ASTILLERO- El tribunal electoral y la confianza

Astillero

AMLO, al Frente

Adiós a lo amoroso

Falso brillo del oro

Violencia regulable

Julio Hernández López

 

         Andrés Manuel López Obrador decretó ayer la disolución de la República Amorosa y sus anexos suavizantes. En la Plaza de la Constitución de la capital del país, teniendo como marco de referencia una exhibición de indicios varios de los excesos priístas en campaña y de la compra de votos, retomó parcialmente el lenguaje de la guerra política, valoró negativamente la respuesta de sus adversarios a las posturas moderadas que ha sostenido hasta ahora y anunció que no se rendirá y seguirá luchando.

 

Con ese replanteamiento, el tabasqueño parece alistarse para la declaratoria de presidente electo que el tribunal electoral tiene en cartera, virtualmente extinguida la de por sí frágil esperanza de que hubiera una reconsideración jurídica a la luz de las múltiples evidencias de que los comicios presidenciales fueron afectados de manera determinante por diversas maniobras realizadas por el priísmo, algunas abiertamente sospechosas de caer en tipificaciones delictivas. Asumir lo jurídicamente inminente y prepararse para lo políticamente inmediato: el fortalecimiento de la resistencia contra la imposición, con jóvenes y ciudadanos conscientes como esencia de una lucha de dimensiones aún imprevisibles.

A diferencia de otras ocasiones, en las que se ha esforzado por mantener un discurso más o menos conciliador, el Andrés Manuel de ayer enfatizó que no caminará sobre el pantano, la inmundicia del fraude electoral y advirtió que el movimiento que encabeza no se suicidará políticamente (lamentable selección amloísta de términos: hablar de suicidio no es lo más adecuado para un líder o un movimiento que pretenden mostrarse viables y vitales), pues seguirá luchando por las vías pacíficas, a sabiendas de que hay halcones deseosos de utilizar la fuerza bruta.

AMLO se planta de cara a lo que se viene encima, con la vista puesta no solamente en la batalla contra la imposición de Enrique Peña Nieto sino, sobre todo, en el fortalecimiento de la opción de un frente de izquierda que sea capaz de oponerse a las reformas legislativas que el PRI, el PAN y buena parte de la estructura triunfante del PRD pretenden aprobar para así establecer un nuevo diseño de nación, acorde con los intereses de esas cúpulas y marcadamente lesivo del interés popular.

En tanto, el tribunal electoral se mueve justamente en el terreno que AMLO rechaza (aseguró que no aceptará argucias legaloides). Sordos y ciegos ante las públicas y conocidas evidencias de la conversión de lo electoral en mercantil, los magistrados preparan su dictamen enriquista. Otros asociados en esa magna operación fraudulenta pavimentan el camino fomentando un clima de presunto hastío nacional ante la disidencia y de clamor en busca de que los mexicanos se unan y que todo mundo se ponga a trabajar.
El triunfo de la selección mexicana de futbol varonil en las Olimpiadas ha sido utilizado también en el dibujo de esas líneas presuntamente unitarias y restauradoras de una normalidad acrítica. Bien jugado y bien ganado, el partido contra Brasil ha sido convertido en argumento electrónicamente reiterado para asegurar que México está en evidente vías de mejoría y que debe dejarse atrás todo lo que signifique discusión y división.

Miles de personas asistieron a la clausura de la Expo Fraude en el Zócalo del DF. El acto fue encabezado por Andrés Manuel López ObradorFoto Jesús Villaseca

 

Valioso y digno de festejo (a discutible fe de esta columna deportivamente amateur), el triunfo mexicano tiene ínfima correspondencia positiva con lo que en términos generales sucede en la sociedad mexicana. No es consecuencia de planes masivos de desarrollo deportivo (pues la organización y los presupuestos oficiales siguen secuestrados por camarillas predispuestas a ganar medallas de oro solamente en cuanto a corrupción) y sus claves, por el contrario, están en los peores estantes nacionales: en el futbol profesional visto como negocio, manejado con arcaicos criterios despóticos, mafiosos, y dependiente de las televisoras, sobre todo de Televisa.

Por otra parte, como si fuese posible regularla conforme a designios políticos, la violencia relacionada con el narcotráfico y otros crímenes conexos mantiene una extraña temporalidad. A pesar del amago constante hacia los comicios recién pasados, a la hora de las urnas los cárteles mostraron una peculiar actitud comprensiva, sin amenazas ni atentados, que incluso podría clasificarse como colaboracionista, en cuanto permitieron el desarrollo pacífico de las elecciones pero también tomaron partido (o partidos), financiando actividades de proselitismo y promoviendo abiertamente a los candidatos que les eran afines, en una tarea de inducción del voto que en algunos estados del norte del país fue claramente registrada por los ciudadanos, aunque no por los medios de comunicación, que en su gran mayoría son obligados al silencio o al boletín de prensa por esos balísticos poderes informales.

Luego de esa especie de receso electoral han vuelto a multiplicarse las escenas tan sabidas (la más reciente, el asesinato de un priísta que presidiría el municipio de Matehuala, en SLP), llegando algunas a la capital del país, que hasta ahora había sido poco afectada por el drama nacional. Una primera lectura puede sugerir que se esté en presencia de una reactivación de la violencia a causa del cambio sexenal de poder institucional. El adiós a los tratos hechos con quienes se van en poco más de 100 días y el regateo con los que llegarán podría generar tantos conflictos que éstos estuvieran saltando a las calles, en enfrentamientos entre grupos antagónicos y de algunos de éstos contra policías federales y militares.

