La fiscalía en torno a Acteal: crimen de Estado- El desplegado

La fiscalía en torno a Acteal: crimen de Estado

Gilberto López y Rivas

En el desastre nacional que vive el México de nuestros días, pasó relativamente inadvertida la publicación del último Balance de situación de la Fiscalía especializada en delitos cometidos en la procuración y administración de Justicia en el estado (de Chiapas) y aquellos cometidos en el poblado de Acteal, mismo que sirve de sustento a la demanda contra Ernesto Zedillo por diversos delitos graves –entre los que destacan crímenes de guerra y de lesa humanidad–, presentada el 16 de septiembre pasado en la corte de distrito de Connecticut, Estados Unidos (ver el blog acteal97). Esta acción judicial provocó el desmantelamiento de la fiscalía, el cese de su personal y la entrega del expediente a la Procuraduría General de la República.

El Balance de situación –de 125 páginas a renglón cerrado– es un sorprendente alegato en el que, a partir de las diligencias realizadas y de la documentación recabada y verificable desde su creación, en noviembre de 2007, la fiscalía llega a las siguientes conclusiones: 1. La masacre de Acteal no fue un hecho sorpresivo ni aislado: fue el clímax de una cadena de violencia que anticipaba la matanza del 22 de diciembre de 1997. 2. La posibilidad de los hechos de violencia referidos era de conocimiento de la autoridad local, estatal y federal. 3. Las autoridades federal y estatal también estaban informadas sobre la presencia de grupos armados paramilitares. 4. Dada la documentación y la evidencia, la conclusión lógica que se impone es que hubo responsabilidad penal por omisión impropia (conspirativa) de parte de los gobiernos federal y estatal en la masacre de Acteal. Estas responsabilidades no se han deslindado y, por lo tanto, hay un caso de impunidad en hechos que implicaron la muerte de 45 personas. 5. Existen elementos para argumentar también responsabilidades al gobierno como promotor de los grupos armados. 6. Para conocer la verdad histórica, deslindar responsabilidades y lograr justicia en el caso Acteal, es indispensable la comparecencia de personalidades que, hasta la fecha, no han dado cuenta de sus actos. Principalmente, es preciso obtener el testimonio del entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León y de su secretario particular, Liébano Sáenz Ortiz, y precisar su responsabilidad en el homicidio. 7. La tesis del conflicto intercomunitario es sólo parte de la explicación en el caso Acteal. Sin el componente de omisión, y de permisividad del gobierno respecto a la escalada de violencia regional y la presencia de grupos armados, no es posible dar cuenta satisfactoriamente de por qué ocurrieron así los hechos. 8. El uso de las instituciones de justicia con agendas políticas provocó la detención de inocentes y la fabricación de culpables. En todo caso, se negó a los inculpados (culpables e inocentes) el derecho al debido proceso. 9. A casi 13 años de la masacre de Acteal, además de los deliberados errores y las graves omisiones del momento, y del abusivo modo en que se impartió justicia después, hay una serie de preguntas que siguen necesitando ser respondidas por las autoridades de aquel entonces. 10. Se ha soslayado el valor documental que aportan los medios de comunicación en su cobertura de los hechos.

Acertadamente se señala que la matanza de Acteal fue el resultado de una política de contrainsurgencia definida y puesta en acción bajo la administración de Ernesto Zedillo, y, después de los hechos, por la labor de encubrimiento que la PGR, dependiente del presidente de la Republica, utilizó para proteger a los responsables. La reconstrucción de los hechos concluye que Zedillo y su secretario particular fueron encubiertos por Jorge Madrazo Cuéllar, entonces procurador general de la República, quien no solicitó sus declaraciones ni los investigó a pesar de que ellos dos supieron con anterioridad sobre la inminente matanza. A juicio de esa fiscalía, la responsabilidad judicial del titular de la PGR es manifiesta. Queda por determinar la responsabilidad de Emilio Chuayffet Chemor, entonces secretario de Gobernación, pues si bien en su declaración ministerial esgrime argumentos exculpatorios, podrían subsistir elementos de responsabilidad derivados del conocimiento que tuvo de la comisión de los delitos mencionados.

