La invalidez y sus secuelas- ¿Qué sigue...?- ASTILLERO- Soriana: descalificaciones desafortunadas-

Ha logrado constituir 52 representaciones en el extranjero

#YoSoy132-Internacional pretende consolidarse y apoyar actividades

Yarima Merchán, vocera de enlace internacional, Samantha Herrerías y Diego Dante Mondragón, integrantes del movimiento #YoSoy132, en conferencia de prensa en el Club de PeriodistasFoto Cristina Rodríguez

Emir Olivares y Laura Poy

Periódico La Jornada
Jueves 2 de agosto de 2012, p. 12

Estudiantes de posgrado e integrantes de #YoSoy132-Internacional dieron a conocer que los simpatizantes del colectivo estudiantil en el extranjero han logrado formar 52 representaciones, principalmente en ciudades europeas y de Estados Unidos. Agregaron que la prioridad es fortalecer la organización y que desde el exterior se sigan apoyando las acciones acordadas en las asambleas interuniversitarias.

Yarima Merchán Rojas y Samantha Herrerías, alumnas de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Escuela Nacional de Antropología e Historía (ENAH), indicaron que la pretensión es difundir a escala internacional la realidad mexicana y los principios de #YoSoy132.

En entrevista por separado, Jerónimo Díaz destacó que la próxima asamblea de #YoSoy132-Internacional se realizará este 5 de agosto por convocatoria de estudiantes en Madrid, España.

“Consideramos urgente avanzar en el proceso de organización y consolidar los grupos que han surgido, ya que hasta el momento sólo hemos logrado coordinar algunas acciones, pero sin un planteamiento político propio.

“Contamos con las redes sociales como herramienta para comunicarnos –agregó–, pero el reto es generar confianza entre personas que nunca nos hemos visto pero creemos en la misma lucha. Hasta ahora tenemos una enorme expresión de ideas, pero queremos ir dando forma a las iniciativas y seguir apoyando las que proponga #YoSoy132 en México.

En conferencia de prensa, las jóvenes indicaron que las representaciones más activas son las de Londres, Inglaterra; Barcelona y Madrid, España; Nueva York, Washington, Berkeley y Chicago, Estados Unidos; Québec, Canadá; Berlín, Alemania, y París, Francia.

Acompañadas por Diego Dante, de la Universidad Anáhuac, agregaron que existen representaciones del movimiento en ciudades de los cinco continentes, como Argentina, Chile, Colombia, China, Austria, Rusia y Egipto.

Su principal instrumento para organizarse, destacaron, son las redes sociales, y dijeron que en la próxima asamblea internacional, que se realizará mediante videoconferencias, buscarán crear una agenda apegada a los principios del movimiento #YoSoy132.

En cuanto a las acciones realizadas, destacaron las marchas anti Enrique Peña Nieto, que han coincidido con las convocadas en territorio nacional, así como otras protestas que incluyen: simulación de votaciones para recabar propuestas para el bienestar de México, la interrupción de una transmisión en vivo del equipo de Televisa Deportes durante los Juegos Olímpicos de Londres y una serenata con mariachis frente al periódico The Guardian, en reconocimiento por haber difundido la existencia de presuntos vínculos entre la televisora y el candidato priísta.

Agregaron que la propuesta es continuar elaborando videos, poemas, material audiovisual, brigadas cibernéticas, jornadas virtuales de luchas y exposiciones y difundirlas mediante las redes sociales con el propósito de aumentar la simpatías en el exterior en favor del movimiento.

Cada quien sus olimpiadas-Magú

magu@jornada.com.mx

Astillero

Guillotinas Soriana

Disolución electoral

Ataques cotidianos en NL

DF: es por su bien

Julio Hernández López

OPERATIVO CONTRA MILITARES. Un convoy de la Policía Federal trasladó del centro de arraigo de la colonia Doctores al penal de alta seguridad El Altiplano, en el estado de México, a los militares Tomás Ángeles Dauahare, Ricardo Escorcia Vargas, Roberto Dawe González y Silvio Isidro de Jesús Hernández, quienes serán juzgados por presunta delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos contra la saludFoto Carlos Cisneros

     El estallido de una bomba molotov en una sucursal ubicada en la convulsa zona metropolitana de Monterrey (el pasado lunes, específicamente en el municipio de Guadalupe) llevó a la organización Soriana a agregar fuego político a una hoguera electoral de la que, avivándola, pretende ponerse a salvo.

