Alianza Social de Trabajadores de la Industria Mexicana

jueves, 8 de marzo de 2012

LAS MAS....DE LA PORTADA DE LA JORNADA DEL 8 DE MARZO DE 2012

Siete de cada 10 mujeres han sufrido violencia en su vida
Claras fallas y negligencia en la atención del problema: expertos
Destacan que tres de cada 10 son madres antes de los 20 años de edad
Confiar en que se cumplirán los acuerdos, pide Gobernación
34 mil feminicidios en 25 años revela que no se atiende el problema: ONU
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Jueves 8 de marzo de 2012, p. 46
En los pasados 25 años, en México han sido perpetrados al menos 34 mil feminicidios, lo que revela fallas en la estructura nacional e internacional para atender esta problemática.
“Según un estudio reciente, publicado por el Instituto Nacional de las Mujeres, la Cámara (sic) y ONMujeres, 34 mil mujeres han sido asesinadas en 25 años con presunción de feminicidio”. Definitivamente no estamos cumpliendo la tarea como individuos, como sociedad y como instituciones públicas”, advirtió Ana Güezmes García, representante en México de la agencia de la Organización de las Naciones Unidas que atiende el tema de las mujeres.
En México, siete de cada 10 mujeres reportan alguna forma de violencia a lo largo de su vida. El feminicidio, añadió, es la punta del iceberg más dolorosa, más indignante, de toda una cadena de actos de violencia y de impunidad.
Lo anterior fue expuesto durante la presentación del libro ¿Cómo medir la violencia contra las mujeres en México?, obra coeditada por la Secretaría de Gobernación y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la cual contiene 111 indicadores para esta tarea; 19 son estructurales, 66 de proceso y 26 son indicadores de resultados.
Ahí fue recordado el caso de Inés Fernández, indígena tlapaneca, violada por soldados hace 10 años en Guerrero. El Estado le ofreció una disculpa pública el martes.
Güezmes dijo que este 8 de marzo, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer será dedicado al “empoderamiento de las mujeres rurales o indígenas, como principal contribución al desarrollo, la lucha contra el hambre y la pobreza”.
Entonces, expresó, creo que el caso de Inés Fernández ejemplifica la doble discriminación que viven las mujeres por el hecho de ser, además, rurales e indígenas, muchas veces en zonas sin adecuada protección ni acceso a la justicia.
La violencia contra las mujeres y las niñas persiste porque se permite; no es inevitable y nos convoca a la convicción de que puede ser eliminada. Tenemos impulso, apoyo político mundial para promover y hacer efectiva la igualdad de género, concluyó.
En su turno, Max Diener Salas, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de Gobernación, hizo una leve referencia al perdón que dio el Estado a Fernández: voy a remarcar las características específicas de vulnerabilidad en las cuales sucedió este muy lamentable acontecimiento y también las fallas que tuvo el Estado mexicano en todos los niveles.
Ante los reclamos de los agraviados expresó: hay qué ser optimistas; ya lo dijo ayer el secretario de Gobernación con toda claridad; tenemos que confiar en que se van a cumplir todos los acuerdos (sic), dijo en referencia a los puntos pendientes de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Se deben dar los espacios y los tiempos para este cumplimiento, añadió el funcionario en entrevista.