En el ámbito estatal, de acuerdo con la indagatoria, son contundentes las pruebas que acreditan la responsabilidad del entonces gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, ya que varios testigos claves coinciden en señalar sus actos y omisiones conducentes a establecer su participación por omisión impropia. En el documento se registra la escalofriante respuesta de Ruiz Ferro a la solicitud de intervención del gobierno del estado por parte del presidente municipal de Chenalhó, a tres días de la matanza: No te preocupes, deja que se maten; yo voy a mandar la seguridad pública para que levanten los muertos.

En el Balance se destaca: “Esta fiscalía estima que sólo habrá justicia para los 45 indígenas victimados y reparación del daño causado a sus familias cuando se consigne penalmente a los responsables de esas muertes. Las evidencias contenidas en el expediente… confirman que las autoridades federales y estatales antes mencionadas son responsables del homicidio en agravio de la población indígena de Acteal”. Incluso la fiscalía sostiene que podría tratarse de un caso de genocidio, si se verifica la hipótesis de la contrainsurgencia tolerada o inducida. Adicionalmente, las condiciones precarias que los indígenas enfrentan como refugiados (sobre todo en materia de salud), sus constantes desplazamientos con ruptura de lazos comunitarios, pueden constituir otras pruebas en el mismo sentido.

Las preguntas claves son: ¿qué hará la PGR con el expediente y sus contundentes acusaciones? ¿Qué pasará en el juicio abierto contra Zedillo en Estados Unidos?

El desplegado

Luis Javier Garrido

La iniciativa de un grupo de políticos y académicos confundidos para instaurar obligatoriamente en México, tras una contrarreforma constitucional, gobiernos de coalición para asegurar un Ejecutivo fuerte que pueda imponer los programas neoliberales, no es sino otra tentativa autoritaria más –bastante torpe, por cierto– para hacer inviable la voluntad de los mexicanos en 2012 y salvar al régimen actual, que se halla en abierta descomposición.

1. El gran capital trasnacional está requiriendo cada vez más de gobiernos autoritarios, y las presiones que se dan en todo el mundo van en esa dirección, por lo que lo raro hubiese sido que en México no se produjeran, como ahora se hace una vez más tratando de destruir la parte orgánica de la Constitución de 1917 con el pretexto aparente de hacer más funcional al gobierno cuando no cuente con un respaldo mecánico del Legislativo, pero con la pretensión real de quitarle derechos al pueblo al negociar todo a sus espaldas, por lo que esta iniciativa nace muerta por su obviedad.
2. El desplegado, difuso y ambiguo, suscrito por 46 personas, que publicaron los matutinos el lunes 10 para impulsar las coaliciones, no es otra cosa que una tentativa más que, con el pretexto de ser la quintaesencia de la tolerancia, busca establecer un autoritarismo a nivel constitucional. El mal redactado documento contiene verdades de Perogrullo, medias verdades y afirmaciones aberrantes que evidencian la ignorancia constitucional de sus redactores, pero no dice con claridad lo que quieren, por lo que su verdadero sentido hay que buscarlo en su origen y en las declaraciones que los abajofirmantes han multiplicado.
3. El documento no hace otra cosa que cristalizar una propuesta del senador Manlio Fabio Beltrones, que, ardido porque no va a ser el candidato del PRI a Los Pinos, ha sugerido a lo largo de este mes establecer un semiparlamentarismo en el que cree tener la posibilidad de ser un primer ministro, ya que considera que en estos años ha fungido desde el Senado como vicepresidente, según el número de Proceso sobre Los aspirantes No. 8 (octubre de 2011), para lo que ha obtenido el apoyo de legisladores y académicos que sintiéndose nuevos Madisons y Jeffersons discutieron varios meses un cambio de régimen (El Universal, 11 de octubre), habiéndose sumado a ellos algunos de los defensores del fraude de 2006.
4. Lo que proponen veladamente Beltrones y sus compañeros de ruta son dos cosas: a) imponer la idea de que las coaliciones son una salida ante el desastre actual (generado, se olvidan, por las pretensiones fascistas de Calderón y El Yunque y no por los mecanismos constitucionales), por lo que todavía podría producirse una coalición electoral (PAN-PRD) en la primavera de 2012 (encabezada por Ebrard o por De la Fuente) para impedir que López Obrador o Peña Nieto lleguen a la Presidencia, y b) una reforma constitucional autoritaria para buscar imponer en 2012 esas coaliciones forzosas en las cámaras a fin de obligar a los partidos neoliberales (PAN y PRI) a actuar de consuno.
5. La noción de gobierno de coalición, que parecería generosa, no logra empero ocultar lo que estos personajillos buscan, la mitad obnubilados porque López Obrador va a ser el candidato de las fuerzas populares y tiene enormes posibilidades de ser presidente en 2012, y la otra mitad enfurecidos porque Peña Nieto va a ser el abanderado del PRI y puede también llegar a Los Pinos, pero todos desconcertados porque la extrema derecha no tiene un candidato viable. No lo dicen en el documento, pero como son muy torpes lo han expresado a los medios, como Marcelo Ebrard, que declaró a El Universal el día 11 que sólo con una coalición (PAN-PRD) se podría impedir el regreso del PRI, aunque no explica cómo el PAN, favorable a la entrega de Pemex a las trasnacionales, a la privatización de las instituciones de salud y de seguridad social y a acelerar la entrega del país a Washington, podría coaligarse con un partido que sostiene lo opuesto.

