EL DESPERTAR- Acteal: 15 años de impunidad- Los gobiernos del dolor- Entre la espada y la pared

El Despertar

¿Y dónde está la oposición?

José Agustín Ortiz Pinchetti

Creo que vivimos un (breve) regreso a la partidocracia que precede la inevitable emergencia de una oposición verdadera. El desplome financiero de 1995 obligó a Zedillo a autorizar la alternancia. Muchos ingenuos creímos que en México tendríamos una transición de terciopelo a la democracia. Pero el debilitamiento del Estado nacional a favor de una estrecha oligarquía (proyecto de Salinas) puso límites insalvables al proyecto democrático. Fox frustró una nueva alternancia hacia la izquierda. No era, ni es verdad, que AMLO representara un proyecto chavista o populista. La razón fue que el tabasqueño era insobornable y sus reformas modernizadoras, muy moderadas, no eran compatibles con las duras predilecciones de los grupos de interés.

 

No creo que Peña quiera restaurar el poder del Estado o establecer una economía de mercado sana o una democracia verdadera. Intentará consagrar los privilegios, las ventajas y corruptelas del sistema oligárquico sustentado en el poder de los monopolios, la concentración de recursos y oportunidades, la eliminación de la competencia, la alianza con los grandes consorcios extranjeros y el manejo de instituciones y partidos por un grupo de potentados. La propuesta de Peña, en particular el Pacto por México, para un liberal como yo, son un infundio. Carece de marco presupuestal, de consenso con la sociedad, de madurez política. No se trata de una reforma profunda y seria. Es políticamente imposible que Peña desafíe a los poderes fácticos que lo encumbraron. Puede intentar quebrar a Elba Esther Gordillo para ganar legitimidad, pero no podrá ir contra quienes le dieron el dinero suficiente para comprar la elección.
 

Una multitud de organizaciones y líderes de opinión están dando su apoyo entusiasta a Peña. Los partidos de oposición parecen querer sumarse al proyecto del mexiquense. Niegan la existencia misma del sistema democrático, que es la contradicción. En lugar de distinguirse y ofrecer opciones quieren diluirse en un consenso optimista. Comprendo que el PAN lo haga, arrastrado por el desaliento. Lo difícil de entender es que el PRD estreche su cercanía con Peña y tome distancia de AMLO, a quien debe casi todos los millones de votos, las curules y gubernaturas que hoy disfruta. La explicación: la nostalgia por la partidocracia: la hegemonía del PRI-gobierno, que mandaba mientras ellos recababan parcelas mucho menores de las que una oposición fuerte, segura de sí misma, pudiera lograr.

 

Es evidente que el PRI no quiere transformarse y Peña no puede cumplir los 95 compromisos con que ha embriagado temporalmente a la opinión pública. Cuando pase la resaca, los actores políticos mostrarán su estatura y habrá campo para una oposición verdadera.

joseaorpin@hotmail.com

 

Acteal: 15 años de impunidad

Se cumplieron ayer 15 años de que un grupo de paramilitares de filiación priísta asesinaran en la localidad tzotzil de Acteal, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997, a 45 personas –mujeres, hombres y menores– y otras 26 resultaron heridas. En aquel momento, el gobierno de Ernesto Zedillo intentó presentar la atrocidad como consecuencia de un conflicto intercomunitario y hasta por la disputa por un banco de arena, pero organizaciones nacionales y extranjeras demostraron que había sido, en realidad, un episodio inscrito en la estrategia de contrainsurgencia aplicada por el Ejecutivo federal contra las comunidades zapatistas, que los criminales recibieron entrenamiento y armas por parte de efectivos militares regulares y que las corporaciones policiales federal y estatal no hicieron nada por impedir la masacre.

 

La impunidad, a lo largo de los tres lustros transcurridos desde entonces, ha sido casi total. En diversas instancias internacionales Zedillo ha sido sujeto de acusaciones por crímenes de lesa humanidad, pero el gobierno de Felipe Calderón le tramitó un estatuto de inmunidad ante las autoridades de Estados Unidos, país de residencia del ex mandatario; Emilio Chuayffet, por entonces secretario de Gobernación, y responsable directo del incumplimiento gubernamental de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, se vio obligado a dimitir, pero no fue ni siquiera investigado, y hoy despacha como secretario de Educación Pública; tampoco se investigó la presunta responsabilidad del ex gobernador chiapaneco Julio César Ruiz Ferro, de Jorge Madrazo Cuéllar, procurador federal en aquel tiempo, ni del general Mario Renán Castillo, a la sazón responsable de la Séptima Zona Militar, ni del que se desempeñaba como secretario de Defensa, el general Enrique Cervantes Aguirre (quien sí ha sido investigado, en cambio, por su presunta participación en el asesinato de 22 campesinos, en el contexto de la guerra sucia de los años 70 del siglo pasado). La lista no es, por supuesto, exhaustiva.
 