Con una precisión denunciatoria que coincide con las urgencias priístas de montar guillotinas políticas y sociales, la directiva de la cadena de supermercados nacida en Torreón, Coahuila, ha acusado directamente a tres notables personajes de la izquierda electoral de ser una especie de autores intelectuales de delitos consumados y de otros por consumarse.

Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Monreal y Jesús Zambrano son los acusados de generar el ambiente de excitación y división sociales que, a juicio de la mencionada empresa y de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio, ha devenido en hechos como el estallido del pasado lunes, en otras formas de obstrucción del proceso mercantil y en acoso y amenazas contra directivos, empleados y clientes de tales grandes almacenes en todo el país. Falta ver si tan contundentes señalamientos se traducen en la apertura de un proceso penal que exija el cumplimiento de diligencias judiciales con la participación de los presuntos responsables. El diazordacismo disponía del adecuado tipo penal, aplicable a discreción de la autoridad, de lo que llamaba disolución social. Los nuevos tiempos regresivos podrían habilitar alguna fórmula que podría llamarse disolución electoral.

La información pública disponible impide establecer mínimos indicios confiables que liguen lo sucedido en la madrugada del pasado lunes en Guadalupe, Nuevo León, con órdenes o inducciones específicas realizadas por los tres denunciados por Soriana. A las 6:40, tres jóvenes, según el reporte oficial, arrojaron bombas molotov que dejaron daños materiales en la Soriana de la colonia Hacienda San Miguel del municipio mencionado, según reporte de la corresponsal de La Jornada, María Alejandra Arroyo. El diario Reforma precisó que fueron dos molotov: una, destrozó uno de los cristales de la entrada principal de la tienda y encontraron rastros de ceniza en el piso cercano al área de cajas, lo que llevó a los policías a hablar de una segunda bomba que no detonó.

Los daños y el atentado son por sí mismos reprobables pero, por desgracia, no constituyen una excepción sino la normalidad cotidiana e impune que se vive en el Nuevo León que desastrosamente tiene a la cabeza al microgobernador Rodrigo Medina. Por ejemplo: unos pocos días atrás se habían producido ataques armados al casino Revolución y a instalaciones del diario El Norte (perteneciente, éste, al grupo Reforma). Y cualquier habitante de esa entidad (en diaria espera de que su presunto mandatario sea retirado del cargo) puede relatar con detalle las constantes acciones violentas de grupos armados contra empresas e individuos, todo con saldos infinitamente más negativos que lo sucedido en la Soriana antes mencionada.

Ni siquiera podría la citada cadena comercial decirse dispuesta a lanzar una alerta nacional, con políticos a denunciar, porque ésta fuera la primera vez que conociera de estos incidentes peligrosos. El 22 de abril del año pasado se lanzaron granadas contra dos agencias distribuidoras de automóviles en Monterrey, hubo ráfagas de balas contra el centro comercial Las Palmas en Cadereyta, provocando la muerte de una persona que pasaba por el lugar y, según en bit.ly/gz2ME1 puede leerse: en la madrugada de este viernes, la fachada del centro comercial Soriana, ubicado en el municipio de Guadalupe en las calles Juárez y Lerdo de Tejada y que se encontraba cerrado a esa hora, fue rafagueada y en el lugar se encontraron al menos 80 casquillos percutidos de rifles de asalto y una granada de fragmentación que no explotó.

Otro hecho de alto nivel abona la sólida sospecha de que los canales judiciales son utilizados desde los poderes formales para amedrentar a opositores y frenar o extinguir procesos políticos relacionados con la conformación del próximo gobierno federal. El caso de los generales sujetos a arraigo con la presunción de que habían protegido actos de narcotráfico pasó a una fase procesal superior, al girarse orden de aprehensión en su contra y ser sujetos a un proceso que teóricamente deberá ser definido de manera soberana por el Poder Judicial de la Federación.

Destaca lo relacionado con el general Tomás Ángeles Dauahare por su apellido de prosapia militar y por el ascendiente que tiene sobre un segmento del mundo verde olivo pero, en especial, porque de esta manera se golpea a una corriente castrense que con la salida del panismo (es decir, con la salida del general Galván de la Sedena, y de Genaro García Luna de la SSP) pretendía influir en el proceso de definición de los sustitutos y, sobre todo, en la redefinición de las líneas de trabajo en esas delicadas áreas.

