El asalto- Tortilla: mil 752% de aumento

El asalto

Luis Javier Garrido

El incremento de la violencia oficial está marcado ahora por la decisión de los panistas con vistas al 2012 de entregar el control de las costas mexicanas a las agencias estadunidenses.

1. El gobierno calderonista se está lanzando a una nueva escalada de violencia con vistas a crear mejores condiciones para que prosiga la toma de control de Washington del territorio nacional –esta vez en las costas–, y extremar un clima de amedrentamiento en 2012, pero precisamente por la cesión que ha venido haciendo al gobierno estadunidense de funciones del Estado mexicano, y por su responsabilidad criminal en la introducción masiva de armas a México, la creación de grupos paramilitares y la muerte de miles de mexicanos, Felipe Calderón está actuando con una profunda inseguridad y el nerviosismo se ha apoderado de sus voceros.

2. La introducción masiva de miles de armas estadunidenses destinadas a paramilitares, grupos criminales y narcos, como vía para extremar la violencia en nuestro país, acelerar la descomposición social y justificar la injerencia de Washington fue pactada en 2006 por Calderón con el gobierno de Bush, pretendiendo mantener está información en la oscuridad. Pero cuando por azar fue descubierto el operativo Rápido y furioso (Fast and furious), a principios de marzo de este año, y el procurador Eric Holder dijo el día 10 de ese mes que Calderón sabía todo, ambos gobiernos se enredaron en una serie de mentiras absurdas pretendiendo ocultar lo que habían realizado de común acuerdo que ahora parece repetirse tras hacerse público, el 4 de octubre, que entre 2006 y 2007 se llevó a cabo el operativo Receptor abierto (Wide receiver), de rasgos similares.

3. La creación de grupos paramilitares por el gobierno calderonista y el temor a que esta realidad se conozca ha aumentado la perplejidad de quienes pretenden estar gobernando al país. Los paramilitares mexicanos del siglo XXI, creados por las autoridades actuales, y capacitados por las fuerzas armadas siguiendo el modelo colombiano, han sido en estos cuatro años un elemento fundamental de la “guerra contra el narco” –que en realidad es una guerra sucia contra México y los mexicanos–, para eliminar oponentes, aterrorizar a la población con escenas cotidianas de horror, intensificar la violencia irracional y reordenar el narcotráfico conforme a los intereses de Washington. La mayor parte de las ejecuciones y actos de barbarie de estos meses han sido originados por estos grupos, que son parte del Estado, aunque se atribuyan a la noción vaga de “el crimen organizado”. De ahí la irritación de los voceros de Calderón al afirmar una y otra vez: “los paramilitares no existen”.

4. ¿Dónde se encuentran entonces los límites del Estado? ¿Y los del crimen organizado? ¿No son en el modelo panista “Estado” y “crimen organizado” las dos caras de una misma moneda?

5. El enredo declarativo del titular de Bucareli, Francisco Blake, y la vocera de Los Pinos, Alejandra Sota, que en más de 10 ocasiones han repetido que “los paramilitares no existen”, confirma esa confusión de los panistas entre lo público (el Estado) y lo privado (los cárteles), que para ellos parece ser a la inversa. Desde que Sota negara su existencia el 27 de septiembre, Blake hiciera lo propio al día siguiente y ella lo confirmara el día 29, hasta la firma de los pactos en Veracruz y en Guerrero, la prensa ha documentado la existencia de estros grupos, y en particular de “los matazetas”, que han asumido el rol protagónico en Veracruz (y como si fuera poco, en nombre del propio gobierno), su papel se discutió en el Congreso estadunidense el 30 de septiembre y merecieron la portada de Proceso 1822.

6. La afirmación hecha el día primero de octubre por el gobernador texano Rick Perry, aspirante a la investidura republicana para 2012, en el sentido de que de llegar a la Casa Blanca enviaría tropas a México, no hace más que reflejar un sentimiento creciente en Estados Unidos que ha sido forjado por las políticas antinacionales de Calderón. De ahí la vergonzosa aclaración del embajador Arturo Sarukhán, que en vez de refutar con patriotismo tamaño despropósito se limitó a decir que esa medida no estaba “sobre la mesa”, es decir que aún no la han discutido.

7. La decisión del gobierno de Obama de incrementar su presencia camuflada en México la hizo empero patente el general Barry McCaffrey, ex zar de las drogas, en una entrevista con El Universal (5 de octubre), en la cual sostuvo que esta guerra es para dirimir quién va a gobernar a México, si un sistema democrático o las organizaciones de narcotraficantes, que son “la mayor amenaza criminal para Estados Unidos” pues ya constituyen la más importante” entidad del crimen en más de 2 mil ciudades estadunidenses, donde, añadió, están reclutando a jóvenes de su país, por lo que el problema se sitúa no sólo en la frontera norte sino también en las costas mexicanas y en la frontera sur, lo que obliga a Washington a acordar a México más de los mil 300 millones que le ha dado en estos tres años, pues en Afganistán se entregan 10 mil millones al mes.