Las pruebas carecen de fiabilidad, dice Zaldívar en proyecto de dictamen
El amparo promovido por la francesa será resuelto en breve por la SCJN
Secuelas de un montaje
Proyecto en la Corte para liberar a Florence Cassez; la AFI violó sus derechos
El dictamen no se pronuncia sobre la inocencia de la francesa
La convicta por secuestro cumple sentencia de 60 años de prisión
Foto
El ministro Arturo Zaldívar dio a conocer su proyecto de dictamen dos semanas antes de que se discuta en una de las salas de la SCJN la solicitud de amparo presentada por Florence CassezFoto Marco Peláez
Jesús Aranda
Periódico La Jornada
Jueves 8 de marzo de 2012, p. 2
La ciudadana francesa Florence Cassez, acusada de secuestro y sentenciada a 60 años de prisión, debe quedar en inmediata y absoluta libertad, señala el proyecto de dictamen elaborado por Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Dos semanas antes de que el amparo presentado por Cassez sea discutido por los cinco ministros que integran la primera sala de la SCJN, Zaldívar hizo público ayer su documento en el que no se pronuncia sobre la inocencia de la acusada. Señala que debido a la violación del debido proceso en su contra y al montaje televisivo que realizó la Agencia Federal de Investigación –en aquel entonces dirigida por el actual secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna–, las pruebas que la acusan carecen de fiabilidad.
En este asunto que generó una crisis diplomática con Francia, ya que el presidente Nicolas Sarkozy defendió siempre la inocencia de Cassez, lo que derivó que la cancillería mexicana cancelara el 14 de febrero del año pasado su participación en el Año de México en Francia, el ministro de la Corte sostiene que quedó acreditado que los agentes de la policía federal en lugar de presentarla al Ministerio Público, cuando fue detenida el 8 de diciembre de 2005, la llevaron al rancho Las Chinitas para realizar un montaje televisivo preparado por las autoridades, con lo que violaron su derecho fundamental a ser puesta a disposición inmediata del Ministerio Público.
Agrega que las declaraciones de las víctimas y de los policías que participaron en el montaje transmitido en televisión un día después son producto de una deformación de la realidad provocada por la propia policía federal.
En su dictamen cuestiona que a la francesa no se le permitió contactar de inmediato al consulado de su país, lo que violó sus derechos fundamentales como extranjera, a la notificación, contacto y asistencia consular.
La falta de una asistencia consular efectiva, indica el proyecto, impide a los extranjeros detenidos tener una comprensión básica del sistema penal al que se enfrentan, de los efectos que tiene la primera declaración ante las autoridades, así como la toma de decisiones para contratar a un abogado local para crear una línea de defensa. Estos elementos tienen una importancia decisiva para evitar que el detenido quede en estado de indefensión.
Subraya en el proyecto de dictamen que “no hay justificación para haber retenido a la acusada en la propiedad referida, expuesta a una escenificación planeada y orquestada por la Agencia Federal de Investigación, con el objetivo de mostrarla ante los medios de comunicación como la responsable de la comisión de los tres secuestros. Además de que con el montaje sobre hechos que nunca ocurrieron, se pretendió causar un impacto en la opinión pública y en todas aquellas personas ligadas al proceso penal.
Enfatiza que no pretende censurar lo que informa la prensa sobre los acontecimientos que resultan del interés nacional; censura que las autoridades encargadas de una detención deformen conscientemente la realidad con el fin de crear un filtro de esta realidad a fin de exponer a una persona frente a la sociedad y, principalmente, frente a las futuras partes del proceso, como los culpables del hecho delictivo.
Cabe señalar que el documento no se pronuncia sobre las pruebas en contra de Israel Vallarta Cisneros, el otro detenido y novio de la francesa.
El caso Cassez acaparó la atención en la visita que Sarkozy hizo a México en marzo de 2009, ya que el gobierno de Francia había advertido meses antes que este asunto afectaría la relación bilateral, porque se trataba de un caso de denegación de justicia y que además, su gobierno no abandonaría a su compatriota.
Para tratar de distender la situación, Sarkozy y Calderón acordaron crear una comisión binacional de juristas, para estudiar si la acusada podía ser expatriada a su país para purgar allá su sentencia.
Sarkozy dijo en la conferencia ante su homólogo mexicano: No vengo a impugnar la justicia mexicana (...) Si hay una transferencia, será de una prisión mexicana a una prisión francesa.
Sin embargo, el 17 de febrero de 2011, la cancillería mexicana ratificó que Cassez cumpliría su sentencia de 60 años de prisión en México, ya que por diferencias entre los sistemas jurídicos de ambos países, no podía ser enviada a Francia.