En cuanto a los autores materiales de la masacre, varias decenas de ellos fueron juzgados, sentenciados y encarcelados. En 2009 un grupo de operadores judiciales y académicos del régimen consiguió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejara en libertad a 26 de los condenados –con el argumento de que las autoridades habían cometido graves irregularidades en el proceso–, en lo que fue considerado no sólo un nuevo agravio a las víctimas y a los sobrevivientes, sino también un riesgo grave para los segundos.

 

Desde el 22 de diciembre de 1997 han transcurrido, en suma, tres lustros de impunidad. De esa forma sale a la luz el pacto de complicidad que recorre los sexenios sin distinción entre priístas y panistas, y que ha hecho imposible, hasta ahora, el ejercicio de la justicia para crímenes de Estado como la matanza del 2 de octubre de 1968, la guerra sucia impulsada por los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo, los asesinatos políticos perpetrados durante el salinato, las masacres campesinas toleradas o auspiciadas por el gobierno de Zedillo –de las que Acteal fue quizá la más grave, pero no la única– y de la masiva violación a los derechos humanos en el contexto de la guerra contra la delincuencia declarada por Felipe Calderón.

 

El gobierno que inició el 1° de diciembre tiene, con el expediente de Acteal, una oportunidad para demostrar que no representa al PRI de siempre: bastaría con que emprendiera un esclarecimiento verosímil de las responsabilidades de los altos mandos que operaban hace 15 años en los ámbitos federal y estatal, que retirara la inmunidad concedida a Zedillo y que permitiera, en su caso y en los de otros, la actuación libre e irrestricta del Poder Judicial y de instancias internacionales de justicia.

 Justicia divina-Hernández

hernandez@jornada.com.mx

 

Los gobiernos del dolor

Marcos Roitman Rosenmann

La capacidad para adjetivar las políticas de recortes antisociales y antidemocráticos no tiene límite. Tampoco el cinismo y la hipocresía con que actúa la clase política gobernante. Mariano Rajoy, presidente del gobierno; María Cospedal, pluriempleada, secretaria general del Partido Popular y presidenta de la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha, y Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia, se emplean a fondo. Hablan de dolor a la hora de aplicar las políticas de ajuste presupuestario. Para ejemplarizar cuál es su estado de ánimo, Gallardón ha puesto de moda una frase que está en boca de muchos ministros y de Rajoy: Gobernar consiste en repartir dolor. Pero en la repartición hay quienes lo infringen y administran y otros que lo reciben y padecen. En esta crisis las decisiones no afectan por igual a unos y otros. Torturador y torturado no son lo mismo. Pensar en el sufrimiento y el dolor ajeno para quienes se benefician del mismo no deja de ser un comportamiento rayano en la enfermedad patológica. Ellos sienten el dolor ajeno, aunque no hacen nada para remediarlo. Gracias a sus lumbreras, la vida cotidiana en España se llena de dolor. Veamos.

 

Los bancos de alimentos se han convertido en alternativa para miles de familias en paro. Sin ingresos estables ni prestaciones sociales, ni tarjeta sanitaria, con hijos en edad escolar, sin becas ni ayudas, acuden a ellos para recibir una cuota de alimentos para sobrevivir. Pasta, leche, huevos, azúcar, arroz, galletas y alguno que otro enlatado. También se aprovisionan de artículos de limpieza y aseo personal. No pierden la dignidad y salen adelante. Asimismo, las campañas navideñas de organizaciones no gubernamentales (ONG), caracterizadas por ubicar sus objetivos solidarios en África, Asia o América Latina, hoy demandan alimentos para bancos y comedores sociales en España. Sus peticiones dejan al descubierto la desarticulación del estado de bienestar. La brecha entre ricos y pobres se profundiza. España se torna dual. Las diferencias sociales se hacen visibles. Imágenes de la posguerra civil, en los años 40, con cartillas de racionamiento, hambre y pobreza vuelven a estar presentes. Se trata de gente pidiendo en las calles, semáforos, el Metro, durmiendo entre cartones, yendo de casa en casa solicitando algún producto para alimentar a la familia o trabajo. Ya no son vagabundos o marginales. Son trabajadores desahuciados, despedidos de su trabajos que viven en coches con su prole y no reciben prestaciones. Vuelve la España dual, excluyente, caciquil y oligárquica.