8. La nueva escalada de la violencia decretada por Washington se inició con el otoño en Veracruz bajo el esquema de los últimos años: los paramilitares incrementaron sus acciones, de las cuales la más impactante fue el arrojar el 20 de septiembre 35 cuerpos en Boca del Río, y en pocos días se instauró un clima de violencia inusitada. Enmedio de un creciente desconcierto, las autoridades calderonistas culparon veladamente al gobierno local de “ineptitud” para terminar obligándolo a suscribir, el 4 de octubre, en un inusitado acto solemne –en el que estuvieron los titulares de Gobernación, Defensa, Marina y Seguridad Nacional– un “acuerdo” violatorio de la autonomía estatal y municipal enmarcado en el operativo “Veracruz seguro”, en el que las policías estatal y municipales se subordinaron a los cuerpos federales (a su vez subordinados a las agencias estadunidenses), lo que no fue muy difícil de alcanzar con el gobierno del priísta Javier Duarte, admirador del franquismo español como Calderón, y en el que como era de suponerse se ha dado el control de las operaciones a la Marina nacional (Milenio Diario del 5 de octubre), el cuerpo más doblegado a las agencias estadunidenses.

9. En Veracruz desembarcaron en 1847 las tropas de Winfield Scott para marchar hacia la capital, en 1914 otro desembarco de los marines en el puerto buscó frenar los cambios revolucionarios, y ahora ahí se le abre la vía a Washington para controlar las costas mexicanas. La selección de Veracruz no ha sido por consiguiente un azar, pues responde al esquema implícito en la Iniciativa Mérida, que recordaba el general McCaffrey. Estados Unidos quiere el pleno control de las costas mexicanas, y para que no se dude el jueves 6 se anunció un operativo similar en Guerrero.

10. El asalto de la ultraderecha panista al poder en México ha significado un baño de sangre para México y la entrega del país a Estados Unidos, todo ello en nombre de la sinrazón del capitalismo neoliberal, por lo que el clamor de “¡Ya basta!” ha de ir sostenido cada vez más por una movilización sin precedentes.

FUENTE : LA JORNADA

México SA

Tortilla: mil 752% de aumento

A 12 años del fin del subsidio

Precio: “factores coyunturales”

Carlos Fernández-Vega

Para beneficiar a los mexicanos” –de acuerdo con la versión oficial–, desde 1999 los genios de la tecnocracia nacional decidieron cancelar el subsidio gubernamental a la tortilla, porque “con la apertura del mercado y la competencia entre los productores se logrará abatir el precio de este alimento básico en la dieta popular, lo que favorecerá ampliamente a los consumidores”, según rezaba el anuncio del gobierno zedillista. Doce años después de tan inteligente medida, el saldo es espeluznante: el precio promedio de dicho producto se ha incrementado mil 752 por ciento, una proporción casi 19 veces superior al crecimiento de la inflación reconocido por el Banco de México y, ahora, el Inegi, y 21 tantos por arriba del “avance” salarial.

De ese tamaño ha sido el “amplio beneficio” (tecnócratas dixit) obtenido por los consumidores. Y si hay dudas, pues allí va la numeralia: en enero de 1999 con un salario mínimo se adquirían 53.3 kilogramos de tortilla; en octubre de 2011 (hasta el día 5) con el mismo ingreso apenas se compraban 5.2 kilos. En ese periodo la inflación oficialmente reconocida es de 91.6 por ciento, mientras el del salario mínimo ha sido de 82 por ciento, y el precio promedio del citado producto pasó de 60 centavos a 11.11 pesos por kilogramo, de tal suerte que el deterioro se ha dado por el lado del poder adquisitivo del ingreso, y el del desalmado incremento en el precio del denominado “disco llenador”.

El “beneficio”, pues, ha sido inobjetable, y en el calderonato también se han aplicado, puesto que en 58 meses de estancia en Los Pinos el precio del kilogramo de tortilla se ha incrementado casi 40 por ciento (hasta el pasado miércoles), por mucho que en enero de 2007 el inquilino de la residencia oficial y sus genios tecnocráticos se comprometieron a “no permitir abusos” de los productores y comercializadores de dicho alimento popular. De paso vale decir, para el comparativo, que en ese periodo la inflación oficialmente reconocida ha sido de 21.34 por ciento y el aumento, por llamarle así, del salario mínimo de 18.6 por ciento, es decir, proporciones seis y siete veces menores, respetivamente, al crecimiento del precio del kilogramo de tortilla. Lo anterior, sin considerar que sólo en el último mes de estancia en Los Pinos de su buen amigo y correligionario Vicente Fox el precio de la tortilla (como muchos otros) se incrementó de 6.5 a 8 pesos (23 por ciento de una vez).

