de los servidores públicos referidos.
La logística y el teleprompter
Peña Nieto y Coldwell durante su toma de protesta como candidato a la Presidencia.
Foto: Hugo Cruz
Foto: Hugo Cruz
MÉXICO, D.F. (apro).- De que la contienda entre Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota se está “cerrando” no hay duda. Sin embargo, la competencia entre el priista y la panista no es por puntos demoscópicos sino por el trofeo a los desaciertos y prácticas poco elegantes, ridiculizadas por sus respectivos simpatizantes, trolles, bots y usuarios de redes sociales, en franca disputa por crear el Trending Topic de Twitter.
Por ahora, la disputa no involucra directamente a Andrés Manuel López Obrador, salvo por la constante prohibición de los spots de quien hasta ahora ha decidido mantener una sana distancia en el pleito mediático entre Peña Nieto y Vázquez Mota.
El domingo 11, la exsecretaria de Desarrollo Social foxista tuvo que mantener congelada la sonrisa ante un hecho bochornoso para cualquier candidato o partido con un mínimo de experiencia en las artes del relleno escenográfico de los estadios y plazas públicas.
Nadie recuerda ahora lo que Vázquez Mota dijo mientras rendía protesta como candidata presidencial del PAN. Todos recuerdan o mencionan la graciosa huida de los asistentes al Estadio Azul en la súper panista delegación Benito Juárez cuando terminó el espectáculo de “La Diosa de la Cumbia” y comenzó el discurso del manual de autosuperación de la autora de Dios mío, hazme viuda, por favor!
Vázquez Mota se quedó ante un estadio semivacío de presuntos militantes o adherentes panistas. De los 35 mil seres humanos que presumió su equipo de campaña, no quedaba ni la mitad de asistentes. Ella sonreía. Las gradas se vaciaban. Molestos, los “transportados” desde Puebla y delegaciones adherentes del Distrito Federal criticaban la larga espera.
En las redes sociales, especialmente en Twitter, la proliferación de mensajes con el hashtag #VázquezMotaAlone demostraron hasta dónde puede llegar la ironía en contra de la candidata oficialista.
En las redes sociales, especialmente en Twitter, la proliferación de mensajes con el hashtag #VázquezMotaAlone demostraron hasta dónde puede llegar la ironía en contra de la candidata oficialista.
Su coordinador, Roberto Gil Zuarth, tuvo el encanto de autoinculparse. Dijo que lo sucedido fueron “errores de logística”, como si el acarreo fuera logística y no una práctica política premoderna.
Para el PRI no fueron sólo “errores de logístico”, sino una posible violación a lo dispuesto por la ley electoral. En el periodo de intercampañas, argumentan los priistas, están prohibidos los mítines a población abierta y sólo se permiten reuniones cerradas con militantes o simpatizantes.
Peor para el PAN si trata de contraargumentar que los asistentes al Estadio Azul no fueron acarreados sino militantes y adherentes convencidos de su apoyo a Vázquez Mota. En tal caso, se daría un balazo en el pie. La convicción se desmorona ante la logística. Y ni la “Diosa de la Cumbia” puede salvarlos.
Al día siguiente, el lunes 12, Enrique Peña Nieto decidió rendir protesta como aspirante presidencial en el emblemático municipio de Dolores Hidalgo, donde el cura Miguel Hidalgo y Costilla lanzó su proclama de Independencia, sin acudir al “acordeón” o telepromter. Al menos, ningún historiador lo ha documentado.
A sus organizadores se les hizo cómodo que la proclama de “¡Basta del mal gobierno!” la lanzara Peña Nieto leyéndola en cuatro pantallas desplegadas en el auditorio a puerta cerrada. El teleprompter no estuvo oculto sino a ojos de todos los asistentes.
Si fuera el conductor de un espectáculo musical o el lector de algún noticiero televisivo o el novato cantante que pretende apoyarse en las líneas para no equivocarse en el guión, el teleprompter sería un aditamento más del show y no un vergonzoso recurso para quien desea transmitir convicción y emoción opositora.
