Abren la puerta a relección presidencial

Astillero

Abren la puerta a relección presidencial

Provisional podría regresar

Clave, secretario de Gobernación

Curules y escaños a sorteo

Julio Hernández López

CITA EN SAN LÁZARO. El secretario Francisco Blake compareció ante la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados con motivo de la glosa del quinto Informe presidencial. El funcionario abogó por la reforma política, en especial la relección de representantes populares, que la víspera fue rechazada en comisionesFoto José Antonio López

L

a miscelánea de modificaciones en materia política que está por aprobarse en la cámara de diputados abre la puerta a una forma de relección presidencial, pues un secretario de gobernación podría ser nombrado presidente provisional de la república, ejercer el cargo durante un tiempo susceptible de alargamiento por confusas interpretaciones y contender más delante para regresar al cargo por seis años más.

El dictamen aprobado la madrugada de ayer por dos comisiones unidas de la cámara de diputados, sobre el cual habrá de votar el pleno tal vez la semana venidera, propone excluir del articulado constitucional la inhabilitación explícita para que un presidente sustituto pudiera aspirar a volver a ejercer el máximo cargo del país. El nuevo artículo 83 de la Constitución diría ahora así: El Presidente entrará a ejercer su encargo al inicio del día 1º de diciembre y durará en él seis años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, electo popularmente, o con el carácter de interino o substituto, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto. En la nueva redacción se incluyeron las palabras al inicio del día, para evitar indefinición cronológica del momento de transmisión del poder y se eliminó el término provisional, con lo que se abre la puerta para que quien con ese carácter emergente se llegue a instalar en la silla presidencial pueda optar por la relección, posibilidad hasta ahora tajantemente prohibida bajo cualquier circunstancia.

La peculiar aparición del secretario de gobernación como provisional en caso de ausencia del presidente en funciones obedece a la intención de establecer un orden de relevo urgente, a reserva de lo que luego deberá resolver el congreso. El mecanismo automático de relevo del presidente pasa por el titular de Bucareli, pero en las consideraciones originales se establecía que en su ausencia o imposibilidad del de Gobernación se optaría por el secretario de Hacienda o, por último, el de Relaciones Exteriores. Ese presidente no podría nombrar ni remover secretarios del gabinete ni al procurador de justicia más que con aprobación del Senado y deberá rendir un informe de labores en un lapso de 10 días después de dejar el cargo. En una de las hipótesis que se autorizarían estaría la de que el secretario de gobernación, o el que fuera designado presidente conforme al orden de prelación antes mencionado, pudiera estar al frente del poder ejecutivo por 60 días de licencia del titular.

La parte interesante, que escapó al ánimo de protesta de quienes se han enzarzado en la defensa de la relección inmediata... para diputados y senadores, está en un considerando que reza así: Quien de esa manera ocupe provisionalmente la Presidencia de la República no estará impedido para ocupar el cargo en el futuro, ya sea porque sea nombrado por el Congreso de la Unión como Presidente Interino o Sustituto, o bien porque sea electo popularmente para ocupar la Presidencia de la República en la correspondiente elección federal.

Aparte de la apertura de puerta a una forma de relección presidencial, el dictamen que votarán los diputados federales contiene imprecisiones que en un contexto político volátil y violento podrían dar paso a interpretaciones sesgadas. Hay el temor entre algunos legisladores de que mediante maniobras relacionadas con plazos, procedimientos y otros términos pudiera prolongarse indebidamente la duración en el cargo del presidente sustituto que luego podría ser candidato presidencial.

También se considera la posibilidad de que el presidente de la cámara de senadores sea el presidente sustituto si al inicio del periodo sexenal existe una falta absoluta del electo. Sugerente ha sido la propuesta, rechazada en comisiones, de que en caso de que por cualquier circunstancia el presidente no pudiera rendir la protesta (...) lo hará de inmediato ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, se intentaba suprimir la obligación de la toma de protesta ante la representación popular electa por voto directo, que es el congreso de la unión, y se trasladaría, en cualquier circunstancia (como la de 2006, por ejemplo), a una sola persona que ni siquiera habría sido electa por voto popular y que habría sido propuesta para el cargo por el poder ejecutivo.

En ese marco de enredos y acechanzas, refresca saber lo que el joven investigador Omar Alejandre ha propuesto como fórmula para redescubrir la democracia a través de una fórmula verdaderamente ciudadana que llevaría a cubrir por sorteo popular una parte de las actuales diputaciones y senadurías asignadas mediante el principio de representación proporcional. La idea es introducir otro método para elegir legisladores: el muestreo aleatorio simple, o el sorteo de ciudadanos independientes interesados en ser diputados o senadores, explica el autor, que participa en un concurso del CIDAC. En j.mp/r6jUKT puede leerse el texto y darle clic de apoyo en el concurso que cierra hoy.