Hay que recalcar que el citado es un precio promedio (los 11.11 pesos por kilogramo de tortilla que se menciona líneas arriba), porque en distintas zonas urbanas de la República el incremento durante el calderonato ha sido cercano a 100 por ciento. Por ejemplo, de acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, de la Secretaría de Economía, el 5 de octubre de 2011 el kilogramo de tortilla se vendió a 15.4 pesos en Mexicali, Baja California; a 15.25 en Hermosillo, Sonora; 14.67 en Cuernavaca, Morelos; 14 en Piedras Negras, Coahuila, y en Cancún y Chetumal, Quintana Roo, así como en Poza Rica, Veracruz, por citar algunas ciudades.

Desde luego que el descrito no es el único “beneficio” obtenido por los mexicanos por la política económica impuesta en el país desde hace 30 años, pero el caso de la tortilla es significativo, no sólo por tratarse del alimento básico del pueblo mexicano, sino porque resume la brutal agresión que cinco gobiernos neoliberales al hilo han propinado a los mexicanos. A estas alturas del partido, a más 28 millones de connacionales no les alcanza para lo elemental: comer.

Nada más iniciar su estancia en la residencia oficial, el actual inquilino de Los Pinos tuvo que enfrentar (o hizo como que lo hacía) lo que podría ser catalogada –en el lenguaje sexenal– como su primera guerra de la tortilla. Desde diciembre de 2006 la presiones de los industriales de la masa y la tortilla fue constante; no quedaron satisfechos con el 23 por ciento de aumento en el precio con el que se despidió Vicente Fox. Apretaron y apretaron, y en los primeros días de enero de 2007 de nueva cuenta reventó el asunto. En primera instancia, Eduardo Sojo, entonces secretario de Economía y hoy en la presidencia del Inegi, salió a decir que no se trataba de una presión especulativa ni de acaparamiento, por lo que el gobierno de Felipe Calderón no intervendría para contener la escalada en los precios de maíz y tortilla. Y no lo haría por la simple razón (remóntense a la justificación de 1999 para enterrar el subsidio) de que “a medida que sube el precio y hay más incentivos, van a sembrarse más hectáreas, habrá más producción como respuesta al incentivo del mercado”, según dijo el ínclito funcionario.

También salió a decir que para detener la escalada de precios en maíz y tortilla “existen otras medidas más efectivas. Acciones como el control de precios siempre traen problemas, siempre desincentivan la producción; siempre traen problemas en toda la cadena productiva. Entonces, nuestra posición es que hay medidas mucho más efectivas para resolver el problema, que tiene que ver más con incrementar la producción y la competitividad y no el control de precios”. Son “factores coyunturales”, decía.

Pues bien, la “coyuntura” se prolonga ya por 12 años, con el resultado que se cita: mil 752 por ciento de incremento en el precio del kilogramo de tortilla, sin considerar que cada día que pasa se importa más maíz. En aquel enero de 2007 la embestida trató de contenerse con un aumento ligeramente mayor al 6 por ciento en el precio de la tortilla y, la entrega de “estímulos” a productores y comercializadores del alimento. ¿Y de dónde salieron tales “estímulos”? Del erario, desde luego. Tres tristes secretarios ha tenido Economía (el propio Sojo, el eminente Gerardo Ruiz Mateos y Bruno Ferrari, licenciado en ciencias de la familia, lo que eso quiera decir), y ninguno logró, si es que lo intentó, frenar la escalada de precios de maíz y tortilla.

Las rebanadas del pastel

Eso sí, en discursos nadie les gana. Por ejemplo, el del más reciente secretario de Economía, Bruno Ferrari: “no se tolerará ningún tipo de abuso u oportunismo en contra de los consumidores de tortilla, ni se permitirá que se incremente el precio de este alimento básico, puesto que no se justifica”. Lo dijo en diciembre de 2010, y de esa fecha al 5 de octubre de 2011 el precio de la tortilla aumentó 12 por ciento, contra 0.94 por ciento de inflación acumulada (según el Banco de México y el Inegi), es decir, una diferencia de 13 tantos. Si fueran tan efectivos en la contención de precios como lo son en contención de salarios, tal vez la situación sería distinta.

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FUENTE LA JORNADA