Mano dura fue aplicada por la administración de Marcelo Ebrard contra los miembros del Frente Amplio Contra la Supervía Poniente de Cuota, que en la madrugada del pasado domingo se opusieron al inicio de labores en la glorieta de Las Quinceañeras. Cristina Barros pregunta y relata: “¿Hasta dónde iremos a llegar? Lo que leerás pasó aquí en el DF. ¿Gobierno de izquierda....? ¿Cuándo harán la autocrítica? Una de nuestras compañeras gritaba cuando la golpeaban las granaderas (que son tremendas, por cierto): ‘¡somos pacíficos!’, y la respuesta con burla fue ‘pero nosotras no’. En otro video alguien dice ‘están golpeando al doctor, es un científico’, y la respuesta de una empleada del GDF fue: ‘es por su bien’. Lindo, ¿no? Y luego salen con que llevaban notario y aquí no pasó nada, en el más puro estilo tricolor. Bueno, en realidad nunca fueron otra cosa ¿o sí?”

Y, mientras montan nuevas acusaciones prepagadas, ¡hasta mañana, con la pieza de 53 metros elaborada en 4.48 minutos en la Feria de la Torta que se realiza en la explanada de la chilanga delegación Venustiano Carranza!

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

Queja-Magú

magu@jornada.com.mx

La invalidez y sus secuelas

Jorge Eduardo Navarrete

       En especial en las últimas dos semanas, no ha dejado de crecer la acumulación de indicios y evidencias acerca de la naturaleza, extensión y alcance de las irregularidades que viciaron, años antes de su inicio formal, el proceso político-electoral que condujo a la elección presidencial del primero de julio. Día a día aparecen nuevas informaciones de ilícitos electorales y de las cada vez más extendidas y preocupantes ramificaciones que los envuelven, las que apuntan de manera abrumadora hacia un proceso regido y controlado por montos ingentes de recursos financieros, más allá y por encima de los originados en el financiamiento público de partidos y campañas, cuyo origen y destino –turbios ambos, por decir lo menos– es preciso aclarar con suficiencia y oportunidad, es decir, antes de la calificación de los comicios. En estas condiciones, gana ponderación y sustancia la hipótesis de que se ha tornado imperiosa la declaratoria de invalidez de esa elección por parte del tribunal competente. Es obvio que la primera secuela inevitable de la actualización de dicha hipótesis sería la necesidad de que el Congreso de la Unión designase, en su momento, un presidente interino, cuyo mandato central sería reponer la elección invalidada. Tratándose del corolario inescapable de un acontecimiento hipotético, resulta difícil entender el revuelo causado por la declaración de Andrés Manuel López Obrador del 26 de julio, que se limitó a explicitar esta consecuencia específica, con el acertado propósito de disminuir la carga de dramatismo y negatividad con la que, de manera interesada, ha venido presentándosele. Dedico el tercero de mis comentarios poselectorales en La Jornada, tras examinar el 5 de julio las razones para impugnar y el 19 las que existen para invalidar, a discutir algunas de las secuelas de la calificación de invalidez. Se concretan a mostrar que no llovería fuego y azufre sobre la nación, como algunos se han aproximado a sugerir, y que, aunque no exentas de costos, dichas consecuencias serían del todo preferibles a revestir de legalidad a un Ejecutivo federal surgido, una vez más, de una elección tan claramente viciada.

Reponer una elección presidencial en un país de las dimensiones y con las características de México no es, desde luego, tarea sencilla. Podría considerarse uno de esos grandes remedios que la sabiduría popular aconseja sólo para enfrentar grandes males. No se trata, desde luego, de repetir en su integridad el proceso electoral, como si el invalidado no hubiera ocurrido. Se trata, una vez designado el presidente interino, de convocar a una nueva jornada electoral, a una elección extraordinaria, blindándola –dirían nuestros politólogos– frente a los vicios que provocaron la invalidez de la ordinaria. No se trata de escenificar una nueva campaña político-electoral en toda su extensión, y menos aún con sus desmanes propagandísticos; ni de realizar y publicitar una vez más cientos o miles de encuestas de preferencias electorales. Una elección presidencial extraordinaria, para reponer la declarada inválida, sería similar, mutatis mutandis, a una segunda vuelta electoral, como las que se realizan en numerosos países cuando la primera no arroja la mayoría requerida. Éstas, por cierto, suelen ocurrir con unas cuantas semanas de espacio entre ellas. No se requiere más tiempo para organizarla y realizarla.

