Ciudad Perdida
Elecciones en el PRD
El factor Morena
Un candidato de izquierda
El cumple VIP de Ebrard
Miguel Ángel Velázquez
Si hubo quien pensó que la elección de un candidato de la izquierda en la ciudad quedaría sólo en manos del PRD, es muy probable que se lleve una sorpresa.
En ese partido se tenía por descontado que la elección del candidato de la izquierda a la jefatura de Gobierno de esta ciudad se discutiría solamente en las instancias de la organización, y nunca tuvieron en cuenta que, cansados de los vicios y las corruptelas internas, principalmente a escala nacional, gran parte de sus militantes optarían por abrir nuevos caminos de participación fuera del PRD, pero dentro de la izquierda, y vaya susto que se van a llevar.El asunto es que desde hace ya un par de semanas, los miembros o militantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se han dado a la tarea de realizar reuniones, cada vez más nutridas, en las que se dice que ese movimiento será la aduana por la que tenga que pasar quien quiera montarse en la candidatura a la jefatura de Gobierno del Distrito Federal.
Para ellos está bien claro que el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador es la fuerza principal con la que tendrá que elegirse al sucesor de Marcelo Ebrard, y advierten que sólo respaldarán a alguien que represente los intereses de la izquierda, y el programa que ha lanzado Morena.
Aunque el movimiento hasta ahora permanece al margen de los partidos, es decir, fuera del PRD, el PT y lo que todavía se conoce como Convergencia, hay cuando menos tres aspirantes casi confesos, ligados con el PRD. Nos referimos, desde luego, a la presidenta de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Alejandra Barrales; al secretario de Trabajo, Benito Mirón, y Martí Batres.
Los tres, según nos dicen, han merodeado por las reuniones de Morena, con el fin de que ese movimiento los tenga en cuenta como posibles contendientes. Además, el presidente del PRD-DF, Manuel Oropeza, es uno de los principales apoyos que tiene el grupo lopezobradorista, lo que da mayor consistencia a la línea que han diseñado los militantes de ese movimiento, que sin embargo no buscan atarse a esa franquicia política.
Lo más destacado de ese movimiento es que, aunque se le ha tratado de ligar de todas formas a Izquierda Democrática Nacional, que encabeza René Bejarano, quienes están a la cabeza del movimiento rechazan, cuando menos por el momento, la injerencia del bejaranismo dentro de sus filas, no obstante que los tres posibles: Barrales, Mirón y Batres, han compartido militancia con el profesor.
La participación de Morena, aseguran sus militantes, es mucho más profunda que la de IDN de Bejarano, y por tanto no requieren de ninguna fuerza adicional para llevar su propuesta, la que sea, o quien sea, a la pugna por la candidatura de alguno de los tres partidos que hoy trabajan juntos.
El tema es que Morena no aceptará, por ningún motivo, según afirman, a nadie que no tenga una buena historia de trabajo en las filas de la izquierda, y si eso es verdad la dedicatoria es para el secretario de Educación, Mario Delgado, y para el procurador Miguel Ángel Mancera. El primero es militante del PRD desde hace ya algún tiempo, y el segundo no ha hecho base, es decir, no se ha afiliado a ninguno de los partidos de izquierda, y no tiene pensado afiliarse a ningún organismo de otro signo diferente al PRD.
A fin de cuentas Morena, en esta capital, ya pintó su raya, aunque falte la definición de López Obrador, quien hasta el momento no ha mostrado ningún interés, aunque lo tenga, en la sucesión en el gobierno de la ciudad de México.
Pronto habrá definiciones por parte de Morena, y si las cosas caminan como hasta ahora, lo que se puede decir casi con certeza es que el PRD ya perdió la ciudad de México. ¿Lo merecen?
De pasadita
La noche del martes, en el hotel Saint Regis de Reforma, el secretario de Seguridad Pública, Manuel Mondragón, convocó a casi todos los involucrados en el gobierno central a festejar, acompañados del mariachi azul de la policía, el cumpleaños 52 de Marcelo Ebrard. Incluso estuvieron los representantes de los otros poderes en la capital. No, no es cierto, sí estuvo el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Édgar Elías Azar, pero a quien no se invitó fue a la presidenta del otro poder, el Legislativo, Alejandra Barrales. ¿Alguien quiere averiguar por qué?