Sin embargo, se trató del candidato mejor posicionado en las encuestas, el que cumple compromisos, el que alienta a la modernidad y emula a Luis Donaldo Colosio, el último mártir priista.
Las burlas contra Peña Nieto revivieron en las redes sociales, con la etiqueta #@EPNTeleprompter. Su coordinador de campaña, Luis Videgaray, confirmó en entrevista radiofónica con Carmen Aristegui el uso de este mecanismo, pero consideró que eran una “exageración” las críticas a Peña Nieto. “Hasta los mejores estadistas” lo usan, alegó Videgaray.
En ambos casos –la logística y el teleprompter– lo que sale a relucir es la impostura. Y los ejércitos digitales respectivos critican al adversario sin darse cuenta de que sólo acrecientan el expediente de la pena ajena y olvidan reproducir el mensaje que sus candidatos quisieron transmitir.
La jornada de toma de protesta de PAN y PRI quedó para el anecdotario como el día en que el Estado Azul quedó vació y Dolores Hidalgo tuvo un conductor en teleprompter.
Comentarios: www.homozapping.com.mxKIJ
La nueva generación, sin curules
Gamboa, Beltrones y Peña. Poder eterno.
Foto: Miguel Dimayuga
Foto: Miguel Dimayuga
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Durante los nueve meses de la efímera presidencia de Humberto Moreira en el CEN del PRI, repitió hasta el cansancio, en promocionales, discursos y demás, que él era parte de “una nueva generación de políticos que escuchan, se comprometen y cumplen”, de la cual desde luego también formaba parte, y en forma prominente, su virtual candidato a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto.
Sin embargo apenas tres meses después de que Moreira renunció a esa posición, dicha generación también fue desplazada del reparto de candidaturas. Como claramente explicaron los dirigentes priistas, en la configuración de las listas se privilegió la experiencia, los votos que pueden aportar las organizaciones que representan los candidatos y los compromisos con las televisoras. Y los integrantes de la nueva generación de políticos no cumplían con ninguna de las características, por lo cual quedaron fuera de las listas.
Las candidaturas de mayoría relativa y las listas de representación proporcional incluyen a viejos exgobernadores (pues según explicó en conferencia de prensa el dirigente nacional tricolor Pedro Joaquín Coldwell, todos los exgobernadores que concluyeron recientemente su gestión quedaron fuera por regla general), viejos líderes sindicales (porque según el mismo Coldwell eso le da al PRI la oportunidad de ratificar la alianza entre su partido y el sindicalismo mexicano) y los representantes del duopolio televisivo (ya que según Emilio Gamboa, dirigente nacional de la CNOP, como “vamos a tener que tocar temas como la televisión… fuimos buscando personajes que conozcan el tema”).
En general son los mismos polémicos personajes que desde hace más de tres décadas aparecen alternadamente como candidatos a un puesto de elección popular. En las listas plurinominales destacan entre otros: Emilio Gamboa Patrón, que encabeza la lista al Senado y que desde 1982 ocupa puestos relevantes en la política mexicana, primero en la administración pública federal y después, a partir de la derrota del PRI en 2000, en las Legislaturas, con un receso de tres años, que aprovecho para dirigir la CNOP; Manlio Fabio Beltrones, exgobernador de Sonora, dos veces diputado federal, actualmente senador de la República y también exdirigente de la CNOP; Jesús Murillo Karam, exgobernador de Hidalgo, actualmente senador; el controvertido líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps; y dos directivos de TV-Azteca, Jorge Mendoza y Tristán Canales, actual presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. Y en las candidaturas de mayoría relativa al Senado van siete exgobernadores.
Es obvio que la ausencia de espacios para otros sectores generó inconformidades, aunque hasta hoy todos han moderado las protestas y mantienen al margen de la litis al candidato presidencial, Enrique Peña Nieto. El dirigente del Frente Juvenil Revolucionario, Canek Vázquez, quien rechazó ocupar el lugar 17 en la lista al Senado y cercano a Beltrones, declaró al grupo Reforma que el CEN actual pasará a la historia como el que enterró las propuestas de los jóvenes y puntualizó: “A diferencia de priistas con mayor experiencia y que han presionado para asegurarse un lugar en el Congreso, los jóvenes del PRI estamos seguros que Enrique Peña será presidente y le cumplirá a las nuevas generaciones”.