Esto, en respuesta a las declaraciones del vocero del gobierno francés Francois Baroin, quien días antes había pedido a México respetar los convenios internacionales que había firmado, en alusión al Convenio de Estrasburgo, el cual abría la puerta para que estando en su país, Cassez pudiera quedar en libertad.
El asunto no sólo levantó polémica a escala internacional, aquí hubo quienes se manifestaron en favor y en contra de la ciudadana francesa. Ante la polémica que generó este asunto, como es el caso del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Placencia; de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, las cuales presentaron un recurso de amicus curae ante la Corte en el que señalan que el respeto al debido proceso es un imperativo en la administración de justicia, las pruebas obtenidas de manera ilegal y la indiferencia frente a las irregularidades presentes en este asunto sientan un precedente contrario a los principios que rigen nuestra Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, por lo que exhortaron a la Corte a actuar en consecuencia.
Está previsto que la primera sala de la Corte, integrada por Zaldívar, José Ramón Cossío Díaz, Olga Sánchez Cordero, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Jorge Pardo revisen el proyecto de dictamen el 21 de marzo.
 Una serie de balaceras ocurrieron en varias arterias de Saltillo –entre ellas el Periférico Luis Echeverría (imagen)–, cuando fuerzas policiacas y militares repelieron ataques de grupos del crimen organizado; el gobierno del estado reportó dos heridos de bala. En Piedras Negras también se informó de emboscadas y enfrentamientos, con saldo de una policía ultimada y cuatro agentes heridos Foto La Jornada
La autoridad recomienda a la población no salir a la calle
Viven Piedras Negras y Saltillo balaceras y narcobloqueos
Reportan un policía muerto y varios pistoleros y civiles lesionados
De la Redacción
Periódico La Jornada
Jueves 8 de marzo de 2012, p. 12
El estado de Coahuila vivó en los dos días recientes balaceras, bloqueos y persecuciones entre pistoleros del crimen organizado y policías. El resultado fue una policía muerta y varios heridos, entre ellos dos civiles que ayer fueron alcanzados por las balas en Saltillo, y el decomiso de un arsenal integrado por lanzacohetes, escopetas, rifles, uniformes de camuflaje, granadas automáticas, cientos de cargadores y miles de cartuchos.
Tras los enfrentamientos entre policías estatales y gatilleros, que se prolongaron hasta la noche del martes en Piedras Negras, donde también hubo narcobloqueos y vehículos incendiados, ayer Saltillo amaneció entre balaceras.
A las 8:30 horas fueron agredidos dos policías estatales que tripulaban una patrulla en el cruce del periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Isidro López Zertuche. Hombres a bordo de una camioneta blanca los interceptaron y los agentes repelieron el ataque. La balacera duró 10 minutos.
En tanto, antes de las 9 horas hubo otro choque entre policías y pistoleros sobre el periférico Luis Echeverría y la calle La Fragua. Varias camionetas con soldados llegaron en apoyo de los policías. Testigos aseguraron que algunos pistoleros resultaron lesionados. El gobierno estatal reportó dos civiles heridos de bala.
El enfrentamiento ocurrió frente a un casino de la cadena Caliente y una cafetería Starbucks abarrotada de clientes, quienes, al igual que los empleados, se tiraron al piso o se resguardaron en la cocina.
También hubo disparos contra la fachada de un banco y el edificio llamado Torre Saltillo, donde están las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Sistema de Administración Tributaria del estado.
Por las redes sociales la Fiscalía General del estado y la dirección de seguridad pública de Saltillo reportaron otros tiroteos sobre los bulevares Nazario Ortiz Garza, Luis Donaldo Colosio, José Musa y Jesús Valdés Sánchez, en el norte y el oriente de la ciudad.