Es por ello desconcertante que la legislación vigente especifique un plazo mínimo tan prolongado entre la convocatoria –que debe expedirse después de la declaración de invalidez por el tribunal y del nombramiento del presidente interino por el Congreso– para la realización de la elección extraordinaria. Se trata de un lapso superior a un año, de por lo menos 14 meses, equivalente a casi la quinta parte del periodo presidencial. Es claro que ese término mínimo, pensado para suplir la falta absoluta de un presidente en el primer tercio de su mandato, actúa como fuerte desincentivante para determinar la necesidad de reponer una elección, pues magnifica algunos de sus riesgos inherentes. Aplicado el procedimiento al caso de sustituir a un presidente cuyo mandato concluye sin que se haya declarado válida la elección para sucederlo, puede parecer más sencilla y aceptable casi cualquier otra solución, incluso la de legalizar a un Ejecutivo ilegítimo, antes que recurrir al recurso legal de la elección extraordinaria.

En diversos comentarios se ha destacado que, de declararse inválida la elección, nombrarse a un presidente interino y convocarse a una elección extraordinaria, se trastocarían sin remedio los tiempos políticos, se podría caer en una situación en que se perdiese la simultaneidad de algunos procesos electorales federales, como el de renovación del Legislativo y elección del Ejecutivo, y se correrían diversos otros riesgos. Han llegado a expresarse dudas sobre el periodo al que se referiría la elección extraordinaria: “tendría que definirse –afirmó un destacado analista– si en 2018 cuando nuevamente se vote por senadores y diputados federales también se votaría nuevamente por presidente o si el electo en [la extraordinaria de] 2014 cumpliría el periodo de seis años hasta 2020”. Por encima de este tipo de consideraciones, parece claro que, en la mejor de las hipótesis, la elección extraordinaria no podría realizarse antes de noviembre de 2013, transcurridos 14 meses desde el próximo septiembre, cuando presumiblemente podría convocarse, y que se requeriría un lapso de alrededor de 60 días para calificarla. El presidente surgido de la elección extraordinaria, que sólo puede concluir el periodo respectivo (artículo 84 constitucional), tendría un mandato de algo menos de cinco años. ¿Sería éste un precio demasiado alto para reparar un proceso viciado y contar con un presidente cuya legitimidad no esté cuestionada?

En conclusión, de las tres características que por definición constitucional deben reunir las elecciones, sólo se vería alterada la de periodicidad, quizá la única que se ha satisfecho de manera invariable por cerca de un siglo. Sin embargo, la alteración de la periodicidad no sería recurrente –sobre todo si se aprende la lección–, y quedaría reparada al término del mismo periodo constitucional para el cual se habría declarado inválida la elección. En cambio, se habrían defendido y hecho valer los principios de autenticidad y libertad, que claramente revisten al menos igual significado y trascendencia.

No es lo mismo-Fisgón

rfisgon@jornada.com.mx

¿Qué sigue...?

Adolfo Sánchez Rebolledo

         Falta un largo trecho para que el tribunal resuelva en definitiva sobre la validez de las elecciones presidenciales, y mientras tanto, como era previsible, la polarización política (con peligros acrecentados) sigue su curso sin despegarse del marco legal, pero, hay que decirlo, sin mucha confianza de las partes en el carácter imparcial de los jueces, cuyas resoluciones son inapelables. Se escucha con frecuencia que la revisión de los expedientes es un mero trámite que no cambiará lo que ya se da como el resultado de hecho de la sucesión presidencial. Si acaso, se admite, se dictarán sanciones ex post, con lo cual se añadirían nuevas razones para el descrédito y el desencanto que recorre la convivencia nacional, pero nada más. Todo en orden. Y sin embargo, el tribunal está obligado a otra cosa. En primer lugar, cabe esperar que se tome en serio a sí mismo y realice una investigación a fondo de las impugnaciones presentadas. Se requiere de un juicio atento al derecho, exento de prejuicios o descalificaciones previas. En ese sentido, como simples ciudadanos, podemos exigirle al tribunal que realice una valoración con sentido de Estado de los perniciosos problemas puestos a la luz en estas elecciones, de modo tal que la intervención de los magistrados sirva para acotar la magnitud de las grandes fallas estructurales (no sólo administrativas o procesales) advertidas en la competencia electoral, entre ellas la relación entre los medios, el dinero y la política, la manipulación y compra del voto en condiciones de extremada desigualdad social y agudización de la violencia, así como la necesidad de hallar nuevos mecanismos capaces de seguir en tiempo real el uso de los recursos de partidos y candidatos. Se dirá, no sin argumentos, que eso es mucho pedir dados los antecedentes formalistas, cuando no erráticos, del tribunal, pero esa es su responsabilidad histórica y no hay razón para exigirle menos. ¿Hay que recordar que la Constitución es su límite? Un fallo puntilloso pero legalista, superficial, lejos de resolver el problema planteado por las impugnaciones agravaría la desconfianza en la institución que en ultima instancia sostiene todo el sistema electoral. Seria un golpe a la futura gobernabilidad del país.