Astillas

Estados Unidos endurece el gesto al declarar formalmente al narcotráfico mexicano como la principal amenaza a la seguridad nacional de aquel país, por encima de zonas de guerra explícita. Pero, mientras crece el escepticismo o la franca descalificación a la historia del complot que habría colocado a Los Zetas en apoyo terrorista a presuntos planes de Irán para asesinar a un diplomático en Washington, el presidente gringo extiende felicitación a Felipe Calderón por la ayuda recibida. Bueno, hasta Chente Fox ha dicho que el asunto ha sido una tomadura de pelo... Y, mientras AMLO anuncia que ante la falta de partidos de izquierda confiables se crearán otros movimientos ¡feliz fin de semana, con la caravana bélica gubernamental encaminándose a La Laguna, en un abierto plan extensivo de la militarización!

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Ley correcta, realidad no tanto

El pleno de la Cámara de Diputados avaló ayer, por unanimidad, las reformas a los artículos 3 y 31 de la Constitución, que hacen obligatoria la educación media superior. De acuerdo con la minuta aprobada en San Lázaro –que tendrá que ser avalada por la mayoría de los congresos estatales–, la obligatoriedad del bachillerato será gradual y se iniciará a partir del ciclo escolar 2012-2013, hasta lograr la cobertura total en sus diversas modalidades en el país, a más tardar en el ciclo escolar 2021-2022.

Las reformas referidas constituyen un avance en la adecuación del marco legal vigente a las necesidades sociales del país. Pero, aunque el propósito que se persigue resulta incuestionable, esas modificaciones no bastan para llevarlo a cabo.
En principio, el país arrastra un rezago histórico en materia de cobertura educativa: actualmente, cuatro de cada 10 jóvenes en edad de cursar el bachillerato se quedan sin ingreso a los ciclos de educación media superior, no sólo por las carencias de su preparación escolar previa, sino por falta de cupo en los planteles públicos; tales niveles de exclusión son consecuencia de la asfixia presupuestaria, el abandono y la precariedad a que ha sido sometida la educación pública por los gobiernos neoliberales, incluido el actual. Para que dicha reforma cuente con condiciones mínimas de cumplimiento es necesario, en primer lugar, que el Estado cumpla con sus obligaciones constitucionales y legales de garantizar educación gratuita y de calidad para todos los mexicanos, así como frenar el proceso de conversión de la enseñanza en un producto disponible sólo para quienes puedan adquirirlo, proceso negado por los gobernantes de las tres décadas anteriores pero convertido en una alarmante realidad hoy día.
Por otra parte, en un momento social caracterizado por el aumento de la pobreza y la miseria, la desigualdad, el desempleo, la exclusión y la marginación, la cobertura universal en educación media superior sólo puede ser vista como un buen deseo. El mismo paradigma neoliberal que ha llevado al sistema de educación pública a grados de desastre, ha construido un país en el que buena parte de las familias no cuentan con recursos suficientes para enviar a sus hijos a la escuela –y, en no pocos casos, para garantizar siquiera las necesidades mínimas de alimentación y vivienda– y en el que éstos carecen, en consecuencia, de horizontes de desarrollo personal distintos a la economía informal, la emigración, la delincuencia o, en el mejor de los casos, la incorporación a trabajos mal pagados, precarios e inseguros.

De esta manera, aunque las reformas citadas son positivas, se corre el riesgo de que su aprobación acabe por dar paso a una nueva circunstancia de simulación legal –como ocurre, por ejemplo, con los preceptos constitucionales del trabajo y la vivienda dignos y del salario remunerador–, o que, peor aun, se convierta en un pretexto para criminalizar y acosar a aquellas familias que, agobiadas por circunstancias de carencia económica y marginación social, no puedan cumplir con las obligaciones ciudadanas que se desprenden de las reformas comentadas.

En ocasiones, los cambios en las leyes pueden funcionar como catalizadores de cambios en la realidad social misma, y cabe esperar que sea precisamente eso lo que ocurra con la reforma constitucional referida. Pero para ello es necesario también modificar la postura de la administración hacia el sistema educativo, el cual es utilizado hasta ahora como carta de cambio en la negociación de favores políticos y como anacronismo estorboso para la plena privatización de la enseñanza. Es preciso, asimismo, crear las condiciones sociales y económicas para que las familias puedan enviar a sus hijos adolescentes a la escuela durante tres años más que los actualmente estipulados y puedan, además, tener la certeza de que el esfuerzo vale la pena. En suma, el cumplimiento efectivo y universal de la educación obligatoria hasta el bachillerato pasa necesariamente por reorientar la política económica para impulsar la generación de empleos, y fortalecer el poder adquisitivo de los salarios y de los ingresos de los sectores mayoritarios de la población.