Justicia + aborto legal = menos delincuencia
Gabriela Rodríguez
La suma de justicia y aborto legal resulta en menor delincuencia a mediano plazo. Tal es la ecuación demostrada por John Donohue y Stephen Levitt, profesor de las universidades Yale, Stanford y Harvard, el primero, y del MIT y Chicago, el segundo. Hace cuatro años, en ocasión de la despenalización del aborto en la ciudad de México, referí los resultados de ese estudio, y pienso que hay que recordarlo ahora, ante el reciente fallo de la SCJN, con el cual se sostiene la criminalización del aborto en dos entidades del país.
Los dos economistas habían enfocado sus estudios al impacto de las políticas públicas en el empleo, la violencia y la delincuencia; sin embargo, al no encontrar una explicación satisfactoria sobre el persistente decremento del crimen en cinco entidades de Estados Unidos y ante la casi nula correlación con factores generalmente asociados, tales como los niveles de encarcelamiento, el número de policías, la tasa de empleo, el ingreso per cápita, la tasa de pobreza o estrategias específicas para mejorar el trabajo policiaco ellos se dieron a la tarea de profundizar en el análisis de otros indicadores. Cuál no sería su sorpresa al descubrir que la única variable explicativa era el acceso a servicios de aborto legal. El estudio “El impacto de la legalización del aborto en la delincuencia” fue publicado en mayo de 2001 por el Quarterly Journal of Economics, y ofrece evidencia de que la legalización del aborto contribuye significativamente a la reducción de la delincuencia. Aquí las conclusiones: en los cinco estados donde se inició desde 1969 la liberalización del aborto (Nueva York, Washington, Alaska, Hawai y California) la reducción de la delincuencia comenzó más tempranamente que en el resto. Los estados con tasas más altas de aborto en los años 70 y 80 presentan las mayores reducciones de delitos en los 90, veinte años después; en otros se registra un declive del crimen entre jóvenes que nacieron posteriormente a la legalización nacional del aborto, y que presentaron una alta incidencia de interrupción del embarazo, llevando control estadístico sobre el factor del boom económico. Entre las correlaciones importantes hay que señalar que la edad pico para la actividad criminal se ubica entre los 18 y los 24 años, que es el tiempo relativo en que empezó a declinar la delincuencia, y que se presentaron tasas desproporcionadamente altas de aborto entre madres pobres y con baja escolaridad, cuyos hijos califican con probabilidad estadística para convertirse en delincuentes, así que el estudio también enfatiza que el riesgo de criminalidad sigue siendo una de las consecuencias de la inequidad social. Los investigadores afirman: “Nosotros solamente encontramos que los niños no deseados son más propensos a cometer delitos que los que fueron deseados”, y ante discusiones sobre posibles intereses ideológicos o clasistas se defienden: “No consideramos que abortar sea un buen método para prevenir el delito”. El estudio concluye que la legalización de la interrupción del embarazo da cuenta de 50 por ciento de la reciente reducción de los delitos (sobre todo homicidio, robo y violencia) y que la evidencia es consistente: se reducen las tasas con un intervalo de 20 años. El aumento del encarcelamiento entre 1991 y 1997 creció 50 por ciento en este periodo, pero el crimen descendió a 10 por ciento, así que juntos, aborto y aumento del encarcelamiento explican en mucho, si no es que el total del decremento de la delincuencia. “Aunque ese descenso es un fenómeno muy positivo –señalan los autores–, el vínculo entre el aborto y el crimen no debe ser interpretado como respaldo al aborto ni como un llamado a la intervención del Estado en decisiones que sólo competen a las mujeres. Es necesario considerar que las opciones de vida de quienes nacen únicamente porque sus madres no pudieron abortar son relativamente opacadas frente a los bebés que sí fueron deseados, y cuya probabilidad de ser delincuentes es baja”.
¿Cuántos de los sicarios y miembros del crimen organizado son hijos no deseados? Probablemente muchos. Con base en la evidencia me arriesgo a proyectar: si se sostiene el derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) en la ciudad de México y se lucha efectivamente contra la impunidad, en 16 años (ya van cuatro de ILE) ocurrirá un descenso de 20 por ciento de delincuentes en nuestra ciudad capital. Para que esas políticas se extiendan a todo el país hay que llevar a la Presidencia a los candidatos que han gobernado en el Distrito Federal. O seguirá ocurriendo lo contrario en el interior: se llevará a la cárcel a las mujeres que abortan en vez de a los delincuentes, seguirán naciendo más hijos no deseados y creciendo los índices de delincuencia, porque además faltó un solo voto en la SCJN para declarar la inconstitucionalidad de las leyes antiaborto de los gobiernos locales.
Por eso celebro que Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard vayan como precandidatos a la Presidencia de México. Me parece crucial que Andrés Manuel haya señalado el domingo pasado que “si no hay cambio de régimen no será posible detener el proceso de degradación progresiva que padecemos”, y valoro en especial que mencionara que en la lucha contra la inseguridad, además de educación y empleo para la juventud es necesario el respaldo de las fuerzas progresistas del país.