Contra la opinión conformista de quienes juzgan la democracia sólo por los números, sin cuestionarse cómo se forjan las mayorías ganadoras, ha saltado a la palestra la denuncia de prácticas seculares que antes se consideraban inevitables o imposibles de modificar, como la coacción y compra de los votos, práctica tan antigua como arraigada en los usos y costumbres del poder. Si, en este punto, es clave determinar la magnitud de dichas operaciones con respecto a los resultados obtenidos, el verdadero avance democrático ya adquirido está, pienso yo, en haber puesto en el primer plano la incompatibilidad moral, la inadmisibilidad de procedimientos antidemocráticos que el PRI empleó durante años (y luego otros partidos) para ganarse lo que Chomsky llama el consentimiento sin consentimiento, que le permite al poder imponer a la población programas de gobierno que suelen ir en contra de sus intereses o de lo prometido en las campañas. Y no deja de ser significativo que tal manipulación de las masas se haya visto unida a la toma de conciencia del papel de los medios, en particular los electrónicos, en la configuración de una candidatura ganadora, construida conforme a los principios de la ingeniería del consentimiento a los que Chomsky alude. La rebelión juvenil que marca el nacimiento de #YoSoy132 estalla ante la reiterada, grosera evidencia de que la candidatura de Peña Nieto se finca en el empleo discrecional de los recursos públicos del estado de México para la fabricación de una imagen mediática tan vendible como cualquier otro producto mercantil lanzado por los monopolios del entretenimiento, convertidos en agencias de poder real capaces de influir, cuando no fijar prioridades a seguir. La falta de sensibilidad de Peña para atajar la protesta repitiendo el fraseo diazordacista para el caso de Atenco hizo su parte, poniendo en pie un rechazo político que llegó para quedarse. Desde entonces la discusión sigue, como es natural, en torno a las cifras, pero el hecho mayor es que, más allá del lucro como razón, lo que plantearon los estudiantes fue un no mayúsculo a la simbiosis entre el poder del Estado y los intereses dominantes de las televisoras, el rechazo a la manipulación que, so pretexto del entretenimiento, condiciona los valores de una cultura política al servicio de la elite que concentra la riqueza y monopoliza la libertad de expresión.

En estas condiciones, la discusión sobre el qué hacer hasta que el tribunal expida su fallo es importante. El movimiento #YoSoy132 tiene que conjugar sus esfuerzos con otras iniciativas surgidas de los sectores populares, reforzar la solidaridad con las causas populares, pero en ningún caso debería renunciar a seguir siendo un movimiento estudiantil, en el sentido de expresar las ideas, las necesidades y las propuestas de ese sector de los jóvenes. Esa es una apuesta política, no partidista, la que le da la fuerza moral que ahora tiene, la misma que le permitirá crecer enlazando sus actividades con la apuesta por un nuevo México más justo.

Desde luego, hay que ir paso a paso, pues el asunto no es sencillo ni vale la pena apresurarlo, pero hay algunos temas para el día siguiente que conviene tener en mente: la transformación de México no se inicia ni concluye con el proceso electoral, de modo que no es intrascendente racionalizar la fuerza acumulada por las izquierdas a través del azaroso proceso político de los últimos años: hay liderazgos fuertes y ahora existe una experiencia compartida por millares de ciudadanos activos que representan a millones de mexicanos inconformes con la inercia de la vida pública. Entre ellos subsisten grandes y pequeñas diferencias ideológicas o sociales, afinidades grupales muy resistentes o lazos muy débiles de organización, pero son la izquierda real que obtuvo la mayor votación de su historia, cuando la derecha (y muchos progresistas) daban por muerto al lopezobradorismo. Esa constelación perdurará si sus componentes se mantienen juntos, aunque la salud política recomienda la explicitación de las diferencias en un marco frentista común que acepte la división del trabajo y el pluralismo. El tema de la organización del movimiento y el (los) partido (s) está en la agenda y no se podrá obviar.

