Ríos Montt, alcanzado por la historia
DOS ERRES, PETÉN/GUATEMALA, GUATEMALA.- En 1979 Juan Pablo Arévalo excavó un
pozo en su parcela sin saber que estaba cavando su tumba.
Quince años más tarde un equipo de antropólogos forenses argentinos extraería
de ese pozo las osamentas de 162 habitantes del pueblo de Dos Erres, entre ellas
las de Juan Pablo y dos de sus hijos. Otros 39 cadáveres serían hallados a flor
de tierra en La Aguada y Los Salazares, para llegar a un total de 201
víctimas.
Ahora su hijo Saúl, de 54 años, señala con el índice el lugar donde estaba el “pozo Arévalo” donde su padre, para desilusión de los vecinos, nunca halló agua.
El poblado de Dos Erres, en Las Cruces, Petén, donde ocurrió una de las matanzas más atroces de la guerra civil, es actualmente una llanura inmensa bordeada con alambre de púas, donde pasta apaciblemente un hato de reses. Han desaparecido las enormes milpas, los campos de frijol, de piña y de cacahuate y donde antes comenzaba la vereda para ingresar al pueblo hay un portón metálico despintado con las palabras “Finca Los Conacastes. Propiedad privada”.
El pozo donde quedó sepultado Juan Pablo Arévalo junto con sus familiares, vecinos y amigos, ya no existe. En su lugar hay dos crucecitas blancas, colocadas discretamente para no atraer la mirada de la familia Mendoza, ahora dueña del lugar.
La discreción no es gratuita: según el estudio Organizaciones del narcotráfico en América Central: transportistas, cárteles mexicanos y maras, elaborado por el Centro Woodrow Wilson y el Instituto de Temas Transfronterizos de la Universidad de San Diego, California, los Mendoza constituyen uno de los más importantes clanes familiares de Guatemala que se dedican al narcotráfico.
Pero ni los cambios que ha sufrido el lugar ni el paso de los años han logrado desdibujar el mapa mental que Saúl conserva del poblado y señala con precisión dónde se encontraban las dos iglesias, una católica y otra evangélica, la escuela, su casa y las de sus vecinos.
Días después de la matanza Saúl Arévalo ingresó al pueblo junto con otras personas que buscaban desesperadamente a sus familiares y encontró a Federico Aquino Ruano –el patriarca de la tierra prometida que él y sus paisanos creyeron haber encontrado en Dos Erres cuando migraron de sus pueblos de la costa sur– colgando de un árbol, con el rostro cubierto por una nube de moscas. A unos metros encontró las botas de su padre. Las recogió y se las llevó.
Cuando llegó al pozo vio que lo habían llenado de tierra y que en la orilla había prendas de mujer desgarradas y ensangrentadas. Para comprobar que la tierra estaba fresca arrancó una estaca de guarumo y la clavó en el pozo, hundiéndola con facilidad.
Luego se arrodilló junto al pozo y lloró en silencio, ahogando las ganas de gritar “¡Malditos!” y escarbar con las manos esa tierra movediza hasta encontrar el cuerpo de su padre.
Durante muchos años él y otros sobrevivientes de Dos Erres y sus familiares vivieron con un “buitre de silencio” que les roía las entrañas, como escribió el poeta guatemalteco Otto René Castillo. Aprendieron a callar para poder vivir.
Ahora su hijo Saúl, de 54 años, señala con el índice el lugar donde estaba el “pozo Arévalo” donde su padre, para desilusión de los vecinos, nunca halló agua.
El poblado de Dos Erres, en Las Cruces, Petén, donde ocurrió una de las matanzas más atroces de la guerra civil, es actualmente una llanura inmensa bordeada con alambre de púas, donde pasta apaciblemente un hato de reses. Han desaparecido las enormes milpas, los campos de frijol, de piña y de cacahuate y donde antes comenzaba la vereda para ingresar al pueblo hay un portón metálico despintado con las palabras “Finca Los Conacastes. Propiedad privada”.