Al intentar huir de policías y militares, grupos de pistoleros dispararon ráfagas de metralleta en varios sectores de la ciudad y tiraron trozos de acero, conocidos como ponchallantas, sobre calles y avenidas. Las autoridades recomendaron, vía Twitter, no salir a la calle ni asomarse por las ventanas de las casas.
Si no tiene a qué salir, no lo haga y esté atento a los medios de comunicación. Atienda indicaciones de autoridades, señaló vía Twitter la dirección municipal de protección civil. Mantengase alejado de ventanas, evite riesgos, no se exponga, señaló por el mismo medio la dirección de seguridad pública municipal.
Acerca de los enfrentamientos en Piedras Negras, el fiscal general del estado, Domingo González Favela, señaló que por la tarde agentes del Grupo de armas y tácticas especiales (Gates) arrestaron a Eusebio Hernández Olivas, El Chevo, y Eduardo Hernández Reyes, El Güero, sobre la carretera Piedras Negras-Acuña, a quienes se decomisaron armas, droga y aparatos de radiocomunicación.
Por la noche, un convoy del Gates que avanzaba sobre la carretera entre Nava y Piedras Negras fue emboscado por pistoleros. Ahí murió la policía María Guadalupe Delgadillo y cuatro agentes resultaron heridos. Los policías sobrevivientes trasladaban a sus compañeros a un hospital de Piedras Negras, pero al llegar a la comunidad Villa de Fuente fueron emboscados y dos resultaron heridos.
En dichos enfrentamientos los agentes estatales decomisaron granadas automáticas y de mano, cientos de cargadores de rifles de asalto, miles de cartuchos útiles, uniformes con camuflaje, escopetas, rifles AR-15, AK-47 y 762; una ametralladora HK y otra MDD calibre 308, de uso exclusivo del Ejército; una base para antena, tres propulsores para cohete, dos lanzacohetes RPG y seis camionetas.
Cierran seis casinos
En 10 días los ayuntamientos de Saltillo y Torreón clausuraron seis casinos por incumplir medidas de seguridad, permisos y pago de impuestos municipales y estatales. La medida está relacionada con el interés del gobernador Rubén Moreira de retirar de Coahuila esos establecimientos.
En conferencia de prensa, el mandatario estatal reiteró que “fue un terrible error –del gobierno federal– haber autorizado la entrada de casinos al país; una torpeza mayúscula haber traído casinos a sociedades industriales con alto índice de ingreso per cápita. No se da en el mundo esto normalmente y nosotros insistiremos en el cierre de los mismos”.
Acerca de la balacera en Piedras Negras, dijo que una brigada del Gates fue enviada a esa ciudad tras la denuncia de una televisora de que una banda criminal pretendía utilizar sus instalaciones para colocar una antena repetidora. También investigará casos de desaparición forzada y custodiará la importación de vehículos blindados por la frontera con Texas.

Ante la falta de consenso, Colombia no invitará a Cuba a la Cumbre de las Américas, pero buscará que en el foro se discuta el caso de la isla de manera constructiva, mientras La Habana evitará promover algún conflicto para la reunión o contra el gobierno de Bogotá. Es el acuerdo al que llegaron los presidentes Raúl Castro y Juan Manuel Santos, en cita en la capital del país caribeño. El mandatario colombiano también se entrevistó con su par venezolano Hugo Chávez, quien convalece de una operación de cáncer Foto Ap
Acuerdo de Santos con Raúl Castro para evitar que La Habana promueva algún conflicto
Colombia no invitará a Cuba a la Cumbre de las Américas, pero buscará discutir el caso de la isla
Foto
Los presidentes Raúl Castro y Juan Manuel Santos, ayer en La HabanaFoto Ap
Gerardo Arreola
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 8 de marzo de 2012, p. 35
La Habana, 7 de marzo. Ante la falta de consenso, Colombia no invitará a Cuba a la Cumbre de las Américas, pero buscará que el foro discuta el caso de la isla de manera constructiva y con altura, mientras que La Habana evitará promover algún conflicto para la reunión o para el gobierno de Bogotá.