La ilusión de una sociedad moderna se difumina. La Constitución es papel mojado. Ni social ni democrática ni de derecho. Las pensiones se congelan, la educación se torna confesional. Se impone la asignatura de religión católica en los colegios públicos. La vivienda es un lujo al alcance de pocos. Pero los bancos mantienen cerradas más de medio millón de viviendas. La justicia sigue el mismo camino, los ciudadanos, por recurrir sentencias o acudir a los tribunales, deberán pagar elevadas tasas. Se elimina el concepto de justicia redistributiva y garantista. Sólo tendrán justicia quienes tengan dinero. El turno de oficio se restringe. La sanidad se entrega a empresas cuyo fin consiste en obtener ganancias. Ninguno de los beneficiarios de las privatizaciones de hospitales y centros de salud pertenecen a la esfera sanitaria. Son empresas afincadas en la construcción, coresponsables de la burbuja inmobiliaria. Ahora, en medio de la crisis, trasladan su codicia a la sanidad. La salud, si se privatiza, se convierte en un buen negocio para especuladores sin escrúpulos. Los beneficiaros son conocidos. Dragados y Contratas, Sacyr, Acciona, Hispania o FCC. Pertenecen a bancos como BBVA, BSCH y similares. Así administran dolor.
 

Mientras se pone a la venta el sistema sanitario, la justicia, la educación, las compañías aéreas, las universidades, los aeropuertos e infraestructuras, algo inédito comienza a extenderse por Europa. Familias noruegas, danesas y suecas inician un plan de apadrinar familias españolas en situación de exclusión. Son decenas los beneficiarios. Les pagan el alquiler de la vivienda y les mandan dinero para hacer frente a la educación de sus hijos.

 

En otras esferas el problema es similar. Los fondos para investigar se han reducido 75 por ciento, con el consiguiente cierre de laboratorios y líneas de investigación. Trabajos pioneros sobre sida, cáncer, genoma humano, etcétera, se tiran a la basura. Se disuelven equipos interdisciplinarios y los profesionales desilusionados, con sueldos de miseria, abandonan por impotencia. En los años 80 muchos de ellos, con carreras prometedoras en el extranjero, regresaron bajo el compromiso de obtener contratos y una inversión amplia en I+D. Se sienten engañados. La fuga de cerebros se generaliza en todas las disciplinas. Física, química, ingeniería, medicina, ciencias ambientales, nuevas tecnologías, etcétera. Muchos de ellos hacen maletas. La juventud, sin futuro, busca fuera una opción de vida digna. No importa en qué ni cómo. Pero la ministra de Trabajo lo interpreta como resultado del espíritu de aventura y afán de conocimiento de una juventud llena de vida.

 

Los trabajadores han sido las víctimas propicias de esta política de repartir dolor. Los empresarios acumulan, reciben beneficios, se dan la gran vida, pero exigen austeridad y moderación salarial. El despido libre se generaliza. La reforma laboral, desde su aplicación, ha visto aumentar las cifras de paro en más de medio millón de personas. Suma y sigue. La criminalización de las protestas da un salto cualitativo. La policía tiene orden de tomar datos a manifestantes y pasarlos al Ministerio de Interior. De manera aleatoria se pide la documentación y en una o dos semanas reciben una multa de entre 300 y 500 euros por disturbios o resistencia a la autoridad.

La avalancha de estudiantes, maestros, médicos, enfermeras, jueces, fiscales, abogados, pensionistas, minusválidos, jornaleros, obreros, funcionarios, bomberos, asociaciones de vecinos, amas de casa, consumidores y parados crece y se extiende. Políticos mediocres, agazapados en un discurso ramplón, recurren al argumento de la fuerza. Reprimen. La policía, local o nacional, toma las calles de ciudades y pueblos. Intimidan, increpan, disparan balines de goma, bombas de humo y a los detenidos los maltratan y torturan. Los grupos especiales antidisturbios no llevan identificación a la vista, aspecto obligatorio. El gobierno los protege, archiva las causas en caso de acusaciones o los indulta directamente si son condenados por la justicia. Esa es la forma de administrar dolor. En otras palabras: el que parte y reparte se lleva la mejor parte. Unos nacen para mandar y otros para obedecer. El señor sea con nosotros. Amén.