El pozo donde quedó sepultado Juan Pablo Arévalo junto con sus familiares, vecinos y amigos, ya no existe. En su lugar hay dos crucecitas blancas, colocadas discretamente para no atraer la mirada de la familia Mendoza, ahora dueña del lugar.
La discreción no es gratuita: según el estudio Organizaciones del narcotráfico en América Central: transportistas, cárteles mexicanos y maras, elaborado por el Centro Woodrow Wilson y el Instituto de Temas Transfronterizos de la Universidad de San Diego, California, los Mendoza constituyen uno de los más importantes clanes familiares de Guatemala que se dedican al narcotráfico.
Pero ni los cambios que ha sufrido el lugar ni el paso de los años han logrado desdibujar el mapa mental que Saúl conserva del poblado y señala con precisión dónde se encontraban las dos iglesias, una católica y otra evangélica, la escuela, su casa y las de sus vecinos.
Días después de la matanza Saúl Arévalo ingresó al pueblo junto con otras personas que buscaban desesperadamente a sus familiares y encontró a Federico Aquino Ruano –el patriarca de la tierra prometida que él y sus paisanos creyeron haber encontrado en Dos Erres cuando migraron de sus pueblos de la costa sur– colgando de un árbol, con el rostro cubierto por una nube de moscas. A unos metros encontró las botas de su padre. Las recogió y se las llevó.
Cuando llegó al pozo vio que lo habían llenado de tierra y que en la orilla había prendas de mujer desgarradas y ensangrentadas. Para comprobar que la tierra estaba fresca arrancó una estaca de guarumo y la clavó en el pozo, hundiéndola con facilidad.
Luego se arrodilló junto al pozo y lloró en silencio, ahogando las ganas de gritar “¡Malditos!” y escarbar con las manos esa tierra movediza hasta encontrar el cuerpo de su padre.
Durante muchos años él y otros sobrevivientes de Dos Erres y sus familiares vivieron con un “buitre de silencio” que les roía las entrañas, como escribió el poeta guatemalteco Otto René Castillo. Aprendieron a callar para poder vivir.
En los tribunales
Saúl Arévalo nunca creyó que llegaría el día en que se encontraría en la
Torre de Tribunales sentado a unos seis metros de Efraín Ríos Montt, el general
que dio un golpe militar contra Romeo Lucas García en marzo de 1982
proclamándose jefe de Estado y de las Fuerzas Armadas.
El pasado 21 de mayo, sentado en segunda fila, Saúl escudriñaba el perfil del anciano de 86 años, ataviado impecablemente con corbata y traje azul marino.
Ríos Montt juntaba las manos sobre la mesa, se pasaba una mano por la oreja, se sobaba el tobillo, se frotaba la barbilla, hacía anotaciones en un cuaderno, agarraba una copia del Código Penal, la hojeaba inútilmente y luego la soltaba… una rápida secuencia de gestos que denotaban nerviosismo.
Cuatro meses antes –el 26 de enero– el exdictador había comparecido ante la juez Carol Patricia Flores con un semblante muy diferente. En esa ocasión enfrentaba cargos de genocidio contra la población maya del departamento de Quiché, donde mil 771 civiles fueron exterminados durante la fase más cruenta de la contrainsurgencia.
Ríos Montt se había presentado de manera voluntaria ante el Ministerio Público y había llegado a la audiencia con la mirada altiva, optando por permanecer de pie durante toda la sesión, a pesar de que la juez le dijo en varias ocasiones que podía sentarse.
Pero el 21 de mayo Ríos Montt se encontraba bajo arresto domiciliario y todos los recursos de amparo interpuestos por su abogado habían sido rechazados. A partir de esa fecha enfrenta un nuevo proceso penal: se le acusa del asesinato de 201 civiles en Dos Erres. Las víctimas fueron golpeadas en la cabeza con un mazo por integrantes de la Patrulla Especial Kaibil y arrojadas al pozo construido por el padre de Saúl Arévalo.