Reforma política: omisiones e improcedencias
Por unanimidad, los grupos parlamentarios con representación en la Cámara de Diputados aprobaron ayer en lo general el dictamen de reforma política turnado a San Lázaro por el Senado en abril pasado, en el que se incluye, entre otros puntos, la posibilidad de candidaturas independientes, así como de consultas populares e iniciativas legislativas ciudadanas. Respecto a la relección legislativa por periodos consecutivos –uno de los puntos más polémicos del dictamen avalado por el Senado–, tal propuesta recibió ayer el respaldo de la bancada del PAN y de un sector de la del PRD; en contraste, los grupos parlamentarios del PRI, el Partido Verde, Convergencia, Nueva Alianza y otro sector del sol azteca rechazaron esa posibilidad por considerar que generaría dependencia entre legisladores que estuvieran auspiciados por empresarios y grupos políticos particulares.
Es significativo que el principal punto de discordia entre las distintas fuerzas políticas sea el de la relección consecutiva de legisladores, medida que ha sido presentada por sus promotores como una forma de fortalecer la capacidad del ciudadano para vigilar y evaluar el trabajo de sus representantes.
Ciertamente, esta discusión tiene como telón de fondo la erosión y la crisis de representatividad de una clase política orientada a la defensa de intereses facciosos y corporativos mas que del bienestar de la población común. Pero tales deficiencias no derivan de la vigencia del principio histórico de la no relección –el cual constituye, cabe recordarlo, uno de los pilares institucionales del Estado mexicano contemporáneo–, sino de la ausencia de mecanismos adecuados de transparencia y rendición de cuentas que garanticen el control social sobre autoridades y representantes. Así pues, más que premiar a los legisladores con la posibilidad de mantenerse en sus cargos, lo que se requiere por ahora es dotar a la ciudadanía de instrumentos para sancionar a los malos servidores públicos y para procurar, de esta forma, que la clase política en su conjunto mejore su desempeño: es lamentable que las comisiones legislativas encargadas de analizar la reforma política hayan dejado fuera figuras legales como la revocación del mandato, que forma parte de un añejo reclamo social y sería mucho más eficaz y ágil que la relección para someter a gobernantes y legisladores al examen ciudadano y evitar extralimitaciones en el ejercicio del poder.
Por lo demás, el argumento principal de las fuerzas partidistas que se oponen a la relección legislativa –la dependencia de los legisladores respecto de los empresarios que patrocinen sus respectivas campañas– tendría que ser dirigido también a las llamadas
candidaturas ciudadanas: a fin de cuentas, mientras esa figura permitiría el arribo a puestos de representación popular a individuos sin militancia partidista, abriría también mayor margen de maniobra para la intromisión –por medio del financiamiento de campañas electorales
independientes– de grandes capitales y poderes fácticos en la vida política del país.
Es pertinente vincular la discusión y aprobación general de esta reforma política al respaldo, expresado en días recientes por políticos y académicos de distinto signo, a la pretensión de reformar el marco legal vigente para permitir la instauración de gobiernos de coalición –los cuales se conformarían cuando el partido en el poder no cuente con la mayoría de escaños en el Legislativo– y a la presentación de esa figura como la panacea a la parálisis legislativa y la falta de acuerdos políticos. Ha de recordarse que, aun con la legislación vigente, las distintas fuerzas partidistas tienen la posibilidad de formar alianzas por medio de la negociación legislativa. De hecho, por lo menos desde 1997, cuando se constituyó por primera vez un Congreso mayoritariamente opositor, el PRI y el PAN han ensayado, para aspectos fundamentales como la política económica, una coalición legislativa de facto que se mantuvo durante la presidencia de Vicente Fox y en el primer tramo de la de Felipe Calderón, y que se ha expresado, entre otras cosas, en la continuidad y la profundización del modelo neoliberal. Si algo puede reprocharse en relación con estos acuerdos es, en todo caso, que la mayoría de ellos se realizan de espaldas a la sociedad y en perjuicio de ésta: recuérdese, por ejemplo, la salida a la luz pública de un pacto suscrito en octubre de 2009 por la entonces dirigente priísta, Beatriz Paredes, el ex líder nacional panista César Nava y el ex secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en el que se comprometía la aprobación de una cascada impositiva a cambio del veto a las alianzas electorales entre el PAN y el PRD.
Es claro que el ensanchamiento de la democracia y el fortalecimiento institucional del país no se logrará sólo mediante reformas al marco legal vigente; al contrario, éstas podrían tener efectos contraproducentes, como el encumbramiento de los poderes fácticos y la institución de mayorías legislativas ficticias a modo del grupo en el poder. Lo que se requiere, en cambio, es voluntad democrática de las distintas fuerzas políticas para respetar y asumir la letra y el espíritu de las disposiciones legales actuales; para establecer mecanismos de rendición de cuentas que eviten la impunidad de malos servidores públicos y para actuar de manera transparente ante la población.
FUENTE LA JORNADA
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