Por su parte Carlos Flores Rico, dirigente del Movimiento Territorial, quién rechazó la posición 15 en la lista al Senado, sentenció que el mecanismo de selección está agotado e indicó al mismo diario: “Como está, no deja satisfecho a nadie. Desgasta a los dirigentes, deslegitima a los candidatos, irrita a la militancia y confunde a los electores. El modelo ya no funciona porque está basado en la discrecionalidad y ésta tiende a responder a compromisos, buenos o malos, de quien esté al mando, a las presiones de todo orden y a la hegemonía de quienes tengan mejor posición de cabildeo y relevancia económica”.
Así, de acuerdo con Flores Rico, el nuevo PRI no sólo desapareció de las listas de candidatos sino también de los modelos de selección y para intentar asegurar el triunfo de su candidato a la Presidencia de la República recurrieron a las viejas prácticas que les permitieron sobrevivir en Los Pinos más de 70 años. Sin embargo, la pluralidad reinante en México dificulta más el éxito de éstas y a pesar de que en general imperó la disciplina, sufrió bajas que le pueden significar votos importantes, particularmente la de María Elena Orantes, quien renunció a su militancia tricolor para aceptar ser postulada por el Movimiento Progresista como candidata al gobierno de Chiapas; o la de Manuel Bartlett Díaz, exgobernador priista de Puebla y exsenador por el mismo partido, quien también renunció a su militancia tricolor y ya aceptó la postulación de la coalición de izquierda al Senado.
Sin duda las renuncias de tricolores afectarán el caudal de votos tricolores, pero el mayor problema que enfrentará el PRI y, particularmente su candidato Enrique Peña Nieto con la colección de dinosaurios que postuló para el Congreso de la Unión, es la gran contradicción entre su discurso y la realidad, lo que le hará perder credibilidad, particularmente entre los jóvenes, que en los procesos electorales más recientes habían prácticamente abandonado al PRI. Además de que también le restará viabilidad a algunas de sus propuestas de campaña, pues muchos de los futuros integrantes de la bancada tricolor no comparten varias de sus ofertas políticas, como la apertura de Pemex a la inversión privada.
Los candidatos al Congreso son muy importantes durante la campaña electoral, pero quizá más para gobernar y eso no parece haberlo calculado Peña Nieto.
Agarrar al Chapo
Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa.
Foto: Benjamin Flores
Foto: Benjamin Flores
MÉXICO, D.F. (apro).- Desde finales del año pasado comenzó a correr la versión de que los gobiernos de México y de Estados Unidos estaban por atrapar a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, y desde entonces no pasa una semana sin que haya una noticia al respecto.
Atrapar al jefe del cártel de Sinaloa se ha convertido en un asunto de Estado y no de combate al crimen organizado, justo en tiempos electorales en los que a los presidentes de ambos países les urge dar un golpe espectacular para posicionarse frente al electorado.
Pero más que para Obama, que quiere reelegirse, la persecución y detención de El Chapo es para Felipe Calderón una acción vital y urgente, porque de esta manera trataría de justificar el fracaso de su declaración de guerra al narcotráfico, que ha tenido graves costos sociales en el presente y el futuro.
Además, le daría un impulso a su pretendida sucesora, Josefina Vázquez Mota, la candidata del PAN, quien se muestra alicaída por el desastroso arranque en su carrera presidencial.
Guzmán Loera, como en su momento lo fue Pablo Escobar en Colombia, ha sido erigido por los estadunidenses como el principal narcotraficante mexicano y el enemigo número uno en la lucha mundial contra las drogas. En Estados Unidos han crecido tanto su figura que, al igual que al capo colombiano, al narcotraficante mexicano lo pusieron en la lista de los hombres más ricos del mundo en la revista Forbes, para hacerlo más visible.