A Ríos Montt se le habían venido abajo la rigidez y la altanería; quedó en su lugar a un anciano de bigote y pelo canoso que sabía que la historia lo había alcanzado y que podría pasar el resto de sus días en la cárcel.
En febrero pasado el kaibil Pedro Pimentel Ríos fue sentenciado a seis mil 60 años de prisión por su participación en la matanza. Durante el juicio, el experto militar peruano Rodolfo Robles Espinoza explicó que bajo el régimen de facto de Ríos Montt (1982-1983) el ejército lanzó una campaña contrainsurgente para aniquilar a la guerrilla y a las comunidades que la apoyaban, una estrategia a la cual el exdictador se refería como “quitarle el agua al pez”.
Durante el régimen de Ríos Montt se diseñó el Plan de Campaña Victoria 82 y el Plan Sofía, los cuales establecían que cualquier localidad donde se encontraran señales de actividades guerrilleras –escondites de armas o propaganda izquierdista– era considerada “subversiva” y sus pobladores debían ser eliminados. Las comunidades abandonadas luego de que sus aterrorizados habitantes huyeran hacia las montañas, también eran destruidas, política conocida como “de tierra arrasada”.
Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, durante los dos años en que Ríos Montt ostentó el poder hubo 626 matanzas atribuibles al Ejército o a estructuras paramilitares.
El pasado 21 de mayo, sentado en segunda fila, Saúl escudriñaba el perfil del anciano de 86 años, ataviado impecablemente con corbata y traje azul marino.
Ríos Montt juntaba las manos sobre la mesa, se pasaba una mano por la oreja, se sobaba el tobillo, se frotaba la barbilla, hacía anotaciones en un cuaderno, agarraba una copia del Código Penal, la hojeaba inútilmente y luego la soltaba… una rápida secuencia de gestos que denotaban nerviosismo.
Cuatro meses antes –el 26 de enero– el exdictador había comparecido ante la juez Carol Patricia Flores con un semblante muy diferente. En esa ocasión enfrentaba cargos de genocidio contra la población maya del departamento de Quiché, donde mil 771 civiles fueron exterminados durante la fase más cruenta de la contrainsurgencia.
Ríos Montt se había presentado de manera voluntaria ante el Ministerio Público y había llegado a la audiencia con la mirada altiva, optando por permanecer de pie durante toda la sesión, a pesar de que la juez le dijo en varias ocasiones que podía sentarse.
Pero el 21 de mayo Ríos Montt se encontraba bajo arresto domiciliario y todos los recursos de amparo interpuestos por su abogado habían sido rechazados. A partir de esa fecha enfrenta un nuevo proceso penal: se le acusa del asesinato de 201 civiles en Dos Erres. Las víctimas fueron golpeadas en la cabeza con un mazo por integrantes de la Patrulla Especial Kaibil y arrojadas al pozo construido por el padre de Saúl Arévalo.
A Ríos Montt se le habían venido abajo la rigidez y la altanería; quedó en su lugar a un anciano de bigote y pelo canoso que sabía que la historia lo había alcanzado y que podría pasar el resto de sus días en la cárcel.
En febrero pasado el kaibil Pedro Pimentel Ríos fue sentenciado a seis mil 60 años de prisión por su participación en la matanza. Durante el juicio, el experto militar peruano Rodolfo Robles Espinoza explicó que bajo el régimen de facto de Ríos Montt (1982-1983) el ejército lanzó una campaña contrainsurgente para aniquilar a la guerrilla y a las comunidades que la apoyaban, una estrategia a la cual el exdictador se refería como “quitarle el agua al pez”.
Durante el régimen de Ríos Montt se diseñó el Plan de Campaña Victoria 82 y el Plan Sofía, los cuales establecían que cualquier localidad donde se encontraran señales de actividades guerrilleras –escondites de armas o propaganda izquierdista– era considerada “subversiva” y sus pobladores debían ser eliminados. Las comunidades abandonadas luego de que sus aterrorizados habitantes huyeran hacia las montañas, también eran destruidas, política conocida como “de tierra arrasada”.
Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, durante los dos años en que Ríos Montt ostentó el poder hubo 626 matanzas atribuibles al Ejército o a estructuras paramilitares.
Cadena de mando
El peritaje de Robles Espinoza fue citado extensamente en la audiencia de
Ríos Montt, durante la cual el Ministerio Público dijo que no hay evidencia de
que el exdictador haya directamente ordenado la masacre, pero que indudablemente
él fue el arquitecto de las políticas de Estado que condujeron a ésta y otras
violaciones de los derechos humanos.
Robles Espinoza también analizó la “cadena de mando”, la línea vertical por la que cada integrante del ejército –desde un soldado raso hasta un general– recibe órdenes e informa a sus superiores el resultado de las operaciones realizadas. Esto también se expuso en la audiencia, durante la cual el Ministerio Público argumentó que el general retirado, tras haberse autoproclamado jefe de Estado y de las fuerzas armadas después del golpe de 1982 se convertía en el último eslabón de esa cadena.
En una histriónica intervención durante la cual se limpiaba repetidamente el sudor de la frente, César Calderón, el abogado de Ríos Montt, argumentó que la masacre de Dos Erres fue un exceso cometido por un determinado grupo de soldados y que a pesar de que el general retirado era el comandante supremo de las Fuerzas Armadas era imposible que pudiera estar al tanto de cada uno de los movimientos que hacían sus subordinados.
Para refutar ese argumento el Ministerio Público mostró un breve fragmento de la entrevista que la documentalista estadunidense Pamela Yates le hizo a Ríos Montt en junio de 1982, y que aparece en su más reciente documental: Granito. Cómo atrapar a un dictador.
“El valor nuestro está en nuestra capacidad de responder a nuestras acciones de mando. Eso es lo más importante. El ejército está en capacidad de reaccionar. Porque si yo no puedo controlar al ejército, entonces ¿qué estoy haciendo aquí?”, dijo el general retirado en esa ocasión, sin saber que tres décadas después esas palabras lo perseguirían.
La juez Flores concluyó que a Ríos Montt sí se le podía deducir responsabilidad por la masacre de Dos Erres pero –para sorpresa de los familiares de las víctimas y sus abogados– vinculó el caso con el delito de genocidio y no de asesinato.
A Ríos Montt la decisión de la juez le produjo una visible irritación. Seguirá en arresto domiciliario y debe pagar una nueva fianza por 64 mil dólares.
La decisión de la juez tampoco le gustó a Édgar Pérez Archila, abogado de la Asociación Familiares de los Detenidos y Desaparecidos en Guatemala (Famdegua), que actúa como querellante adhesivo en el caso de Dos Erres.
La razón: la decisión de acusar a Ríos Montt por genocidio es una estrategia deliberada para mantenerlo bajo arresto domiciliario en lugar de una prisión preventiva, declaró Pérez Archila después de la audiencia, en referencia a que la juez no podría cambiar la sanción de “arresto domiciliario” si previamente la había aplicado por el mismo delito (genocidio).
El abogado agregó que el caso Dos Erres no encaja en la definición de genocidio ya que las 201 víctimas eran campesinos, no indígenas, provenientes de varios departamentos de la costa sur y no eran un grupo etnolingüístico específico, a diferencia de la población Maya Ixil de Quiché.
Desde su punto de vista, acusar a Ríos Montt de genocidio en este caso abrirá las puertas para que la defensa de éste pueda argumentar con facilidad que esa imputación no tiene mérito.
En la próxima audiencia, que se llevará a cabo el próximo 11 de septiembre, el Ministerio Público y Famdegua aportarán una serie de peritajes de expertos en la materia para demostrar que la imputación correcta es asesinato y no genocidio y lucharán por lograr que la juez cambie de parecer.