Esta fue la fórmula que encontraron los presidentes Juan Manuel Santos y Raúl Castro para sortear el escollo que surgió hace un mes al abrirse la cuestión de la eventual asistencia de Cuba a la reunión de Cartagena, el 14 y el 15 de abril.
Santos estuvo en La Habana unas nueve horas, la mayor parte con Castro y luego con el venezolano Hugo Chávez, quien convalece aquí de la operación de cáncer del 26 de febrero.
En el aeropuerto, poco antes de volver a su país, Santos dijo que le informó al presidente Castro la falta de consenso para que Cuba asista a la cumbre.
Apreciamos de veras su deseo de hacer parte de esta reunión, dijo Santos, en alusión a la ya conocida disposición de Cuba de ir a Cartagena. Pero en estas circunstancias, agregó, es muy difícil poderle extender una invitación.
Le agradecimos, eso sí, su comprensión y además su manifestación generosa de no querer crear un problema ni para la cumbre ni para Colombia, señaló el mandatario colombiano, en una indicación de que Castro desaprueba represalias por la ausencia de su gobierno en el encuentro.
Santos quiso también decir en forma muy clara que respetamos la posición de varios países frente a la necesidad de que Cuba haga parte y participe de esta cumbre. Colombia quiere que la situación de Cuba, su participación, sea discutida. Así se lo hemos manifestado (a Castro) y así se lo manifestaremos a los demás países.
Es un tema que lleva muchos años sin solucionarse y con eso hacemos votos para que esta incómoda situación no se repita en el caso de la próxima cumbre, que se celebraría en Panamá, añadió el mandatario colombiano.
Con ese resultado, la movilización diplomática de las últimas semanas arrojó dos novedades: 1) Cuba mostró disposición de acudir a un foro del sistema interamericano, y 2) la Cumbre de las Américas abordará por primera vez la presencia de la isla.
Santos informó también que trató con Chávez la ejecución de un acuerdo comercial y que el presidente venezolano le informó que iría a Cartagena en la medida que su salud se lo permitiera.
La eventual presencia de Cuba emergió hace un mes, cuando en una reunión de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el ecuatoriano Rafael Correa y el boliviano Evo Morales propusieron que ese bloque de ocho países boicoteara el encuentro si no se invitaba a la isla.
El nicaragüense Daniel Ortega se opuso y a su vez sugirió que el grupo tratara de hacer valer sus prioridades en el cónclave. Hugo Chávez advirtió que había que consultar a Colombia.
Hace dos semanas, una reunión ministerial del grupo apoyó la asistencia cubana, pero evitó hablar de represalias. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, dijo entonces que si había invitación, La Habana irá, pero no regresará a la Organización de Estados Americanos (OEA).
La declaración de Rodríguez abrió una interrogante sobre cómo hilvanar la presencia cubana, porque la reunión presidencial es un mecanismo de la OEA, que se coordina a través del Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres, integrado por las 34 naciones de la organización.
Estados Unidos, por su parte, se ha mantenido cerrado a cualquier trato con la isla, quizá con mayor fuerza en año electoral. No creo que Cuba vaya a Cartagena, dijo esta semana el vicepresidente Joseph Biden, en su gira por México.
En la misma línea se manifestaron desde hace semanas varios funcionarios del gobierno de Barack Obama. Según esa posición, Cuba debe estar fuera de una cumbre de países democráticos.
El gobierno de Cuba quedó excluido de ocupar su asiento en la OEA en 1962, pero la misma organización anuló el acuerdo en 2009.
Aún así, la isla siempre ha rechazado su reincorporación a la esa entidad. En 2008, el presidente Raúl Castro opinó que el organismo debe desaparecer y precisó que pertenecemos y perteneceremos al Grupo de Río, el mecanismo que el año pasado se convirtió en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que La Habana presidirá en 2013.

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