Pero el agravamiento de la violencia pública, sus expresiones contundentes, abonan también al crecimiento de un sobresalto social que ayuda a la reducción del ánimo crítico e incluso llega a creer necesaria la eliminación de protestas y controversias relacionadas con lo electoral, para dar paso a una presunta normalización que ayude a frenar las antes mencionadas expresiones de reavivamiento de la descomposición relacionada con el narcotráfico.

Y, mientras a Felipe ya no le hacen caso ni en el PAN, ¡hasta mañana, con el adiós a Londres y la vista en Río!

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El PRI en tres actos-Helguera

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El tribunal electoral y la confianza

Bernardo Bátiz V.

 

      Ya sabemos lo que todo mundo piensa que hará el tribunal electoral, pero también sabemos lo que podría hacer si prevalecen en él altura de miras y un claro concepto de la justicia. Tiene, según el artículo 99 constitucional, facultades jurisdiccionales en los procesos electorales, entre ellas, dos diferentes ligadas entre sí. Una es la de resolver las impugnaciones que se presenten sobre la elección presidencial; en esta materia, sólo podrá declarar nulidades por las causas que expresamente se establezcan en la ley secundaria.

 

La otra facultad es diferente de la anterior y consiste en declarar en su caso la validez de la elección, una vez resueltas las impugnaciones interpuestas. El texto constitucional no limita la jurisdicción del tribunal a la sola posibilidad de analizar formalmente si procedieron o no las impugnaciones, siempre parciales y difíciles de acreditar. El tribunal puede declarar validez, pero no tiene que declararla, si no se cumplieron las características a que se refiere el texto constitucional.

El precepto dispone que el tribunal, una vez analizadas y resueltas las impugnaciones, hará la declaratoria de validez de la elección en su caso; este giro tiene un sentido que debe interpretarse con apego a la lógica y al espíritu del constituyente; si no se da el caso, si no se está en el caso, el tribunal deberá declarar la invalidez de la elección; ésa es su facultad y su deber.

Para que un proceso sea válido deben cumplirse en todas sus partes los requisitos fundamentales de fondo y forma que le otorguen esa calidad; en ese caso, de haberse cumplido esos requisitos, procede la validez, pero si no fue así, la facultad y la obligación de manifestarlo en una resolución es ineludible.

El tribunal no es un cuerpo protocolario que formaliza un bando solemne y entrega una constancia. Es un órgano jurisdiccional obligado a emitir un juicio sobre un asunto trascendente y fundamental para el futuro de México. Su misión no es sólo verificar que las cuentas de los votos estén bien hechas, sino debe juzgar sobre si se cumplieron o no las exigencias constitucionales de libertad, equidad y autenticidad del proceso y juzgar si el voto emitido fue libre, secreto y directo.

No hay autenticidad ni libertad plena ni equidad cuando, como está acreditado en el expediente y como lo sabe todo mundo, aun Peña Nieto, sus gastos de campaña excedieron en más de diez veces el tope autorizado; con ese solo dato, quien juzga puede determinar que el proceso no es válido. Un dato esencial de la democracia es que las contiendas estén equilibradas y que una de las partes no tenga ventajas sobre las demás.

Hay más elementos que llevan a la convicción de la invalidez de la elección: se compromete el secreto del voto cuando es comprado a cambio de cualquier cantidad, objeto o promesa, puesto que quien recibe la dádiva y se obliga a votar en algún sentido ya no está votando en secreto; en muchos casos y por diversos mecanismos los compradores de los votos de los pobres estuvieron vigilando que se emitieran en el sentido del inmoral compromiso. El voto así, en número indeterminado, no fue ni secreto ni libre.

Otro elemento de invalidez es el uso tramposo y mal intencionado de encuestas falseadas, que, además de inducir al desánimo y al fatalismo en sectores amplios de votantes, aparecieron como noticias objetivas, siendo su verdadera naturaleza una franja disimulada de propaganda no controlada y una manipulación inaceptable en un sistema de derecho.

La democracia no se agota en cruzar una boleta cada tres años y esperar que otros las cuenten. La democracia es, como expresa en forma elegante el artículo tercero constitucional, un estilo de vida; exige presupuestos que le dan contenido y espíritu al escueto mecanismo formal de obtener como sea y sin respeto a reglas legales y éticas, expresiones forzadas de votantes pobres o engañados.

Para que los ciudadanos lo sean cabalmente y su participación exprese la soberanía popular se requiere contar con la garantía plena del respeto a los derechos humanos de los votantes a la vida, a la educación, a la alimentación, a la salud, a la igualdad; atropellar la voluntad popular en poblaciones que no disfrutan plenamente de estos derechos elementales da por resultado la invalidez de un proceso.

Se enturbió la democracia, puesto que un sector muy amplio del pueblo fue constreñido por sus necesidades apremiantes y porque todos los pasos que se dieron en el proceso antes y durante la votación respondieron a un programa bien planeado de engaño y manipulación.

El tribunal tiene la facultad de sancionar el atropello a la razón y a la dignidad ciudadana; tiene también información abundante que se le ha proporcionado. Veremos solamente si tiene el temple y la altura para dictar una resolución valiente y severa en contra de los manipuladores que han logrado ahogar la confianza en la democracia.

jusbbv@hotmail.com