Religión en las pantallas- Los desvaríos del IFE

Religión en las pantallas

Autor: Opinión	Sección: Opinión

In memoriam de Luis Javier Garrido Platas

Netzaí Sandoval Ballesteros*

En España la televisión del Estado transmite misa y algunos obispos son dueños de cadenas de televisión (13 TV y Popular TV). La Iglesia Católica recibe financiamiento público que puede superar en un año más de 10 mil millones de euros. Esa cantidad puede equipararse si se recuerda que Canadá decidió retirarse del Protocolo de Kioto sobre el Cambio Climático para evitar pagar un monto similar. Las demás religiones se reparten otros 6 millones de euros también con cargo al erario.

Cuando se paga el impuesto sobre la renta se puede marcar una casilla para que el Estado español destine recursos a la Iglesia Católica. Pero solamente a ésta, pues ninguna otra religión goza de este privilegio (que proviene de los tiempos del militar y dictador español Francisco Franco Bahamonde). La Iglesia usa la fe de la gente y los medios de comunicación para que más personas crucen esa casilla.

Es conocido que el jefe del Estado español (el rey católico Juan Carlos I de Borbón) pidió permiso al papa Benedicto XVI para firmar o “sancionar” la ley que autoriza el aborto dentro de las primeras 14 semanas de embarazo, lo que somete asuntos de Estado a la opinión del jerarca de una religión en particular.

Otro caso similar es el de la Iglesia Universal del Reino de Dios que posee, únicamente en Brasil, un banco, periódicos y revistas, decenas de emisoras de radio y una red televisiva con repetidoras (dispositivo electrónico que recibe una señal débil o de bajo nivel y la retransmite a una potencia o nivel más alto, y para que así se puedan cubrir distancias más largas sin degradación o con una tolerable) en todo el territorio. Ha sido acusada formalmente por fiscales brasileños de lavar en cantidades millonarias para el narcotráfico.

Hacia estas realidades quieren llevarnos en México. Hasta hace unos meses esta afirmación habría resultado inverosímil, pero el 15 de diciembre de 2011, la Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 24 de la Constitución, con el propósito de suprimir los límites que nuestro orden jurídico establece a la celebración y difusión de actos de culto.

La clave en la reforma no es tanto lo que dice, sino lo que elimina: pretende derogar el tercer párrafo del artículo 24, que actualmente establece la base constitucional que permite al legislador ordinario limitar la difusión de actos de culto. Así, el siguiente texto dejaría de formar parte de la Constitución: “Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera de éstos se sujetarán a la ley reglamentaria”.

Al anularse esta norma constitucional varias disposiciones contenidas en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público se convertirían en normas violatorias de la Constitución.

El artículo 21 de esa Ley prohíbe a las iglesias transmitir actos de culto religioso a través de la radio y la televisión sin una autorización previa de la Secretaría de Gobernación. También prohíbe la difusión de actos religiosos en tiempos del Estado. Son estas disposiciones las que se quedarían sin sustento constitucional.

De prosperar la reforma, las iglesias podrían lograr que el Poder Judicial declare que las disposiciones de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público son violatorias del derecho fundamental de practicar públicamente su religión al alegar inconstitucionalidad sobrevenida. De aprobarse el dictamen, el Estado mexicano perdería la posibilidad de limitar desde las leyes la difusión de actos religiosos en radio y televisión.

Las iglesias podrían adquirir sus propias cadenas televisivas (como en España o Brasil) y combinar el poder inmenso de la publicidad, la televisión y la fe.

Hay que aclarar que oponerse a la reforma del artículo 24 constitucional no significa estar en contra de la religión o los creyentes. La Constitución ya garantiza la libertad de culto y no hace falta reformarla otra vez en esta materia.

Existe además una evidente falta de respeto a la Constitución –y por los derechos que debería proteger–, pues se le pretende reformar al violar el proceso legislativo y sin el indispensable debate público. Así se convierte nuestra Carta Magna en un instrumento al servicio de la imposición de políticas públicas de corto plazo, al olvidar que debiera ser el límite de la actuación de todo poder constituido.

El Senado todavía puede detener este histórico error. De no hacerlo pronto escucharemos a sacerdotes en la radio y televisión, exigiendo durante la misa que el Estado destine dinero público a su iglesia.

Sin embargo, más allá de la lamentable reforma que se pretende imponer, los ciudadanos debemos de luchar por imponer el referéndum constitucional obligatorio, como requisito indispensable para la modificación de la norma que garantiza nuestras libertades: nuestra Carta Magna.

Los países profundamente democráticos contemplan la obligación ineludible de consultar al pueblo directamente, para modificar decisiones políticas fundamentales que dan sustento y protección al esquema de las libertades ciudadanas. La participación directa del pueblo en la vida pública no es una graciosa concesión de los partidos, sino un derecho fundamental contemplado en tratados internacionales ratificados por México, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 25).

Igual de absurdo que pretender ser democrático sin contar con un órgano de representación (llámese parlamento, congreso, asamblea, etcétera), es continuar demoliendo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin permitir a la ciudadanía opinar directamente en torno a sus derechos más elementales. Se trata de la clásica posición paternalista de los Estados autoritarios.

México es un Estado laico y para defenderlo no se necesita ser ateo. Simplemente se trata de sentir orgullo por nuestra historia republicana.

*Abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México; posgraduado en administración de justicia

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Fuente: Revista Contralínea 275 / 11 marzo de 2012   Los desvaríos del IFE Autor: Jorge Melendez Preciado Sección: Opinión En esta supuesta veda electoral, Felipe Calderón lo mismo promueve encuestas a favor de su compañera forzosa, Josefina Vázquez Mota, que luego rectifica y se presenta como un auténtico e irrepetible demócrata, sin que la autoridad electoral haga nada ante las infracciones a la ley. Mientras, en una reunión con la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública, Enrique Peña Nieto manda abrazos al Ejecutivo para demostrar que continúa arriba en los sondeos, y algunos medios de comunicación prohíben difundir entrevistas concedidas por Andrés Manuel López Obrador a periodistas como Ricardo Rocha. Ante este panorama realmente intrincado se da la noticia que integrantes del Instituto Federal Electoral (IFE) se darán un bono excepcional por su trabajo. Algunos, especialmente los consejeros, podrán obtener 400 mil pesos. En otros, los cerca de 10 mil servidores (entre éstos algunos de honorarios), la retribución, cuando menos, será de dos meses, importante ya que legiones perciben decenas de miles de pesos cada 30 días. Además se supo que el IFE debió de regresar 348 millones de pesos de un fondo para vivienda, el cual estaba mal planeado y tenía fallas evidentes (El Universal, 28 de febrero de 2012). El asunto es de escándalo. Tanto, que en una edición del citado periódico (mismo día) se reprueba este mal precedente, sobre todo en momentos que la crisis económica actual ha traído despidos en muchos lugares y recorte de ingresos en otros más. Se plantea en el escrito, correctamente, que si se tratara de un negocio con ganancias extraordinarias, la medida no sería incorrecta, pero siendo una organización gubernamental, que se financia con nuestros impuestos, es algo erróneo; incluso abusivo. Desde luego que seguramente a todos se retribuirá bien. Incluso a los tres nuevos consejeros que hace poco se incorporaron (ojalá algún sensato rechace la oferta). Algo que muestra lo generoso que se es con dinero público. Lo cual deja un amargo sabor de boca a millones que justamente no tienen lo suficiente para salir adelante en estos difíciles tiempos. El IFE, sabemos hace tiempo, realiza una serie de actividades poco transparentes. Tiempo atrás nos enteramos por reportajes de Guadalupe Irízar, en el diario Reforma, de la compra de inmuebles por arriba de su valor e incluso que fueron restaurados a un precio mayor del estimado por varias constructoras. El asunto fue ventilado en diferentes ocasiones y nunca quedó muy claro el porqué de esas operaciones. En otra cuestión extraña se sancionó con una multa superior a los 200 millones de pesos al discutible Partido Verde Ecologista de México, el que contrariamente a la filosofía que asegura sustenta, exige la pena de muerte contra secuestradores, aunque, a la vez, está en contra de las corridas de toros por sanguinarias. Como no había nueve consejeros, sino sólo seis, la votación se empató a quien había comprado subrepticiamente mensajes en televisión, los amigos del llamado Niño Verde, Jorge González. Ya instalado todo el pleno se ratificó la multa pero se les hizo una quita de 100 millones, para no afectarlos gravemente (sic que hace fiesta en Cancún). Es decir, se les trató con respeto, benevolencia y agradecimiento a quienes exigen lo mismo la muerte del ser humano y piden en alta voz que si el gobierno no tiene las medicinas que necesitan los asegurados, se las paguen. Algo que, nuevamente, muestra una autoridad complaciente, dubitativa, proclive a ceder ante violadores de normas. Esa misma actitud, la de evitar sanciones a quienes incumplen reglas, fue reclamada al secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo, quien por órdenes de Leonardo Valdés (consejero presidente del Instituto) no multó a Televisa y TV Azteca, por no emitir propaganda de los partidos en 157 compañías. Lo anterior a decir de Alfredo Figueroa y Marco Antonio Baños (La Jornada, 22 de febrero pasado; información de Alonso Urrutia). Ahora se argumentó que las verificaciones no se habían podido realizar; en verdad lo que se pretende es no ejercer la autoridad. Para mostrar su poderío, el IFE ha estado presente en los medios, ahora que partidos y candidatos están ausentes o furtivamente aparecen con una cantidad de anuncios que llegan al paroxismo. Tanto, que el analista Julio Juárez (La silla rota, 22 de febrero de 2012) ha dicho que aburren y cansan de tanta repetición y falta de imaginación. Eso sí, en cuanto UNO TV –emisora de internet del empresario Carlos Slim– quiso dar a conocer la reunión de los precandidatos con la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública, Valdés dijo que no (Trastienda, sección Eje Central, 24 de febrero pasado), ya que estaba fuera de las reglas impuestas recientemente. Ahora intentan que los debates entre suspirantes a la grande ya no lo realice la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, sino que lo haga la oficina de comunicación social de la multicitada institución afincada en Periférico (Trascendió de Milenio, 28 de febrero pasado). Algo realmente absurdo ya que como apuntó el especialista José Antonio Sosa Plata (La silla rota, 22 de febrero pasado), el IFE tiene una pésima comunicación con la sociedad. Recientemente, en el noticiario de Carmen Aristegui, Valdés presumió que nuestro sistema democrático es “uno de los más avanzados del mundo” (sic carcajeante). Y además aseguró que castigaría a quien violara la ley, sin importar su rango (Sin embargo, 24 de febrero pasado). Estamos ante un árbitro que ha mostrado, y continúa, ser omiso para lo que la sociedad le encargó, cuando menos. *Periodista Fuente: Revista Contralínea 275 / 11 marzo de 2012