Twitter: @GabrielaRodr108
Aumento de tarifas detrás del apagón de SDG&E de Sempra
Jaime Martínez Veloz
Un mes después del apagón del 8 de septiembre del 2011, que dejó a millones de personas sin energía eléctrica en los estados de California, Baja California, parte de Sonora y Arizona, no existe reporte alguno, validado por dependencias mexicanas o estadunidenses, que explique desde el punto de vista técnico las causas que generaron el colapso energético que impactó la vida económica de esta región fronteriza binacional.
La explicación pedestre de SDG&E de Sempra, compartida por la CFE, convertida hoy en “oficialía de partes de Sempra”, acerca de que el apagón se debió a un “error humano” de un trabajador en una pequeña subestación de energía en Yuma, ha sido calificado por la Red de Acción Consumidores de Servicios Públicos de California (UCAN) de argumento cuestionable, deshonesto y descarado.
SDG&E de Sempra no sólo dejó sin energía a esta poblada región fronteriza sino también hoy ha oscurecido la investigación sobre las causas (o los motivos) que generaron el apagón del 8 de septiembre. Oficialmente y por escrito SDG&E ha informado a los consumidores estadunidenses que no dará ninguna información a la ciudadanía, la cual, según Sempra, “sólo serviría para confundir al público”.
Las preguntas que se hace la comunidad fronteriza en el sentido de ¿qué fue exactamente lo que salió mal?, ¿por qué se apagó la planta de San Onofre?, ¿por qué toda la red de energía de San Diego y Baja California se derrumbó por un cortocircuito?, ¿quiénes son los responsables principales del apagón?, no han tenido ninguna respuesta oficial de Sempra Energy.
Sin embargo, la directora de Sempra, Debra Reed, una semana después del apagón declaró al diario San Diego Union Tribune que han solicitado a la Comisión Reguladora de la Energía en California una autorización para el incremento de tarifas eléctricas, con el propósito de invertir en tecnologías que ayuden a mejorar la eficiencia a largo plazo de las operaciones de la empresa.
La estrategia de Sempra es clara y descarada: sobre el apagón, no da ninguna información, pero diseña una estrategia para que la Comisión Reguladora de Energía en California le autorice un aumento a las tarifas eléctricas de mil 500 millones de dólares durante los próximos cuatro años, lo que significa un incremento de 7 por ciento con respecto a las tarifas actuales. De esta manera, al mantener en la oscuridad la información técnica que brinde una explicación detallada de las verdaderas causas que originaron el apagón, ganará el tiempo necesario para mantener en el imaginario colectivo la idea de que un aumento a sus ingresos es lo que evitaría la repetición de otro colapso energético de esta envergadura.
De acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía de California (CPUC) se llevarán a cabo ocho audiencias en el condado de San Diego, los días 10, 11, 12 y 13 de octubre, donde la compañía SDG&E de Sempra ofrecerá sus argumentos sobre el incremento de las tarifas eléctrica de mil 500 millones de dólares.
Sin embargo, lo que no puede ocultar Sempra Energy es el enorme despilfarro y las ganancias exorbitantes de sus directivos, en medio de una crítica situación económica que ha golpeado a los ciudadanos en ambos lados de la frontera.
¿Cómo puede justificar Sempra Energy la solicitud de un incremento en sus tarifas considerando lo que ganan los directivos de la empresa, como es el caso de Donald E. Felsinger, el cual él solo tuvo un ingreso en el año 2010 de casi 6 millones de dólares por parte de la empresa?
¿Con qué cara justifica Sempra una solicitud de aumento a las tarifas eléctricas cuando en los terrenos de la regasificadora de Ensenada el mismo Donald E. Felsinger se construyó una mansión de descanso con un valor de arriba de 20 millones de dólares, cuyo gasto y dispendio fue denunciado por el ex contralor de Sempra Rudy Michelon, y la supervisora del condado de San Diego, Dianne Jacobs, solicitó que se abriera una investigación judicial al respecto?
¿De qué manera pueden justificar la solicitud del aumento a las tarifas cuando en las compras de terrenos para la regasificadora de Ensenada Sempra pagó más de 8 millones de dólares por una parcela ubicada a cientos de kilómetros del lugar donde se ubica la planta, en una operación financiera cuyo único propósito sólo fue eludir el pago de impuestos a la Secretaría de Hacienda en México?
¿Cómo le explicará Sempra a los ciudadanos de San Diego que necesita incrementar las tarifas para pagar millones de dólares que gasta en corromper a autoridades mexicanas, en contratar despachos de abogados, apoyar campañas políticas en México, intervenir en procesos electorales en forma ilegal y anticonstitucional, gastar en ostentosas campañas publicitarias para generar una falsa imagen de seguridad en la empresa, que con el caso del apagón se demostró que es inexistente?
Mientras la grave crisis social azota la economía de los contribuyentes en ambos lados de la frontera, la empresa SDG&E de Sempra, amparada en el temor de la ciudadanía frente a nuevos apagones, intenta incrementar las tarifas para aumentar las ganancias de sus funcionarios y su política expansionista y monopolizadora del suministro de la energía en esta región fronteriza binacional.
Para detener las pillerías de esta clase política y económica, es necesario fortalecer los lazos de unión entre las organizaciones ciudadanas en ambos lados de la frontera; sólo así Sempra verá derrotada su estrategia, que desde hace años viene afectando la vida económica, social y política de esta región del mundo.
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