No sólo eso, también lo calificaron de terrorista, y bajo esa figura es perseguido por agentes del gobierno estadunidense en suelo mexicano, bajo la anuencia del gobierno calderonista.
Agarrar a El Chapo es, pues, una acción estratégica para Washington, pero para el gobierno mexicano es, decíamos, una operación vital para terminar justificándose y apuntalar las aspiraciones presidenciales de Vázquez Mota, como ya lo considera parte de la prensa de EU.
Es evidente que el gobierno mexicano no tiene la capacidad o está demasiado infiltrado por el crimen organizado como para atrapar a Joaquín Guzmán. Ha habido denuncias, como la de un sacerdote de Durango, quien dijo que en la sierra de esa entidad estaba el jefe del cártel sinaloense.
La última fue confirmada por la Procuraduría General de la República y por la Agencia Antinarcóticos de EU (DEA, por sus siglas en inglés), que señaló que El Chapo estuvo en Los Cabos, Baja California, casi al mismo tiempo en que llegó Hillary Clinton para participar en la Cumbre del G20.
Sin embargo, el gobierno mexicano no ha atrapado al capo, provocando las sospechas de que está protegido por los gobiernos del Partido Acción Nacional desde que se escapó en 2001, cuando apenas iniciaba la administración de Vicente Fox.
De ahí que el gobierno de Barack Obama esté actuando a través de sus distintas agencias de inteligencia, principalmente la DEA y el FBI, aprovechando la permisividad del gobierno mexicano.
No obstante, habría que preguntar si el gobierno de Felipe Calderón está preparado para las reacciones violentas que habría por parte del cártel de Sinaloa si es que agarran a su jefe, o si podría frenar los movimientos que realizarían los otros grupos para quedarse con las plazas ocupadas, o si soportaría los ajustes que podría haber entre el mismo grupo de sinaloenses.
Es decir, si es capaz de controlar lo que llaman el “efecto cucaracha”, que es la multiplicación de grupos cuando cae la cabeza de uno de los cárteles más importantes del mundo.
El peligro es ese: que sólo se piense en el primer paso –el golpe espectacular de la aprehensión– y no en los efectos que tendrá. Es decir, que no se tenga contemplada la desarticulación de toda la red de complicidades que El Chapo y su grupo tienen en México y en Estados Unidos, donde se están lavando las millonarias ganancias, como lo reconoció la propia DEA.
Nadie se opone a que detengan a uno de los líderes más importantes del crimen organizado en el mundo, pero ojalá que el gobierno de Felipe Calderón esté previendo los distintos escenarios que se suscitarían en caso de aprehender a El Chapo, y que lo haga en el marco de una estrategia más amplia, que incluya tender las redes para atrapar a muchos de los que están involucrados –policías, autoridades municipales, estatales y federales, así como militares– e inhiba cualquier intento de desestabilización, y que el operativo no se quede en un mero acto mediático.
Pero, sobre todo, que prevea que en medio del proceso electoral estas reacciones serán seguramente muy violentas y tendrán un efecto ampliado y desestabilizador que indudablemente afectaría el curso de las campañas y se extendería hacia el resto de la sociedad, creando más muerte y violencia en las calles.
Y, frente a esto, que no caiga en la tentación de sacar a las calles a más tropas del Ejército, Marina y Fuerza Armada, o de poner a más policías federales para frenar cualquier intento de inconformidad social, esto es, usar la violencia para combatir la violencia, poniendo en riesgo el futuro inmediato del país, cuando está por elegirse al próximo presidente de México.
Atrapar al jefe del cártel de Sinaloa se ha convertido en un asunto de Estado y no de combate al crimen organizado, justo en tiempos electorales en los que a los presidentes de ambos países les urge dar un golpe espectacular para posicionarse frente al electorado.
Pero más que para Obama, que quiere reelegirse, la persecución y detención de El Chapo es para Felipe Calderón una acción vital y urgente, porque de esta manera trataría de justificar el fracaso de su declaración de guerra al narcotráfico, que ha tenido graves costos sociales en el presente y el futuro.
Además, le daría un impulso a su pretendida sucesora, Josefina Vázquez Mota, la candidata del PAN, quien se muestra alicaída por el desastroso arranque en su carrera presidencial.