Sin embargo, ningún proyecto es viable sin un planteamiento capaz de concretarse en un programa político para avanzar en la reforma del Estado. La coacción del voto, por ejemplo, no es un mero asunto electoral sino un problema vinculado a la cultura política surgida sobre los cimientos de la desigualdad que caracteriza al sistema y la cancelación de los derechos sociales ejercibles por los ciudadanos. Mientras la izquierda no asuma que para ella el tema de la pobreza es el eje por el cual deben discurrir sus demás estrategias, no adquirirá coherencia y capacidad de reproducirse como movimiento de masas y a la vez como el partido que expresa políticamente los intereses de la mayoría carente de derechos reales. Hacer de la democracia una realidad implica reformar el régimen político, propiciar una nueva cultura a favor de las libertades y los derechos humanos, pero sobre todo, aquí y ahora, implica que por el bien de todos primero los pobres.

De oferta-Hernández

hernandez@jornada.com.mx

Soriana: descalificaciones desafortunadas

       Por medio de un desplegado difundido ayer, la cadena de tiendas Soriana responsabilizó al candidato presidencial del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador; a su coordinador de campaña, Ricardo Monreal, y al dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, por los daños físicos y materiales que tanto nuestro personal como nuestras instalaciones pudieran sufrir en la ejecución de las manifestaciones que promueven e incitan, y les exigió frenar las difamaciones y publicidad negativa en contra de nuestra compañía, misma que afecta nuestra imagen, utilizando mentiras y argumentos sin sustento.

El precedente ineludible de estos señalamientos es la agresión con bombas molotov en contra de una de las sucursales de la cadena en Nuevo León el pasado lunes, acto que, al parecer, es colocado por Soriana en el mismo saco de las manifestaciones ciudadanas –generalmente pacíficas– realizadas en varios de sus establecimientos en días y semanas posteriores a las elecciones del pasado 1º de julio.

Cualquier agresión violenta es injustificable y, cuando se configura en hechos como el del pasado lunes, debe ser debidamente esclarecida y sancionada. Sin embargo, las imputaciones realizadas por la cadena de tiendas de autoservicio en contra del Movimiento Progresista y su candidato presidencial son necesariamente desafortunadas, no sólo porque, al no aportar pruebas que sustenten sus dichos, hace que éstos queden reducidos a meras descalificaciones, sino también porque insinúa que la actuación de López Obrador tras los pasados comicios federales ha consistido en incitar a actos de violencia y división social, lo cual es falso. Si algo ha hecho hasta ahora el candidato presidencial de las izquierdas ha sido conducir su inconformidad poselectoral por los cauces legales, y no ha promovido ni incitado agresión de ningún tipo. El carácter estrictamente legal y pacífico del rumbo de acción adoptado por el político tabasqueño ha sido reconocido incluso por la Confederación Patronal de la República Mexicana, cuyo presidente, Alberto Espinoza, rechazó anteayer que haya indicio alguno de inestabilidad política o social a raíz de los pronunciamientos, las impugnaciones y las acciones del frente de la izquierda partidista.

Por otra parte, no puede pasarse por alto que el clima de animadversión y crítica social hacia la referida cadena de supermercados se desprende de los indicios y la evidencia documental que la vinculan –junto con otras entidades privadas– a una presunta compra masiva de sufragios en las pasadas elecciones presidenciales por el PRI. No se trata, en suma, de difamaciones y publicidad negativa en su contra –como afirma Soriana en el desplegado referido–, sino de señalamientos concretos por presumibles acciones ilícitas de uno de los partidos contendientes, y cuyas pesquisas y valoración jurídica corren a cargo de las autoridades correspondientes: el Instituto Federal Electoral, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, la exigencia de la empresa de garantizar la civilidad y la paz social en el clima poselectoral presente tendría que ir dirigida a dichas autoridades antes que al Movimiento Progresista y a su candidato, habida cuenta de que el esclarecimiento de presuntas prácticas violatorias a los códigos electorales y a la Constitución, y la consecuente posibilidad de dotar de certeza jurídica a los pasados comicios, depende de las primeras.

En suma, no será mediante descalificaciones ni mentiras como la empresa de supermercados logrará restañar las afectaciones a su imagen y la animadversión que se ha generado en su entorno. A fin de cuentas, estos elementos son consecuencia, no causa, de un clima político enrarecido y marcado por la sospecha de la ilegalidad electoral. Lo procedente y necesario, en todo caso, es que las autoridades se desempeñen con apego a derecho, que esclarezcan las presuntas transgresiones a la legalidad cometidas en las pasadas elecciones y que, si es el caso, sancionen debidamente a los responsables, sean partidos políticos, candidatos, gobiernos estatales o actores empresariales.