 

Entre la espada y la pared

Bárbara Jacobs

En una comida y ante la decena de amigos ahí reunidos, el anfitrión me preguntó qué opinaba yo, que aunque atenta permanecía callada. Sin pensarlo, sonriente contesté que yo no opinaba, y me mantuve en la postura del silencio a pesar de la pausa expectante que se hizo en la plática, como si quienes la sostenían hubieran supuesto que decir Yo no opino era sólo una manera de introducir alguna respuesta a la invitación a opinar. Pronto sin embargo se reanudó la conversación, más animada ahora, quizá confiada en que no contaría con una opinión hasta ese momento temida porque era la única que no se daba.

 

Por mi parte el incidente me reincorporó al camino de la reflexión del que para descansar me desvío en ocasiones como la que originó que declarara que yo no opinaba. Si me encontraba relajada oyendo la crónica que hacían a mi alrededor de una fiesta de disfraces a la que la mayoría de los presentes habían asistido, la invitación a opinar interrumpió mi descanso y al reintegrarme a la reflexión me inquietó.

No niego que en un momento dado habría querido, si no opinar nada, sí preguntar en voz alta si bromeaban y lo que referían no era sino producto de su imaginación, tan increíble me pareció que gente como la que nos rodeaba a mi pareja y a mí, entre politólogos, historiadores, periodistas y fotógrafos profesionales, hubiera realmente asistido a una cena de disfraces –en estos principios del siglo XXI, en un país con una alta población en la miseria, en un mundo en graves crisis económicas y sociales. Y preciso, no se referían a ninguna cena de disfraces convocada con fines críticos o denunciantes del estado de cosas sino, según los oí proclamar, con la expresa finalidad de enaltecer la nostalgia de los años 50 del siglo pasado, o algo todavía más banal.

Pero digo que después de haber sido orillada a declarar que yo no opino, me reincorporé a mi costumbre de reflexionar sobre lo que declaro al ser sorprendida cuando no estoy reflexionando, y lo cierto es que me pregunté por qué no había opinado si tenía una opinión al respecto y si me extendieron la invitación a externarla.

De estos hechos acá, en más de una situación he refrescado las reflexiones que me hice entonces. Por qué no opinar cuando tengo una opinión que ofrecer y cuando, aparte de ocasión para manifestarla, pugna por salir de mí una naciente y creciente necesidad y quizás hasta obligación de expresarla. Confieso que las razones que suelen tenerme maniatada no tienen tanto que ver, como lo parecería, con la indiferencia ni con la timidez, ni tampoco con el temor a ser imprudente o, tal vez, a equivocarme; tienen que ver, debo admitir, con los términos más amplios de la amistad o esprit de corps, y lo digo a riesgo de que tanta nobleza no sea más que el disfraz de una actitud nada loable, como puede ser la de la cobardía.
 

Y es que en mi medio en estos días se ha dado un caso que ante mí misma ha puesto a prueba como nunca mi capacidad y mi deber de opinar. Me refiero a la acusación de plagio que se ha hecho a dos escritores de lengua hispana, con consecuencias que en calidades importantes atentaron contra México, específicamente contra una de las instituciones y una de las empresas que, con absoluta justificación, le han dado a este país su mejor tradición y prestigio nacional e internacional, como son la Universidad Nacional Autónoma de México y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Pero por lo que hace a construir mi opinión al respecto, el punto decisivo que tienen en común los dos acusados y el que yo he tomado en consideración es que, aparte de ser colegas míos y más o menos de mi edad, en un sentido amplio Sealtiel Alatriste y Alfredo Bryce-Echenique, mientras no me demuestren lo contrario, son mis amigos.

 

Y si es cierto que algunos de sus acusadores también son mis amigos, y que no puedo negar que las acusaciones que les hacen a los acusados contengan más que un poco de verdad, porque es peor tachar a un amigo que casi toda ley, con el sabio griego Quilón, quien en un juicio en contra de su amigo tuvo que decidir en favor de éste aunque era culpable, yo decido en favor de Alatriste y de Bryce, quizá porque el sentido amplio que define mi concepto de amistad contempla, si no términos sólo atribuibles a un santo como son la piedad y el perdón, sí la idea sisifística de la segunda oportunidad.