Guzmán Loera, como en su momento lo fue Pablo Escobar en Colombia, ha sido erigido por los estadunidenses como el principal narcotraficante mexicano y el enemigo número uno en la lucha mundial contra las drogas. En Estados Unidos han crecido tanto su figura que, al igual que al capo colombiano, al narcotraficante mexicano lo pusieron en la lista de los hombres más ricos del mundo en la revista Forbes, para hacerlo más visible.
No sólo eso, también lo calificaron de terrorista, y bajo esa figura es perseguido por agentes del gobierno estadunidense en suelo mexicano, bajo la anuencia del gobierno calderonista.
Agarrar a El Chapo es, pues, una acción estratégica para Washington, pero para el gobierno mexicano es, decíamos, una operación vital para terminar justificándose y apuntalar las aspiraciones presidenciales de Vázquez Mota, como ya lo considera parte de la prensa de EU.
Es evidente que el gobierno mexicano no tiene la capacidad o está demasiado infiltrado por el crimen organizado como para atrapar a Joaquín Guzmán. Ha habido denuncias, como la de un sacerdote de Durango, quien dijo que en la sierra de esa entidad estaba el jefe del cártel sinaloense.
La última fue confirmada por la Procuraduría General de la República y por la Agencia Antinarcóticos de EU (DEA, por sus siglas en inglés), que señaló que El Chapo estuvo en Los Cabos, Baja California, casi al mismo tiempo en que llegó Hillary Clinton para participar en la Cumbre del G20.
Sin embargo, el gobierno mexicano no ha atrapado al capo, provocando las sospechas de que está protegido por los gobiernos del Partido Acción Nacional desde que se escapó en 2001, cuando apenas iniciaba la administración de Vicente Fox.
De ahí que el gobierno de Barack Obama esté actuando a través de sus distintas agencias de inteligencia, principalmente la DEA y el FBI, aprovechando la permisividad del gobierno mexicano.
No obstante, habría que preguntar si el gobierno de Felipe Calderón está preparado para las reacciones violentas que habría por parte del cártel de Sinaloa si es que agarran a su jefe, o si podría frenar los movimientos que realizarían los otros grupos para quedarse con las plazas ocupadas, o si soportaría los ajustes que podría haber entre el mismo grupo de sinaloenses.
Es decir, si es capaz de controlar lo que llaman el “efecto cucaracha”, que es la multiplicación de grupos cuando cae la cabeza de uno de los cárteles más importantes del mundo.
El peligro es ese: que sólo se piense en el primer paso –el golpe espectacular de la aprehensión– y no en los efectos que tendrá. Es decir, que no se tenga contemplada la desarticulación de toda la red de complicidades que El Chapo y su grupo tienen en México y en Estados Unidos, donde se están lavando las millonarias ganancias, como lo reconoció la propia DEA.
Nadie se opone a que detengan a uno de los líderes más importantes del crimen organizado en el mundo, pero ojalá que el gobierno de Felipe Calderón esté previendo los distintos escenarios que se suscitarían en caso de aprehender a El Chapo, y que lo haga en el marco de una estrategia más amplia, que incluya tender las redes para atrapar a muchos de los que están involucrados –policías, autoridades municipales, estatales y federales, así como militares– e inhiba cualquier intento de desestabilización, y que el operativo no se quede en un mero acto mediático.
Pero, sobre todo, que prevea que en medio del proceso electoral estas reacciones serán seguramente muy violentas y tendrán un efecto ampliado y desestabilizador que indudablemente afectaría el curso de las campañas y se extendería hacia el resto de la sociedad, creando más muerte y violencia en las calles.
Y, frente a esto, que no caiga en la tentación de sacar a las calles a más tropas del Ejército, Marina y Fuerza Armada, o de poner a más policías federales para frenar cualquier intento de inconformidad social, esto es, usar la violencia para combatir la violencia, poniendo en riesgo el futuro inmediato del país, cuando está por elegirse al próximo presidente de México.
No hay comentarios:
Publicar un comentario