Saúl Arévalo salió de la Torre de Tribunales y se detuvo junto a una manta vinílica colocada por sobrevivientes de la matanza y organizaciones de derechos humanos que decía: “Tan culpable el que disparó y mató como el que ordenó. Castigo a los autores intelectuales de la masacre”.
Ahí se quedó varios minutos, con la mirada perdida, pensando en cuán largo y difícil es el camino a la justicia.
Robles Espinoza también analizó la “cadena de mando”, la línea vertical por la que cada integrante del ejército –desde un soldado raso hasta un general– recibe órdenes e informa a sus superiores el resultado de las operaciones realizadas. Esto también se expuso en la audiencia, durante la cual el Ministerio Público argumentó que el general retirado, tras haberse autoproclamado jefe de Estado y de las fuerzas armadas después del golpe de 1982 se convertía en el último eslabón de esa cadena.
En una histriónica intervención durante la cual se limpiaba repetidamente el sudor de la frente, César Calderón, el abogado de Ríos Montt, argumentó que la masacre de Dos Erres fue un exceso cometido por un determinado grupo de soldados y que a pesar de que el general retirado era el comandante supremo de las Fuerzas Armadas era imposible que pudiera estar al tanto de cada uno de los movimientos que hacían sus subordinados.
Para refutar ese argumento el Ministerio Público mostró un breve fragmento de la entrevista que la documentalista estadunidense Pamela Yates le hizo a Ríos Montt en junio de 1982, y que aparece en su más reciente documental: Granito. Cómo atrapar a un dictador.
“El valor nuestro está en nuestra capacidad de responder a nuestras acciones de mando. Eso es lo más importante. El ejército está en capacidad de reaccionar. Porque si yo no puedo controlar al ejército, entonces ¿qué estoy haciendo aquí?”, dijo el general retirado en esa ocasión, sin saber que tres décadas después esas palabras lo perseguirían.
La juez Flores concluyó que a Ríos Montt sí se le podía deducir responsabilidad por la masacre de Dos Erres pero –para sorpresa de los familiares de las víctimas y sus abogados– vinculó el caso con el delito de genocidio y no de asesinato.
A Ríos Montt la decisión de la juez le produjo una visible irritación. Seguirá en arresto domiciliario y debe pagar una nueva fianza por 64 mil dólares.
La decisión de la juez tampoco le gustó a Édgar Pérez Archila, abogado de la Asociación Familiares de los Detenidos y Desaparecidos en Guatemala (Famdegua), que actúa como querellante adhesivo en el caso de Dos Erres.
La razón: la decisión de acusar a Ríos Montt por genocidio es una estrategia deliberada para mantenerlo bajo arresto domiciliario en lugar de una prisión preventiva, declaró Pérez Archila después de la audiencia, en referencia a que la juez no podría cambiar la sanción de “arresto domiciliario” si previamente la había aplicado por el mismo delito (genocidio).
El abogado agregó que el caso Dos Erres no encaja en la definición de genocidio ya que las 201 víctimas eran campesinos, no indígenas, provenientes de varios departamentos de la costa sur y no eran un grupo etnolingüístico específico, a diferencia de la población Maya Ixil de Quiché.
Desde su punto de vista, acusar a Ríos Montt de genocidio en este caso abrirá las puertas para que la defensa de éste pueda argumentar con facilidad que esa imputación no tiene mérito.
En la próxima audiencia, que se llevará a cabo el próximo 11 de septiembre, el Ministerio Público y Famdegua aportarán una serie de peritajes de expertos en la materia para demostrar que la imputación correcta es asesinato y no genocidio y lucharán por lograr que la juez cambie de parecer.
Saúl Arévalo salió de la Torre de Tribunales y se detuvo junto a una manta vinílica colocada por sobrevivientes de la matanza y organizaciones de derechos humanos que decía: “Tan culpable el que disparó y mató como el que ordenó. Castigo a los autores intelectuales de la masacre”.
Ahí se quedó varios minutos, con la mirada perdida, pensando en cuán largo y difícil es el camino a la justicia.
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