6. El argumento falaz en que reside esta propuesta deriva del fracaso panista, pues una y otra vez sus signatarios, sin ocultar su añoranza por la mecánica del PRI, han sostenido, siguiendo la campaña de desinformación orquestada por Los Pinos, que en México hay un gobierno bloqueado en las reformas fundamentales por el Congreso, cuando lo cierto es que sólo en algunos casos (muchos menos de lo que el país requería) las bancadas del PRI, del PT y de Convergencia se han opuesto a algunas de las aberrantes contrarreformas enviadas por Calderón (como la de seguridad nacional y la laboral), lo que constituye, por otra parte, la esencia del régimen presidencial, lo que pretenden desconocer los promotores de esta propuesta totalitaria. “Para que no pueda abusarse del poder –escribió Montesquieu en El espíritu de las leyes, al hablar de la división de poderes–, es preciso que, por disposición misma de las cosas, el poder detenga al poder.”

7. Ese es el fundamento del régimen presidencial, y la función del Legislativo es actuar como un freno y contrapeso del Ejecutivo, como ha sido el caso en Estados Unidos, donde surgió este régimen político. Desde 1860, en que todas las elecciones presidenciales han sido ganadas por un demócrata o por un republicano, la mayor parte del tiempo ahí ha existido un Congreso adverso a la Casa Blanca (como acontece ahora con Obama), lo que ha sido estimado como la esencia de la democracia, pues obliga al presidente a negociar con el Congreso, y nadie, salvo en los tiempos recientes, en que eso molesta al Tea Party, habla como en México de un gobierno dividido, concepto usado por quienes añoran el autoritarismo y ofrecen salidas para mejor servir al capital trasnacional.

8. Las coaliciones y alianzas existirán siempre, pero en libertad y no por la fuerza, salvo en los regímenes parlamentarios en que son necesarias en los casos en que un partido no tiene la mayoría en el Parlamento, cuya función es la de designar al primer ministro y prevalecer sobre él.

9. La afirmación que cierra el documento de que si ningún partido dispone de mayoría en la Presidencia y en el Congreso, se requiere una coalición de gobierno, constituye una mentira absoluta, pues confunde lo político con lo jurídico. En la Presidencia en primer lugar no hay minorías ni minorías, pues el titular del Ejecutivo es una persona y no sus colaboradores, y si lo que pretenden es un gabinete plural éste, no debe olvidarse, se da en el régimen presidencial como consecuencia de la libertad del Ejecutivo para integrarlo, como se dio con Zedillo, que incorporó a un panista, o con Fox, que llevó a varios priístas a su equipo, y no por una imposición forzosa.

10. El país deberá decidir en 2012 sobre dos proyectos: el neoliberal de Peña Nieto y el alternativo de López Obrador, y no deberá poder impedírsele al pueblo decidir libremente el futuro de México, por lo que a quienes pretendiéndose demócratas buscan confundir e imponer un autoritarismo hay también que espetarles un contundente ¡Ya basta!